Gráfico n.º 3. Coordinación nación-territorio para prevención y protección

cuentan con instancias territoriales de prevención, con excepción del Plan de Acción Oportuna (pAo) y de los programas de protección colectiva y de protección con enfoque de género .

La Política de Prevención establece los Comités Territoriales de Prevención, que pueden ser puestos en marcha por el respectivo Gobernador o Alcalde. Las autoridades territoriales también pueden desarrollar acciones preventivas en las instancias territoriales ya creadas en el territorio para ese efecto, como las mesas territoriales de prevención.

Los comités territoriales de prevención tienen como funciones: i) servir de instancia de coordinación y articulación institucional entre las entidades del orden nacional y territorial para la implementación de la política de prevención en el territorio; ii) monitorear la situación de riesgo; iii) alertar y coordinar las acciones para prevenir violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades; iv) elaborar o actualizar los planes Integrales de prevención y planes de acción territorial; v) incorporar las estrategias y acciones contenidas en los planes integrales de prevención, en los respectivos planes de acción sectoriales y en los presupuestos; vi) requerir de las entidades concernidas la implementación de las medidas previstas en los planes integrales de prevención; vii) implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de la política, y solicitar informes a las entidades correspondientes.

Instrumento Instancia coordinación territorial

Política de Prevención

Programa Integral de Seguridad y Protección

Comités territoriales de prevención

Instancia territorial de prevención

Comités territoriales de alertas para la reacción rápida y comités territoriales de prevención

Mesas territpriales de prevvención y protección CERREM REGIONALE O MUNICIPALES

PAO

SIPRAR

Programa de Prevención y Protección Programa de Protección Colectiva

Programa de Protección Con enfoque de género

gráFico n.º 3. Coordinación nación-territorio para prevención y protección

La instancia territorial del mecanismo de respuesta rápida tiene como funciones: (i) coordinar con la ciprAtla respuesta rápida, (ii) evaluar el impacto de las medidas adoptadas; (iii) recopilar información de carácter institucional o social para analizar la situación de riesgo advertida; (iv) impulsar las medidas necesarias de reacción rápida para prevenir las violaciones a los derechos humanos y el dih, de las poblaciones objeto, entre otras192 .

La instancia territorial para la implementación del Programa de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los territorios tiene como funciones: (i) elaborar el Plan de Acción Territorial para la implementación del Programa; ii) implementar las medidas de prevención, seguridad y protección orientadas a preservar los procesos comunitarios y sociales de la población objeto; iii) promover estrategias de autoprotección y estimular la articulación de redes comunitarias; iv) recopilar información y advertir posibles situaciones de riesgo de graves violaciones de derechos humanos; v) adoptar, coordinar e implementar medidas materiales e inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo; vi) adoptar indicadores para la medición de riesgos asociados al género; orientación y diversidad sexual, pertenencia étnica; edad y ciclo vital; condición de discapacidad; grado de victimización por pertenencia a colectivos sociales, comunitarios, ambientales, y/o cualquier otro aspecto relevante que afecte el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos; vii) difundir y promover el Programa a comunidades y organizaciones; viii) coadyuvar el trámite de las solicitudes en materia de prevención, protección, seguridad y convivencia de las comunidades y organizaciones; ix) establecer canales de comunicación que propicien la interlocución con las comunidades y organizaciones; x) solicitar la actuación especial de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para la adopción de las medidas de prevención temprana, urgente y de garantías de no repetición; xi) informar y establecer comunicación con los Comités Técnicos del orden nacional sobre las dificultades de la implementación del Programa.

4.2.7.1 Consideraciones sobre las instancias territoriales

Como en las diversas instancias nacionales de coordinación y articulación interinstitucional, no se entiende cuál es el valor agregado de contar con tres instancias territoriales de articulación para implementar la política pública

de prevención. La existencia de varios mecanismos no asegura mayores niveles de coordinación y articulación; más bien, atomiza los escasos recursos humanos y presupuestales de que disponen la mayoría de las entidades territoriales, en particular de aquellos territorios donde existen mayores niveles de violencia y de riesgos de afectación de las personas y organizaciones defensoras. Así mismo, no permite tener una visión más completa e integral del problema de riesgo en los territorios; por el contrario conduce a tener una visión segmentada.

La creación de diversas instancias territoriales conspira contra el funcionamiento eficaz de las mismas: atomiza los recursos disponibles; produce el traslape de funciones entre las entidades, los mecanismos y las instancias; y genera la sensación de duplicidad que puede conducir a eludir las responsabilidades considerando que éstas corresponden a otras instancias.

Como se puede apreciar en la tabla n.º 15, varias instancias territoriales cumplen con el propósito de articular la acción entre la nación y el territorio para la prevención, protección y garantías de no repetición, con funciones similares como la identificación de riesgos, la adopción de medidas de prevención y protección, su seguimiento e implementación, la cooperación para la aplicación de las medidas, y la elaboración de reportes a las instancias nacionales.

En entrevistas con actores clave, funcionarios y funcionarias del nivel central con competencia en la implementación de políticas de prevención y protección identificaron debilidades y dificultades en el funcionamiento de los mecanismos de articulación, en la disponibilidad de recursos humanos y presupuestales, y en la implementación de mecanismos gerenciales para el seguimiento y evaluación de las acciones, las cuales constituyen limitaciones para desescalar las acciones de violencia y garantizar la eficacia en la prevención y mitigación de los riesgos de afectación a las personas y comunidades.