Tabla n.º 11. Agresiones según presuntos responsables 2016-2021

Según esa tabla, los paramilitares fueron presuntos responsables del 43,5% de los casos de agresión; la Fuerza Pública, del 9%; las disidencias de fArc, del 7,6%; y el eln, del 2,7%.

tabla n.º 11. Agresiones según presuntos responsables 2016-2021

Presuntos responsables

Paramilitares

2016 2017 2018 2019 2020 2021 total %

318 295 447 396 321 232 2.009 43,5% Disidencias FARC 2 2 40 106 107 95 352 7,6% Fuerza Pública 41 51 34 30 53 206 415 9,0%

eln Estado

Fiscalía

2 2 14 36 45 24 123 2,7% 0 0 0 0 0 38 38 0,8% 0 0 0 1 25 0 26 0,6% Otro 0 0 0 0 3 4 7 0,2% Desconocidos 118 210 270 266 388 397 1.649 35,7%

TOTAL 481 560 805 835 942 996 4619 100%

Fuente: elaboración propia con datos del Programa Somos Defensores 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Aunque los informes de las organizaciones de la sociedad civil atribuyen las presuntas responsabilidades de las agresiones y los homicidios principalmente a actores armados ilegales de diversa índole, es preciso indicar que el análisis de riesgos debe considerar la presunta responsabilidad que corresponde a las instituciones públicas y otros actores presentes en regiones de alto nivel de violencia que frente a las controversias y conflictos con las personas defensoras, líderes y lideresas sociales se resisten a promover el diálogo social para tramitarlas y realizan o propician expresiones estigmatizantes de los liderazgos, incluso acusándolos de pertenecer o apoyar a grupos armados, elevando significativamente el riesgo de las personas defensoras.

Por otra parte, las acciones de seguimiento, perfilamiento, estigmatización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales por parte de agentes del Estado incrementa su nivel de riesgo al convertirlos en objetivo de los actores armados ilegales que ven en estas circunstancias una justificación ilegitima para atentar contra los derechos de las personas defensoras.

A ese respecto, se han pronunciado diversos órganos internacionales, refiriendo las circunstancias en las que las personas defensoras son consideradas “blanco legítimo” de la acción de grupos armados146 .

A su vez, la falta de investigación, judicialización, condena, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal de los líderes y lideresas defensoras de derechos humanos agrava su situación de riesgo de ser víctimas de afectaciones a estos derechos.

En su informe de visita a Colombia el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos manifestó su preocupación porque algunas empresas han utilizado acciones judiciales contra líderes y lideresas sociales que protestan contra las afectaciones sociales y ambientales que provocan sus operaciones147 .

3.2 Contextos y escenarios de riesgo por regiones

Se incluyen aquí las voces de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales participantes en grupos focales y talleres de gestión de riesgo realizados en el marco de la elaboración de este documento, acerca del contexto y escenarios de riesgo, y su valoración de las políticas y medidas adoptadas por el Estado colombiano para afrontar el riesgo, en las regiones Caribe, Pacífico, Orinoquia y Andina.

3.2.1 Región Caribe148

3.2.1.1 Dinámica territorial

La región Caribe comprende siete departamentos, con cuatro capitales importantes ubicadas en la cinta costera y tres en la región continental. Su configuración étnica y cultural es diversa compuesta de población

mestiza, afro e indígena, con una población de 10,7 millones de personas que representan el 21.8% de la población del país149 .

En términos de ingresos, en 2017 el piB per cápita de la región fue de $12 millones, cifra inferior al indicador nacional de $17 millones. Para el segundo semestre de 2020 el nivel de desempleo en la región ascendía al 12.3%150 .

Se estima en 52,2% la población de la región en condiciones de pobreza en 2020, y en 15.35% la que vive en pobreza extrema151 . La tasa de cobertura educativa en los niveles de preescolar, secundaria y media es en promedio alrededor del 75%152, mientras la cobertura en educación primaria decreció en 3 pp. y el 3.6% de la población es analfabeta153 .

En términos de cobertura del derecho a la salud, 7,2 millones de personas están afiliadas al régimen subsidiado y 3,1 millones, al contributivo, lo que equivale a 2,4 personas subsidiadas por cada una en el régimen contributivo. Esta relación es la más alta entre las regiones colombianas154 .

3.2.1.2 Dinámicas de violencia

En relación con el conflicto armado, después de la suscripción del acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y las fArc-ep, se identifican en la región cinco conflictos:

El primero, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, en las que los valles de los ríos Sinú y San Jorge y las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel configuran una red de conexiones terrestres y fluviales hacia el mar Caribe propicias para toda la cadena asociada al narcotráfico, que son disputadas por el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGc-) y el Frente Virgilio Peralta Arenas155 .

El segundo, en la subregión Sur de Bolívar, que colinda con el Nordeste antioqueño, el sur del Cesar y el departamento de Santander, donde el río Magdalena es utilizado por los grupos armados ilegales como arteria fluvial para mover tropas y drogas ilícitas. La serranía de San Lucas, que atraviesa

la subregión de sur a norte, es utilizada también como retaguardia de esos grupos y para el aprovechamiento económico mediante la minería criminal. Las AGc y el Ejército Liberación Nacional (eln) mantienen una serie de pactos y alianzas para el desarrollo de sus actividades criminales, de las que son víctimas las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas que habitan en esta subregión.

