sus recomendaciones � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

las GNR son mecanismos efectivos que coadyuvan a evitar cualquier acción ilegal que afecte los derechos individuales y colectivos al interior de cualquier Estado. En ese mismo sentido, posibilita evidenciar fallas estructurales en las cuales su correctivo determinaría la prevención de cualquier vulneración. De todas formas, sus cumplimientos obedecen a la voluntad política interna.

Experiencias relacionadas con las GNR de las violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, referidas al papel de la cultura

En la literatura consultada se nota un especial énfasis en la dificultad por encontrar investigaciones centradas en las GNR, ya que en la mayor parte de los casos se enfocan en el concepto de reparación y sus diferentes componentes. Esta problemática se agudiza si lo relacionamos con el tema cultural y el debate sociológico. En este aspecto, se pretende reconstruir de manera general los casos del Perú y Guatemala para precisar e identificar la forma en el que el diseño de las GNR intentó contribuir a identificar las fallas estructurales para corregirlas y prevenir procesos culturales violentos. En estos casos, es importante valorar las medidas dirigidas a la población rural campesina e indígena, así como también a sus territorios y lugares concebidos de importancia cultural.

Perú: de la Comisión de la Verdad al cumplimiento efectivo de sus recomendaciones

De acuerdo con Lisa Laplante (2007), en el año 2001 se instauró la justicia transicional en el Perú a partir del proceso constitutivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación

Peruana (TCR), organismo al que le fue asignado el objetivo de investigar dos décadas de conflicto interno (1980-2000). La TCR debía encontrar las causas de los enfrentamientos librados entre la guerrilla del Sendero Luminoso, las Rondas campesinas (patrullas armadas de campesinos) y las Fuerzas Armadas del Perú (Laplante, 2007, p. 123).

Los enfrentamientos se presentaron a raíz de las incursiones del Sendero Luminoso en los barrios periféricos de Lima y las regiones rurales de los Andes; acción cuyo objeto causó que la población que habitaba en estos lugares fuera estigmatizada y señalada de pertenecer a esta organización armada. El gobierno de Alberto Fujimori en el año de 1990 estableció una táctica militar, acompañada de acciones paramilitares, que al conducir a la infiltración de las milicias del Sendero Luminoso en estos lugares dieron con la captura en el año 1992 del líder de esta guerrilla, Abimael Guzmán. En esta etapa de confrontación directa no hubo negociación política con la guerrilla. El gobierno de Fujimori culminó por una acusación de corrupción en su contra que desembocó un juicio político el cual, posteriormente, lo puso a disposición de la justicia peruana. Ya luego en la década del 2000 se dio inicio al proceso de transición que le dio la potestad a la TCR de investigar lo sucedido durante los años de conflicto armado interno (Laplante, 2007).

La TCR logró recaudar 16 917 testimonios, celebró 14 audiencias públicas, aportó un centenar de documentos y archivos en donde se constató que en el país “había aproximadamente 69 280 personas asesinadas y desaparecidas. Los comisionados indicaron que Sendero era responsable del 54 % de muertes y desapariciones y las Fuerzas Armadas del 36 %” (Laplante, 2007, p. 124). Al demostrase que la mayor parte de las muertes

y desapariciones provenían de zonas rurales indígenas y campesinas, se constató la existencia de un fenómeno social que indicaba un grado elevado de indiferencia nacional ante la masacre étnica, factor que determinó una de las primeras causas estructurales del conflicto armado: la marginalización y exclusión histórica de los sectores rurales (Laplante, 2007).

Según Vilma Balmaceda y Carlos Zelada (2004), el grado de violencia generado durante el enfrentamiento armado entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado peruano demostró una incapacidad estructural de las instituciones para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evidenciar un elevado grado de impunidad que demostraba una inoperancia en las entidades judiciales. Es por esto por lo que la Comisión de la Verdad en el Perú, más allá de identificar las causas estructurales del conflicto armado interno, recomendó una serie de GNR cuya intención era mitigar la impunidad y reconstruir el Estado de derecho, lo cual posibilitaría una transición democrática progresiva. Sin embargo, como lo expone Laplante, el nivel reducido de cumplimiento y respuesta estatal generó un sentimiento de desilusión en las víctimas quienes esperaban un nivel de restauración integral progresiva.

Hay que resaltar que el ejercicio de recolección de testimonios realizados por la TCR trajo consigo un proceso participativo directo en el cual a partir del ejercicio de recaudar las historias, memorias y narrativas las víctimas (quienes provenían de sectores rurales) se sintieron incluidas y sus voces escuchadas en un país que había excluido sus memorias colectivas, visiones del mundo y formas de recontar su historia. Quienes contaron sus historias también lo hicieron como una manera de prevención para que estos hechos no se repitieran (Laplante, 2007).