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Facultad de Ciencias Humanas Sede Bogotá
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Prima Exagia es una revista que recoge el trabajo de los estudiantes pertenecientes a los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura. Esta publicación, de frecuencia semestral, es producto del esfuer zo de estudiantes, docentes, tutores y miembros del grupo Prima Exagia, con el apoyo de la Facul tad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Nacional de Colombia Cra 45 No 26-85 Edificio Uriel Gutiérrez Sede Bogotá www.unal.edu.co
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RECTORA Dolly Montoya Castaño VICERRECTOR
José Ismael Peña Reyes DIRECTOR BIENESTAR SEDE BOGOTÁ
Oscar Arturo Oliveros Garay JEFE DE DIVISIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
Zulma Edith Camargo Cantor COORDINADOR PROGRAMA GESTIÓN DE PROYECTOS William Gutiérrez Moreno
DIRECTOR DE BIENESTAR FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Eucaris Olaya DECANO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Carlos Guillermo Páramo Bonilla
Las ideas y opiniones presentadas en los textos de la siguiente publicación son respon sabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Nacional de Colombia.
Número 17 / ISSN 2256-2117 ISSN en línea 2745-1836
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Humanas
Autores o Autoras
Yeymy Camila González Benavides Edison Bautista Díaz Andrés Felipe Valderrama Casallas José Leider Rivera Cifuentes Jairo Sthiven Moreno Valero Laura Yojana Salazar Suárez Alejandro Isaac Núñez Ayala Martín Fernando Ortegón Morales Andrés Felipe Prieto Alarcón Bárbara Daniela Ramírez Juana McCarter Laura Sofía Jiménez Otálora Brandon Stiven Mora Saldaña Ilustraciones por María Alejandra Garzón González Vivian Lamilla Rodríguez Óscar Andrés Prada Moreno Wehinert Stahiler Rodríguez Segura Fotografía de portada Wehinert Stahiler Rodríguez Segura
COMITÉ EDITORIAL Dirección Gloria Esperanza Mora Monroy Coordinación Miguel Ángel Fuerte Blanco
Edición: Miguel Ángel Fuerte Blanco María Alejandra Garzón González Vivian Lamilla Rodríguez Hogla Marín Pabón Nelson Mateo Vergara Oll Juan Esteban Correa Rodríguez Lorenzo Augusto Almario Saavedra Jefferson Javier Barrera Montañez Valeria Castillo Castillo Laura Córdoba Gaitán Evi Dukaba Divaly Martínez Flórez Carol Ximena Ramos Díaz Yuri Andrea Rodríguez Gómez Julián David Rodríguez Herrera
Corrección de estilo Daniela Acosta Celis (PGP)
Diseño y Diagramación Daniela Cano Amórtegui (PGP)
Editorial ............................................................................................... 6
Carta a una víctima del conflicto armado ............................................. 9 ¿DE QUÉ ME HABLAS, VIEJO? ......................................................... 10
Indiferencia estatal y líderes sociales en Colombia .............................. 13
El sistema de salud colombiano, un atentado contra el personal médico .............................................................................. 25 ¿Hay demasiados psicólogos en Colombia? ......................................... 33
SOCI-EDAD EN BOGA-TÁ.................................................................. 42
Juegos infantiles: más allá del género y más cerca de la equidad......... 45 ¡Prohibido grafitear aquí! ................................................................... 59 SIN UN RESPIRO ............................................................................... 70
Corabastos: ¿centro de abastos o centro de desperdicios? ................... 73 Las pieles teñidas con sangre: la moda que incomoda ......................... 85
Garzón González maagarzongo@unal.edu.co Tutora de los Cursos Nivelatorios de Lectoescritura
está cambiando en Colombia. Lo que inició como una serie de manifestaciones en contra de la Reforma Tributaria se convirtió rápidamente en un mar de inconformidades de carácter político, social y económico. En cuestión de semanas, miles de personas, en su mayoría jóvenes, salieron de todos los rincones del país para manifestarse en contra del Gobierno de Iván Duque. Durante más de dos meses, en Colombia se presentaron cerca de 12.478 protestas (Comisión Interamericana de Derechos Huma nos, 2021), un hecho nunca antes visto.
Aunque los ánimos se han calmado, muchas de las inconformidades que motivaron la salida masiva de jóvenes a las calles aún se mantienen. El desempleo, la corrupción, la precaria atención en salud, el incumplimiento de los Acuerdos de Paz, la desigualdad, la falta de acceso a la educación superior y las afectaciones medioam bientales han sido consideradas por los jóvenes las principales problemáticas que afectan al país (Cifras y Conceptos, 2021). Ante estos problemas, que los jóvenes sienten como propios, las nuevas generaciones han planteado nuevas discusiones de cara al futuro de Colombia. Como mencionó en una ocasión Hogla Marín, com pañera y tutora de lectoescritura, “frente a un presente incierto, el futuro se vuelve trinchera para enfrentar los valores del pasado”.
De esta forma, no es de sorprender que, en la presente edición de esta revista, los temas abordados por los estudiantes de los Cursos
Nivelatorios de Lectoescritura respondan a estas preocupaciones. Los ensayos que el lector podrá leer a continuación son prueba de que la escritura trasciende los espacios de clase para convertirse en un lugar en donde los escritores no solo transmiten información, sino que ponen en evidencia sus inquietudes y pasiones, lo que piensan y defienden.
El primer texto con el cual se encontrará el lector se llama Carta a una víctima del conflicto armado, en el cual se envía un mensaje de aliento a todas las personas afectadas por la guerra en Colombia. Los siguien tes siete textos se encuentran divididos en tres secciones: “¿De qué me hablas, viejo?”, “Soci-edad en boga-tá” y “Sin un respiro”.
En la primera sección, los artículos Indiferencia estatal y líderes sociales en Colombia, El sistema de salud colombiano, un atentado contra el perso nal médico y ¿Hay demasiados psicólogos en Colombia? nos hablan de una Colombia en crisis. En la segunda sección, el lector podrá leer los artícu los Juegos Infantiles: más allá del género y más cerca de la equidad y ¡Prohi bido grafitear aquí!, en donde se discuten temas que cada día están más en boga en nuestra sociedad. Finalmente, los textos que cierran este número son Corabastos: ¿centro de abastos o centro de desperdicios? y Las pieles teñidas con sangre: la moda que incomoda, en los cuales se cuestiona el accionar del ser humano en su entorno.
Como cierre a esta editorial, quiero agradecer a todos los integran tes del Comité Editorial de este número: a Miguel Fuerte, Hogla Marín, Vivian Lamilla, Fernanda Pardo, Katherine Gil, Natalia Leiton, Alejandra Garzón y Paula Sandoval; a los estudiantes Mateo Vergara, Esteban Correa, Carlos Escobar y Brenn Romero; a la coordinadora de los CNLE, Gloria Mora; y a los docentes de los semestres 2020-I y 2020-II, Adriana Díaz, Yesenia Rincón, Jack Henríquez, Leidy Moreno y Lorena Ruiz. Este número no habría sido posible de no ser por el trabajo mancomunado entre todos los miembros del equipo de trabajo. A todos ellos muchas gracias por su dedicación y trabajo.
Cifras y Conceptos. (2021). Tercera Medición de la Gran Encuesta Nacional sobre Jóvenes – mayo 2021. Recuperado de: https://bit.ly/2Xbi2am Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia.
Me alegra poder saber que te encuentras bien, me han comentado que últimamente se ha ido mermando la situación allá donde estás. Lamento no saber por lo que estás pasando. Lamento no inmutarme sobre tu dolor. Lamento no saber por lo que pasan día a día las personas que viven en comu nidades como la tuya. El hecho de vivir en un lugar diferente y apartado al tuyo no debería ser una razón para desconocer lo que te sucede, porque tu dolor es el mío. La sangre que se derrama en tu hogar debería doler, debe ría hacer enaltecer mi voz para apoyar la tuya. De hecho, debería enaltecer nuestras voces como pueblo para apoyar la tuya. Nosotros, quienes “vivimos apartados de lo que te sucede”, muchas veces hacemos oídos sordos y no queremos saber lo que les ocurre a los demás, incluso hemos llegado a negar la existencia de la violencia por la que tienes que pasar casi a diario.
Lo mínimo que deberíamos saber es a qué se debe tu situación, no solo decir que la comprendemos, ¿¡quiénes somos para decir que comprendemos algo que no sentimos, que no sufrimos!? No estamos ahí y no tenemos el derecho de hablar sobre lo que es vivir de la forma en la que tú lo haces, pero sí podemos hablar de la violencia que vives, para dejar de silenciarla, para dejar de ignorarla. Debemos dejar de evitar la “incomodidad” que nos genera contar tales aberra ciones, porque nosotros NO somos ajenos a lo que te ocurre a ti y a los tuyos. Con todo esto tal vez no logre un cambio, pero créeme que, de aquellos a quie nes les contaré el porqué de tu situación y de los abusos que vives, al menos uno quedará con esto en su corazón y su mente.
Mis más sinceras disculpas y mis mejores deseos para ti y todos los que luchan, soportan y viven a tu alrededor.