El tercero, en la subregión Sur del Cesar, integrada por los municipios de San Alberto, San Martín, Aguachica, Gamarra, La Gloria y Tamalameque, donde el eln ostenta una posición hegemónica dirigida a mantener el control sobre las vías de acceso y tránsito para el movimiento de los insumos químicos a las zonas de procesamiento así como el traslado del carbohidrato de cocaína a los puntos de exploración en la región Caribe, aprovechando las rutas que unen el sur de Bolívar, Magdalena Medio, y Catatumbo.

El cuarto, en la subregión de la Sierra Nevada de Santa Marta, que constituye un corredor estratégico que conecta los departamentos de Magdalena, Cesar y Guajira, con zonas poco habitadas y acceso al mar. Con la desmovilización de las fArc se incrementó la violencia por la disputa territorial entre las AGc y los Pachenca, también denominados Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), para ejercer el control de las rutas del narcotráfico y la captación de rentas ilegales por vía de la extorsión a las actividades turísticas y agropecuarias.

El quinto, en la subregión de Montes de María, ubicada en la serranía San Jacinto, en el centro de los departamentos de Sucre y Bolívar, en donde persiste la presencia de las AGc en la zona de Alta Montaña de Carmen de Bolívar y en el casco urbano y los corregimientos y veredas de María La Baja, San Onofre y San Juan, realizando amenazas a personas, e imponiendo normas de conducta, toques de queda, restricciones a la circulación de vehículos, retenes ilegales, confinamientos y cierre de establecimientos educativos y comerciales156 . Las troncales de Occidente, de Oriente y de los Contenedores son utilizadas para transportar clorhidrato de cocaína hacia el mar Caribe para su exportación, por parte de las AGc, el eln y las disidencias de las fArc, de reciente presencia en la subregión.

3.2.1.3 Escenarios de riesgo

La aplicación de la metodología de Análisis Prospectivo de Riesgo desarrollada en talleres de gestión de riesgo con líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre permitió la identificación de escenarios de riesgo asociados al conflicto armado, las conflictividades sociales, el modelo económico y la precariedad institucional.

La acción de los Grupos Armados Organizados (GAo), de los Grupos de Delincuencia Organizada (Gdo), en ocasiones al servicio de los primeros, y de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAor) afecta la labor de las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y sus organizaciones y configuran los siguientes escenarios de riesgo:

▶ Amenazas, intimidaciones, agresiones, atentados, discriminación y violencia basada en género por parte de las AGc, los Pachencas, el Nuevo Bloque Costeño (conformado por antiguos miembros de las

Auc comparecientes ante la Jurisdicción de Justicia y Paz), que afectan los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas sociales y sus organizaciones.

▶ Estas acciones ocurren en el marco de disputas entre GAo por el control del territorio y del narcotráfico y otras economías ilícitas, el retorno al territorio de personas vinculadas a procesos en la Jurisdicción de Justicia y Paz, la intervención de desmovilizados de las Auc como reclamantes en procesos de restitución de tierras, aunado a las estrategias de los grupos ilegales que buscan cooptar la agenda social y los miembros de las comunidades.

▶ Tales acciones atentan contra las personas defensoras que desarrollan labores de: a) defensa del territorio; b) denuncia del reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y jóvenes en actividades ilegales por parte de los GAo y GAor; c) visibilización del incremento de los cultivos ilícitos de marihuana y de los corredores del tráfico de drogas ilícitas; d) participación de las víctimas de despojo de tierras en los

procesos de restitución de tierras; y e) participación de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sivJrnr.

Por otra parte, la presunta alianza entre los GAo y algunos actores económicos que buscan expandir sus negocios apelando incluso al uso de la violencia, genera riesgos para las labores de las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y sus organizaciones que: i) denuncian la utilización inadecuada de los recursos hídricos en acueductos y distritos de riego, y la expansión de los monocultivos en detrimento de los cultivos de pan coger, por parte de empresas agroindustriales; ii) visibilizan las afectaciones a los derechos al ambiente sano, la salud, la alimentación y el trabajo de las comunidades del golfo de Morrosquillo con ocasión de vertimientos de crudo por fallas de contención; iii) denuncian la tala ilegal de los bosques; y iv) reclaman la intervención de las autoridades ambientales.

Así mismo, las conflictividades sociales asociadas a la tenencia y propiedad de la tierra entre comunidades afro, indígenas y campesinas aumentan la exposición al riesgo de personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y sus organizaciones.

A los factores mencionados se agregan las actuaciones que afectan o limitan el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos por parte diversas autoridades estatales de los diferentes sectores y niveles, así como la falta de diligencia debida de éstas para cumplir los fines y deberes del Estado, lo cual incide negativamente sobre los riesgos de las personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas sociales y sus organizaciones, y se refleja en los siguientes escenarios de riesgo:

▶ Limitaciones a la libertad de opinión, expresión, manifestación pública pacifica e interposición de recursos por causa de la estigmatización de las labores de defensa de derechos humanos y liderazgo social y las restricciones impuestas por las autoridades a la presentación de denuncias de violación a los derechos humanos.

▶ Judicialización de líderes sociales de María La Baja que participan en protestas pacíficas en reclamo de sus derechos al agua, a la alimentación y a la salud.

▶ Denegación de justicia por incumplimiento de las sentencias judiciales que ordenan la restitución de tierras a favor de los campesinos despojados por parte de autoridades civiles y de la Fuerza Pública.

▶ Falta de investigación, judicialización, condena, reparación y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos de que han sido víctimas las personas defensoras de derechos humanos, lideres, lideresas sociales y sus organizaciones.

