Facturación electrónica: Retos y oportunidades

Con el auge de la transformación digital y la apuesta en la implementación de diferentes sistemas tecnológicos que involucran situaciones políticas y económicas, las cuales afectan directa e indirectamente a la actividad empresarial, se evidencia la obligatoriedad de digitalizar procesos que ayuden a las empresas a mantenerse vigentes ante los frecuentes cambios a nivel mundial y poder ser competitivos en un mercado en constante evolución.

Para el caso de El Salvador, fue a partir del 14 de octubre de 2022, con la entrada en vigor del Decreto Legislativo No. 487, que se reformó el Código Tributario incorporando disposiciones relacionadas con la emisión de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), delegando a su vez, facultades a la Administración Tributaria para que establezca a su discreción las reglas, forma, plazos y condiciones para la incorporación de contribuyentes a los que designe como obligados a emitir DTE, así como las especificaciones sobre el contenido y transmisión de los referidos documentos electrónicos.

Con dicha reforma, se dota de validez jurídica a los documentos fiscales electrónicos y se brinda seguridad a los contribuyentes que, de forma voluntaria, ya formaban parte del Plan Piloto de Facturación Electrónica iniciado durante el primer trimestre de 2021; y, a su vez, se busca una rápida transición de la facturación tradicional en papel por la electrónica, puesto que, en el uso de las atribuciones conferidas, a finales de febrero de 2023 la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) procedió a notificar a una serie de contribuyentes su designación como sujetos obligados a emitir DTE, otorgando un plazo de aproximadamente cuatro meses.

La facturación electrónica dinamiza las transacciones y fomenta el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, trayendo consigo una serie de beneficios para los contribuyentes garantiza el interés fiscal, se facilita el cumplimiento de obligaciones tributarias, se tiene un mejor control tributario para evitar la evasión, entre otros.

No obstante, paralelamente plantea muchos retos en su implementación, pues los contribuyentes obligados durante la primera fase se verán en la necesidad de invertir económicamente en la contratación de proveedores técnicos especialistas en desarrollo de software –muchos provenientes desde el extranjero– para la adaptación e integración de sus sistemas contables y de ventas que permitan generar, procesar, transmitir y entregar los DTE de forma exitosa en el plazo brindado; capacitar al personal involucrado, actualizar sus bases de datos de clientes para consignar información del receptor en la factura; así como la dinámica operativa en la entrega del DTE, en especial, para el caso de los receptores que no utilicen medios electrónicos, esto considerando que a la fecha, la normativa no aclara cómo proceder con la entrega del DTE en los casos que el consumidor final no utilice o no tenga acceso a aparatos electrónicos, aunado al hecho que existen otros elementos técnicos como la estructura de datos, formatos y otros requisitos que se espera sean definidos por la DGII; siendo estas y otras situaciones que necesitan ser resueltas –cada caso o contribuyente en lo particular– previo a la operación en tiempo real o “en vivo” para evitar contingencias y posibles sanciones.

La administración tributaria ha hecho el trabajo de ofrecer charlas y capacitaciones dirigidas a todas las empresas para que desarrollen la actividad de implementación de manera adecuada, sin embargo, en virtud de lo complejo que puede llegar a ser la operación diaria para cada empresa y su modelo de negocio, en los primeros días de la fase de implementación, los contribuyentes han notado la ocurrencia de eventos cuyo tratamiento no está contemplado en la normativa, situación por la cual, en cualquier caso, es recomendable presentar mediante los canales apropiados las consultas pertinentes a la Administración Tributaria.

Lo anterior denota que los tiempos previstos para la implementación no responden de manera general para todos los contribuyentes; ni se puede asegurar una generación, transmisión y recepción satisfactoria hacia los servidores de la administración tributaria una vez la facturación electrónica sea puesta en acción; por lo tanto, el éxito del proyecto dependerá en gran manera de la capacidad de procesar el alto volumen de operaciones facturadas por cada contribuyente atendiendo a su actividad económica, ya que en principio no resultaría complicado transmitir DTE emitidos por un profesional independiente quien podría facturar electrónicamente entre 5 a 10 operaciones mensuales –mediante la herramienta provista por la administración tributaria– versus un supermercado o un restaurante de comida rápida, que podrían facturar cientos de transacciones diarias en una de sus diferentes cajas registradoras autorizadas que se encuentren en uno de sus establecimientos; pudiéndose observar que cada caso tiene sus propias particularidades que deberán ser atendidas.

Resulta entonces necesario que las autoridades administrativas consideren si se deberá optar por una ampliación de plazo o un plan de implementación escalonada para cada contribuyente en atención de las particularidades propias del negocio que se ejecuta, tomando en cuenta la facultad discrecional que el legislador delegó en la Administración Tributaria para autorizarlo o no.

Dentro de este proceso, es muy importante revisar otras experiencias de este tema en América Latina, la cual es una región en donde se ha tomado un importante interés por la implementación de la Factura electrónica, utilizándose en México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Guatemala en donde ya se está operando mediante facturación electrónica, para conocer los tiempos invertidos y las experiencias en la implementación, con el objeto de tener un parámetro de las posibles incidencias que se pueden presentar para las diferentes industrias y del tiempo necesario para lograr una transición de forma óptima.

Si bien se plantean muchos retos, con la implementación de la facturación electrónica se da un paso importante para la digitalización de procesos y la modernización tributaria en El Salvador, siendo una oportunidad para que la administración tributaria y los contribuyentes –sin importar su tamaño y sector–puedan tener la información actualizada de sus transacciones y de esta forma trabajar de la mano para lograr una mayor efectividad en la recaudación y en el control del cumplimiento tributario.