P.D. Me impresiona la fortaleza y la alegría que aún puedes brindarle a los demás.
Edison Bautista Diaz ebautistad@unal.edu.co Filología e idiomas: francés Adriana Patricia Diaz, docente
[Texto argumentativo] En el presente ensayo se mues tra cómo, a pesar de las evidencias sobre el alto índice de asesinatos de líderes sociales en Colombia luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, presentadas por algunas organizaciones defen soras de derechos humanos, el Gobierno del presidente Iván Duque no ha tomado las medidas necesarias para disminuir este flagelo; por el contrario, ha desinformado acerca de la realidad actual de los líderes sociales. Aunque el Ministerio del Interior creó un plan de acción para dis minuir los crímenes contra defensores de derechos humanos, su implementación no ha solucionado la problemáti ca y las estadísticas siguen creciendo.
Líder social, Derechos humanos, Acuerdo de Paz, Asesinatos, Desinformación.
Enalgunos medios de comunicación están siendo recurren tes las noticias sobre asesinatos de líderes sociales en el país, un flagelo que ha estado presente en Colombia durante muchos años debido al largo conflicto interno que se ha vivido en el territorio, y que aún hoy persiste. Después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), los asesinatos a líderes sociales se han incrementado considerablemente, debido a que diferentes actores armados buscan quedarse con el manejo de las economías ilegales que existen en algunos departamentos como Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Caquetá y Córdoba. Así lo explica el Plan de Acción Oportuna cuando realiza el contexto de la problemática: “Desde el año 2016 y en lo corrido del 2018, grupos armados organi zados han reconfigurado situaciones violentas en sus disputas territoriales, que han implicado el incremento de la vulnerabili dad de los defensores de derechos humanos […]” (Ministerio del Interior, 2018, p. 6). Pero si los conflictos se dan entre grupos al margen de la ley con el fin de apropiarse del territorio, ¿qué tienen que ver los líderes sociales?
Los líderes sociales son fundamentales en la organización y protección de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables, ya que son ellos los que tienen un conocimiento más integral sobre sus problemáticas. En Colombia son muchas las comunidades que han visto la necesidad de agruparse con el fin de desarrollar procesos en beneficio de sus territorios, debido a que son muy pocas las ayudas que han recibido por parte del Estado a lo largo de la historia. Tales agrupaciones están representadas, en su gran mayoría, por una de las 23 tipologías de líderes sociales y defensores de derechos humanos que reconoce
el Gobierno nacional. De igual modo, siguiendo los linea mientos establecidos por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se afirma que una persona es un líder social […] cuando se esfuerza, en diversos contextos y situaciones, de manera individual o colectiva, en promover o proteger el derecho o los derechos civiles y políticos de un individuo o un grupo, así como en fomentar la garantía y disfrute de los derechos económi cos, sociales y culturales. (Ministerio del Interior, 2018, p. 4)
La labor llevada a cabo por los defensores de derechos humanos interfiere con los intereses económicos de grupos al margen de la ley, por lo cual los líderes se convierten en objetivo militar de estos grupos. Como ciudadanos colom bianos, los líderes sociales tienen la opción de abandonar su labor social o buscar el amparo del Estado ante las continuas amenazas. Muchos deciden continuar y, a pesar de las múlti ples denuncias y la cantidad de hechos fatales en su contra, el Gobierno nacional no ha tomado las medidas necesarias para protegerlos. Por lo anterior, se puede afirmar entonces que para el Gobierno no es prioridad la defensa de los dere chos humanos de los líderes sociales.
En primer lugar, es necesario aclarar que en el Gobierno actual se siguen presentando asesinatos sistemáticos de líderes sociales. Esto ha sido demostrado por algunas organi zaciones como el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), el Centro de Investigación y Educación Popu lar (CINEP) y la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU- ACNUDH). Según dichas organizaciones, en lo que lleva la presidencia de Iván Duque se han perpetrado alrededor de 600 asesi natos de defensores de derechos humanos, lo que denota un aumento notable de este flagelo con respecto a los años anteriores. Para la primera semana de noviembre de 2020, INDEPAZ registró 251 hechos relacionados con asesinatos a líderes sociales y mostró que los departamentos de Cauca y Antioquia son los más afectados (Ortiz y Díaz, 2020).
El panorama actual no está lejos de parecerse al del año 2019, año en que fueron registrados por INDEPAZ 279 asesinatos a defensores de derechos humanos, de los cuales el Gobierno solo reconoció 108, de acuerdo con el segundo informe de la Consejería Presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, dado a conocer en julio del año pasado (CPDHAI, 2020). Sumado a estas cifras, está el casi centenar de líderes que perdieron la vida en el último trimestre de 2018. En la siguiente gráfica se encuentran registradas las cifras elaboradas por INDEPAZ, que muestran el número de homicidios de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, teniendo en cuenta un periodo de tres años y siete meses (2016 – 2020):
Figura 1: Homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos. Fuente: Indepaz, (2020).
En la gráfica se puede observar un crecimiento considerable en las cifras de asesinatos para finales del año 2017 –un año des pués de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP–, y luego una tendencia por arriba de los 200 homicidios en los tres años siguientes. Al considerar los datos expuestos anteriormente, se hace evidente una problemática a la cual se le debe dar priori dad por su relevancia en el contexto nacional actual: los grupos al margen de la ley están en constantes enfrentamientos para lograr el dominio del territorio en el que los defensores de dere chos humanos juegan un papel importante, puesto que ejercen labores de restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, protección del medio ambiente, etc.
Ahora bien, esta clase de delitos no se ha presentado únicamente en el actual Gobierno. Existen registros de los múltiples homicidios en Colombia a causa del conflicto interno y de los diferentes procesos de reorganización polí tica llevados a cabo en el país. Un hecho histórico que nos muestra los antecedentes de esta problemática es el geno cidio perpetrado a líderes y lideresas del partido Unión Patriótica (UP) luego del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP en la década de los 80, del cual habla el actual senador de la República Iván Cepeda en su artículo Genocidio político: el caso de la Unión Patriótica en Colombia (2006).
Así mismo, Carlos Duarte en su investigación ¿La violencia hacia los líderes sociales es despolitizada? (2020) para La Silla Vacía, aclara que existen evidencias del aumento de asesi natos a defensores de derechos humanos justo después de periodos de transición política, tales como el ya mencionado acuerdo llevado a cabo en la presidencia de Belisario Betancur en 1984, y el Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Según Duarte, luego de la entrega de armas del grupo guerrillero, de la desintegración de sus comandos y del abandono del territorio ocupado a lo largo y ancho de Colombia hasta el 2016, diferentes grupos armados han visto la oportunidad de apropiarse del territorio abandonado y así controlar las economías ilegales que funcio nan en varios departamentos, con el objetivo de fortalecer sus estructuras. En este orden de ideas, se podría interpretar que no existen unas medidas acertadas por parte del Gobierno que se enfoquen en la reducción de asesinatos, ni una elaboración pertinente de estrategias que brinden las ayudas necesarias para la protección y prevención de las vidas de los líderes sociales. Esto no sucede a pesar de que, por una parte, los ase sinatos de líderes sociales o defensores de derechos humanos se siguen presentando y distintas organizaciones nacionales e internacionales dan cuenta de ello, y, por otra, de que sean hechos persistentes en la historia del país.
En segundo lugar, las respuestas rápidas propuestas por el Gobierno nacional no han sido cumplidas. Tanto el Pacto por la vida para la protección de derechos humanos –firmado por el Gobier no nacional y los gobernadores de Antioquia, Chocó y Córdoba–, como el PAO (Plan de Acción Oportuna) –establecido también por el Gobierno–, no han sido eficaces para lograr una disminu ción de los asesinatos a líderes, dando paso a una verdadera polí tica de protección y prevención que dé garantías a esta población para llevar a cabo su labor social. Según un informe publicado por Somos Defensores en junio del año pasado, “las acciones que se señalan en materia de protección están lejos de proporcio nar garantías para la labor de los liderazgos sociales” (Programa Somos Defensores, 2020, p. 75). Esta situación puede deberse al hecho de que el Gobierno nacional ha priorizado, como en el perio do del expresidente Álvaro Uribe, la militarización como principal plan para solucionar la problemática en las regiones más afectadas por este delito. Las políticas militaristas fueron impuestas por el presidente Iván Duque dos meses después de haber tomado pose sión, al ordenar el despliegue de 5.000 tropas adicionales para combatir a los narcotraficantes en Norte de Santander (El Heral do, 2018). Asimismo, para octubre de 2019, el presidente ordenó reforzar la seguridad en el norte del Cauca, luego de las múltiples masacres que se presentaron (El País, 2019). Pareciera entonces que el Gobierno nacional, enmarcado en las ideas militaristas del partido Centro Democrático como estrategia fundamental para garantizar la seguridad del pueblo colombiano, ha decidido volver a la violencia armada.