▶ Omisión de la consulta previa, libre e informada a comunidades étnicas frente a desarrollos empresariales en sus territorios.

3.2.2 Región Pacífico157

3.2.2.1 Dinámica territorial

La región Pacífico, conformada por territorios de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, ha sido tradicionalmente excluida y marginada, es una de las regiones del país que comporta mayores riesgos para ejercer la labor de defensa de los derechos humanos. Entre 2016 y 2022, respecto de esos departamentos se emitió el mayor número de alertas por parte del Sistema de Alertas Tempranas (sAt) de la Defensoría del Pueblo, y en ellos se concentró el mayor número de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.

Como consecuencia de su riqueza y diversidad y de su ubicación geográfica estratégica, el Pacífico es una región en la que confluyen actores de distinta naturaleza y diversos intereses. Esa riqueza y diversidad contrasta con la marginalidad en que se ha mantenido la región respecto al desarrollo de la nación como consecuencia del racismo estructural que soporta la mayoría de sus habitantes indígenas y afrodescendientes,

y por los impactos que ha producido la presencia del conflicto armado y de las economías ilícitas que han repercutido en formas de violencia directa contra sus pobladores.

En materia social, la región Pacífica presenta altos niveles de pobreza, por encima del promedio nacional. La población del departamento de Chocó es la de mayor índice de pobreza por ingresos del país (63,1%), seguida del Cauca con 58,4%, Nariño con 47,6% y Valle del Cauca con 27,2% (Geih-2013). Adicionalmente, Chocó y Cauca registran la menor variación porcentual de superación de pobreza durante el periodo 2002-2013. En Chocó, la pobreza disminuyó un 7%, y en Cauca aumentó un 1%, mientras que a nivel nacional la pobreza mostró una disminución del 38% (ech-2002-2006; Geih-2008-2013). Cabe señalar que la variación porcentual de la pobreza de los departamentos de la región estuvo por debajo del promedio nacional.

En las zonas rurales de la región la situación es más crítica. El 96% de los hogares rurales del Chocó son pobres, conforme al índice de pobreza multidimensional (ipM). Los municipios de Argelia, en Cauca; Atrato, Bagadó, Nóvita, Medio Atrato y Bojayá, en Chocó; y El Charco, en Nariño, presentan niveles de pobreza multidimensional en las áreas rurales que superan el 99% (dAne-dnp, 2005). Esta situación hace evidente que la pobreza de los habitantes del Pacífico, especialmente de aquellos asentados en el litoral, constituye una de las problemáticas más críticas de la región158 .

Adicionalmente, se evidencia una institucionalidad débil, con una baja presencia estatal. Según lo previsto en la Ley 617 de 2000159 , los municipios más importantes de la región del litoral Pacífico tienen la siguiente clasificación: Buenaventura, categoría 1; San Andrés de Tumaco, categoría 4; Quibdó, categoría 6; y Guapi, categoría 6. Se advierte que los cuatro municipios, los de mayor desarrollo en la región, están categorizados en un entorno de desarrollo intermedio, y no cuentan con la infraestructura, las vías de acceso, la oferta de servicios públicos y la presencia institucional requeridas para el papel que deberían cumplir como centros de desarrollo económico y social para la región.

En este contexto, la defensa de los derechos humanos se ve significativamente afectada de manera negativa, en una de las regiones

con los registros más altos de agresiones en contra de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, como se pudo constatar durante el desarrollo de los talleres de gestión de riesgo realizados en esa región.

3.2.2.2Escenarios de riesgo

En relación con los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal, en la región se identifican como los principales agresores a los GAo, los Gdo y diversas estructuras no identificadas de similares características. Las afectaciones más frecuentes se materializan en homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y desaparición forzada, entre otras.

El aprovechamiento de las potencialidades y la ubicación geográfica estratégica de los territorios del Pacífico por parte de los GAo y los Gdo, genera interés por el control territorial, en especial de las vías terrestres, fluviales y marítimas, y de las rutas intermunicipales, fronterizas y de salida al mar. La disputa por el control de las rutas está relacionada con la posibilidad de garantizar el sostenimiento de las cadenas productivas del narcotráfico y del tráfico de armas y de personas. Estos factores configuran un riesgo para la población, en especial para los liderazgos sociales cuya labor en defensa del territorio y de la autonomía de las comunidades puede conducir a que sean considerados como objetivo de ataques de los grupos armados ilegales.

Por otra parte, si bien la mayoría de las agresiones contra de personas defensoras de derechos humanos han sido perpetradas por organizaciones al margen de la ley, las fuentes de riesgo para su labor tienen diverso origen: a) la realización de operaciones extractivas, principalmente de minería de oro, de carácter legal o ilegal; b) el anuncio o inicio de algunos megaproyectos de infraestructura; c) la extracción ilícita e indiscriminada de madera; d) la producción de coca; y e) el microtráfico, entre otras. La naturaleza de esas actividades económicas, tanto por sus impactos ambientales y sociales sobre los territorios, como por las posibles imbricaciones entre lo lícito y lo ilícito, tienden a configurarse como potenciales escenarios de riesgo para los liderazgos sociales que expresan opiniones o desarrollan acciones en abierta oposición a esas operaciones, dado que con frecuencia son blanco de estigmatización, como enemigos del progreso.

Los derechos opinión, expresión y reunión pacífica, inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, son afectados en diversas formas: cierres o barreras para el acceso a espacios de participación, discriminación, estigmatización, señalamientos, limitación al ejercicio de mecanismos de exigibilidad.

