Jesús Anlén Alemán Presidente del T JACDMX

Jesús Anlén Alemán Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX

Por Equipo Editorial

Por unanimidad de votos el Magistrado Jesús Anlén Alemán fue electo por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México como nuevo Presidente para el periodo 2020-2022.

Al rendir la protesta de ley ante sus pares, el Dr. Anlén Alemán se comprometió a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el tribunal y trabajar por la cercanía con los ciudadanos, aseverando que fortalecerá el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa y la Secretaría General de Atención Ciudadana.

Foro Jurídico Igualmente anunció que se ampliará la difusión de las labores del tribunal, respetando siempre los principios de austeridad y transparencia. Durante este periódo, dijo, nos esforzaremos para consolidar al tribunal como una instancia de justicia ejemplar, cercana a la gente, que basará su actuación en los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad.

El Dr. Anlén Alemán es miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la que es Secretario de Coordinación con Entidades Federativas del Consejo Directivo. Es especialista en Derecho Fiscal y Maestro en Habilidades Directivas.

Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Finanzas del hoy Gobierno de la Ciudad de México en el que ha sido Subtesorero de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas y Subprocurador de Legislación y Consulta de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, habiendose desempeñado también como Procurador Fiscal del Distrito Federal.

Antes de ser electo al cargo de Presidente del tjacdmx, se venía desempeñando como magistrado titular de la ponencia v de la Sala Superior.

La Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas, A.C. FELICITA AL

Magistrado Jesús Anlén Alemán

por haber sido electo por unanimidad del Pleno General como:

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El Dr. Anlén Alemán (quien es Secretario de Coordinación con Entidades Federativas de nuestra asociación) se ha distinguido en su larga trayectoria profesional y jurisdiccional, por su compromiso con la justicia, administración pública, la ciudadania y el respeto de los Derechos Humanos.

Frena Senado Contrarreforma Judicial

Por Juan D. Balanzátegui Sánchez

Frente a una severa crisis de seguridad, con un sistema de justicia penal débil, ineficaz, opaco y corrupto, que genera elevadas tasas de impunidad, el gobierno federal que encabeza AMLO, planteó el pasado mes de octubre impulsar una Reforma Judicial de “gran calado”, con acento en la materia penal, en la que participaran los tres poderes: senadores y diputados, Ministros y Consejeros y funcionarios del Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal.

El compromiso se selló en una reunión celebrada el 21 de octubre de 2019 en el antiguo Palacio de Xicoténcatl del Senado al que asistieron los 10 Ministros de la scjn, los Consejeros de la Judicatura Federal y los integrantes de la Sala Superior del tepjf, encabezados por el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, la plana mayor de los senadores encabezados Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política, el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

El anfitrión Ricardo Monreal explicó que se conformaría un grupo de trabajo de alto nivel con los coordinadores de los grupos parlamentarios en el Senado, que trabajarían coordinadamente con el Poder Judicial, la Consejería Jurídica y la fgr, para presentar las iniciativas correspondientes en el mes de enero de 2020.

El Consejero Jurídico, Julio Scherer, dijo que uno de los objetivos centrales de la 4T era fortalecer el Estado de Derecho, el sistema de administración y procuración e impartición de justicia y reforzar la independencia del Poder Judicial. El titular de la fgr, Alejandro Gertz Manero, afirmó que se requiere un cambio fundamental en la procuración

Foro Jurídico e impartición de justicia que revierta los graves niveles de impunidad, ya que, “de los 33 millones de delitos registrados anualmente, solamente el 1% son sentenciados”. El Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, enfatizó en la necesidad de rescatar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia y que la reforma debe ser “con y por el Poder Judicial de la Federación”. Lo más relevante del encuentro fue sin duda el compromiso para emprender y sacar juntos la necesaria reforma del Poder Judicial.

En este contexto, a principios de enero se anunció una reunión en el Senado programada para el miércoles 15 de enero, con el fin de presentar las iniciativas de reforma al sistema de justicia. Sin embargo, el lunes y martes previos al evento se filtraron en las redes y en los medios fragmentos de las partes relevantes de las supuestas iniciativas de reforma constitucional y legales que serían presentadas por el Fiscal General y que motivaron severas críticas de representantes del foro, de la academia, de partidos de oposición, de analistas y especialistas y hasta de legisladores de Morena, asegurando que se trataba de una contrarreforma que representaba volver a los vicios del ya superado sistema penal inquisitivo y que, de consumarse, sería una reforma anticonstitucional, regresiva y autoritaria.