Mientras que el Gobierno sigue con su enfoque militar, el CINEP en conjunto con otras organizaciones alertan sobre la falta de eva luación por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a las múltiples denuncias hechas por miles de defensores de derechos humanos que se han visto amenazados por actores armados. Según el informe coordinado por la Comisión Colombiana de Juristas,
[…] en el año 2019 y hasta el 31 de mayo de 2020, el número de solicitudes de protección fue 15.810, y durante ese mismo perio do el número de evaluaciones de nivel de riesgo realizadas a la población objeto de la UNP fue 2.869. (2020, p. 312)
Lo anterior revela una falta de compromiso guberna mental con un seguimiento orientado en la verificación de las posibles amenazas a los defensores de derechos humanos. Esto impide trazar un panorama general de los posibles autores de los crímenes y así implementar medi das más pertinentes para la solución de la problemática en cada región del país.
Por su lado, el PAO, decreto firmado por el presidente de la República y la actual ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, busca fortalecer la protección de los defensores de derechos humanos mediante tres ejes de trabajo entre los que se encuentran la reingeniería institucional, una estrategia de comunicaciones y la actuación estratégica en el territorio. Sin embargo, no existen fechas de implemen tación de dicha estrategia, lo que ha hecho que la propues ta del presidente de la República y el Ministerio del Interior se quede solo en el papel. A su vez, en el mismo documento se resalta la dificultad que se tiene para evaluar la efectivi dad de las medidas que se piensan adoptar: “A nivel local, persisten dificultades para consolidad los datos y verificar el impacto de las acciones territoriales” (Ministerio del Interior, 2018, p. 23). Además, el acceso a algunas zonas representa una importante dificultad.
Entre tanto, el presidente de la República, la fiscalía y la ministra del Interior se esforzaron por desviar la atención de lo que en realidad está ocurriendo en el país, dejando a un lado el compromiso que tienen con los líderes sociales, al mostrar ante la opinión pública cifras contradictorias. El mismo presidente Iván Duque en una emisión televisiva realizada el 31 de diciembre de 2019 dijo “quiero desta car que en el año 2019 tuvimos una reducción del 25 por ciento en los asesinatos de líderes sociales” (Correa, 2019, párr. 2); posteriormente, diría lo mismo en su discurso del 20 de Julio de 2020 en el congreso de la República. Por su parte, y en respuesta a una solicitud hecha por la Comisión segunda de la Cámara para un debate de control político, el Ministerio de Interior aseguró que
En el periodo comprendido entre el 1 de enero al 8 de mayo desde el año 2016 al 2020, donde se nota una clara disminución de homicidios desde el año 2019, el cual representa aproximadamente un 46% de reduc ción entre el 2018 y el 2020. (Ministerio del Interior, 2020, p. 9)
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, afirma que desde el 7 de agosto de 2018 hasta julio de 2020 solo han sido asesi nados 120 líderes sociales, lo que evidencia una incoherencia de cifras dentro del mismo Estado. Esto podría traducirse, ante la sociedad colombiana, como una cortina de humo para ocultar lo que verdaderamente está ocurriendo con los líderes sociales en el país.
En conclusión, como se evidenció en el desarrollo del ensayo, no existe un compromiso claro y cimentado por parte del Gobier no actual para la defensa de los derechos humanos de los líderes y lideresas en Colombia. Por un lado, hay un claro incremento de los asesinatos de líderes sociales durante el actual Gobierno, registrado por organizaciones que desarrollan una labor activa en la defensa de los derechos humanos; por otro lado, las medidas adoptadas por el presidente Iván Duque y las instituciones a su cargo –basadas en ideas precedentes abanderadas por la consig na de la violencia– muestran un claro desconocimiento de la rea lidad de los defensores de derechos humanos en el país, lo cual deja a dicha población desprotegida y en un elevado grado de vulnerabilidad. Los hechos demuestran una dolorosa intención por parte del Gobierno para tapar la absoluta negligencia e indi ferencia hacía este flagelo, que afecta no solo al líder social, a sus familiares y a las comunidades que representan, sino a toda una nación que se ha visto sumida por décadas en el derramamiento de sangre, naturalizado ya por varios sectores de la sociedad.
Cepeda, I. (2006). Genocidio político: El caso de la Unión Patriótica en Colom bia. Revista CEJIL, 1(2), 101-112. Recuperado de: https://bit.ly/3C6eq8q
Comisión Colombiana de Juristas. (2020). El riesgo de defender y liderar: pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos huma nos de las personas defensoras en Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/3ldU xFn
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (CPDHAI). (2020). Segundo Informe de Homicidios contra líderes sociales y defensores/as de derechos humanos en Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/ 396qZUp
Correa, M. (2019, 31 de diciembre). “En 2019 hubo una reducción del 25% en el asesinato de líderes sociales”: Duque. W Radio. Recuperado de: https:// bit.ly/3hpxLcC
Duarte, C. (2020, 28 de febrero). ¿La violencia hacia los líderes es despoli tizada? La Silla Vacía. Recuperado de: https://bit.ly/3C0YMuQ
El Heraldo. (2018, 28 de octubre). Duque ordena desplegar 5.000 soldados en frontera con Venezuela. Recuperado de: https://bit.ly/2X9i9TR
El País. (2019, 30 de octubre). Con 2500 uniformados reforzarán seguridad en el Cauca tras masacre de indígenas. Recuperado de: https://bit.ly/2Vyyvo2
INDEPAZ. (2020). Informe especial: Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinados desde la firma del acuerdo de paz del 24/11/2016 al 15/07/2020. Recuperado de: https://bit.ly/3tzVD26
Ministerio del Interior. (2018). Plan de acción oportuna de prevención y protec ción para los defensores de derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodis tas. Recuperado de: https://bit.ly/3hoSEV8
Ministerio del Interior. (2020). Respuestas Actualizadas cuestionario proposi ción 008 de 2019 “medidas de protección a líderes, y política de protección a perso nas con riesgo extraordinario” – Debate de control político. Recuperado de: https:// bit.ly/3A0f86i
Ortiz, M. y Ríos, J. (2020, 8 de noviembre). Más de 250 líderes han sido asesinados este año, según Indepaz. El Tiempo. Recuperado de: https://bit.ly/ 2VzRPBr
Programas Somos Defensores. (2020). El Virus de la Violencia: Informe semes tral enero-junio 2020. Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defen soras de Derechos Humanos en Colombia. Recuperado de: https://bit.ly/3A0faeq
¿Consideras que Historia debería ser una asignatura indepen diente en la educación básica y media? Bárbara Daniela Ramírez y Juana Mc Carter, estudiantes de Química y de Español y Filolo gía Clásica respectivamente, nos exponen su opinión frente a este tema en su video-ensayo Colombia, un país sin memoria histórica.
Andrés Felipe Valderrama Casallas anvalderramac@unal.edu.co Ingeniería Civil Jack David Henríquez Gómez, docente
[Texto argumentativo] El presente ensayo busca expo ner la vulnerabilidad del personal médico a causa de la ter cerización del sector salud, tomando como medida base la Ley 100 del año 1993 hasta el primer trimestre del año 2020. Con el objetivo de evaluar esta situación, el material de apoyo serán los resultados de una encuesta, casos de negligencia administrativa que repercuten en disponibili dad de equipos médicos y, finalmente, un análisis del acoso profesional ligado a la mencionada tercerización del sector.
Médico, Ley 100, Tercerización laboral, Pandemia, Personal de la salud.
la aceptación de la Ley 100 en 1993 –propuesta en ese entonces por el senador Álvaro Uribe Vélez– hasta la actualidad, se ha contemplado en Colombia la contratación de servicios por parte del Estado, lo que derivó en el control de la administración privada del sector de la salud en el país. Para pasar el control a estas administraciones fueron creadas las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y, a su vez, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), encargadas de prestar el servicio de salud directo a quien lo solicite. Debido a esta tercerización en el sector, no solo se han visto afectados los usuarios o pacientes de la salud, sino también e incluso en mayor medida, el personal profesional, directo prestador del servicio. Ahora bien, desde el año de aprobación de dicha ley hasta el día de hoy, con la actual situación pandémica, ¿nues tros médicos cuentan con suficientes elementos de protección personal? ¿este modelo de funcionamiento del sector afecta su estabilidad económica y laboral? Y con la tercerización de la salud, ¿se les permite ejercer planamente como profesionales? Mientras buscamos respuesta a estas preguntas con diversos ejemplos y situaciones, demostraremos cómo el sistema de salud colombiano atenta contra la vida y el profesionalismo de los médicos, doctores y especialistas del sector en el país.