También se constituye en una potencial fuente de riesgos el desarrollo de labores de veeduría y de denuncia de servidores públicos por hechos de corrupción o por su contribución, activa u omisiva, con la persistente ausencia de garantías para el ejercicio de los derechos por parte de las comunidades.

Las lideresas y defensoras de derechos humanos, especialmente las defensoras de los derechos de las mujeres, afrontan adicionalmente riesgos especiales: a) las conflictividades sociales y la pérdida de credibilidad de su labor en sus comunidades, generadas por la denuncia y búsqueda de transformación de las violencias basadas en género, constituyen un elemento adicional de riesgo; b) la violencia contra las mujeres se puede manifestar en contra de familiares o personas queridas, generando un alto riesgo de violencia sexual160 .

Escenarios donde los derechos humanos son vulnerados en forma reiterada y con frecuencia se constatan relacionamientos inadecuados o poco transparentes entre actores económicos y políticos de diferente naturaleza (legal e ilegal, pública y privada) para defender intereses particulares, generan riesgos de afectación de los derechos de las personas que ejercen labores de defensa (derechos humanos y territoriales, veeduría, denuncia, etc.). A ello se agrega el despliegue de estrategias tendientes a debilitar los sistemas de garantías de los derechos y la cultura de derechos humanos, por parte de los actores que ven en los liderazgos un peligro o un obstáculo para sus intereses, con el propósito de desestimular las labores de liderazgo y defensa de derechos, infundir miedo, debilitar las redes de apoyo, fomentar la pérdida de legitimidad y obstaculizar o suprimir los mecanismos de protección de la labor de defensa o liderazgo.

Considerando lo anterior, las personas defensoras proyectaron los siguientes escenarios de riesgo:

▶ Las acciones de los grupos armados ilegales y de la Fuerza Pública, en el marco del conflicto armado, afectan el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la libertad de reunión, asociación, manifestación, opinión, expresión, así como los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal

▶ La forma inadecuada de tramitar las diferencias de intereses con actores económicos y sectores sociales, al interior de las comunidades o externos a ellas, limita y/o afecta el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y genera rupturas del tejido social, pérdida de legitimidad y de identidad cultural comunitaria, lo cual debilita a las comunidades y los procesos organizativos.

▶ Algunas empresas e instituciones del Estado, con intereses particulares sobre el territorio, en el marco del modelo de desarrollo económico predominante, combinan el uso de medios legales e ilegales para la apropiación y explotación de los recursos naturales; desconocen los derechos de los pobladores, principalmente pueblos y comunidades étnicas; y recurren a amenazas y agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas que se oponen y denuncian los daños provocados por esas actividades económicas, con el objetivo de acallar sus reivindicaciones.

▶ Para garantizar las cadenas de producción, transporte y comercialización, y mantener el ocultamiento y la impunidad de sus acciones, los actores que desarrollan economías ilegales afectan los derechos territoriales y culturales, así como los derechos de las personas y comunidades de la región, mediante el ejercicio de formas violentas y autoritarias de control social y territorial, como el confinamiento, el desplazamiento forzado y las amenazas en contra de la población, con una afectación especial a los jóvenes, niños, niñas y mujeres. Las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas, que adquieren visibilidad por su labor de denuncia y de exigibilidad ante los sistemas de garantías, están expuestas en mayor grado a los riesgos.

▶ Las instituciones estatales de las distintas ramas del poder público, en los ámbitos local, regional y nacional, no brindan garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos (individuales, colectivos

y del territorio). Por una parte, incumplen su deber de respetar (no vulnerar), mediante actitudes y discursos estigmatizantes que desconocen la legitimidad de los liderazgos, así como acciones ilegítimas a favor de intereses particulares y de un modelo de desarrollo que desconoce los derechos y las necesidades de la población. Por otra, no cumplen el deber de proteger y garantizar al desestimar las denuncias de líderes y lideresas, no brindar garantías para el ejercicio de la labor de defensa y no implementar los instrumentos existentes de política pública de prevención y protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, quienes sólo son tenidas en cuenta para presentar ideas a las autoridades, sin posibilidad de incidencia en las decisiones.

▶ La falta de apropiación de una cultura que promueva el goce efectivo de los derechos, basado en los principios de igualdad y no discriminación, genera como resultado la expresión de discursos estigmatizantes y una actitud desobligante y poco garantista de funcionarios y funcionarias públicas frente al ejercicio del liderazgo y la labor de defensa de los derechos humanos en el distrito de Buenaventura, lo cual incrementa la exposición al riesgo de vulneración de los derechos de personas defensoras, líderes, lideresas, y limita la capacidad de las instituciones para responder de manera eficiente y efectiva frente a los riesgos.

▶ Las agresiones consumadas y las potenciales violaciones a los derechos de las lideresas en medio de los escenarios de riesgo específicos para los liderazgos sociales se agravan en razón de su condición de mujer.

Considerando que tradicionalmente las mujeres no ocupan espacios en lo público, los diferentes actores menosprecian e invalidan la labor de las mujeres en la defensa de los derechos humanos, y los agentes agresores utilizan medios para afectar los derechos de las mujeres, asociados a su condición de mujer, afectándolas en sus dimensiones sexual, familiares y comunitaria.

