Compliance Gubernamental

C.P.I. Gerardo González Arredondo

Para poder adentrarnos al tema del “Compliance Gubernamental”, primeramente, nos avocaremos a aclarar que es el Compliance en un contexto general.

¿Qué es el Compliance?

El Compliance y de acuerdo a la evolución que se ha tenido los últimos años. Primeramente nace como un acto voluntario de ciertas organizaciones privadas de apegarse a preceptos legales a fin de protegerse de situaciones de riesgo en las diferentes áreas de la misma, riesgos que pueden ir desde faltas administrativas, hasta fallas en el control interno, que permitan y sean riesgos de actos que pudieran ser constitutivos de delitos, estos riesgos pueden llevar a una organización a perder la credibilidad ante sus clientes hasta el poder tener consecuencias legales a través de los actos realizados por sus empleados. Actos como el error, fraude, robo, lavado de dinero etc. Entre otros beneficios de apegarse a estos preceptos legales, es que le permite tener un mejor gobierno corporativo, un mejor control interno, un buen manejo de la organización, y mayor credibilidad ante la sociedad.

Derivado del aumento de la delincuencia, la cual se ha introducido en las organizaciones corrompiendo a las personas, directivos, empleados, para cometer actos ilícitos, el apegarse a estos preceptos legales ha dejado de ser un acto voluntario y de buena fe, obligando a las mismas a cumplir con ciertos preceptos legales, a fin de poder condicionarlos a obtener autorizaciones de funcionamiento, y lo más importante es, a determinar sus riesgos con el objetivo de prevenir los errores, como el fraude y cualquier acto ilícito.

Estos preceptos legales pueden ir dirigidos a diferentes organizaciones, las cuales pueden ser privadas, mercantiles o del sector financiero, o bien pueden ir dirigidas a diferentes áreas, contables, legales, administrativas, etc. Al día de hoy no existe una legislación o precepto legal general que obligue a las organizaciones a dar cumplimiento.

Estos preceptos legales los ha impuesto el Estado en su esfuerzo para que las organizaciones privadas apoyen a la sociedad, determinando sus propios riesgos de acuerdo al giro o tipo de operación, que le ayuden a protegerse y puedan prevenir los delitos.

En vías de este esfuerzo, el Estado Mexicano también ha establecido ya el ejercicio penal en su artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual está en discusión por su controversia que se encuentre en un procedimiento penal siendo Persona Jurídica, la cual solo aplica a las Personas Físicas, así como de sus procedimientos de aplicación, sin embargo es un tema de análisis en particular.

Si el estado hace este esfuerzo y a través de su potestad obliga cumplir con todos estos preceptos legales y normas de cumplimiento aplicables a las organizaciones del sector privado, las preguntas que nos haríamos serían las siguientes: ¿qué pasa con las instituciones pertenecientes al mismo Estado?, ¿las entidades que pertenecen al Estado no están Obligadas a normas de cumplimiento para su funcionamiento?.

Compliance Gubernamental

Las entidades gubernamentales son creadas por el mismo Estado, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública establece cuáles son las entidades que pertenecen a la misma, así como a la administración centralizada y a la paraestatal.

En los últimos años se ha avanzado en establecer preceptos legales que obligan a estas Entidades a dar cumplimiento en diversas áreas, a informar constantemente de sus operaciones y con apego a los mismos, son diversos los informes a enviar dependiendo del tipo de entidad y su finalidad es la de fiscalizar las constantes operaciones de las entidades y en los que se puedan detectar observaciones, hallazgos de operaciones que no cumplan con los requisitos a tales preceptos.

Las entidades además de dar cumplimento a estos informes de fiscalización, deben subir a las plataformas digitales establecidas para cada entidad, la información al final del año de la aplicación de los recursos proporcionados, así como su auditoría por cada ejercicio fiscal.

Uno de los avances más significativos es la lucha en contra de la corrupción, de la cual emana la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 113, la cual es de aplicación general en todos los órdenes de gobierno con la finalidad de prevenir, detectar, y aplicar sanciones de responsabilidad administrativa y hechos de corrupción a los servidores públicos. Ya que es importante aclarar que las Personas Jurídicas (personas morales) son figuras virtuales que desarrollan sus actividades y logran sus fines a través del actuar de las personas físicas, que en este caso son los servidores públicos.

Para ello es aplicable la Ley General de Responsabilidades Administrativas la cual establece los principios y obligaciones de la actuación de los Servidores Públicos, así como las faltas administrativas graves y no graves, las sanciones respectivas, las cuales son aplicativas a través de seguir los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo tanto, las conductas de los servidores públicos se deben vigilar, y es importante impulsar los valores, para ello la Secretaría de la Función Pública da a conocer el Código de Ética de la Administración Pública Federal aplicable a estos servidores públicos, impulsando el comportamiento ético; Así mismo los mismos servidores públicos, están obligados a enviar la declaración de su situación patrimonial e interés con el objetivo de evitar el enriquecimiento ilícito por actos indebidos.

Como se podrá observar, en México si existen algunos preceptos legales, normatividades que funcionan como mecanismos para regular y obligar a las Entidades Gubernamentales a presentar información, así como las conductas de los servidores Públicos en aras de recibir información para poder prevenir y detectar riesgos, para poder atender dichas observaciones, o hallazgos y evitar actos de corrupción y algunos otros delitos; o tal vez ya cometidos buscar sancionarlos.

Podríamos decir que aún no existen todos los mecanismos se eviten al 100% pero estamos en camino de mayores regulaciones a las entidades gubernamentales, a fin de trasparentar los recursos y lograr la confianza de los ciudadanos.