Desde la aparición del virus Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS) 2002 –y con la evolución del mismo SARS-CoV-2 (Coro navirus tipo 2 del SARS)– el personal médico es la población más expuesta al contagio en el mundo, puesto que es el talento humano hospitalario quien atiende directamente a los portadores del virus. Una serie de protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del virus surgen a partir de 2002 desde la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como primera medida, se sugiere una
frecuencia constante en el lavado de manos e hidratación, el uso y suministro adecuado de elementos de protección personal (EPP) como guantes, tapabocas de modelos especí ficos y delantales. Como segunda medida, se recomienda el uso de detergentes y desinfectantes en aquellas zonas físicas en las que se puede encontrar el virus. Finalmente, se acon seja a los pacientes portadores un aislamiento que prevenga la diseminación del virus (Briceño, 2004). Aun sabiendo las recomendaciones derivadas de estos protocolos, el sistema de salud colombiano expone la vida del personal médico en el país, porque se enfoca en una relación enteramente admi nistrativa y no profesional. Eduardo Patiño, en un reportaje para El Heraldo, recopiló algunos casos de negligencia del sistema de salud en varios hospitales del país:
[…] Jaime Cuello, médico internista de la misma institución [Colegio Médico de Valledupar] sostuvo que el Gobierno se ha dedicado a pagar insumos, dejando de último al personal asistencial que es el que debe salir a enfrentar la situación de emergencia. “Cómo vamos a enfrentar esa emergencia, con las manos y las batas, si tenemos o no guantes. Estamos preparando un comunicado donde los internistas anunciamos que vamos a donar el onceavo mes de sueldo, pero que nos paguen los diez primeros, y ese recurso que vamos a regalar que se utilice para la compra de insumos […]”. (Patiño, 2020, párr. 30)
Tal como se afirma en el reportaje, no solo en estos hospita les sino en todo el país la situación de médicos e instituciones no es muy alentadora e incluso, como algunos describen, llega a ser “deprimente” (Patiño, 2020), a causa de las administra ciones y disposición de recursos. Ahora bien, una de las medi das primarias mencionadas para la prevención de contagio es el constante lavado de manos e hidratación y, aunque Colom bia es uno de los países de mundo con mayor recurso hídrico disponible, un estudio publicado en 2016 por la revista cientí fica Journal of Surgical Research expone que entre el 15% y 34% de los hospitales en nuestro país no cuenta con una fuente potable de este recurso fundamental (Gozzer, 2020).
Ahora bien, con el relato del médico Jaime Cuello, citado anteriormente, se evidencia un maltrato administrativo por
parte del sector en cuestión a los profesionales de la salud, en cuanto al pago del salario que este profesional rara vez devenga. En este punto es válido preguntarse: ¿la situación de este médico es un hecho aislado? o, muy por el contrario, ¿es la tercerización del sector, visible en la contratación del personal médico, la que dificulta la estabilidad de los ingresos económicos del talento médico del país? Frente a esta situación de tercerización e inestabi lidad laboral, la vocera de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, Clemencia Mayorga, en un reportaje emitido por Noti cias Uno, afirma que: “El médico firma contratos que son renova dos cada dos meses y en el que sus honorarios no son pagados de manera oportuna y muchas veces termina solo recibiendo el 25 % de los ingresos pactados” (Romero, 2018, párr. 4).
Además, como soporte a las afirmaciones anteriormente men cionadas, una encuesta realizada por el Colegio Médico Colombia no (2019) a más de 8.000 profesionales del sector –entre los que se incluyeron médicos generales, rurales y especialistas– mues tra que quienes atienden nuestra salud ven a la administración de recursos del sistema de salud por parte de las entidades pri vadas como causa directa de la inestabilidad económica. Con el propósito de realizar un acercamiento a esta realidad en cifras, en relación con la inestabilidad económica que puede generar el sis tema de privatización impuesto, la encuesta refleja que se adeu dan entre 1 y 60 SMMLV (Salarios Mensuales Legales Vigentes1) al 97 % de médicos rurales encuestados, al 94 % de los médicos generales encuestados y al 64 % de los médicos especialistas. Estas entidades deben alrededor de 60 y 120 SMMLV al 3 % de médicos rurales, al 4 % de los médicos generales, y al 22 % de los médi cos especialistas que fueron encuestados. Estas cifras continúan ascendiendo de manera desalentadora hasta contemplar deudas mayores a 180 SMMLV, en perjuicio del profesional médico del país (Colegio Médico Colombia, 2019).
Cabe resaltar que una de las profesiones mejor remuneradas en el país corresponde a los profesionales en medicina, inherente a
1. La cantidad reflejada de SMMLV corresponde al año 2019. Según el Ministerio del trabajo, esta cifra era de $828.116.
la inversión del año gravable por parte del Gobierno. Para el año 2020, el presupuesto del sector salud incrementó posi tivamente, pues fue uno de los sectores con mayor inversión del país conforme a los objetivos de la actual administración, pasando de 23.3 billones de pesos (2017) a 31.8 billones de pesos. De estos, 712 mil millones serían destinados a inversión y el restante a funcionamiento (Cabrera, 2020). Sin embargo, de nada sirven estas inyecciones de dinero si el sector no se encuentra bien estructurado y los ladrones de papel, corbata y discurso disponen del presupuesto públi co para sus intereses personales. Estas acciones repercuten de forma directa en la escasez de equipos de uso institucio nal, tal y como lo describe El Tiempo (2018): en un contrato entre las empresas Empresa Social del Estado (ESE), Solu ción Salud y la firma Global Environment and Health Solu tions, se perdieron alrededor de 13.537 millones de pesos en equipos de apoyo al personal médico, equipos que se compraron, pero que no fueron entregados.
En otras palabras, sin equipos de protección personal ni herramientas de trabajo, sin retribuciones monetarias fijas, hay un desconcierto total causado por un sistema que se cae por sí solo, ligado a la burocracia administrativa con la que los profesionales están vinculados. Tal como se menciona en El Tiempo (2018), y en las palabras de Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral: “Las IPS son entidades muy serias, pero en estas organizaciones resultan creando entidades de papel, pacien tes de papel, y por ello se requieren auditorías más fuertes […]” (párr. 17). Para el presidente de dicha asociación, estos hechos de descentralización se pueden corregir con más control; sin embargo, en un país donde millones de pesos en equipos se pierden por enriquecer o beneficiar a otros, más control puede significar más corrupción.
Hasta el momento hemos visto cómo el sistema de salud desampara en términos de pagos y equipos al personal médico. Ahora bien, el pregrado en medicina es una de las carreras profesionales del país con más semestres en curso,
con un promedio de 12 matrículas, sin contar si se efectúan espe cializaciones; se trata de un periodo de tiempo extenso después del que se espera ejercer con total plenitud. No obstante, es el sistema concebido desde 1993 el que limita los diagnósticos pro fesionales, al ligarlos a los recursos y directrices institucionales impuestos. Así se explica en el reportaje publicado por la revis ta Semana (2014): en primer lugar, como medida para mitigar su profesionalismo y que este no represente más gastos a la EPS, se asignan jefes de personal, quienes advierten medir la remisión de pacientes a especialistas; en segundo lugar, se encuentra la limi tante de presupuesto por paciente; en otras palabras, si el médico diagnostica exámenes, medicamentos y demás, estos se verán condicionados por presupuestos sobre cada paciente. En tercer lugar, pueden presentarse auditorias, mensajes electrónicos frecuentes por cada remisión generada, estadísticas y reuniones que muestran cuánto dinero ha gastado cada profesional, admitiendo que esto puede desencadenar negativamente en ellos.
A modo de conclusión, es importante reconocer que las carreras encaminadas a las ciencias de la salud son programas que se estu dian y ejecutan con esfuerzo y amor, dirigidas al primer derecho de todo ser humano: la vida. Por consiguiente, es impensable que los médicos sean la población más afectada por modelos enteramente administrativos en los que traslucen la burocracia y la corrupción. Ahora bien, en esta época de pandemia, en la que el personal hos pitalario fue y sigue siendo la primera línea de contingencia pro fesional al virus, relucen todas estas falencias, falta de equipos hospitalarios y de seguridad, que durante años han perjudicado a toda la población; mientras nuestros dirigentes buscan mostrar un avance a través de cifras y publicidad, se presenta la misma situa ción precaria de interés individual sobre el común. Ahora cabe preguntarse, ¿de este tipo de tercerizaciones, falta de estabilidad laboral y limitaciones en ejercer profesionalmente es únicamente víctima el personal médico del país?
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José Leider Rivera Cifuentes jriveraci@unal.edu.co Psicología Adriana Díaz Cuevas, docente
[Texto argumentativo] Las palabras de las distintas figuras públicas no pasan desapercibidas y generan distintas reaccio nes en la sociedad. Tal es el caso de lo dicho por la actual vice presidenta de Colombia respecto a los psicólogos, afirmación que causó descontento y diversas opiniones al respecto. Aunque no tenía ninguna intención negativa, una opinión emitida por la figura de la vicepresidenta puede llegar a ser bastante influyente y, de ser tergiversada dicha afirmación, podría traer consecuencias negativas para la profesión. Este texto tiene como fin explicar que, a diferencia de lo dicho por la funcionaria, no hay suficientes psicólogos en el país. Para esto se tendrán en cuenta distintos sectores de la sociedad y cómo la falta de psicólogos afecta en estos.
Psicología, Salud Mental, Vicepresidenta de Colombia, Acompañamiento psicológico, Reincorporación de víctimas, Desarrollo psicológico.