3.2.3 Región Orinoquia161

La región Orinoquia, con un total de 38 millones de hectáreas, representa el 33% del territorio nacional. Sus habitantes, calculados en 1,7 millones, el

29% en el área rural, soportan un índice de pobreza multidimensional del 90.5%; el 84% de los hogares tienen privación en el indicador de logro educativo y el 96% en el indicador de empleo formal; el déficit habitacional alcanza en promedio el 78% para la región; el índice de cobertura de energía eléctrica se sitúa veinte puntos porcentuales por debajo del promedio nacional; se presenta un rezago total en los régimen de salud y seguridad social; y las variables ambientales no están incluidas en el ordenamiento territorial. El alto nivel de informalidad en la propiedad de la tierra y la falta de seguridad jurídica en de la propiedad han facilitado el proceso de despojo de tierras a causa de la violencia.162

3.2.3.1 Departamento del Meta

En el taller de gestión de riesgos con líderes y lideresas del departamento del Meta se identificaron escenarios de riesgo de afectación de la labor de defensa de los derechos humanos asociados con: a) violencia ejercida por los grupos armados organizados en razón de las actividades económicas ilegales; b) el impulso a la restitución de tierras y territorios despojados; c) la falta de cultura de respeto de derechos humanos en particular por la estigmatización y discriminación de la labor de defensa; d) intereses económicos contrapuestos con la defensa del medio ambiente; y e) la denuncia de la corrupción administrativa.

a) Violencia ejercida por los grupos armados organizados en razón de las actividades económicas ilegales

Se verificaron incidentes, amenazas, atentados y homicidios que han afectado la vida, la seguridad y la integridad física y sicológica de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas. El envío de panfletos amenazantes, amenazas verbales presenciales o telefónicas, mensajes de texto, marcación de viviendas, hostigamiento, acciones éstas atribuidas a los GAo, fueron mencionadas durante el taller de gestión de riesgo.

Se identificó como causa principal de esos hechos, las represalias frente a las denuncias de las economías ilegales, y las veedurías, asesorías y otras formas de incidencia que realizan líderes y lideresas, dado que las economías

ilegales constituyen el medio de sustento de las estructuras armadas ilegales y del enriquecimiento ilícito de sus integrantes.

Los incidentes, amenazas y atentados sufridos por las personas defensoras de derechos humanos, han limitado y afectado el ejercicio de sus derechos de asociación, reunión, opinión y acceso a recursos administrativos, dado el temor y zozobra que generan en los líderes y lideresas quienes se ven obligados a bajar su perfil o a abandonar su labor de defensa en forma temporal o definitiva.

La presencia del narcotráfico en el territorio, la utilización de rutas y corredores estratégicos para diversas actividades ilícitas y para el control de los actores armados que hacen presencia en la zona rural, aunadas a la falta de condiciones de seguridad por parte del Estado, se ha traducido en un ambiente de temor, zozobra y sensación de inseguridad, y en muertes y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos.

Las lideresas y defensoras de derechos humanos resaltaron las afectaciones diferenciales sobre las mujeres en las zonas de conflicto, dado que con frecuencia son consideradas botín de guerra de los distintos grupos armados. Indicaron también que las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito afectan de forma diferencial la salud de las mujeres y de los recién nacidos; los químicos utilizados para asperjar los cultivos producen cáncer y otras enfermedades.

b) Impulso a la restitución de tierras y territorios despojados

Se evidenció la probabilidad de ocurrencia de graves violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en contra de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas que impulsan los procesos de restitución de tierras y territorios despojados, como reacción de las personas que se oponen a la restitución de tierras quienes tienen vínculos con grupos armados ilegales. Este escenario deriva también en restricciones a los derechos al acceso a recursos judiciales y administrativos en los procesos de restitución, dada la intimidación y el acoso de los que son víctimas las personas defensoras y sus organizaciones.

La permanencia de los actores ilegales en el territorio que han impuesto códigos de comportamiento a la población fragmentan las comunidades por el temor y la necesidad de subsistir, y limitan el ejercicio de las libertades de reunión, asociación, expresión y manifestación.

La respuesta estatal frente a las complejas condiciones de seguridad y la falta de adecuación de las medidas otorgadas frente a la situación de riesgo de las personas defensoras, han llevado a las organizaciones y a las comunidades a adoptar mecanismos de autoprotección.

La desconfianza en las instituciones por presuntos hechos de connivencia con la ilegalidad y el incumplimiento reiterado de las autoridades de los acuerdos alcanzados con las comunidades desestimulan el ejercicio del derecho a interponer recursos administrativos o judiciales.

El ejercicio del derecho de reunión se ha limitado al extremo; el temor que representa reunirse con personas que no son de absoluta confianza, ha restringido la participación en eventos comunitarios a un número no mayor a 15 ó 20 personas. La libertad de opinión y expresión también se ha visto restringida; los temas se debaten entre muy pocas personas y de forma general con la comunidad, por el miedo que causa en las personas líderes y lideresas ser malinterpretadas, señaladas o estigmatizadas y ser convertidas en objetivo de ataque de los grupos al margen de la ley.

Así mismo, se señaló el efecto negativo sobre los procesos de restitución de tierras que producen la presencia de empresas que desarrollan proyectos agropecuarios a escala industrial y la corrupción en la definición del uso de la tierra y en el otorgamiento de licencias de las autoridades medioambientales. Frente a esa situación, las personas defensoras advirtieron sus limitaciones en el conocimiento de los recursos administrativos o judiciales para la defensa de sus derechos y revelaron su desconfianza en las autoridades judiciales y de investigación dada su falta de diligencia, lo cual impide o desestimula el acceso a estos mecanismos.

c) Discriminación y estigmatización

Las personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas y sus organizaciones manifestaron ser víctimas de discriminación

y estigmatización por motivo de desarrollar actividades que afectan los intereses ilegítimos de algunos actores económicos en la región. Éstos buscan desacreditar la labor de defensa y liderazgo social y afectar la honra de las personas quienes son señaladas públicamente como guerrilleras, paramilitares y corruptas, generando en su contra un rótulo de desprestigio que impide el ejercicio de su labor en determinadas zonas, y que las convierte en blanco de acciones de retaliación por parte de los grupos armados ilegales.

