Encuentro Nacional de Juventud - JAIME GARZÓN

Juventud movilizada y organizada en la construcción del Poder Popular.

PRIMER ENCUENTRO de

JAIME JUVENTUDGARZÓN

UN ENCUENTRO para la

CONSTRUCCiÓN

DE LA AGENDA JUVENIL

Enfoque diferencial, Mujeres, NARP, Indígenas, Gitanos -Rrom-, LGTBIQ+, Víctimas, Campesinos. Política Pública de Juventud Nacional.

Construcción del capítulo de Juventud del PND 2022-2026.

Diciembre 17-18 de 2022

©Consejería Presidencial para la Juventud - Colombia Joven, 10 de enero de 2023

Calle 10 nro. 1-15

PBX: (601) 5 629 300

Bogotá, D. C., Colombia www.colombiajoven.gov.co

Se prohíbe el uso comercial de esta publicación y tal podría castigarse de conformidad con las políticas y/o las legislaciones aplicables.

Si usted es l os jó venes no asumen l a dirección de su propio país, nadie va a venir a sal várselo

¡nadie!”

Jaime Garzón

El Encuentro Nacional de Juventudes Jaime Garzón convocó en la ciudad de Medellín a más de 1.500 jóvenes provenientes de los 32 departamentos del territorio nacional, durante los días 17 y 18 de diciembre de 2022 la juventud tuvo la palabra. Desde la Consejería Presidencial para la Juventud agradecemos a entidades como la Sociedad de Activos Especiales, los ministerios de Educación, Interior y Minas y Energía, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación y la Alcaldía de Medellín por su colaboración.

La organización de este encuentro obedece a la voluntad del gobierno por generar espacios de discusión y construcción colectiva con toda la ciudadanía. Fue por ello que desde Colombia Joven se dispuso de una metodología para recolectar insumos de cara la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y la proyección de la entidad en los próximos meses. Durante la jornada de la tarde del día sábado los asistentes compartieron las problemáticas de sus regiones, las visiones de país que sueñan y las posibles soluciones en 15 mesas de trabajo, cada una ellas alineada a uno de los 6 ejes temáticos planteados: Poder popular juvenil; Enfoques diferenciales; Educación Pública, crítica y emancipadora; Transformación productiva y reindustrialización nacional; Justicia ambiental, crisis climática y transición energética; Paz Total y Derechos Humanos.

Este documento se construye con el fin de recopilar las principales conclusiones del encuentro. Asimismo, se presentan las relatorías e insumos construidos por la juventud. Reiteramos los agradecimientos a los asistentes y colaboradores. Destacamos que este espacio es pionero a nivel nacional, pues por primera vez una entidad gubernamental asume la organización de un evento de este tipo.

Resumen

Producto de las discusiones adelantadas y las relatorías de las mesas, Colombia Joven se permite presentar algunas de las propuestas de los jóvenes:

1. Mejorar los mecanismos de participación juvenil existentes. Dichas reformas deberán materializarse en una participación incidente de la juventud, articulación entre los CMJ y PMJ, aplicación de enfoques diferenciales en las políticas públicas y la consolidación de un Observatorio Nacional de Juventudes.

2. Construir colectivamente la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Dado que este es el principal referente normativo para la juventud deberán existir escenarios amplios e incidentes en la reforma mencionada para solventar los problemas actuales de capacidad y coordinación entre las instancias existentes. En paralelo, deberían existir mayores escenarios de difusión y capacitación frente al Estatuto vigente.

3. Creación de un Viceministerio de Juventudes dentro del Ministerio de la Igualdad. Esta dependencia sería la encargada de centralizar, ejecutar y coordinar la oferta institucional juvenil.

4. Descentralizar y mejorar los mecanismos de participación ciudadana en el proceso presupuestal de las artes, la cultura y el deporte. Se requiere fortalecer a las organizaciones del ecosistema cultural y deportivo, al igual que una revisión sobre las disciplinas y destrezas que son priorizadas y tenidas en cuenta en las diferentes convocatorias e iniciativas gubernamentales.

5. Priorizar la consolidación de la paz territorial y la sostenibilidad en la agenda energética y de atención y mitigación frente al cambio climático. La juventud colombiana anhela que la implementación de las políticas presente mecanismos respetuosos de los contextos regionales, componentes pedagógicos integrales y énfasis en la defensa del activismo ambiental. Es el cumplimiento de los Acuerdos de la Habana una primera victoria para la consolidación de la agenda ambiental.

6. Impulsar procesos de capacitación financiera, empresarial y laboral que potencian las destrezas de la juventud de cara a las nuevas tecnologías, la creación de empresas y el cierre de brechas entre el campo y la ciudad. La generación de incubadoras empresariales, formalización del empleo y fomento a la asociatividad hacen parte de la ruta planteada.

7. Potencializar el rol de los jóvenes como constructores de paz, garantizando el cumplimiento efectivo de los derechos humanos en todo el territorio colombiano y el bienestar físico y mental de la juventud. Se espera que existan escuelas de gestores de paz, financiación de iniciativas juveniles pacifistas, programas de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y fortalecimiento y/o rutas efectivas de atención en salud integral. Todo lo anterior reconociendo las particularidades territoriales.

8. Reformar el sistema educativo nacional. Los cambios efectuados a la educación deberán armonizar las necesidades territoriales estudiantiles, la estructuración de los currículos y las exigencias y mecanismos de participación de las comunidades educativas. Se destaca la necesidad de impulsar mecanismos de financiación en los municipios, así como la generación de módulos frente a temáticas como la educación sexual, la salud mental, la prevención, atención y sanción de violencias basadas en género (VBG) y cualquier tipo de discriminación. En el caso de la Educación Superior se destaca la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

9. Mejorar el sistema de recolección y análisis de datos de todos los grupos poblacionales participantes del encuentro (Mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes, juventud rural, comunidades sexualmente diversas, víctimas y personas con discapacidad). Adicionalmente se requiere una transversalización de los enfoques poblaciones en las políticas gubernamentales, sin olvidar el enfoque interseccional. Se destaca el ámbito educativo y de participación ciudadana como uno de los elementos más importantes para generar movilidad e inclusión social en todas las dimensiones del desarrollo humano.