A principios del año 2020, la vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, realizó la siguiente afirmación durante un conversa torio de mujeres en la ciudad de Medellín:
[…] tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas, carreras que no les sirven para tener mejores ingresos. Queremos ver cómo involucra mos a un porcentaje de niñas del departamento [de Antioquia], para entrar a estas carreras y vamos a promoverlas hacia las áreas del conocimiento donde el desarrollo profesional va a ser más importan te, como su ingreso económico. (El Espectador, 2020, párr. 3)
Esta opinión desató una polémica en los medios de comuni cación durante semanas y fue rechazada por importantes asocia ciones colombianas de profesionales. El Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) respondió a la funcionaria explicando que la psicología, además de ser una ciencia basada en la investigación que se encarga de estudiar los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social en los seres humanos, no puede ser desestimada por el número de graduados (La Opinión, 2020). Por su parte, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología (ASCOFAPSI) indicó que, primero, el valor de una profesión no puede ser medido a partir de los salarios asignados en los cargos que sus profesionales ocupan; y segundo, “la importancia de las profesiones reside –entre otras–en la generación de conocimiento que permita com prender los fenómenos y procesos que se gestan y desarrollan al interior de las sociedades” (La Opinión, 2020, párr. 7).
Cabe resaltar que, en un país como Colombia, donde el panora ma de muchos habitantes está marcado por la pobreza, la violencia y la guerra, la psicología juega un papel clave para el tratamiento de sus víctimas. Esto debido a que dichas condiciones pueden afec tar la forma en la que los individuos se relacionan con su entorno y a su vez desarrollar graves problemas psicosociales. Según Sotelo
(2016), la psicología es la disciplina que estudia los procesos psicológicos de un individuo a partir de su conducta. Sumado a esto, Morris y Maisto (2009) indican que los psicólogos estudian cómo los seres humanos perciben, sienten, recuer dan y aprenden, entre otros procesos psicológicos. Además, los psicólogos pueden concentrarse en las afecciones men tales y emocionales, problemas personales y sociales, la psi coterapia, o en mejorar la moral y las relaciones de grupo.
A pesar de que es posible que Marta Lucía Ramírez no tuviera ninguna intención de carácter peyorativo o descali ficativo –incluso no niega la importancia de la profesión–, la figura de la vicepresidenta puede ser muy influyente en distintos sectores de la sociedad y, de ser tergiversada esta opinión, podría afectar negativamente a esta disciplina. Si bien la importancia de la psicología puede llegar a ser indis cutible en muchos casos, en este texto se sustentará que, contrario a la opinión de la funcionaria, no hay suficientes psicólogos en Colombia. Para ello se traerán a colación ejem plos de esta carencia en distintos sectores de la sociedad, lo que evidencia una baja cobertura de profesionales para aten der las posibles afecciones psicológicas y los daños que estas pueden causar con el tiempo.
Para empezar, hay colegios en Colombia que carecen de profesionales en psicología, lo que puede afectar el desa rrollo psicológico de niños y adolescentes. Esta carencia es visible en diversos lugares del territorio colombiano, como el departamento del Atlántico, en el cual hay más de cien mil estudiantes matriculados en las instituciones educativas, para los cuales solo hay 113 orientadores aprobados por el Ministerio de Educación (Mercado, 2020). Esta situación también puede verse en la capital del país. En una investi gación realizada por Alarcón, Ramírez y Hernández (2016), se puede evidenciar que en tres instituciones de la ciudad de Bogotá hay, por cada una, más de dos mil estudiantes en los distintos niveles educativos, además un número de entre 80 y 100 profesores, sin contar a los integrantes del cuerpo directivo, población para la cual solo hay dos orientadores.
En ambos casos, el número de estudiantes y miembros de la comu nidad educativa de los colegios es mayor al número de orientado res que pueden acompañar –no solo a estudiantes– sino también a profesores que podrían llegar a necesitar intervención psicológica. La presencia de un psicólogo en estas instituciones es impor tante, ya que dos etapas esenciales del desarrollo acontecen en los colegios: la niñez y la adolescencia, que van desde los 4 hasta los 18 años. Tal como indica Rice (1997), en estas etapas los individuos están en un proceso de desarrollo cognoscitivo, emocio nal y psicosocial, además de que el ambiente de la infancia puede repercutir significativamente en el resto de la vida de una perso na. Por lo anterior, muchas experiencias negativas que pudiesen tener los niños repercutirán en su desarrollo de no ser tratadas adecuadamente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020), alrededor del mundo hasta 1000 millones de niños entre los 2 y los 17 años fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono en el último año. En el país, Medicina Legal reveló que, durante la pandemia ocasionada por el coronavirus, más de dos mil niños han sido violentados en el país, víctimas de distintos tipos de violencia (Radio Nacional de Colom bia, 2020). Otra situación negativa que es importante resaltar es el acoso escolar o bullying. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), al menos uno de cada tres niños en el mundo es agredido de manera física, verbal y psicológi ca por otros (Revista Semana, 2020).
Sumado a esto, en muchas ocasiones el acompañamiento que pueden brindar los profesores y los psicólogos de las institucio nes es poco y no garantiza una cobertura a todos los estudiantes que presenten algún problema. Como bien muestran en su trabajo Alarcón et al. (2016), los colegios presentan distintas necesidades que no pueden atenderse de manera adecuada por la escasez de psicólogos. Generalmente, se necesitan servicios de orientación, asesoría y acompañamiento para estudiantes con problemas fami liares, emocionales, de drogadicción y de convivencia, entre otros. Así, la carencia de profesionales en los colegios y el poco acompa ñamiento que reciben los niños y jóvenes hace que sean más pro pensos a sufrir futuros problemas psicológicos de no ser tratados
de manera oportuna y adecuada. Si hubiera más psicólogos en las instituciones educativas, habría una mayor cober tura y una atención más pronta y eficaz para acompañar a los estudiantes que presenten algún problema. Después de todo, desde las escuelas se pueden prevenir muchos pro blemas sociales, que en Colombia constituyen un panorama preocupante (Mercado, 2020).
Por otra parte, la escasez de profesionales en el área de la psicología no permite la cobertura necesaria para tratar los daños psicológicos de las víctimas del conflicto armado. Este es un hecho preocupante ya que el acompañamiento psicoló gico es importante para la reincorporación de las victimas a la sociedad. El conflicto armado en Colombia es una proble mática de larga data que ha marcado de manera significativa la vida de quienes lo vivieron y por la cual se han enfrentado —en muchos casos— a los prejuicios de la sociedad cuando intentan reincorporarse. En un estudio hecho por la Pontifi cia Universidad Javeriana y el Ministerio de Salud se explica que “la guerra, la violencia, el despojo y la persecución, tras tocan las formas de convivencia, los recursos del pensamien to y simbolización, y el cuidado de sí mismo, de los demás y del entorno” (Martínez, 2020, párr. 11).
Aunque hoy en día han surgido diversas organizaciones y asociaciones destinadas al acompañamiento de víctimas de la violencia en el país, la falta de cobertura y de profesiona les enfocados en esta área hace que no todas las victimas tengan la posibilidad de contar con una orientación psicoló gica apropiada. Tal es el caso del Programa de Atención Psi cosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI), un conjunto de estrategias que el Ministerio de Salud y Protección Social implementa para brindar una atención integral en salud y atención psicosocial a los afectados por el conflicto (Minis terio de Salud y Protección Social, s.f.). El PAPSIVI destina un total de ocho sesiones para la atención psicosocial por cada víctima, después de las cuales no puede volver a ser atendida por este programa.
Si bien el Ministerio ha destinado recursos a este pro
José Leider Rivera Cifuentes / jriveraci @unal.edu.cograma, sus sesiones son pocas para lograr un acompañamiento óptimo, ya que las víctimas han tenido que ver y vivir hechos inena rrables ocurridos en Colombia. Tal como lo indica la psicóloga clí nica Silvia Rivera (Muñoz, 2019) las sesiones no son suficientes para un diagnóstico concreto y, además, no todos los que atienden a las víctimas tienen el perfil profesional para hacerlo. Por esto, la falta de psicólogos también afecta en cierta medida a muchos programas que tienen como fin brindar este tipo de atención a las víctimas, pues al no haber muchos psicólogos contratados por el Estado, que además tengan un perfil adecuado, no se puede dar la atención óptima y necesaria para esta población. Esto repercute en la atención a las distintas personas que padecen algún tipo de afectación psicológica por la violencia, como se ve reflejado en el número de víctimas atendidas por los programas. Según Muñoz (2019), el PAPSIVI, de 2014 a 2017, atendió a 444.062 víctimas en todo el país de las 7.626.134 que había en total. Por lo tanto, se puede decir que sería pertinente tanto extender el número de sesiones para el tratamiento óptimo, como contar con un mayor número de psicólogos para una mayor cobertura de víctimas a lo largo del país.
Por último, el panorama de la salud mental en Colombia es preocupante, ante lo cual se necesitan más psicólogos que puedan garantizar una mejor atención para los ciudadanos. Anualmen te, se presenta un número significativo de suicidios en Colom bia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020), que muchas veces son causados por afecciones psicológicas que perjudican a niños, adolescentes y adultos a lo largo del territorio nacional, tales como la depresión, la ansiedad, el miedo, la baja autoestima y la angustia. Nada más en el año 2019 la cifra de niños, niñas y adolescentes que cometieron suicidio es de 287, mientras que en los primeros cuatro meses del año 2020 la cifra alcanzó los 79 casos (El Espectador, 2020), situación que es alarmante y que podría haber aumentado teniendo en cuenta los factores adicio nales que pueden generar la aparición de las condiciones psicológicas mencionadas anteriormente, como la cuarentena impuesta por motivo del coronavirus. Además, según un informe publicado por la OMS, Colombia está ubicado en el octavo lugar de los países
latinoamericanos con más personas que sufren de depresión, alcanzando un porcentaje de 4,7 %, frente a lo cual, según Martínez (2020),“[…] es necesario prestarle toda la atención que se merece y, en lugar de estigmatizar a las personas que la padecen, comprender qué es y cómo puede prevenirse y tratarse” (párr. 3).