La estigmatización afecta los derechos de asociación, reunión, opinión y expresión en tanto resquebraja la unidad y la cohesión de las organizaciones y pone a sus miembros en situación de vulnerabilidad dada la desconfianza, incredulidad y temor que respecto de aquellas se pretende generar. Ello ha limitado la disposición de las comunidades a participar en reuniones y eventos, así como la amplitud y la representación de los participantes.

La incredulidad creada respecto de las personas defensoras ha motivado a las autoridades a no dar trámite a sus quejas y denuncias, que al no ser investigadas, afectan su derecho a la seguridad personal dada la negativa a su acceso a medidas de protección. En ciertos casos, los señalamientos contra las personas defensoras han llevado a las autoridades a retirarles las medidas de protección otorgadas.

d) Intereses contrapuestos con la defensa del medio ambiente

Las personas defensoras expresaron su oposición y denuncia de las prácticas depredadoras o contaminantes de esas operaciones económicas y a la corrupción institucional en la concesión de licencias y permisos, basadas en criterios subjetivos y decisiones tardías o que no responden al fondo de la cuestión, lo cual limita el ejercicio de los derechos al acceso a recursos administrativos y judiciales.

Las personas defensoras medioambientales evidenciaron riesgos contra su vida, libertad, integridad y seguridad personal asociados a los intereses económicos de las operaciones agroindustriales y mineras promovidas por las instituciones públicas. Se mencionaron amenazas y tres homicidios contra las personas que se oponen a la expansión de la frontera agrícola; así mismo, las amenazas por la presentación de denuncias en contra de la

captación ilegal del agua de los ríos por parte de empresas de monocultivos extensivos y de la contaminación de los recursos hídricos cuando se desocupan las lagunas de oxidación del sector de hidrocarburos.

Igualmente han sido afectados los derechos a la libertad de opinión y de expresión de los defensores del ambiente que hacen visible el incumplimiento de los requisitos para la construcción de obras importantes, como efecto del constreñimiento ejercido por algunos agentes estatales.

El derecho a acceder a recursos administrativos y judiciales se ve afectado por las dilaciones y la ausencia de resoluciones de fondo respecto de las acciones instauradas por las personas defensoras del ambiente. En algunos casos las autoridades han negado la recepción de denuncias indicando no ser los responsables de las materias objeto de denuncia, y los criterios utilizados al responder los derechos de petición han carecido de objetividad y claridad, lo que constituye limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a recursos.

e) Denuncia de la corrupción administrativa

El escenario de riesgo de corrupción de las autoridades locales se evidenció como la limitación a la incidencia de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas en el diseño de políticas públicas y de planes de acción regionales, los obstáculos impuestos a los canales de comunicación con las autoridades responsables para realizar peticiones, presentar situaciones de riesgo y ejercer labores de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para el desarrollo de la región y sus comunidades.

El derecho de participación se ve limitado por la asimetría en los espacios institucionales, en los cuales las personas y organizaciones que realizan procesos de veeduría y control social encuentran serias restricciones para expresar sus opiniones. La restricción de los mecanismos de participación e incidencia de las comunidades se ve agravada por la ausencia de garantías por parte del Estado que respalden las labores de defensa y exigibilidad de sus derechos.

Se indicó por las personas líderes y lideresas que el derecho de asociación se encuentra limitado por la imposición de trámites, requisitos y obligaciones

que están fuera del alcance de las organizaciones; ciertas certificaciones deben tramitarse en lugares lejanos y apartados; el pago de impuestos de constitución y actualización constituye una barrera al derecho de asociación. Del mismo modo, el uso de estrategias dirigidas a generar confusión y desconfianza al interior de las organizaciones limitan el ejercicio de ese derecho de asociación.

Ante los obstáculos impuestos a la participación y a la vigilancia de la transparencia en la ejecución de recursos públicos, las personas defensoras han optado por el camino alternativo de la organización de sus comunidades y la incidencia en los medios de comunicación y mediante la convocatoria de manifestaciones pacíficas.

Los funcionarios públicos y los grupos criminales involucrados en fenómenos de corrupción a favor de grupos políticos y económicos limitan la incidencia de las personas líderes y lideresas mediante acciones de vulneración de los derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y emocional, y pretenden controlar los espacios de reunión y las formas de asociación utilizando la estigmatización de líderes y lideresas y la infiltración de las manifestaciones pacíficas.

La afectación a la integridad de las personas defensoras se registra en acciones e incidentes de agresión y amenaza que afectan emocionalmente a quienes son objeto de atentados y ataques, lo cual produce un efecto de persecución y limitación de su capacidad de acción.

La infiltración de las marchas pacíficas es realizada por la policía y, en ocasiones, mediante el reclutamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica en los movimientos sociales. Influye también la polarización política y la infiltración de actores con intenciones de desnaturalizar la manifestación pacífica, todo lo cual limita el ejercicio de este derecho.

