El Presupuesto para el Año 2019

El Presupuesto para el Año 2019

De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República en el 2018, los recursos públicos destinados a atender las necesidades de las víctimas han mostrado un comportamiento creciente desde el año 2002 hasta el 2018. En este lapso, los recursos se incrementaron de $1.1 billones hasta $13.9 billones, a precios constantes de 2018. De igual forma, aumentó su participación, tanto en el presupuesto general de la nación sin deuda como en el Producto Interno Bruto. La primera de ellas se elevó en 6,1 puntos porcentuales, al pasar del 1,3% en el 2002 al 7,4% en el 2018; mientras que la segunda lo hizo en 1,24 puntos porcentuales, al elevarse de 0,20% hasta el 1,44% en dicho lapso. (Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional, 2018, pp. 109 y 110)

Es factible que para el presente año se observe también un leve aumento al menos en su participación en el Producto Interno Bruto, puesto que, según el Sexto Informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV) al Congreso de la República, el presupuesto, a precios constantes de 2019, se incrementará en 3,9% al totalizar $14,9 billones, mientras que, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, el PIB lo hará en un 3,5%38. A juicio de este último, el incremento en el presupuesto, que se originó en buena medida como consecuencia de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de la subestimación del número de víctimas, particularmente de aquellas del desplazamiento forzado, ha sido siempre coherente con el Plan Fiscal de Mediano Plazo y con la Regla fiscal.

Tanto la CSPPDF como la CSMLV han insistido en que los recursos destinados a las víctimas se encuentran sobreestimados por el Gobierno Nacional, puesto que aquellos destinados a salud y educación deben dirigirse a toda la población colombiana, independientemente de la condición de víctima.

Como se observa en la tabla 10, según la CSMLV, el aumento de los recursos a las víctimas obedece en gran medida a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). En efecto, mientras que los recursos totales se incrementaron en 62,1%% entre 2012 y 2019, los diferentes al SGP lo hicieron solamente en un 20%. En consecuencia, la participación de los recursos del SGP en el total se incrementó de un 42,6% en el 2012 al 58,3% en el 2019 y la participación promedio de estos recursos en el periodo en consideración alcanzó el 55.5%. Es importante señalar que el presupuesto

38 El incremento previsto para el 2019 surge de las cifras incluidas en el informe de la CSMLV ya referenciado

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sin SGP por víctima registra una disminución en este periodo, puesto que su crecimiento (20%) resultó inferior al de la población desplazada que, entre marzo 31 de 2013 y agosto 1.º de 2019, se incrementó en 79,0% al pasar de 4.744.046 a 8.493.10039

Tabla 10. Participación recursos diferentes a SGP, en total recursos* a 2012-2019

Año

Recursos sin SGP

Recursos totales

Participación%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,0 5,2 4,0 5,5 5,3 5,4 5,5 6,0

8,7 9,7 9,7 12,7 12,6 14,1 14,3 14,9

57,5 53,6 41,2 43,3 42,1 38,3 38,5 40,2

*billones de pesos a precios constantes de 2019 Fuente: Sexto informe CSMLV, op. cit., cálculos con base en tablas 1 y 2, p. 32.

De otra parte, en la tabla 11, se observa que los recursos distintos del SGP, al desagregarse, han estado concentrados en dos rubros fundamentales, a saber: reparación y asistencia a los que se dirigieron un 40,0% y un 39,6% de los mismos durante el periodo bajo análisis, respectivamente. Una menor participación se observó en los costos institucionales (16,6%) y en atención (2,6%), mientras que los costos transversales fueron eminentemente marginales.

39 Dado que no se encontró información sobre víctimas a diciembre 31 de 2012, se utilizó como proxy la información incluida en el informe BASTA YA según el cual, al 31 de marzo del 2013, el RUV reportó 25.007 desaparecidos, 1.754 víctimas de violencia sexual, 6.421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4.744.046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27.023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA) reporta 10.189 víctimas de minas antipersonal entre 1982 y 2012. Centro de Memoria Histórica, SPS, ¡BASTA YA!: COLOMBIA: MEMORIAS DE GUERRA Y DIGNIDAD. Informe general Grupo de

Memoria Histórica, p. 33. El dato para 2019 proviene del Reporte de la Red Nacional de Información, agosto 1 de 2019.