Insumos de cada mesa

Como se mencionó anteriormente fueron 15 mesas de trabajo, alineadas a un eje temático, las relatorías generadas en cada espacio de presentan a continuación. El orden de presentación es totalmente aleatorio, el nivel de importancia para cada eje es el mismo.

Poder popular juvenil

La participación juvenil representa un gran desafío y exigencia de esta generación, la juventud organizada y no organizada reclama mecanismos incidentes y permanentes, siendo el acompañamiento institucional una exigencia transversal en las propuestas presentadas. Las discusiones de este eje se abordaron en 5 mesas, cada una concentrada en alguna de estas temáticas: participación; deporte; y arte y cultura.

En las mesas de participación se propuso el fortalecimiento y reforma de los mecanismos de participación juvenil ya existentes. Se resalta que en muchos territorios existe un desconocimiento frente al Subsistema de participación, por lo cual la convocatoria a los espacios y la incidencia de estos puede ser limitada y estar concentrada en ciertos grupos y territorios; lo anterior agudiza las dinámicas centralistas y excluyentes que por décadas han impedido el cierre de brechas. De forma complementaria se propone la contratación de CMJ y las PMJ como dinamizadores de estrategias y políticas regionales. Asimismo, se requiere de forma inmediata un proceso pedagógico con las JAC y todo el sistema educativo frente a los mecanismos de participación

existentes. Por otro lado, se encuentra relevante el nombramiento de un coordinador municipal, este deberá ser exclusivo para temas de juventud y tendrá la responsabilidad del funcionamiento del Subsistema; sus obligaciones contractuales y recursos a cargo deberán ser de conocimiento público y establecidos conjuntamente con los representantes territoriales.

Alineado con lo anterior se mencionaron algunas problemáticas dentro del Subsistema de Participación de las Juventudes en lo referente a financiación, recursos y capacidades administrativas. Se destacó la necesidad del trabajo articulado y permanente entre los CMJ y las PMJ, el éxito de una depende del correcto funcionamiento de la otra. Lo anterior, sin desconocer el rol que tiene el resto de la juventud, su participación deberá ser más vinculante y efectiva dentro de los mecanismos de representación existentes.

Asimismo, se exige la reforma de la Ley Estatutaria 1885 de 2018. En su artículo 19 debe considerarse la posibilidad de sesiones conjuntas entre los Consejos Municipales y Distritales y el Consejo Departamental. Igualmente, en el artículo 20 es pertinente indicar la creación de secretarías de Juventud en los gobiernos locales, instancias que deberán dotarse de presupuestos apropiados y alineados con su misionalidad. La reforma debería contemplar lineamientos más concretos para las administraciones locales frente a la financiación y coordinación con las instancias locales de representación juvenil.

Cabe destacar que existen preocupaciones sobre la excesiva incidencia de las administraciones locales en los escenarios de participación juvenil. Por ello se destaca la exigencia de autodeterminación de la juventud, deberá ser esta quien defina y guíe la creación e implementación de las instancias locales que les conciernen y que resulten del cumplimiento de la Ley 1885 de 2018. No se puede desconocer que, en algunos territorios donde se ha desarrollado esto, se evidencia una alta rotación de los funcionarios a cargo de estas tareas . Por ello se propone que sean agentes locales juveniles los encargados de liderar estas instancias, siempre y cuando existan criterios de selección y postulación claros y transparentes con la ciudadanía. Incluso se contempla que sean los CMJ y PMJ quienes postulen a estos funcionarios.

Con el fin de alinear los escenarios contemplados en el Subsistema se considera útil la creación de las mesas subregionales de juventud. Igualmente se solicita a la Nación un auxilio económico para los jóvenes representantes. En aras de potenciar el liderazgo juvenil a nivel nacional, se planteó la aprobación de elección de Congresistas desde los 18 años. También se indicó que deben existir curules especiales para la juventud e incluso una ley de cuotas para las listas de votación.

Teniendo en cuenta que en el país existen territorios referentes en materia de política juvenil, se hace el llamado a las regiones que aún no cuentan con esta figura para que movilicen sus esfuerzos en la construcción colectiva de propuestas puntuales, claras y objetivas y articuladas con entidades del orden local y nacional. Se solicita el acompañamiento de Colombia Joven para lograr esto. De igual forma se solicita a la Consejería que sus enlaces territoriales tengan a cargo un número muy específico de zonas, en aras de aumentar el trabajo conjunto entre los jóvenes y la entidad.

Se destaca la necesidad de preservar la integridad de los líderes, las amenazas impiden la normalidad en los procesos comunitarios. Por ello se requiere generar un protocolo claro sobre la ruta de atención. De igual manera es pertinente generar un enfoque diferencial a la juventud, distinto al de otros grupos poblacionales. A saber, grupos poblacionales como la niñez y la juventud son atendidos, en la práctica, con los mismos enfoques, desconociendo así las especificidades de cada uno. La creación de un Observatorio Nacional de Juventud apoyado por instituciones de educación superior de todo el territorio nacional permitirá generar lineamientos de política pública más claros y un manejo de los datos más preciso. Se establece un condicionante en términos de paridad entre instituciones oficiales y privadas para la conformación del observatorio, así como el diseño e implementación de un Índice Juvenil interinstitucional.

De forma transversal a lo ya mencionado se destacó la importancia de la rendición de cuentas, la veeduría ciudadana y el fortalecimiento de los presupuestos locales y nacionales que permitan la materialización de las políticas juveniles. Frente a este punto se hizo alusión a la financiación mediante el Sistema General de Regalías. Así pues, se le solicita al Congreso y la rama ejecutiva incluir un porcentaje específico dentro de la ley1. En materia de actividades productivas y procesos participativos se solicitó un plan de Apoyos a la Juventud Popular, la falta de oportunidades impide la participación política y desarrollo de los proyectos de vida.

