Parte II. Valoración de la ley de víctimas y restitución de tierras (respuesta al Auto 411 de 2019 de la Corte Constitucional)
una vez se eliminen las inconsistencias del RUV y que una encuesta del Sisbén incluya una pregunta para detectar la presencia de personas desplazadas en los hogares, se podrá contar con una mejor identificación de carencias para la población en situación de desplazamiento forzado.
La Asistencia y el Plan de Desarrollo 2018-2022 Uno de los pactos estructurales del PND 2018-2022 es el Pacto por la Equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados. En el pacto, una línea de acción es la K: «Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza y la desigualdad.» En esta línea de las bases del PND, se hace un diagnóstico de la situación de pobreza, en términos monetarios y multidimensionales, así como de la desigualdad de ingresos. El análisis se hace en forma general, sin que se incluya la situación de pobreza o desigualdad que afrontan los hogares desplazados. El diagnóstico general reconoce que, aunque se utilizan subsidios en el desarrollo de la política social, «no existe un costeo del gasto total destinado a ellos» ni se «cuenta con lineamientos que orienten su creación y funcionamiento» (Bases PND, 2019, Gaceta del Congreso, jueves 2 de mayo de 2019). La solución planteada parece ser la actualización del Sisbén, herramienta que en sus diversas versiones se utiliza desde la última década del siglo XX para la focalización de beneficiarios de programas sociales —incluidos subsidios—. Los objetivos del Gobierno para «avanzar en la equidad de oportunidades» son los siguientes: i) recuperar la institucionalidad y el espacio de coordinación y seguimiento a la estrategia de reducción de la pobreza; ii) rediseñar y actualizar la focalización de los programas sociales; iii) rediseñar los programas de transferencias monetarias condicionadas y la Red Unidos; iv) formalizar y regularizar la creación y el rediseño de subsidios sociales; v) crear espacios de coordinación de política pública y acciones afirmativas para los territorios más rezagados. Para abordar el primer objetivo, se creará una Mesa de Equidad a fin de coordinar entidades y sectores del Gobierno Nacional. Se afirma que esta mesa estará articulada con la asistencia social de la población víctima del conflicto y que se tendrán en cuenta sus particularidades, a través de programas de alfabetización y educación para adultos, incorporación de un enfoque psicosocial y programas de cuidado de la niñez. Con ello, esperan «restituir capacidades para el desarrollo de la población víctima de la violencia». (Bases PND, p. 162)
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