La Asistencia y el Plan de Desarrollo 2018-2022

una vez se eliminen las inconsistencias del RUV y que una encuesta del Sisbén incluya una pregunta para detectar la presencia de personas desplazadas en los hogares, se podrá contar con una mejor identificación de carencias para la población en situación de desplazamiento forzado.

La Asistencia y el Plan de Desarrollo 2018-2022

Uno de los pactos estructurales del PND 2018-2022 es el Pacto por la Equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. En el pacto, una línea de acción es la K: «Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza y la desigualdad.»

En esta línea de las bases del PND, se hace un diagnóstico de la situación de pobreza, en términos monetarios y multidimensionales, así como de la desigualdad de ingresos. El análisis se hace en forma general, sin que se incluya la situación de pobreza o desigualdad que afrontan los hogares desplazados.

El diagnóstico general reconoce que, aunque se utilizan subsidios en el desarrollo de la política social, «no existe un costeo del gasto total destinado a ellos» ni se «cuenta con lineamientos que orienten su creación y funcionamiento» (Bases PND, 2019, Gaceta del Congreso, jueves 2 de mayo de 2019). La solución planteada parece ser la actualización del Sisbén, herramienta que en sus diversas versiones se utiliza desde la última década del siglo XX para la focalización de beneficiarios de programas sociales —incluidos subsidios—.

Los objetivos del Gobierno para «avanzar en la equidad de oportunidades» son los siguientes: i) recuperar la institucionalidad y el espacio de coordinación y seguimiento a la estrategia de reducción de la pobreza; ii) rediseñar y actualizar la focalización de los programas sociales; iii) rediseñar los programas de transferencias monetarias condicionadas y la Red Unidos; iv) formalizar y regularizar la creación y el rediseño de subsidios sociales; v) crear espacios de coordinación de política pública y acciones afirmativas para los territorios más rezagados.

Para abordar el primer objetivo, se creará una Mesa de Equidad a fin de coordinar entidades y sectores del Gobierno Nacional. Se afirma que esta mesa estará articulada con la asistencia social de la población víctima del conflicto y que se tendrán en cuenta sus particularidades, a través de programas de alfabetización y educación para adultos, incorporación de un enfoque psicosocial y programas de cuidado de la niñez. Con ello, esperan «restituir capacidades para el desarrollo de la población víctima de la violencia». (Bases PND, p. 162)

156

La mesa tendrá como instrumento un tablero de control y seguimiento con los indicadores estratégicos, entre los cuales no se menciona ninguno relacionado con la disminución de la pobreza o el avance social de la población víctima de desplazamiento forzado.

El segundo objetivo se dirige a rediseñar y actualizar los programas sociales. La primera herramienta es el ya mencionado Sisbén IV, y se advierte que «será la herramienta utilizada por el DNP y la UARIV para identificar la población víctima que, por sus características socioeconómicas, requiere ser atendida por programas sociales». Sin embargo, no es claro por qué, a continuación, en las bases del PND, se afirma que “Para esto, el DNP dispondrá de la información de caracterización requerida por la UARIV (como coordinadora del SNARIV) y por las entidades territoriales.

El tercer objetivo es rediseñar los programas de transferencias monetarias condicionadas y la Red Unidos. Con relación al programa Familias en Acción, se dispone que: «La población víctima de desplazamiento forzado en situación de pobreza será vinculada al programa a través del Sisbén IV, manteniendo la priorización por su condición» (p. 162). En cuanto al rediseño de la Red Unidos, no hay ninguna mención específica al tratamiento que se dará a la población desplazada, como tampoco la hay con respecto al programa Jóvenes en Acción.

En cuanto al cuarto objetivo, a saber, «alinear políticas y programas en función de la reducción de la desigualdad de ingresos en el corto y mediano plazo», que se espera lograr a través del crecimiento económico, las transferencias monetarias y la inclusión productiva, tampoco hay una consideración específica a la población desplazada.

Por su parte, entre los pactos transversales, la política relacionada con víctimas se concentra en el XI: «Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas.»

El Objetivo 4 es el siguiente: «Especializar las funciones de la Unidad para las Víctimas con énfasis en la ejecución de medidas de reparación en función del fortalecimiento de la política y con criterios de austeridad». La estrategia correspondiente es: «Ajuste de funciones de la Unidad de Atención y Reparación Integral Víctimas (UARIV) con énfasis en ejecución de medidas de reparación» (Bases, p. 258), de manera que se evite «la duplicidad con las funciones que pueden efectuar otras entidades, como la caracterización de las víctimas a través del Sisbén y los parámetros para las mediciones de superación de vulnerabilidad de la población del país».

Esta especialización de funciones es consistente con los planteamientos anteriores de atención a la población desplazada por los canales de la política social general. Se conecta directamente con la propuesta de reasignación del gasto y la inversión de los recursos de la política hacia la medida de reparación.

157