En la mesa Deporte y Recreación para la vida digna juvenil se establecieron acciones para el corto plazo, tales como la visibilización, promoción y desestigmatización de los deportes urbanos o nuevas tendencias deportivas; fortalecimiento en los procesos de veeduría de los recursos

1. Ley 2056 de 2020

de MinDeporte; creación de una ruta o sistema de alertas para denuncia de malversación de recursos; seguimiento y acompañamiento a las escuelas deportivas e instituciones educativas municipales, así como a los docentes y entrenadores; recuperación y adecuación de espacios deportivos; descentralización efectiva del presupuesto deportivo con un énfasis municipal; creación de una ruta o sistema de alertas para denunciar la malversación de recursos.

En el mediano plazo se requiere generar procesos de contratación más estables y a mayor término con los profesores y formadores deportivos; establecer procesos de articulación y fortalecimiento a organizaciones comunitarias que trabajen en estas áreas de deporte, recreación y uso del tiempo libre; crear escuelas deportivas comunitarias con disciplinas alternativas; reformar la formación deportiva en el sistema educativo a partir de la primera infancia; crear programas gratuitos o a bajo costo para deportes paralímpicos. En un término de dos años se solicita al Ministerio del Deporte la profesionalización de diferentes disciplinas.

En la mesa de Arte y Cultura Joven se discutieron temáticas asociadas a la transversalidad de las artes y la cultura, la dignificación del trabajo y formación e infraestructura cultural. En lo concerniente a la dignificación del trabajo se propuso estructurar acciones para garantizar el trabajo digno de los gestores culturales y artistas, garantías sobre sus pensiones y la protección social. Asimismo, se propone reconocer y visibilizar los aportes de las industrias culturales y creativas en el desarrollo económico municipal. Por esto, se deben fortalecer las rutas de emprendimiento cultural para los jóvenes en zonas urbanas y rurales, desde una perspectiva de desarrollo social y de base. Finalmente, se destaca el menester de apoyar la construcción de planes de vida de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o a merced de las economías ilegales.

En la transversalidad de las artes y las culturas se habló sobre la necesidad de articular más prácticas artísticas y culturales en la dinamización de temas de salud mental; la creación de escuelas culturales dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA; el fortalecimiento al Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural - SINEFAC desde un énfasis diferencial y territorial.

Por último, en el ámbito formativo e institucional se requiere la profesionalización de muchos roles vinculados a las artes y las culturas y el reconocimiento de saberes, prácticas y experiencias de los gestores y artistas en los territorios. Igualmente, se identificaron falencias en la gestión y ejecución desde las entidades territoriales de los municipios, especialmente de las casas de la cultura. Por esto se propone un incremento constante al rubro cultural, el reconocimiento de procesos de contracultura activos en los territorios y que no son visibilizados por las líneas de inversión, al igual que ciertos procesos o visiones que hace muchos años no reciben estímulos gubernamentales. Finalmente, se destaca la posibilidad de generar: actividades de fortalecimiento a las instituciones territoriales y a todos sus servidores públicos; y la creación de redes que posibiliten el intercambio y la internacionalización de los procesos artísticos, posibilitando así la visibilización y el financiamiento del sector.

ENFOQUES DIFERENCIALES

Las propuestas de este eje fueron construidas a partir de 6 mesas de trabajo, cada una de estas orientada a un grupo poblacional.

MUJERES

Las participantes enfocaron la discusión en alternativas que hagan frente a la erradicación de las Violencias Basadas en Género contra las Mujeres Jóvenes. Para ello se propone: la creación y fortalecimiento de las rutas de atención y prevención de VBG, de forma que cumplan los principios de ética, confidencialidad, respeto etc; la contratación femenina; fortalecimiento y creación de Observatorios de VBG en establecimientos de educación superior y educación media y básica; y la creación de componentes pedagógicos para la prevención y erradicación de VBG en las instituciones de educación. Para esto se requiere del trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, Policía Nacional, Sector Salud, Sector Justicia y demás entidades pública y privadas encargadas de atención de violencia contra las mujeres contemplados en la

Ley 1257), Instituciones educativas de nivel básica y media, Instituciones de Educación Superior, Ministerio de Educación Nacional y Secretarías departamentales y municipales. Se contempla una revisión anual de los avances sobre lo mencionado anteriormente.

Otra de las aspiraciones es la participación Política y Democracia para las Mujeres Jóvenes. Las acciones necesarias para cumplir con ello son la creación del Comité de Género dentro de los Subsistemas de Participación Juvenil, que permitan la sanción de agresores, y que implementen estrategias pedagógicas de prevención violencias contra las mujeres; la paridad de género en los subsistemas de participación juvenil y las escuelas de formación para la participación Política de las mujeres. Los actores destacados para materializar esta aspiración son el Subsistema de participación juvenil y organizaciones de base juveniles y feministas, y las Instituciones educativas.

Finalmente, se destacan las garantías en el acceso a la educación y el empleo de las mujeres jóvenes. Se requiere de acceso a un salario digno e igualitario, garantías para la educación y el empleo con enfoque de género, campañas pedagógicas para la sensibilización en la redistribución de labores domésticas y de cuidado, garantías de empleabilidad y emprendimiento con inclusión social y dignificación de las labores de las mujeres cuidadoras para hacer posible esto. Se identifica a MinEducación, MinTrabajo, las secretarías de gobernaciones y municipios, ONG ‘s como los principales aliados y actores de interés. Cabe destacar que la temporalidad para hacer posible las últimas dos aspiraciones debe anteceder a la actualización de la política pública de juventud a nivel nacional.

LGBTI

La población con identidades y expresiones de género y orientaciones sexuales diversas agruparon sus aspiraciones en tres líneas estratégicas: Educación, salud diferencial y, seguridad y paz. Siendo transversal el enfoque vinculante de los jóvenes diversos y la inclusión de población no binaria. En lo concerniente a educación definieron reformar los manuales de convivencia, acatando de forma contundente la sentencia T-443 de 2020, siendo esta un referente para la consolidación de espacios educativos seguros. Asimismo, se requieren brigadas constantes en instituciones educativas para velar por espacios seguros para la población diversa, lo anterior se desarrollaría de la mano del Subsistema de Participación Juvenil. De forma paralela se solicitan capacitaciones a las instituciones educativas en materia de género y diversidad. Finalmente, es pertinente la creación de una cátedra generalizada para la garantía y cumplimiento del libre desarrollo de las juventudes.