El campo clínico de la psicología es el encargado de cuidar la salud mental y de estudiar, diagnosticar, tratar y atender las posibles afecciones que un individuo podría sufrir a lo largo de su vida. Estos trastornos afectan principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes y además repercu ten en distintos aspectos como el pronóstico, la productividad académica y económica de la población, así como en el capital global (factores personales, simbólicos, culturales y relacionales) (Posada, 2013). Este campo de la psicología también se ve afectado por la carencia de psicólogos, la cual se hace evidente al momento de observar la cobertura que existe para tratar la salud mental, situación que ha adqui rido nuevas dimensiones durante la pandemia ocasionada por el Covid-19 (Mouzo, 2021). Esto afecta de manera con siderable el tratamiento de condiciones psicológicas, enfermedades y trastornos mentales que los ciudadanos podrían padecer. La carencia de psicólogos y en muchos casos la poca importancia que se le da a la salud mental por parte de algu nas personas en el país impide garantizar una cobertura ade cuada de psicólogos que pueden atender de manera eficaz y apropiada estas afecciones, generadas por distintos factores a los que se enfrenta una persona día a día, como el estrés, la carga laboral y los problemas interpersonales, entre otros. En resumen, la escasez de profesionales en el área de la psicología puede repercutir de diferentes formas en el trata miento que necesitan las personas en relación con diferentes problemáticas que viven o a las que están expuestas. Se puede observar con preocupación que, en muchos ámbitos, no hay una cobertura adecuada para el tratamiento de niños, adoles centes y adultos que padecen de algún tipo de afección psi cológica y que, sumado a esto, requieren de una intervención
Leider Rivera Cifuentes / jriveraci @unal.edu.coeficaz y oportuna. Además de lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que la carencia de profesionales en el área de la psicología no solo repercute en el tratamiento de afecciones ya presentes en los individuos, sino que esto también afecta el desarrollo y la pre vención de dichas afectaciones, al no poder garantizar un acompa ñamiento desde el momento cero. Aunque este texto busca visibili zar las consecuencias que trae consigo la falta de profesionales en ciertos escenarios, son más los ámbitos que se ven perjudicados y sobre los cuales debemos actuar desde la academia y desde la prác tica profesional.
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Jairo Sthiven Moreno Valero jmorenova@unal.edu.co Estudiante de Psicología Adriana Diaz Cuevas, docente
La cultura patriarcal produce una simbolización biologizada de la masculinidad como dispositivo estratégico, que justifica y legitima la superioridad, la dominación y el privilegio del varón. (Palacio y Valencia, 2001, pág. 233)
[Texto argumentativo] Las implicaciones de la estimación cognitiva de la mano de la psicomotricidad son factores esenciales en el desarrollo cog nitivo, pues la corporeidad es de las primeras herramientas con las que nos empezamos a relacionar con nuestro entorno. Este ensayo busca argumen tar, a través de estudios y evidencias, la manera en que históricamente se ha desfavorecido a las mujeres en su potencial desarrollo cognitivo. Esta inequidad reside en la falta de búsqueda de habilidades o capacidades rela cionadas con la psicomotricidad en los primeros años de vida, búsqueda intrínsecamente relacionada con los juegos infantiles que condicionan a los niños y las niñas de acuerdo con su rol de género a cumplir.
Juegos infantiles, Género, Psicomotricidad, Estimulación temprana, Desarrollo cognitivo.
un par de años, cuando realizaba mi preuniversitario, me vine a encontrar con una cruda y real situación: al ser mujer se tiene casi la mitad de las posibilidades de acceder a la Universidad Nacional de Colombia. Los datos estadísticos son claros: el des empeño de las mujeres en el examen de admisión ha sido siempre más bajo que el de los hombres. Esta idea me dejó desconcerta do por completo, e inclusive provocó un eco que hasta el día de hoy resuena. A raíz de ello surgió en mí el deseo de reclamar por todas esas figuras femeninas que me han rodeado. Allí fue cuando me encontré con la tesis de maestría en Estudios de Género de la trabajadora social Cindy Caro, donde se evidencia que, aunque la cantidad de hombres y mujeres que se presentan es casi siempre la misma, las admitidas son siempre menos: el máximo porcentaje de admitidas fue el 2016-1 con un 37.58 % y el mínimo fue el 2014-1 con un 29.47 % (Quintero y Caro, 2018).
Esta desigualdad porcentual me llevó a considerar que el con texto colombiano ha estado marcado por una diferenciación en las labores entre hombre y mujer, lo cual está intrínsecamente relacio nado con los roles sociales establecidos desde la infancia. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los juegos diferenciados por género que realizan las niñas y los niños en dicha etapa. Para ello, es impor tante destacar que los juegos infantiles son el germen que permite a todo hombre y mujer desarrollarse, reflejan las más profundas y bellas aptitudes de su ser, en primera instancia, las de su corporeidad (Fröebel, 2003). Además, en el caso colombiano, la elección de un juego o juguete se ve más influenciada por un estereotipo de género que por los gustos individuales, ya que las/os niñas/os se ven condicionadas/os a diferenciar actitudes femeninas y mas culinas. Esto implica que para ellas/os haya una categorización, al
asemejar lo femenino con actividades más pasivas en fun ción de la maternidad, del hogar y la belleza; y lo masculino con actividades en función de la fuerza y habilidades corpo rales. Ahora bien, el salirse de la normativa implica sancio nes sociales sobre todo en el rol masculino, pues existe una inferiorización por el simple hecho de representar, por medio de sus juegos, lo femenino (Martinez, 2016).
Con esta diferenciación se ha predispuesto un rol de género a cumplir y, como consecuencia, se han configurado ciertas habilidades a desarrollar. Es válido destacar que esta dife renciación en actividades y juegos marca una predisposición particular a ciertas prácticas, experiencias y habilidades que configurarán, por ejemplo, la educación y la cognición. Extra polando esto, la educación es uno de los ámbitos en que la mujer se desenvuelve y sería solo uno de varios en donde ella se vería afectada por esta inequidad. Por esta razón, y las que expondré más adelante, considero que los juegos infantiles diferenciados por género son un condicionante social que limita el desarrollo cognitivo de las niñas en Colombia.
De esa manera, este ensayo busca aportar al debate sobre equidad de género, aunque sea poco tratado desde el enfoque cognitivo, al menos en Colombia. Mi objetivo principal es argumentar por qué es importante repensarnos la labor for mativa con las/os niñas/os, sobre todo como padres o quienes cumplan con esta labor. A lo largo del ensayo enfatizaré en tres argumentos, basados en evidencia científica, con el fin de fundamentar por qué existe esta inequidad que perjudicaría a largo plazo a las mujeres. Expondré así algunos aspectos prin cipales: la demarcada diferenciación de los juegos infantiles por las implicaciones de género; las etapas del desarrollo y su intrínseca relación con la importancia de la estimulación cog nitiva; las inteligencias relacionadas con la psicomotricidad y los juegos que ocasionarían un mayor desarrollo de estas; y, por último, evidencias científicas acerca de las consecuencias en la falta de estimulación en la niña a través del juego.
En primera instancia, los juegos infantiles diferenciados por género responden más a una delimitación social que a un
gusto particular, predisponiendo actividades que marcarán la vida de la mujer y con ello las habilidades cognitivas que potenciará o no. Se piensa que el cerebro, al ser biológico, tiene preprogramado las diferencias entre los sexos, pero el cerebro es maleable y adaptativo a la experiencia, esta diferenciación responde más a un estereotipo de género impuesto por la sociedad (Eliot, citado en Siebel, 2015). Adicionalmente, la mercadotecnia de los videojuegos, la división categórica por género de los canales de distribución de juegos y los programas que consumen niñas/os y adultas/os se suman a la bifur cación y predisposición de cumplir ciertos roles de género hipermas culizados o hiperfeminizados (Heldman, citado en Siebel, 2015).
Es clave resaltar que necesitamos saber a qué grupo pertenecemos para así saber cómo nos desempeñaremos. Además, no pode mos ignorar la composición genética y endocrinológica que predis pone diferencias concretas entre el cuerpo masculino y el femenino (Achucarro et al., 2017). El problema es cuando esta categoriza ción está tan marcada y bifurcada en etapas donde somos tan cré dulos que se nos impone la categorización como una obligación a cumplir y no una elección de ser. La cuestión realmente importante aquí es no caer en la polarización de actividades determinadas para un género específico y otras, totalmente diferentes, para el otro.
