de anteponer al interés legítimo, nuestros propios intereses. Sin embargo, en la actualidad ejemplos de sobra tenemos al enterarnos como sociedad, de actos de corrupción cometidos no solo por servidores públicos, sino actos donde la misma sociedad ha sido participe en la generación de actos de corrupción y no es suficiente que se legisle o se reglamente nuevas obligaciones para los servidores públicos e incluso ahora faltas administrativas vinculadas con actos de particulares; ya que también es necesario: Que se cuente con servidores públicos comprometidos a desempeñar sus funciones encomendadas, dejando de lado ideologías políticas o partidistas, servidores públicos con vocación de servicio que cuenten con las capacidades y competencias para el desempeño de las funciones para las cuales fueron designados. Compromiso por parte del gobierno, federal, estatal y municipal de dotar de los insumos necesarios, así como de las capacitaciones correspondientes a los servidores públicos para evitar que estos busquen a través del cohecho, peculado o abuso de funciones, beneficios para sí mismos o para sus parientes consanguíneos. Fomentar la mejora regulatoria de trámites y servicios haciendo uso de las tecnologías de la información que permitan contar con trámites y servicios eficientes lo cual redundaría en una mayor participación y cumplimiento de la sociedad evitando con ello recurrir al soborno o la utilización de dádivas para lograr trámites exitosos. Fomentar en el servicio público la transparencia en el manejo de los recursos de tal forma que la sociedad este enterada de forma clara y precisa de cómo se ejercen los recursos en las diferentes actividades gubernamentales. Rendición de cuentas que garantice el correcto manejo de los recursos evitando con ello opacidad al amparo de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información. Finalmente garantizar el Estado de Derecho y demostrar que “Nadie puede estar por encima de la Ley” y consecuentemente demostrar que se actúa con legalidad en todo tipo de actividad gubernamental abarcando no solo los diferentes órdenes de gobierno sino también al Supremo Poder de la Federación. Ello permitiría avanzar poco a poco en la percepción que la sociedad tiene de las distintas actividades gubernamentales, generando con ello la certidumbre de que la Ley se aplica sin distingo de ideologías políticas. Con ello lograremos que Organismos Internacionales, confirmen que en el Estado Mexicano hay voluntad para continuar avanzando en materias relacionadas con el “Combate a la Corrupción”. ¡Si la corrupción es el principal cáncer de toda Nación, en la voluntad y el compromiso de la sociedad se encontrará la cura!
Sobre el Autor: ROBERTO CESAR NEPOMUCENO DIONISIO Licenciado en Derecho. Maestro en Derecho. Profesor y Coordinador Académico de la Universidad Tecnológica de México. Servidor Público adscrito a las Contralorías Internas de la Federación, CDMX y Estado de México. Contralor Interno Certificado por la Escuela de Administración Pública de la CDMX y por el Instituto Hacendario del Estado de México. Titular del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
REVISTA AUDACIA | PÁGINA 18
audaciacorporativafiscal.com