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Tabla 11. Recursos Política de Víctimas (sin SGP) (miles de millones de pesos constantes)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Asistencia

Atención 2.067 2.193 1.684 2.360 2.615 1.895 1.912 1.825

105 121 36 93 74 220 249 244

Reparacion 2.373 2.188 1.079 1.981 1.742 2.334 2.240 2.886

Costos institucionales 489 666 1.136 984 819 924 1.004 988

Transversales

Total - 48 111 133 37 54 69 38

5.033 5.237 4.045 5.550 5.287 5.427 5.474 5.981

Fuente: CSMLV, (2019), p. 32.

De acuerdo con la tabla 13 del VI Informe de la CMSLVRT al Congreso de la República, puede afirmarse que la asistencia y particularmente la ayuda humanitaria resultaron prioritarias entre los años 2012 y 2016, año a partir del cual empezó a otorgarse un mayor énfasis a la reparación. La ayuda humanitaria, que tuvo un presupuesto anual promedio superior a $1,06 billones durante el periodo 2012-2016, presentó una fuerte disminución al pasar de $1,09 billones en el 2016 a solo $0,2 billones en el 2019. La reducción de los recursos de este rubro, que en el año 2019 fue del 70%, refleja la posición del Gobierno actual.

En las bases del actual Plan Nacional de Desarrollo, se encuentra una afirmación según la cual la política de víctimas «…se concentró en atender la emergencia producida por la crisis humanitaria del desplazamiento forzado y posteriormente en las medidas de asistencia a esta población. No obstante, se sostiene que, en la actualidad los esfuerzos se deben centrar en las medidas de reparación, en el marco de un proceso transicional, que por definición es temporal.» (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, p. 734)

En concordancia con esta premisa, los recursos destinados a reparación presentan una tendencia creciente. De acuerdo con las cifras contenidas en la tabla 13 del Sexto Informe de la CSMLV, los recursos se incrementaron de un promedio de $1.9 billones en el periodo 2012-2016 a uno de $2,5 billones en el periodo 2016 y 2019. Este aumento fue particularmente notable en el año 2019, en el cual se elevaron en 31,8%, al pasar de $2,2 billones a $2,9 billones.

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Los recursos destinados a asistencia se concentraron en una alta proporción en el otorgamiento de ayuda asignados en el periodo 2012-2019. En cuanto a los recursos de reparación, éstos se destinaron a restitución de vivienda e indemnización que absorbieron el 28,6% y el 28,1% de los mismos.

En materia de indemnización, es necesario señalar que, con excepción del año 2017, los recursos destinados a este fin disminuyeron en 40,4%, al pasar de $1,257 billones en el 2012 a solo $0,749 billones en el 2018, lo que refleja una tendencia decreciente y una disminución en la prioridad otorgada por el Gobierno a este rubro. No obstante, en el año 2019, se observa un aumento del 8,1% en los fondos destinados a este fin, al pasar de $0,749 billones en el 2018 a $0,810 billones en el 2019. El aumento que se registra para el presente año se origina en fuentes distintas a las del Fondo para la Reparación de las Víctimas, puesto que los recursos del mismo muestran una tendencia decreciente en todo el periodo, incluyendo el año 2019 (CSMLV, op. cit., tabla 3. P. 33)40. Por el contrario, durante el periodo se presenta una tendencia creciente de la asignación de recursos hacia vivienda, los cuales se incrementaron en un porcentaje superior al 37% al pasar de $0,603 billones en el 2012 a 0,828 billones en el 2019.

Los costos institucionales parecen elevados, ya que representaron en promedio el 17% de los fondos asignados a la política de víctimas durante el periodo bajo análisis, sin contar los recursos del Sistema General de Preferencias. La CSMLV afirma en su Quinto Informe al Congreso de la República que los costos institucionales han venido perdiendo participación en los recursos asignados a la política pública de víctimas (CSMLV, ormul 2018, p. 34). Sin embargo, si se descuentan los recursos del SGP, se observa una tendencia creciente de la participación de estos costos institucionales, la cual se eleva del 15,5% en el 2016 al 16,5% en el 2019. Este comportamiento obedeció fundamentalmente a los gastos asignados a las entidades del SNARIV distintas de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica, que participaron con el 78,1% y el 84,9%, respectivamente, en los costos institucionales durante los años de 2016 y 2019.

40 A este respecto, como se comenta en la sección de indemnización, el número de víctimas indemnizadas durante el primer año del gobierno actual se redujo en un 56% frente al promedio registrado desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011.

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