El derecho al acceso a recursos administrativos y judiciales se ve afectado por el temor de que las autoridades filtren la información a los actores generadores de daño con el propósito de silenciar las voces de inconformidad y denuncia.

A las afectaciones al derecho a la vida se agrega la falta de acción o la acción tardía en respuesta a las alertas tempranas y la falta de protección oportuna y efectiva de parte de las autoridades.

3.2.3.2 Departamento de Arauca

a) Riesgos asociados a la estigmatización

Las personas defensoras, líderes y lideresas del departamento de Arauca señalaron la estigmatización y la discriminación a su labor de liderazgo social como la causa principal de las afectaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal, a las libertades de asociación, opinión, expresión, reunión y manifestación pacífica, y al acceso a recursos administrativos y judiciales, a recursos financieros, y a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.

En criterio de las personas participantes del taller de gestión de riesgos, tales afectaciones están asociadas a un contexto en el cual la presencia y la acción de los grupos armados al margen de la ley generan restricciones al ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el liderazgo social. Los incidentes de seguridad, las amenazas y atentados causados por los grupos armados afectan el derecho a ser protegidos, generan temor e inhibición en el ejercicio de la labor de defensa y la libre expresión para denunciar las situaciones que afectan a las comunidades.

Las personas participantes indicaron que esas afectaciones comprometen también a las instituciones y a terceros con intereses económicos, políticos o sociales cuya actuación transgrede los derechos de las comunidades, situación agravada por el desconocimiento de las situaciones por parte de las autoridades o su indebida valoración

La estigmatización de la labor de defensa de los derechos humanos es causa fundamental de la limitación de los derechos a la libertad de opinión y expresión. En algunas circunstancias las autoridades han acusado o señalado como guerrilleros o aliados de los grupos al margen de la ley a las personas participantes en reuniones de diálogo que expresan sus opiniones.

El derecho a ser protegido se ve limitado por la falta de conocimiento de las rutas de acceso a la protección individual o colectiva, la precariedad de los análisis de riesgo que no incluyen factores diferenciales ni se realizan con la profundidad requerida para identificar los riesgos a los que se ven abocadas las personas defensoras de derechos humanos, así como por la falta de oportunidad e idoneidad en la asignación y funcionamiento de las medidas de protección de parte de la Unidad Nacional de Protección.

b) Ausencia de un enfoque diferencial

Las personas líderes y lideresas indígenas plantearon que su derecho a ser protegidos se ve afectado en razón de la discriminación racial respecto de su naturaleza de población indígena, de las limitaciones en el manejo del idioma y de la ausencia de criterios diferenciales acerca del tipo de medidas de protección aplicables a sus comunidades en sus territorios.

Se mencionaron las restricciones al derecho de asociación para las organizaciones de mujeres, como resultado de factores de discriminación, que limitan las posibilidades de ejercer la defensa de sus derechos y el ejercicio de su ciudadanía. Asimismo, se indicó que los costos de inscripción y renovación de matrícula de las asociaciones de mujeres constituyen barreras importantes para el ejercicio de su libertad de asociación

La precariedad en el diálogo institucional y social, la falta de compromiso de los servidores públicos para cumplir los fines esenciales del Estado, y el desconocimiento e incumplimiento de los acuerdos y pactos suscritos con las comunidades afectan los derechos de reunión, expresión y manifestación pacífica y la labor de defensa.

c) Limitaciones al derecho de reunión y manifestación pacífica

La exigencia de permisos para la realización de marchas, la no autorización o su limitación, constituyen barreras que afectan el ejercicio del derecho de manifestación pacífica. A ello se agrega la frecuente acusación por parte de las autoridades respecto de los convocantes y participantes de las movilizaciones como partícipes o aliados de grupos guerrilleros, lo cual genera temores de judicialización y privación de la libertad. La extralimitación y el abuso por parte de la fuerza pública en el control

de las manifestaciones, las capturas administrativas y las judicializaciones indiscriminadas de personas manifestantes fueron mencionadas como serias limitaciones al ejercicio de reunión pacífica y graves afectaciones a los derechos humanos de quienes realizan la labor de defensa.

Finalmente, se mencionaron restricciones al ejercicio efectivo del derecho a acceder a recursos judiciales por causa de la negligencia del aparato judicial la recepción de algunas denuncias de la falta de oportunidad en la investigación, judicialización y castigo a los responsables de afectaciones a los derechos humanos, amén de las limitaciones asociadas al desconocimiento de las comunidades y los liderazgos acerca de los mecanismos de exigencia de los derechos humanos.

3.2.4 Región Andina163

A diferencia de otras regiones, la región Andina, por su amplitud, el número de departamentos que la conforman y la diversidad de subregiones, enfrenta escenarios de riesgo diferenciados, con variaciones en el tipo de conflictividades o intereses que desencadenan las amenazas, en los actores con intencionalidad de daño y en el tipo de afectaciones de las que son víctimas líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.

3.2.4.1 Norte del Cauca

Dos elementos confluyen en la configuración del riesgo en el departamento del Cauca. De un lado, su ubicación estratégica, que garantiza acceso al Océano Pacífico desde el centro del país, y la riqueza de sus recursos, abundante en minerales y con otras características de interés de diversos sectores económicos. Por otro, su componente étnico, en un territorio prevalentemente rural (64% de la población), con un 21,06% de población indígena, que ocupa el 6,25% del territorio en resguardos indígenas reconocidos, y 16,74% de población afrodescendiente que ocupa el 19,72% del territorio en consejos comunitarios reconocidos.