Para la segunda línea, salud diferencial, se definió relevante la creación de un sistema de atención médica con componentes en diversidad de género. En complemento, se debe capacitar al cuerpo médico en la atención de personas trans y no binarias. Por último, en la línea de seguridad y paz se estableció necesario: consolidar brigadas de atención en seguridad para población trans y trabajadoras sexuales, promulgar desde el gobierno central las exigencias que tengan lugar para la creación de políticas públicas diversas a escala local, diferenciar el componente no binario en los espacios de participación, tanto en el subsistema de participación juvenil, como entre otros espacios. Esto para crear pedagogía territorial en temas electorales y garantizar el cumplimiento de los derechos políticos a poblaciones históricamente excluidas. Igualmente se requiere una caracterización de la población LGBT a nivel nacional, la información estadística es vital para la construcción de una línea base de política pública. Por último, se debe implementar el Pacto por la Paz en los territorios azotados por la violencia. Dicha estrategia está orientada a erradicar las violencias contra la población civil y debe hacer explícito las diversidades y disidencias sexuales y de género.

Víctimas

Se hace explícita la necesidad de que en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y la política pública de juventud se integre una línea especial para jóvenes con un enfoque interseccional, que considere los contextos e identidades de: jóvenes, víctimas, pueblos étnicos, género, etc. Se resalta la preocupación frente a la no especificación de las responsabilidades de cada entidad en el CONPES 4040 y la política de víctimas. Por ello no existen acciones y dolientes específicos.

Se plantean algunas problemáticas como: 1) bajo acceso a la educación para jóvenes víctimas; 2) precaria cobertura en los servicios de indemnización administrativa y sin enfoque juvenil; 3) desfinanciamiento y poco apoyo de los proyectos productivos de las víctimas; 4) falta de acceso a la vivienda propia por parte de las y los jóvenes víctimas;

5) alto desempleo por parte de las juventudes víctimas y la poco correspondencia entre las ofertas laborales y las capacidades y necesidades de las y los jóvenes; 6) barreras el acceso a la tenencia de tierra; 7) falta de garantías para el acceso a la atención en salud física y la salud emocional; 8) reclutamiento forzado; 9) débiles garantías para no repetición del conflicto y; 10) ausencia de garantías en la participación juvenil del grupo poblacional en cuestión.

La mesa considera importante la creación de organizaciones de víctimas lideradas por jóvenes, de esta manera se podría participar en los mecanismos gubernamentales existentes. Para viabilizar esta aspiración se requieren recursos para las organizaciones, generación de capacidades organizativas, nuevos espacios de participación que sean gestados por entidades gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional y local, así como espacios de incidencia.

Asimismo, es pertinente la revisión de los mecanismos de participación de víctimas y juventudes (Mesas de Participación de Víctimas, Plataformas de Juventud y Consejos Municipales de Juventud) y la reestructuración de las políticas públicas de juventud y de víctimas. Lo anterior con el fin de reconocer especialmente a las juventudes víctimas y generar una efectiva articulación entre todos estos mecanismos de participación. Dentro de las acciones contempladas para viabilizar esta idea se destacan los cambios normativos y la generación de diálogos incidentes, la construcción de proyectos de ley con enfoque juvenil y de participación, pedagogía normativa con énfasis en políticas públicas y derechos, y diagnóstico sobre las fallas en la implementación desde un enfoque territorial.

Finalmente, se estipula la necesidad del enfoque de víctimas y la participación efectiva en todas las políticas y decisiones del Estado. Siendo un referente el Sistema Integral de Paz. Reformar los mecanismos y habilidades necesarias para el nombramiento de los funcionarios fueron las acciones sugeridas para cumplir con esta aspiración.

Desde esta mesa se hace el llamado a entidades e instancias como el DAPRE, DNP, UARIV, Departamento de Prosperidad Social, ICBF, Colombia Joven, MinSalud, MinEducación, ANT, organizaciones de jóvenes, organizaciones de víctimas, las administraciones municipales, gobernaciones, el Congreso, el sector privado y el Sistema Integral De Paz para cumplir con las propuestas mencionadas.

Asimismo, es pertinente la revisión de los mecanismos de participación de víctimas y juventudes (Mesas de Participación de Víctimas, Plataformas de Juventud y Consejos Municipales de Juventud) y la reestructuración de las políticas públicas de juventud y de víctimas. Lo anterior con el fin de reconocer especialmente a las juventudes víctimas y generar una efectiva articulación entre todos estos mecanismos de participación. Dentro de las acciones contempladas para viabilizar esta idea se destacan los cambios normativos y la generación de diálogos incidentes, la construcción de proyectos de ley con enfoque juvenil y de participación, pedagogía normativa con énfasis en políticas públicas y derechos, y diagnóstico sobre las fallas en la implementación desde un enfoque territorial.

Finalmente, se estipula la necesidad del enfoque de víctimas y la participación efectiva en todas las políticas y decisiones del Estado. Siendo un referente el Sistema Integral de Paz. Reformar los mecanismos y habilidades necesarias para el nombramiento de los funcionarios fueron las acciones sugeridas para cumplir con esta aspiración.

Desde esta mesa se hace el llamado a entidades e instancias como el DAPRE, DNP, UARIV, Departamento de Prosperidad Social, ICBF, Colombia Joven, MinSalud, MinEducación, ANT, organizaciones de jóvenes, organizaciones de víctimas, las administraciones municipales, gobernaciones, el Congreso, el sector privado y el Sistema Integral De Paz para cumplir con las propuestas mencionadas.

