1 minute read
Tabla n.º 3. Incremento o disminución de los homicidios
from Garantías de papel: un análisis sobre las oportunidades de mejora de los mecanismos de prevención
by CODHES
tabla n.º 3. Incremento o disminución de los homicidios
HomicidioS de PerSonaS deFenSoraS, lÍdereS y lidereSaS 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 total n.º n.º Incremento n.º Incremento n.º Incremento n.º Incremento n.º Incremento
Advertisement
157 156 -0,6% 375 140% 257 -31% 402 56% 212 -47% 1.559
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos derivada de los informes del Programa Somos Defensores, CODHES e InDEpAz
Por otra parte, en 95 municipios (8,6% de los municipios del país) se concentra el mayor número de asesinatos de personas defensoras, 1.080 en total, que representan el 69,3% de este tipo de crímenes. Se destacan 29 municipios (2,6%), en 10 departamentos, con un promedio de dos homicidios por año, en los que se produjeron 623 homicidios (40%), como se aprecia en la tabla n.º 4.
Los municipios con mayor número de homicidios de personas defensoras, líderes y lideresas son: Tumaco (74), en Nariño; Caloto (48), Corinto (39l, Toribío (28), Santander de Quilichao (26), El Tambo (21) y Suárez (17), en el departamento del Cauca; Tarazá (29), en Antioquia; Cúcuta (21) y Tibú (21), en Norte de Santander; Puerto Asís (21) y Puerto Guzmán (21), en Putumayo; Tierralta (20), en Córdoba; y Buenaventura (19) y Cali(19), en Valle del Cauca.
La Comisión Interamericana, en el informe de 2019 sobre su visita a Colombia, resaltó el hecho de que las agresiones contras las personas defensoras y líderes sociales hayan ocurrido principalmente en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (zoMAc), con baja presencia del Estado y limitado acceso a los servicios sociales básicos112 .
Los homicidios reiterados en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas en los últimos años son prueba de la afectación al derecho a la vida, así como los incidentes, amenazas, agresiones, causados por grupos armados ilegales, por agentes del Estado y por otros particulares, mediante amenazas verbales, presenciales, llamadas telefónicas, o en panfletos y mensajes de texto, o la marcación de viviendas, y diversas formas de hostigamiento, que constituyen no solo afectaciones físicas sino morales y psicológicas y generan temor y graves sufrimientos tanto a las víctimas directas como a sus familias113 .