REACCIÓN DEL SENADO

Ante la sorpresa de los líderes parlamentarios, durante la reunión convocada para presentar las iniciativas el 15 de enero, el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal, motivado por las severas y generalizadas críticas en la opinión pública, y por no haber convocado a participar en la elaboración de las iniciativas al Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y al Dr. Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública, decidió abortar la reunión, pidiéndole a los representantes del gabinete y al Fiscal General que se pusieran de acuerdo y que regresaran en febrero para entregar las iniciativas ya consensadas, incluyendo al Poder Judicial, como estaba pactado.

La experiencia política y legislativa de Ricardo Monreal motivaron esta decisión para que, como él mismo lo expresó, el legislativo no pague los “costos políticos” de una reforma impopular, que es regresiva y que, desde ningún punto de vista es una solución para resolver los problemas que está presentando nuestro joven Sistema de Justicia Penal Acusatorio, enfatizando que Senado “no cargará con los desencuentros del gabinete”. De esta manera, la inédita, pero acertada acción de Monreal frenó por lo pronto este intento de “contrarreforma” al Sistema de Justicia Penal, pidiendo a los funcionarios del Ejecutivo que no regresaran sin tener consensos, advirtiéndoles que, como lo hicieron cuando se discutió el tema de la Guardia Nacional, estas iniciativas se procesarán bajo el mecanismo de “parlamento abierto”, para que, además de que el Senado hará una revisión puntual y juiciosa de ellas, se escuchará la voz de académicos, investigadores, asociaciones y de la sociedad civil. Esta acción del senador Monreal fue tácitamente avalada por Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, quien durante su desempeño como ministra de la Suprema Corte se distinguió por sus relevantes acciones en favor del respeto de los derechos humanos y la aplicación de los principios de universalidad y progresividad de los mismos.

CONTENIDO DE LA REFORMA

Según trascendió, el contenido de las iniciativas que pretendía entregar el Fiscal Gertz Manero a los senadores es el siguiente:

• Una reforma a 14 artículos de la Constitución Federal en materia de justicia y procedimientos penales: 5, 16, 18, 19, 20, 21 73, 78, 94, 97, 101, 102, 116 y 122. • Dos nuevas leyes. La Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica y el Código Penal Nacional.

• Reformas a seis leyes: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución de Penas, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

A. Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica

El primer esfuerzo es una ley que defienda a la vida cotidiana de todos los mexicanos de todos en todo el territorio y pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio protegiendo a los ciudadanos de la delincuencia común y su colusión con policías y funcionarios.

• Priorizará la reparación de daños por parte del Estado. • Promoverá el trabajo comunitario en lugar de las multas para que se entienda el daño que se causa a la comunidad. • Diferenciar entre los primodelincuentes y los reincidentes.

“Las partes relevantes de las supuestas iniciativas de reforma constitucional y legales que serían presentadas por el Fiscal General motivaron severas críticas, asegurando que se trataba de una contrarreforma que representaba volver a los vicios del ya superado sistema penal inquisitivo y que, de consumarse, sería una reforma anticonstitucional, regresiva y autoritaria.”

B. Código Penal Nacional

• Debe homologar a todos los delitos, su tipicidad y agravantes en una sola ley que dé certeza y equilibrio a la defensa social a nivel nacional. Es importante que el Código permita a las entidades federativas, establecer delitos específicos considerando sus raíces culturales y sus características regionales, ese siempre ha sido un obstáculo para realizar un Código Único. • Deberá establecer con precisión la competencia local y federal en razón de la defensa de los derechos individuales por un lado y por otro los derechos inalienables de la nación. • Para que en delitos como feminicidio o infanticidio no sea más complicada su judicialización y cuenten con

26 | Foro Jurídico los agravantes necesarios para su combate y su ejemplar sanción. • Establecer la corresponsabilidad de las entidades de manera clara y específica en su lucha contra la delincuencia organizada.

C. Código Nacional de Procedimientos Penales

• Se debe conservar la oralidad y tener una compactación, se debe fortalecer a los jueces para no generar una multiplicación de número de juzgadores. • Proteger a las víctimas para que incluso la policía pueda denunciar un delito sin parte acusadora presente, si él fue testigo del acto delictivo. • Debido proceso, en caso de errores durante el proceso, el policía sea sancionado y se reponga el proceso y no se deje en libertad a los delincuentes. • La prescripción debe defender a la víctima, no al victimario, y en los delitos que dañan a la sociedad no debe haber prescripción. • Que el mp sea auxiliar, pero que sean los afectados los que puedan ir ante un juez a defenderse. • Los recursos procesales se deben compactar y fortalecer para erradicar la impunidad

D. Ley Nacional de Ejecución Penal

• Cárceles abiertas bajo control para los primodelincuentes. • Todos los reincidentes van a la cárcel. • Que las cárceles sean centros de capacitación, pena mínima para el readaptado y penas con agravantes para los que no lo hagan. • Los delincuentes peligrosos deben ser apartados de los habituales.