Comunidades Indígenas

Este grupo propone de forma prioritaria la construcción de un capítulo Indígena dentro de la ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil; se deberá garantizar la participación de los jóvenes de los 115 pueblos indígenas de Colombia, con un énfasis en los procesos territoriales que ya se vienen construyendo desde estas comunidades. Asimismo se solicita: Continuar con la implementación de la ruta metodológica para la construcción del capítulo indígena en la Política Pública de Juventudes; realizar una caracterización de las vulneraciones de los derechos de la juventud de los pueblos indígenas, incluyendo la población joven indígena con orientación sexual diversa de acuerdo a la autonomía, la cosmovisión y ley de origen de cada uno de los pueblos y territorios; garantizar la realización de Congresos Anuales de las Juventudes Indígenas de Colombia. Asimismo, se requiere el apoyo técnico, financiero y logístico con el fin de dar revisión, seguimiento a los procesos y lineamientos propuestos anteriormente; y hacer posible la participación real y efectiva con voz y voto de la juventud indígena en las diferentes comisiones a nivel local, regional y nacional.

En materia educativa se prioriza la construcción de un enfoque especial en la educación superior para las comunidades indígenas. Este proceso deberá darse en articulación con los pueblos y de forma concertada con la red CIU y la CONTCEPI. Cabe destacar la necesidad de objetivos e indicadores claros en las líneas de acceso, permanencia, pertinencia, culminación de las oportunidades educativas y retorno a los territorios. Además es necesario fortalecer las escuelas de formación en liderazgo de los pueblos indígenas y articular con las instituciones educativas un área de formación cultural, teniendo en cuenta los procesos territoriales juveniles previos.

Otro grupo de aspiraciones estuvieron encaminadas al desarrollo de oportunidades y cierre de brechas. Por ello se contempla garantizar la consulta previa, libre e informada a las juventudes indígenas, frente a los programas y proyectos que les atañen. De forma paralela se requiere promover la implementación de los procesos culturales propios de cada comunidad, siendo la juventud la encargada de la ejecución de dichos procesos. Adicionalmente, se prioriza la construcción de un plan de acción, prevención y atención de las desarmonías territoriales para los jóvenes indígenas, como por ejemplo la mendicidad, drogadicción, prostitución, entre otros. Dichos planes deben tener en cuenta la cosmovisión y la Ley de Origen de cada pueblo.

Finalmente se destaca la creación de un fondo para emprendimientos de economías propias direccionado por las juventudes indígenas; el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en los procesos territoriales llevados desde las juventudes indígenas y el acceso efectivo a la tierra como elementos claves para consolidar el cierre de brechas. Se hace la constancia de que todas las propuestas aquí expuestas deberán ser apoyadas de forma integral por parte de los entes gubernamentales de carácter nacional, regional y local competentes.

Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Esta mesa de trabajo se concentró en la garantía del acceso a la educación superior, con un énfasis en la educación etnográfica y los saberes propios. Para ello se requieren mecanismos de veeduría ciudadana, acompañamiento institucional con enlaces territoriales y aumento en la cobertura y oferta de cursos con enfoque étnico.

Asimismo, se destacan la promoción de garantías para la participación política de jóvenes afro. Se establece que la actualización del censo de jóvenes afro, la difusión de campañas contra el racismo estructural y el aumento de estímulos son algunos de los pasos para cumplir con esta aspiración encaminada al desarrollo de los proyectos de vida de los jóvenes afro. Se hace el llamado a Colombia Joven, el Ministerio público, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades encargadas de los temas étnicos para cumplir con las aspiraciones ya mencionadas.

Personas con Diversidad Funcional, grupo de Discapacidad y PoBLACiÓN MIGRANTE.

Esta mesa propone brindar garantías en los espacios de participación a nivel nacional, departamental, distrital y municipal a las poblaciones migrantes y con discapacidad con el fin de que las propuestas sean escuchadas, implementadas y ejecutadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Se solicita implementar y cumplir la resolución 1022; erradicar la brecha separatista a través de sensibilización y capacitación, pues el trato de los grupos poblacionales en cuestión ha estado en función de sus limitaciones y/o estatus migratorio. Para lo anterior se solicita la gestión de la Cancillería y Migración Colombia, MinSalud, la cooperación nacional e internacional , la OIM y las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales que tengan lugar. El apoyo de organizaciones y fundaciones también es vital para el proceso.

Ante la precaria oferta institucional para estas poblaciones se solicita la realización políticas de discapacidad y migración en el mediano y largo plazo. Con las ya existentes y las futuras se requieren sistemas de información más inclusivos y aptos para realizar veeduría ciudadana. Asimismo, se solicita que el acceso al Sistema de Salud no esté garantizado por el uso de mecanismos de protección de derechos, tal como la tutela. Teniendo en cuenta la creación de MinIgualdad se solicita crear una Dirección de Discapacidad y Migración.

En el contexto educativo se reclama el cumplimiento y asertividad en los enfoques diferenciales. Se destaca que un considerable número de instituciones no están preparadas para ofrecer educación de alta calidad a las poblaciones en cuestión, incluso acceder al sistema mismo es casi un privilegio. En el ámbito laboral se le solicita a la sociedad y el sector privado puestos de trabajo con funciones acordes a las capacidades de las personas. Estas poblaciones no pueden ser usadas para reducciones tributarias; la inclusividad debe ser una apuesta real, no sólo discursiva. Asimismo, se destaca la importancia de crear un Fondo de apoyo a emprendedores con un servicio de asesorías. La asistencia social debe ser el mecanismo para que las juventudes y la sociedad puedan cumplir con los sueños y proyectos de vida estipulados.

El acceso a la Vivienda Digna es otra de las exigencias. Los jóvenes piden acceso a vivienda propia , pero también hacen la solicitud para que otros grupos, tal como las madres cuidadoras en condición de vulnerabilidad y pobreza sean priorizadas. Asimismo, se destaca la consolidación de un colectivo nacional de jóvenes migrantes y jóvenes con discapacidad. Los escenarios de participación y liderazgo en sistemas y plataformas municipales, departamentales y nacionales son esenciales. Allí se requiere la presencia de liderazgos para incidir y hacer veeduría en los procesos, con un énfasis en temas de inclusión e igualdad. Finalmente, se destaca la creación de curules especiales en las instancias de participación juvenil.

