Las preguntas del Auto 411

Como se afirma en el informe del Gobierno correspondiente al año 2017, entregado a la Corte en el 2018, los proyectos de fortalecimiento institucional son una estrategia del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, cuyo objetivo es apoyar a las entidades territoriales en el proceso de puesta en práctica de la política pública de víctimas. Al tener en cuenta la importancia de esta tarea, dada la precariedad de la mayoría de las entidades territoriales, no se comprende por qué los recursos destinados a este fin son, de una parte, relativamente bajos y, de otra parte, por qué resultan irregulares, en el sentido en que en unos años se incrementan y en los años subsiguientes se reducen, como se observa en la tabla 3 del Sexto Informe de la CSMLV que se ha venido analizando.

Tampoco resulta clara la significativa variación que se presenta en el costo de las intervenciones por municipio. Si se compara tal costo durante los años de 2016, 2017 y 2018, se observa que éste fue de $14,3 miles de millones, $5,8 miles de millones y $6,8 miles de millones, en su orden, dado que en dichos años se realizó el programa en 10, 12 y 16 municipios, respectivamente. (Gobierno Nacional, Informe Annual, 2018, p. 96)

Los recursos destinados al desarrollo tecnológico y de sistemas de información no parecen haber tenido la prioridad, al menos la aparentemente requerida, a juzgar por los resultados de sus acciones. Es claro que el país todavía no cuenta con un habeas data y con frecuencia se presentan inconsistencias no solo en la información que reportan dos entidades sobre un mismo fenómeno, sino también en la que reporta una misma entidad. Un ejemplo de esto se encuentra en la información reportada por el COREC y por la UARIV, según el Sexto Informe de la CSMLV al Congreso. Entonces, es necesario realizar una investigación detallada para determinar si el problema es de recursos, de eficiencia o de una combinación de los mismos.

Las preguntas del Auto 411

En relación con los recursos presupuestales destinados a la atención y reparación integral de las víctimas, la Corte Constitucional, en el Auto 411 de 2019, formula las siguientes preguntas:

Dado que el PND solo contempla el ajuste de la programación del presupuesto de inversión de la política pública, la suscrita magistrada solicitará a la directora del Departamento Nacional de Planeación que, en coordinación con el coordinador

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de la Unidad para las Víctimas y el Ministro de Hacienda y Crédito Público, precise si se contempla alguna estrategia de adición presupuestal, de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Gobierno Nacional y los organismos de control del Estado, que permita avanzar a un mayor ritmo en el cumplimiento de las obligaciones en la garantía de los derechos de la población desplazada.

Con respecto a esta pregunta, como era de esperarse, el Gobierno Nacional respondió que no se contempla ninguna estrategia de adición presupuestal para avanzar a un mayor ritmo en el cumplimiento de la garantía de los derechos de la población desplazada.

Específicamente el Gobierno respondió:

[…] Teniendo en cuenta lo anterior, y que la Política de Víctimas representa una inflexibilidad presupuestal dado su carácter prioritario al lado de políticas sociales tales como Educación, Salud y Pensiones, no se contemplan incrementos o adiciones presupuestales en la vigencia actual y las siguientes, sino que se propenderá por mantener la focalización de los recursos para poder garantizar los derechos de la poblaciónvíctima de desplazamiento.

En estas circunstancias, se recomienda al menos mantener la participación del presupuesto de víctimas en el Presupuesto General de la Nación sin deuda y en el Producto Interno Bruto.

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