En segunda instancia, los juegos infantiles diferenciados por género, que comúnmente realizan las niñas, son cognitivamente menos estimulantes al implicar un menor esfuerzo cognitivo en etapas imprescindibles para el desarrollo psicomotriz. En el desarro llo de las/os niñas/os es fundamental tener presente en qué etapas y con qué herramientas se les pueden dotar para su estimulación fruc tífera, esto a través de los juegos. Sus cerebros poseen una flexibi lidad en el desarrollo significativo que desaparecerá después de los seis años (al menos a tan alto nivel), sentando las bases cognitivas para el resto de la adultez (Doman y Doman, 2002).
Hay una relación muy estrecha entre estímulo y respuesta, en donde una causa la otra, en este sentido, la poca efectividad del estímulo (juego) causaría una respuesta precaria (desarrollo psicomotriz) (Valdes, 2014). Esta relación la demarcamos en momentos cruciales de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget (citado por Valdés, 2014):
1) Etapa sensoriomotora (0 a 2 años): se está en un estadio prelingüístico y el aprendizaje depen de de actividades motoras corporales. Es importante recalcar que no se debe limitar a las/os niñas/os al uso de su corporeidad (actividad física), de lo contra rio y gracias a la circularidad (proceso de reiteración de estímulos) estaremos predisponiéndolas/os a no desarrollar adecuadamente esta psicomotricidad. Aquí no hay operaciones lógicas y se aprenderá por simple emulación y repetición.
2) Etapa preoperacional (2 a 7 años): surgen pensamientos representativos y aparece un razo namiento prelógico de conceptos más complejos dependiendo de la circularidad de la etapa anterior y los estímulos que se recibieron. Es importante destacar que, dependiendo de las actividades, se formarán en gran medida los pensamientos más complejos de la siguiente etapa.
3) Etapa operacional concreta (7 a 11 años): se da un pensamiento lógico y operaciones concretas como la reciprocidad. No olvidemos que la adaptabi lidad y la flexibilidad del cerebro disminuirá considerablemente y los cambios serán más fijos, por lo que habrá una normalización de estas actividades y será difícil modificarlas en la adultez.
De esta manera se pacta una estrecha relación entre varios factores: los instantes imprescindibles del desarrollo expuestos anteriormente; la estimulación cognitiva en esta dios o etapas específicas; la importancia de la corporeidad y la motricidad; y la tendencia a relacionar ciertos juegos, vinculados directamente a lo femenino, con las niñas. Por consiguiente, habría que preguntarse si estas actividades son acordes a la necesidad de cada etapa, pues si las niñas son excluidas de hacer actividades por el hecho de que deberían ser delicadas o simplemente más calmadas, ello tendrían consecuencias en su desarrollo cognitivo integral, especial mente en habilidades relacionadas con la psicomotricidad
(Barreno y Macias, 2015). Esta estimulación llevará o no a la for mación fructífera de habilidades en ciertos tipos de inteligencia, como enfatizaré en mi siguiente argumento.
En última instancia, la falta de estímulos cognitivos en la niñez, ocasionada por los juegos diferenciados por género, tiene conse cuencias notables en el desarrollo de la inteligencia visoespacial y corporal-cinestésica de la mujer. Para ello analizaré dos tipos de inteligencias que están muy relacionadas con la psicomotricidad:
• La inteligencia espacial, según Gardner, se carac teriza por la capacidad de crear, rotar y visualizar imáge nes mentales tridimensionales y de comprender modelos reales de estas. Se relaciona con juegos como: rompecabe zas, ajedrez, legos, videojuegos, Tetris, construcciones y la papiroflexia (citado en López, 2018; Mercadé, 2012).
• La inteligencia corporal-cinestésica, según Gard ner, se caracteriza por utilizar el cuerpo para la solución de problemas o la efectiva realización de actividades corpora les. Estas actividades requieren rapidez, coordinación ócu lo-manual, fuerza, flexibilidad y equilibrio. Se relaciona con actividades como los deportes y la danza (citado en López, 2018; Mercadé, 2012).
Debemos destacar que, aunque no todo juego está hecho para desarrollar cierta inteligencia o capacidad, no realizar ciertas actividades ocasionaría una falencia cognitiva a largo plazo. Ello se puede evidenciar en los juegos que a gran escala no involucran la corporeidad (juegos estáticos) y que son mayormente ejecutados por las niñas (Martinez, 2016).
Estas consecuencias cognitivas a largo plazo se evidencian en un estudio meta-analítico publicado por la APA (por sus siglas en inglés, Asociación Americana de Psicología), donde se recopila un total de 128 estudios en los que participaron más de 30.000 menores de edad, entre los 3 y los 18 años. Esta investigación permitió evidenciar científicamente que el razonamiento espacial tiene una ventaja de índole masculina; se tiende a poseer mayor habilidad en tareas de rotación mental, razonamiento espacial e inteligencia visoespacial. Se enfatiza en que la causa de ello está
en factores experienciales y psicosociales que surgen de una ventaja masculina durante la niñez. No obstante, los factores endocrinológicos y fisiológicos no son excluidos como resul tado de esta diferencia cognitiva (Lauer et al., 2019).
Otra evidencia de estas consecuencias es el examen de admisión de la Universidad Nacional de Colombia, donde Caro (2017) evidencia estadísticamente que las mujeres, desde el periodo 2010-2 a 2017-1, han tenido, en relación con los hombres y sin excepción alguna, un desempeño demasiado bajo y evidente en los componentes de análisis de imagen y matemáticas (véase tabla 1). Componentes que están muy relacionados con las habilidades que se desarrollan en la inteligencia visoespacial, lógico-matemática y cor poral-cinestésica (Rubio, 2000).
Por ejemplo, los juegos en los que son socializados los niños como construir, armar, conducir, permiten un desarrollo que favo rece ciertas habilidades, al contrario, la socialización con áreas del cuidado que se hace sobre niñas puede que beneficie ciertas habilidades sociales o de lenguaje e impida el desarrollo de otras, entre ellas, el pensamiento abstracto (Caro, 2017, p.188).
Tabla 12: Resultados del examen de admisión Universidad Nacional por componente.Fuente: Indepaz, (2020).
No quiero dar a entender que el hombre es más inteligente que la mujer por la estimulación que recibe en la infancia. Lo que argumento es que la falta de realización de ciertos tipos de acti vidades ocasiona un desaprovechamiento del potencial de habili dades específicas de las niñas, no un conjunto tan etéreo como la “inteligencia”. En esta medida, la mujer destacaría en otros tipos de inteligencias como la lingüística, la intrapersonal y la interper sonal, al poseer habilidades sociales y lingüísticas que la beneficiarían (Baron-Cohen, citado en Esch, 2019). En ese caso, la mujer no sería más inteligente que el hombre, sino más capacitada y con más habilidades para resolver o hacer ciertas actividades especí ficas gracias a la estimulación cognitiva que se le precisó reforzar. En síntesis, se ha evidenciado que los juegos infantiles diferen ciados por género son un condicionante social que limita el desa rrollo cognitivo de las niñas en Colombia. Así, estas se han supedi tado, por medio de los juegos a los que se exponen en su infancia, a ciertas habilidades y con ello su potencial cognitivo se ha desa rrollado de una forma específica. Es notoria, además, la importan cia de una apropiada estimulación en etapas imprescindibles del desarrollo cognitivo por medio de los juegos; sin olvidar que cierto tipo de actividades conllevan al desarrollo de inteligencias relacionadas con la psicomotricidad.
Por estos motivos y argumentos, me gustaría invitar a las y los lectores a indagar más allá, pues considero que se debe visibili zar que la desigualdad de género viene desde etapas tempranas y justamente son esas pequeñas acciones las que condicionan a la mujer a salir a un mundo que ya de por sí es machista. La idea de pensar que, por el simple hecho de haber nacido mujer, se disminu yen las posibilidades para acceder a la educación pública (como es el caso de la Universidad Nacional de Colombia), en lo personal me
2. El punto verde hace referencia a una igualdad relativa entre los resultados de los varones sobre el resultado de las mujeres; el punto amarillo indica resultados que favorecen a los varones, pero no desproporcionadamente; el punto rojo muestra una diferencia muy evelada entre los resultados obtenidos por varones sobre los de las mujeres.
desconcierta de sobremanera. Puede que pensemos que esta inequidad no está en la crianza de las niñas, en contra-ar gumentación de lo que se ha evidenciado en este ensayo, entonces valdría la pena preguntarnos: ¿en dónde está? ¿en la biología misma? ¿en los factores fisiológicos y endocrino lógicos? Me niego rotundamente a pensar que la naturaleza misma ha generado esta “superioridad”.
Para finalizar, es importante recalcar que fuimos niñas/os crédulas/os que asimilaron percepciones, de las cuales acep tamos algunas nociones como propias hasta el día de hoy. Por ello, es válido indagar tres cosas: con qué cabalidad se cumple la realización de estos juegos en nuestro entorno, de qué manera fuimos y estamos estimulando a las/os niñas/ os, y si estamos indirecta o directamente motivando la falta de esta estimulación cognitiva y, por ende, favoreciendo a algún género.