Juventud rural

Esta mesa propuso realizar una reforma agraria incluyente y hace el llamado a las entidades gubernamentales de garantizar un proceso de formulación de las políticas públicas que responda a las nuevas ruralidades y las nuevas formas de campesinado. Dicho esto, se entiende al campesinado como un grupo poblacional diverso y dinámico donde la adaptación es una característica innata. Cabe destacar que las conclusiones de la Convención Campesina en temas de juventud puede ser un insumo importante para nutrir la reforma mencionada inicialmente. Asimismo, se hace necesario realizar un Encuentro Nacional Campesino para poder incluir propuestas y comentarios ante una eventual reforma, y sentar una hoja de ruta para todas las políticas rurales.

Otro de los puntos centrales en la discusión es el fortalecimiento del campo colombiano. Se contempla generar una campaña de promotores rurales mediante la asistencia técnica. Esto deberá estar dirigido a la juventud desde un enfoque identitario e interseccional. Asimismo, se hace el llamado al aumento de fuentes de financiación de proyectos productivos por medio de subsidios, haciendo un especial énfasis en prácticas comunitarias.

Para cumplir con lo anterior se le solicita a la Registraduría Nacional, MinAgricultura, MinInterior, MinEducación, Colombia Jóven, las gobernaciones y alcaldías su colaboración para impulsar lo aquí propuesto. Asimismo, se destaca que este grupo poblacional anhela la consolidación de la Paz Total e indica que todos los grupos armados deben sumarse para lograr el objetivo

planteado. Esta mesa también abordó la discusión sobre la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, proceso que deberá ser vinculante y con la participación ciudadana desde el inicio. Por lo anterior se le solicita al Congreso no avanzar con la reforma en curso y permitir que se construya una nueva. Las ideas y cosmovisiones de la juventud rural también importan.

Teniendo en cuenta los mecanismos de participación existentes se deja el precedente de las pocas garantías para la participación política en la ruralidad. Las mesas de votación solo se ubican en las cabeceras municipales. Lo anterior ubica en una posición desventajosa a la juventud que no vive en estos sitios. Por otro lado, se hace el llamado a que la juventud rural sea tenida en cuenta más allá de la semana de la juventud, evento que se realiza anualmente en algunos territorios. Para cumplir esto se deberán generar mecanismos de pedagogía, fortalecimiento de las organizaciones y escenarios de participación y articulación constante entre los representantes y la juventud. Los representantes deben estar abiertos al diálogo con sus electores.

Otra de las estrategias transversales es el cierre de brechas entre la ruralidad y la ciudad. El acompañamiento institucional deberá fortalecer la entidad campesina, prevenir la estigmatización y fomentar su reconocimiento. Es hora de devolverle la dignidad al campo y eliminar definitivamente el abandono estatal al cual ha estado sometido. Colombia Joven y el Ministerio del Interior se convierten en aliados estratégicos para esto.

Finalmente, se destaca el tema educativo desde un enfoque integral e interdisciplinario. El reconocimiento del medio en que se habita y la exaltación de este, junto con las costumbres de cada comunidad constituyen elementos esenciales en el nuevo modelo educativo. Desde allí deberá generarse la discusión sobre el rol de la virtualidad. De entrada, deberá contemplarse las limitaciones físicas para los estudiantes. Hoy por hoy, la virtualidad es un limitante adicional en el proceso educativo pues las comunidades no pueden acceder a esta o su dominio no es sencillo.

Educación Pública, crítica y emancipadora

La educación se destaca como un campo fundamental para el cierre de brechas. Garantizar el acceso, permanencia y culminación exitosa de las trayectorias educativas en todos los niveles deberá ser un pilar fundamental en la gestión del gobierno nacional. Se destacan algunas propuestas en términos de financiación, modelo educativo, mecanismo de participación y enfoques poblacionales.

Una de las propuestas gira en torno a la implementación de las cátedras de estudios afrocolombianos. Actualmente esto no se está dando, reforzando la invisibilización y desconocimiento de las comunidades NARP, situación que va en contravía a lo planteado en el Artículo 39 de la ley 70 de 1993, el Decreto 1122 de 1998 y la creación de la cátedra por MinEducación en el 2004. Por ello, desde el ministerio deberá darse de forma inmediata una estrategia etnoeducativa; así las comunidades étnicas y los docentes podrán formarse en la protección de sus saberes ancestrales, lenguas y territorios. Lo anterior permitirá que, las instituciones educativas puedan reformar sus currículos y en un periodicidad no mayor a 4 años se pueda consolidar una materia etnoeducativa. Dicha asignatura servirá para disminuir el racismo y consolidar el conocimiento ancestral.

En nivel de educación básica y media, especialmente en la ruralidad colombiana existen grandes limitantes para garantizar el transporte de los estudiantes y maestros. Las condiciones de las vías no son las óptimas, pero tampoco la implementación de la ley se ha dado de forma adecuada, el proceso ha sido más bien lento. En términos de calidad también se requieren esfuerzos, por ello se solicita la revisión y capacitación de la planta docente. El aumento del personal permitiría que exista una rápida actualización en los enfoques y paradigmas.

La anterior propuesta está alineada a la reforma integral del sistema educativo en el mediano y largo plazo. El nuevo enfoque deberá responder a los conocimientos de los territorios y las comunidades, e incluir a estudiantes, padres de familia, profesores, directivas y demás actores de la comunidad educativa en su construcción, todos los niveles deberán hacer parte de este nuevo paradigma. Es relevante mencionar que la esfera educativa no solo debe buscar la generación de conocimiento en ciertas competencias. En articulación con otras entidades del orden nacional y local deberá impulsarse la ejecución de programas, estímulos a iniciativas juveniles y políticas encaminadas a la consolidación de nuevos liderazgos. Los personeros estudiantiles, líderes comunales y cualquier joven deberá recibir asistencia técnica y de recursos para potenciar las iniciativas en función de la paz, la cultura, las artes y el desarrollo regional.