Es importante mencionar que el Cauca presenta el mayor número de homicidios en contra de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, concentrando en el norte del departamento los municipios con mayor registro de homicidios (Caloto, Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez y Caldono).

El contexto de la región se caracteriza por la confluencia de actores sociales de diferente naturaleza, con intereses particulares contradictorios sobre el territorio, al tiempo con la presencia de actores armados con intencionalidad y capacidad de causar daño, lo cual configura escenarios de riesgo para la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas que luchan por la defensa del territorio.

Las personas participantes en el taller de gestión de riesgo proyectaron los siguientes escenarios de riesgo:

▶ Las instituciones del Estado de los ámbitos local, regional y nacional desconocen los derechos de las comunidades campesinas y los derechos étnico-territoriales reconocidos en el Decreto 1581 de 2017, la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la oit y no reconocen a las autoridades de estos colectivos; los procesos organizativos sociales y sus reivindicaciones son desestimados por funcionarios y funcionarias vulnerando el goce efectivo de los derechos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, al restringir los espacios de participación y las libertades de opinión, de expresión y de debatir nuevas ideas sobre los derechos humanos, mediante discursos o referencias estigmatizantes.

▶ La existencia de monocultivos extensivos a gran escala, la adjudicación de concesiones mineras al margen de los derechos de las comunidades que habitan las zonas aledañas a las autorizadas para la explotación minera y la falta de presencia efectiva de los entes de control ambiental, amén de la actuación de actores legales e ilegales con interés en los recursos de los territorios (en su mayoría territorios colectivos), imponen un modelo de desarrollo y explotación contrario a la cosmovisión y la cultura de las comunidades étnicas y campesinas.

▶ Las afectaciones que estas explotaciones provocan en las comunidades y en los territorios motivan la actuación de líderes y lideresas para

visibilizar sus efectos negativos y promover estrategias de resistencia, protección y reivindicación, lo constituye fuente de exposición de los liderazgos a amenazas y agresiones. Los GAo que realizan o protegen la explotación ilegal de los recursos del territorio provocan incidentes, amenazas, y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, líderes, lideresas para garantizar el ocultamiento y la impunidad de su accionar.

▶ El trámite inadecuado de las conflictividades sociales causadas por la contraposición de los distintos intereses respecto del uso, explotación o gestión del territorio contribuye como factor de riesgos para los líderes y lideresas, ocasionando además la pérdida de legitimidad y reconocimiento de las comunidades y de su entorno protector.

3.2.4.2 Sur del Tolima

En la región del Sur del Tolima, las dinámicas y los elementos del riesgo son distintos. Las conflictividades sociales, relacionadas con la existencia de élites políticas tradicionales y el uso de los recursos públicos son causa de los riesgos de amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos que promueven la participación política y realizan acciones de observancia, veeduría y exigencias ante las autoridades.

Si bien se registran afectaciones directas, especialmente mediante amenazas de actores armados ilegales y el hostigamiento de autoridades civiles y de la fuerza pública, los participantes en el taller de gestión de riesgo identificaron como principales afectaciones la ausencia de garantías para el ejercicio de su labor, la estigmatización, la creación de barreras para el acceso a mecanismos de exigibilidad, el cierre de los espacios de participación y el entorpecimiento de la actividad política, entre otros.

Uno de los escenarios de mayor conflictividad y que ha generado mayor riesgo para líderes y lideresas es el cierre de los espacios de participación en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular de los planes pdet, el manejo de los recursos, así como la utilización de los logros con fines electorales.

Las personas participantes en el taller de gestión de riesgo identificaron los siguientes escenarios de riesgo:

▶ Como consecuencia de la realización de acciones de defensa de los derechos humanos, de promoción del desarrollo territorial y de exigencia de condiciones para la vida digna de las comunidades, personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas presentan un alto nivel de exposición a incidentes, amenazas y afectaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad; riesgo que se incrementa cuando estas acciones se realizan en escenarios de participación electoral, de implementación del Acuerdo de Paz (programa pdet) o de pretensiones de instrumentalizar las juntas de acción comunal por parte de actores legales e ilegales a favor de intereses particulares.

▶ Las personas defensoras que denuncian afectaciones a los derechos y ejercen control y veeduría al manejo de los recursos públicos por las autoridades, se exponen a amenazas en contra de sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad, por parte de actores legales e ilegales.

▶ El abuso de la reserva de la información pública, la ausencia de garantías para la denuncia –con frecuencia desestimada o desconocida-, y la escasa credibilidad y legitimidad que las autoridades reconocen a las organizaciones sociales, constituyen riesgos al ejercicio de la labor de defensa, especialmente de los derechos a la libertad de opinión y acceso a la justicia.

▶ Las autoridades niegan o desconocen en forma deliberada la existencia de los factores de riesgo que afectan a las personas defensoras de derechos humanos, lo cual dificulta la identificación y advertencia de situaciones de riesgo, retarda la adopción de medidas protección, incrementa la exposición frente a los actores con intencionalidad de daño y pone en grave riesgo los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal, limitando el ejercicio de la labor de defensa.

▶ Las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales son acusadas con frecuencia por las autoridades como enemigas del Estado y sus instituciones o de pertenecer o auxiliar a los GAo.

Así mismo, sectores de la sociedad los señalan de transgredir valores o principios, de afectar intereses políticos y económicos preestablecidos, limitando de esa manera sus derechos de asociación, participación, opinión y expresión y exponiéndolas a la acción criminal de los GAo como objetivos de ataque.