Especial
34|DERECHO Y NEGOCIOS
Perspectivas de la acción de extinción del dominio en el ordenamiento jurídico salvadoreño Juan Héctor Castro Morales DIRECTOR EJECUTIVO, AML CONSULTING
ACERCAMIENTO Al hablar de extinción de dominio se vuelve imposible no hacer referencia al derecho de propiedad consagrado en el ordenamiento jurídico salvadoreño, que no es más que “la facultad que tiene una persona para disponer libremente de sus bienes, en el uso, goce y disfrute de ellas, sin ninguna limitación que no sea generada o devenida por la ley o la Constitución” (Sala de lo Constitucional. Sentencia de Amparo de fecha 19 de junio de 2021- Ref. 956-99). La propiedad no solo es un derecho, es una garantía constitucional consagrada en artículo 2 de nuestra Carta Magna, volviéndose objeto de protección por parte del Estado; en el ámbito internacional, el derecho a la propiedad se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en el artículo 17, que establece que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectiva y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”, al elevarse el derecho de la propiedad a la categoría de Derechos Humanos, se reconoce que este derecho es inherente a todos los seres humanos y se reviste de ser inalienable, es decir, que no es posible suprimirse, salvo en determinadas situaciones y siguiendo las debidas garantías. Como podemos apreciar desde el punto de visto jurídico, el dominio es un derecho constitucional con amplias facultades, pero estas no son ilimitadas, en otras palabras, es tarea del ordenamiento jurídico fijar ciertos límites, uno de estos, es exactamente la extinción de dominio. El fundamento jurídico internacional de la extinción de dominio, lo encontramos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, esta convención ha sido ratificada por la República de El Salvador desde el año 2013,