E. Ley Nacional de Justicia para Adolescentes

• Debe haber una visión clara, hacer saber que tanto los tutores tienen responsabilidad, así como el Estado debe reparar daños. • La sentencias deben hacerse con consecuencias de los actos y evitar que al cumplir la mayoría de edad se les quite la responsabilidad.

ASPECTOS POLÉMICOS

Los puntos más polémicos de estas iniciativas que atentan básicamente contra los derechos humanos previsto por nuestra Ley Suprema, en tratados internacionales suscritos por México y contemplados en Cortes Internacionales de Derechos Humanos y por ello son inconvencionales y contrarios a la presunción de inocencia, el debido proceso, la independencia judicial, imparcialidad, igualdad procesal de las partes y derechos de las víctimas; esencialmente son:

• Ampliar la figura del arraigo a todos los delitos y no sólo a aquellos relacionados con la Delincuencia Organizado. Vale recordar que en repetidas ocasiones la onu ha cuestionado esta figura. • Autorizar la intervención de comunicaciones privadas en cualquier investigación de carácter fiscal o electoral. • Utilizar y dar validez a pruebas obtenidas ilícitamente, en algunos casos, no obstante que nuestro sistema procesal las excluye. • En la Ley de la fgr se dan amplias facultades de investigación sin control

judicial al mp. Se le restan facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, permitiéndole comandar la Guardia Nacional y crear una Unidad de análisis financiero que contrarresta a la uif de la shcp. • Regresa a la posibilidad de aplicar la prisión preventiva oficiosa para todos los delitos. • Elimina los jueces de control y reactiva los jueces de instrucción. • Endurece el sistema carcelario para primodelincuentes y para reincidentes. • Permite el traslado de reos sin autorización judicial. • Revive el delito de Difamación en el Código Penal Nacional, que representa un riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión. • Crea una instancia derivada del Poder Legislativo para investigar y sancionar jueces.

Si bien es cierto que el Sistema Penal Acusatorio (que apenas entró en vigor en todo el país en junio de 2016), en sus cuatro años de vida plena presenta serias inconsistencias y limitaciones, y que es claro que necesitamos una profunda transformación para mejorarlo, para perfeccionarlo e ir eliminando gradualmente prácticas nocivas que alientan mayor impunidad, pero pretender regresarlo al rebasado y anacrónico modelo inquisitivo, es el peor de los mundos, es un grave error, porque nos acercaría a un modelo autoritario y le arrebataría a los ciudadanos aún más derechos, alejándolo de acariciar algún día sus justos reclamos de acceso a una justicia igualitaria, efectiva, pronta y gratuita.

Desde luego que la reforma judicial es irreversible y las iniciativas progresistas, que respeten los derechos humanos y procesales universalmente reconocidos, son bienvenidas, pero estas reformas deben apostar a fortalecer a las instituciones y procesos del Sistema Acusatorio que han fallado, a reforzar las capacidades, capacitación y profesionalización de todos los operadores del sistema (defensores, policías, peritos, ministerios públicos y jueces), lo que ha sido uno de los talones de Aquiles del modelo.

señaladas medidas violatorias de derechos humanos y contrarias a los principios de presunción de inocencia y del debido proceso y propongan acciones y procedimientos que mejoren el sistema y que verdaderamente contribuyan a edificar un mejor marco normativo para combatir a la delincuencia común y organizada, la corrupción y la impunidad, que en general permitan perfeccionar el sistema acusatorio oral y adversarial.

No se trata, se insiste, en regresar al modelo autoritario que dejamos atrás con la Reforma de Seguridad y Justicia del 2008, plagado de torturas, abusos de autoridad y arbitrariedades, centrado en la antidemocrática e injusta presunción de culpabilidad.

No podemos, ni debemos renunciar a seguir esforzándonos, como sociedad y como Estado, a construir un sistema de procuración e impartición de justicia propio de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho en el que se respeten los derechos humanos. Ojalá que las autoridades responsables de presentar las nuevas iniciativas desechen las

“Estas reformas deben apostar a fortalecer a las instituciones y procesos del Sistema Acusatorio que han fallado, a reforzar las capacidades, capacitación y profesionalización de todos los operadores del sistema, lo que ha sido uno de los talones de Aquiles del modelo.”