Gráfico n.º 4. Municipios alertados por categoría

La ruptura de los espacios de articulación interinstitucional constituye una debilidad en la implementación de la política pública de prevención y protección, la cual prevé el logro de la integralidad de las medidas como un resultado de la acción conjunta de diversas instituciones a nivel nacional, regional y local.

Por otra parte, aunque el documento conpes 4063 establece la articulación interinstitucional para intervenir los factores de riesgo que amenazan el ejercicio de defensa de derechos humanos, esta definición resulta insuficiente pues no incluye las instituciones responsables de los asuntos relacionados con las factores causales de riesgo, como las políticas de ambientales, de restitución de tierras, de minas y energía, de asuntos étnicos, y de lucha contra la corrupción, entre otras.

En relación con las limitaciones en materia de recursos humanos y presupuestales, el gráfico n.º 4 revela que las alertas por riesgos de las personas defensoras de derechos humanos se concentran en zonas de categoría rural (29%) y rural dispersa (36%), donde las instituciones tienen serias limitaciones técnicas, financieras, administrativas y humanas para prevenir los riesgos de las personas defensoras.

Rural disperso

36% 17%

Ciudades aglomeraciones

18%

Intermedio

29%

Rural

gráFico n.º 4. Municipios alertados por categoría

Fuente: elaboración propia a partir de informes del Programa Somos Defensores

Acerca de las limitaciones en la disposición de recursos financieros, humanos y técnicos, funcionarios y funcionarias de la secretaría técnica de la ciprAt señalaron:

“No se cuenta con recursos propios suficientes, se utilizan recursos de otros programas. Esto responde a que la CIpRAT no ha sido visto como lo que realmente representa (…) El equipo no es suficiente para atender la demanda de trabajo que hay, mientras que la Defensoría se rearticuló en función de las modificaciones realizadas al sistema, la CIpRAT aún no se ha acomodado. El equipo atiende amenazas, consumaciones, trabajo en territorio, sistematización de las respuestas de las entidades y los informes que se deben entregar dando cuenta de la gestión; esta carga de trabajo no nos permite ni siquiera hacer el análisis de la información de las respuestas. Al equipo le hacen falta analistas de contexto y de seguimiento que apoyen la labor, por lo menos en equipos por departamento; mientras que la Defensoría cuenta con analistas de riesgo y de contexto a nivel regional y nacional, nosotros tenemos limitaciones en el recurso humano, en este sentido los escenarios de interlocución son asimétricos196.”

La escasez de recursos redunda en la ejecución limitada de las acciones e incide en el logro de los objetivos propuestos, como se evidencia en la afirmación de una funcionaria:

“Las actividades demandan recursos que los municipios de categoría sexta no tienen como sufragar. […] tienen sus enfoques diferenciales […] Sí, es un instrumento muy efectivo pero los recursos que se tiene en los Planes de Acción Territorial —pAT— son muy irrisorios”.

De igual forma, en la entrevista con la coordinación de la Estrategia de Prevención se anotó:

“En términos valorativos se puede decir que la metodología funciona siempre y cuando se cuente con las herramientas técnicas y recursos económicos para llegar a tiempo. Actualmente no hay acompañamiento real en fortalecimiento institucional, es decir, no se está actuando de forma preventiva, que es el objetivo de la política de Prevención”.