En la educación superior se requiere aumentar la financiación de las instituciones educativas y los mecanismos democráticos internos. Se deja constancia sobre el aumento de la comunidad estudiantil sin aumentos presupuestales reales. El déficit presupuestal ha impedido la construcción de nuevas sedes, el mantenimiento de las ya existentes, el fomento a la investigación y el gasto focalizado para mejorar la calidad en las IES; todo esto debe cambiar. Cabe destacar que existen áreas del conocimiento que han sido relegadas, allí la ausencia de recursos ha agudizado la crisis estructural ya expuesta.

Por otro lado se destaca la necesidad de impulsar mecanismos de elección democrática para las directivas y representantes estudiantiles de las instituciones. El MEN deberá buscar los mecanismos para viabilizar la consolidación de dichos instrumentos democráticos. Igualmente, se requiere de un acompañamiento por parte de esta entidad para que las representaciones estudiantiles existentes, así como las futuras, sean tenidas en cuenta. El desconocimiento de estos liderazgos ha sido una problemática a lo largo del tiempo.

Finalmente se destaca la necesidad de revisar las barreras para el acceso al empleo de los estudiantes y graduados. La exigencia de la libreta militar en los contratos de prestación de servicios, los altos costos en los derechos de graduación, la exigencia de inútiles tarjetas profesionales y los altos niveles de experiencia requeridos en algunos empleos del sector público y privado impiden que la juventud popular y en mayor condición de vulnerabilidad pueda acceder al mercado laboral y transformar la realidad de otros jóvenes.

Transformación productiva y reindustrialización nacional

Las proyecciones de esta mesa confluyen en tres grandes temas: Economía popular, jóvenes en producción y dignificación laboral. En primer lugar se destaca que las juventudes deberán tener educación financiera y desarrollo de habilidades, dichas destrezas deberán ser definidas de la mano con empresarios, jóvenes rurales y jóvenes urbanos. El sistema educativo es un aliado en esto, por ello se deberá incluir una asignatura relacionada con las finanzas y el emprendimiento en la mayoría de grados escolares. El sector educativo en el nivel superior también es clave para la consolidación de laboratorios que asistan la producción e investigación en el agro.

En materia institucional se requiere fortalecer el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI) y la Dirección de Movilidad y Formación para el Empleo en MinTrabajo. En esta cartera se deberá crear una oficina especializada en el desarrollo empresarial juvenil. De forma paralela se propone la creación de una incubadora itinerante que promueva, forme e incentive la generación de emprendimientos juveniles en las regiones del país, haciendo un énfasis en la ruralidad. En lo concerniente al SNCI se estipula generar una mesa nacional para la competitividad y desarrollo productivo juvenil que permita la ideación, construcción y/o consolidación de cadenas productivas regionales.

El uso de las nuevas tecnologías es clave para la promoción y fortalecimiento de las ideas de negocio y la capacitación de la ciudadanía . Por ello en primer lugar se deberá ampliar la cobertura y conexiones públicas a internet, al finalizar este cuatrienio se deberá garantizar una cobertura de al menos el 80% de la ruralidad. Igualmente se debe consolidar una base de datos pública con los emprendimientos y empresas por cada región. Filtrar con base en las actividades económicas y grupos poblacionales que lideran los negocios servirá para impulsar los emprendimientos de la juventud. En ese sentido se podría generar un Marketplace exclusivo para iniciativas juveniles, e incluso ferias de emprendimiento regionales. Se destaca la posibilidad de hacer de la educación media y el SENA, los escenarios para facilitar y especializar a los jóvenes en sus ideas de negocio.

El apoyo a iniciativas juveniles es clave para propiciar el surgimiento de estas. La SAE es un actor relevante y aliado estratégico para ello, el uso de sus bienes permitiría que más ideas puedan fortalecerse y surgir. También se indica necesario un fondo público que apoye a PYMES juveniles, y en especial a iniciativas sostenibles y que respondan a saberes ancestrales. La flexibilización en los trámites y la poca intermediación de entidades eliminaría las barreras para crear y mantener empresas.

En materia de empleo es importante generar incentivos más altos, y a su vez más regulados para la contratación juvenil. Para combatir el desempleo se considera útil generar ecoaldeas, espacios sostenibles de hábitat y trabajo comunitario para la generación de ingresos. En el ámbito pensional se solicita que la cotización en la ruralidad y las edades tempranas, incluso al ser menor de edad, pueda darse; esto solo es posible si las condiciones son flexibilizadas. La formalización de los vendedores ambulantes y recicladores es otra de las exigencias. Finalmente se indicó que es importante incentivar a las fundaciones y el sector privado en la atención a habitantes de calle.

Finalmente se destacan dos aspectos transversales a todo lo anterior: investigación y trabajo colectivo. Empresas, instituciones educativas, fundaciones y entidades gubernamentales deben estar llamadas a incentivar y generar insumos para mejorar la productividad y sostenibilidad. Por otro lado se destaca la idea de crear Mingas que articulen a las juventudes urbanas y rurales para el intercambio de saberes y el fortalecimiento de los enclaves productivos. Cabe destacar que se espera la cooperación y acción de los actores ya mencionados y entes como la banca pública y privada, el Banco de la República, Colpensiones, ONGs, cooperativas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Innpulsa Colombia, Fondo Emprender y todas las organizaciones afines a estas problemáticas.

Justicia ambiental, crisis climática y transición energética

Las discusiones en esta mesa se centraron en el desarrollo de propuestas que potencien la riqueza ecosistémica y de recursos del país, respondan a las realidades territoriales y cumplan con la normatividad vigente. Por ello se propone una educación ambiental desde temprana edad. El concepto de desarrollo sostenible y la relación sana entre el entorno y la biodiversidad que allí habita debe ser transversal a todos los programas y políticas. Asimismo se destaca la necesidad de establecer una justicia medioambiental con enfoque diferencial y aplicada a los contextos territoriales.

