Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la Corte Constitucional)
Como se afirma en el informe del Gobierno correspondiente al año 2017, entregado a la Corte en el 2018, los proyectos de fortalecimiento institucional son una estrategia del Grupo de Articulación Interna para la Política de Víctimas del Conflicto Armado del Ministerio del Interior, cuyo objetivo es apoyar a las entidades territoriales en el proceso de puesta en práctica de la política pública de víctimas. Al tener en cuenta la importancia de esta tarea, dada la precariedad de la mayoría de las entidades territoriales, no se comprende por qué los recursos destinados a este fin son, de una parte, relativamente bajos y, de otra parte, por qué resultan irregulares, en el sentido en que en unos años se incrementan y en los años subsiguientes se reducen, como se observa en la tabla 3 del Sexto Informe de la CSMLV que se ha venido analizando. Tampoco resulta clara la significativa variación que se presenta en el costo de las intervenciones por municipio. Si se compara tal costo durante los años de 2016, 2017 y 2018, se observa que éste fue de $14,3 miles de millones, $5,8 miles de millones y $6,8 miles de millones, en su orden, dado que en dichos años se realizó el programa en 10, 12 y 16 municipios, respectivamente. (Gobierno Nacional, Informe Annual, 2018, p. 96) Los recursos destinados al desarrollo tecnológico y de sistemas de información no parecen haber tenido la prioridad, al menos la aparentemente requerida, a juzgar por los resultados de sus acciones. Es claro que el país todavía no cuenta con un habeas data y con frecuencia se presentan inconsistencias no solo en la información que reportan dos entidades sobre un mismo fenómeno, sino también en la que reporta una misma entidad. Un ejemplo de esto se encuentra en la información reportada por el COREC y por la UARIV, según el Sexto Informe de la CSMLV al Congreso. Entonces, es necesario realizar una investigación detallada para determinar si el problema es de recursos, de eficiencia o de una combinación de los mismos.
Las preguntas del Auto 411 En relación con los recursos presupuestales destinados a la atención y reparación integral de las víctimas, la Corte Constitucional, en el Auto 411 de 2019, formula las siguientes preguntas: Dado que el PND solo contempla el ajuste de la programación del presupuesto de inversión de la política pública, la suscrita magistrada solicitará a la directora del Departamento Nacional de Planeación que, en coordinación con el coordinador
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