Las acciones preventivas frente al cambio climático deben ser centrales en la gestión estatal, el foco deben ser estas y no las acciones correctivas. Dichas estrategias deberán construirse de la mano de las comunidades, pues son ellas quienes conocen las dinámicas y necesidades ambientales de su territorio. Asimismo, deberán ser ellos los primeros en recibir estas capacitaciones en aras de potenciar el desarrollo de proyectos locales productivos sostenibles. De esta manera la pedagogía, pero también la capacitación y la industrialización responsable con el medio ambiente se convierten en pilares para la diversificación económica y la preservación de los recursos naturales. Es una aspiración de la juventud reducir el impacto y presencia de actividades económicas como los monocultivos y la ganadería intensiva y extensiva.

En términos de Paz y medio ambiente se destaca que los territorios con riqueza natural están permeados por ilegalidad y sus comunidades son las más afectadas en todo el ciclo de ilegalidad. Por tal motivo se deben crear estrategias para garantizar la restitución, reintegración y desarrollo económico para estas comunidades campesinas y vulnerables. Además, se requiere control y vigilancia de las autoridades ambientales para cumplimiento del apartado ambiental en el Acuerdo de Paz y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). Se propone la creación de un tribunal de justicia climática.

La Transición Energética es otra de las preocupaciones juveniles. Se reitera la necesidad de pensar este proceso de forma descentralizada mediante el control de las fuentes de energía y la promoción de la sostenibilidad desde el diseño urbano. El uso de energías alternativas debe potencializarse con el fin de consolidar una matriz energética más limpia y respetuosa de las dinámicas territoriales y ambientales. La explotación de petróleo y sus derivados deberá darse de forma consciente y contemplando las afectaciones sociales.

Paz Total y Derechos Humanos

Las discusiones de este eje fueron abordadas alrededor de las líneas de jóvenes constructores de paz y negociación de conflictos, Derechos Humanos y territorialidad y Salud Integral, Física y mental para jóvenes. Las propuestas aquí contenidas deberán ser apoyadas por el Ministerio de salud, secretarías de salud, MinEducación, EPS, IPS, Profamilia, Juntas de Acción Comunal, Cruz Roja, Ministerio de relaciones exteriores, alcaldías, gobernaciones, Defensoría del Pueblo, Comisión de la Verdad, Unidad Nacional de Protección, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Fiscalía, Comisarías de familia, Ministerio de Defensa, Policía nacional, las instituciones educativas organizaciones, colectivos y movimientos sociales juveniles y populares miembros del sistema nacional de juventud, curules, plataformas y consejeros municipales de juventud. Cabe destacar que la garantía a la vida y la protección de los derechos es el camino para el progreso del país, pues son las juventudes las protagonistas de las transformaciones locales, territoriales y regionales.

Dentro de la línea de jóvenes constructores de paz y negociación de conflictos se considera oportuno generar una Escuela de gestores de paz, una plataforma de formación adecuada en construcción de paz y una Cátedra para la paz en los colegios . Asimismo se deberá promover un círculo nacional y regional de empresarios que apoyen la Paz Total y el fomento de empresas sociales comunitarias. De forma paralela se deben consolidar mayores oportunidades para el acceso y formación laboral juvenil. La infraestructura estatal con énfasis social es necesaria para complementar la oferta productiva y económica disponible.

Asimismo, se propuso la creación de una plataforma de formación y recursos relevantes sobre el trabajo realizado en el territorio en clave de paz y los DDHH. Igualmente se requiere de un censo juvenil y un sistema de diagnóstico, reconocimiento y gestión de oportunidades que conecte al estado con las realidades plurales de los jóvenes en Colombia. En materia de seguridad se contemplan a las guardias campesinas como actores relevantes en las políticas de seguridad a nivel comunitario.

En la línea de Derechos humanos y territorialidad se propusieron las siguientes acciones: Articulación de las instituciones gubernamentales a cargo de la gestión de la oferta social que busquen prevenir el reclutamiento y ofrecer garantías de seguimiento y monitoreo de la problemática. Se destaca la exigencia de tener un capítulo de Juventud en el Plan Nacional de Desarrollo; este deberá tener oportunidades y programas alineados a la generación de capacidades humanas con énfasis en el ser y el hacer. Adicionalmente se solicita fortalecer la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final (CSIVI). Finalmente, se destaca la protección de los derechos y la integridad de los jóvenes y las mujeres; para ello se deben mejorar las rutas de atención existentes, fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas y fomentar la consolidación de espacios de protección libres de violencias a razón del género y conductas discriminatorias. Generar una línea de atención directa y exclusiva para estos temas podría ser una herramienta útil para darle celeridad a los procesos. Por último, es relevante resaltar la necesidad de ofrecer proyectos productivos tanto rurales como urbanos , y la descriminalización y desestigmatización de la vida juvenil por medio de campañas de sensibilización y exaltación a los procesos comunitarios.

Por último, desde la línea de Salud Integral, física y mental para jóvenes se solicita la modificación de la ley 100 frente a la atención clínica y psicología, la cual debe ser prioritaria y completa. Además se deben crear estrategias y equipos de atención psicosocial, y fortalecer los programas de prevención del consumo de SPA. Sobre esto último se requiere la revisión del enfoque y las entidades involucradas, pues se considera que instituciones estatales de carácter armado no deberían estar a cargo de estas funciones. Por otro lado, se solicita el fortalecimiento en los servicios de educación y atención de salud sexual; y en términos generales la consolidación de una mayor oferta y servicios integrales y de alta calidad en la ruralidad. Se discutió que el programa Cuidando al Cuidador puede ser un referente en para el sistema de salud, en especial por sus benéficos resultados a núcleos familiares de personas con enfermedades crónicas. Un programa de prácticas rurales también puede ser un buen ejemplo.

Finalmente es importante mencionar que las diferentes líneas de trabajo propusieron la revisión y fortalecimiento del programa Sacúdete para la juventud, pues en las regiones la infraestructura del programa ha sido epicentro de hechos de corrupción, clientelismo e ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo se destacan que las políticas juveniles que atañen al eje de Paz

Total y Derechos Humanos deberá contar con enfoques étnicos, territoriales y de género para consolidar de forma efectiva la política de Paz. Además de los beneficios directos por la aplicación es estos enfoques, se destaca que con su aplicación se puede incentivar la financiación por medio de recursos de cooperación internacional.