Debemos reconocer nuestra obligación como sociedad, pues estas cicatrices sociales aún están presentes. Esas acti vidades que se le delegaron a la mujer, en enorme medida por delimitación social y cultural, tienen y tendrán eco en las niñas, en las mujeres que reivindicarán y reclamarán su importancia de ser mucho más que un estereotipo de género a cumplir, no simplemente como mujeres, sino como perso nas capaces de contribuir al desarrollo integral de Colombia desde sus capacidades y fortalezas individuales.
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¿Qué opinas acerca de la educación remota en Colombia, en el marco de la pandemia ocasionada por el Covid-19? Te invitamos a ver el siguiente video-ensayo, titulado Cuestionemos la educación remota en Colombia, de Laura Sofía Jimé nez Otálora, estudiante de Administración de Empresas.
[Resistencia en los muros (2021), Bogotá, por María Alejandra Garzón] [Velatón (2021), Cáqueza, Vivian Lamilla Rodríguez]Se expresan a través del graffiti, aque llos mensajes que no es posible incluir en otros circuitos de comunicación, por inca pacidad de poseer un medio.Umberto Eco (citado por Peñaloza, 2009, párr. 11)
[Texto argumentativo] El arte callejero o grafiti se expresa de múl tiples formas en los espacios bogotanos, las calles se transforman en galerías donde se exhibe este arte a las personas que transcurren la ciudad. No obstante, aunque el arte se encuentre en las calles y a simple vista, su manifestación se persigue y prohíbe. El arte callejero es rebelde por naturaleza, no entra en la lógica del consumo, tiene contenidos que no se transmiten en canales de comunicación tradi cionales y a los artistas callejeros los criminalizan y custodian. Si bien existen políticas públicas que incentivan el muralismo, aún las leyes prohíben la manifestación del arte callejero en sus otras formas y se persigue esta forma de libre expresión.
Grafiti, Arte callejero, Arte, Persecución y prohibición.
Las ciudades permiten que el arte esté más cerca de los espec tadores. Las más famosas piezas de arte están expuestas en gale rías y museos: el Museo del Louvre (París), la Galería Österreichis che (Viena), la Capilla Sixtina (Ciudad del Vaticano) y otros lugares exclusivos para tan magnas piezas. Es un privilegio llegar a estas ciudades y aún más poder admirar de puntillas y a poca distancia aquellas obras de arte protegidas en vitrinas a prueba de luz, balas, humedad, tacto y personas. Piezas de arte exclusivas, exhibidas en lugares privilegiados. La ciudad permite que otras formas de arte se acerquen a los espectadores: deja de estar en cuartos privile giados; no tiene vitrinas para trascender en el espacio-tiempo; no se protege de la luz, balas, humedad y tacto; está en lugares muy recorridos, a la vista de la mayor cantidad de personas y se rein venta a diario para los millones de transeúntes que la admiran. La ciudad se convierte en un museo de 1775 km2 al transformar las calles en lienzos para los artistas, donde la pieza principal es el grafiti. Las calles de Bogotá se han convertido en un atractivo turís tico, los barrios, transformados en galerías, exhiben en fachadas colores, formas, frases y contenidos.
El grafiti en Bogotá se ha manifestado desde la década de los noventa, pero en los últimos 10 años ha inundado los muros y espacios de contenido, colores, formas y frases, ha hecho del arte una dinámica de expresión sin exclusividad y ha convertido en artista a aquel que plasma una idea o sentimiento en los espacios capitalinos. Sin embargo, existen posturas que aíslan esta expresión del arte: no perciben a la ciudad como museo, a los artistas los convierten en vándalos y prohíben su accionar. El arte callejero es, entonces, un arte perseguido. Se persigue su esencia rebelde, se censura la libre expresión, se cubre lo que gritan las paredes, se prohíbe intervenir espacios con arte callejero y se acalla a los artistas.
Comprender el mundo del grafiti es comprender también su esencia rebelde. Keshava, artista grafitero bogotano con 30 años de experiencia, caracteriza el grafiti como “efímero, nocturno, clandestino, contestatario, corto y eficaz” (2016, párr. 14). En el mismo sentido, Armando Silva, en su libro Imaginarios Urbanos, menciona que: “marginalidad, anoni mato, espontaneidad, escenicidad, precariedad, velocidad y fugacidad” son condiciones propias para definir el arte calle jero (2006, p.33). Además, un fragmento de la definición de grafiti hecha por Castro (2012), en Diagnóstico sobre Grafiti, añade que “es una subcultura con la que se pueden expresar emociones y mostrar de manera contundente su postura ante lo político, la autoridad impuesta, la publicidad, el medio ambiente de la ciudad y ante aquellos que quieren prevenirlo y borrarlo” (p. 25). Estas definiciones enmarcan, delimitan y caracterizan el arte callejero y, en conjunto, demuestran la rebeldía innata del grafiti. Las prácticas y técnicas propias de este arte la distinguen de otros tipos, especialmente al plas marse en su mayoría en espacios urbanos y públicos.
De tal manera, el arte callejero es contracultural, sus dinámicas se oponen a las establecidas en la ciudad. Por tal motivo, el grafiti entra en controversia con las costumbres y valores que se viven en Bogotá. Generan controversia, por ejemplo, las técnicas utilizadas: murales y trazos en paredes de espacios públicos, lugares abandonados y de propiedad privada con pintura, aerosol o cualquier material que deje marca; carteles que se pegan en espacios muy visibles, con engrudo que les permite resistir al clima y tiempo; stickers o calcas pegadas en cuanto lugar se atraviese en el camino del artista, generalmente en lugares altos, como postes, semá foros y señales de tránsito, donde se dificulta despegarlos; y el esténcil que, con mensajes e imágenes, bombardean las calles y superficies bogotanas, creando marcas en todo el territorio. Estas prácticas precisan la rigurosidad del arte del grafiti, se realizan entre la espontaneidad y la planeación, en lugares transcurridos, en lugares visibles. Esta práctica ha
generado molestias en la ciudadanía y más aún cuando se realiza sobre espacios de propiedad privada. Un fragmento del articulo Grafitis en Bogotá: ¿barbarie, arte o política? de Omar Rincón (2016), dice que:
Bogotá está llena de rayones y manchas que marcan frentes de casas y negocios, señales de tránsito, bases de puentes, pavimentos, ciclorru tas y mobiliario urbano. Y más que las imágenes que son soportables abundan las frases incoherentes y los tags. Y aunque se afirme que el tag es una firma que se convierte en un arte mediante el cual el autor se expresa al romper con el “buenondismo” social, la verdad es que han con vertido a la ciudad en un basurero simbólico sin ton ni son. (pár. 12)
Calificar a la ciudad como basurero es la excusa perfecta para la desaprobación de este arte. Además de caracterizarse por no tener límites de expresión, se asocia su carácter rebelde con suciedad. Apropiarse de la calle es uno de los motivos de su persecución.
En cada recorrido, los transeúntes pueden alimentar su mente con un sinfín de imágenes de arte callejero y publicidad. La ciudad de Bogotá tiene 8.380.801 posibles espectadores que la habitan3; por ello, los espacios citadinos son lugares perfectos para plasmar y comunicar ideas y mensajes con el fin de ser vistos:
La calle es un espacio ideal para dar a conocer algo. Le llega a mucha gente. Es la viralidad fuera de internet. Es incluso mejor que esta, pues mientras uno en la red tiene 5.000 “vistas” en varias horas o días, acá las tiene en dos minutos. (Toxicómano, 2016, párr. 10)
Por lo anterior, con el objetivo de impactar a los espectadores, el grafiti siempre está innovando y crea tendencias en tanto busca ser visto y perdurar en la memoria del público, sin intereses econó micos que lo motiven.
La revista Dinero (2017) menciona que una persona recibe 3.000 impactos publicitarios al día en medios como radio, televisión, prensa, internet, en las calles y “hasta en el cielo”, pero solamente queda en nuestra mente el 12 % de ellos. Esto impulsa la aparición de campañas de publicidad y marketing más agresivas, que buscan
3. Datos de los indicadores demográficos en Bogotá por el DANE, 2020.
“vender lo intangible”. Así pues, se crea una competencia por alcanzar ese 12% de recordación en las mentes de los especta dores. Cuando el grafiti interviene el espacio público, violen ta la cotidianidad y logra captar la atención de las personas, que pueden generar opiniones, bien sea a favor o en contra, acerca de lo que ven. Esta atención es deseada por empresas y marcas que pagan fortunas en publicidad para que solamente su mensaje sea el que quede en la mente de los espectadores. Por ejemplo, Coca Cola gasta en promedio 4 mil millones de dólares cada año desde 2016 en publicidad a nivel global (Tra ders Studio, 2021), entre ellos el uso de publicidad en vayas y murales. De ahí que el grafiti se convierta en un rival de la publicidad, de forma intencional o no, por la atención de los espectadores. Y aunque convergen en público y espacios, la publicidad se distancia del grafiti en el objetivo:
De este modo a lo que diametralmente se opone el grafiti es a la publicidad: mientras el primero busca un efecto social de fuerte carga ideológica o de cualquier modo transgresora de un orden establecido, la publicidad busca el consumo de lo anuncia do y así su intención comunicativa es, antes que todo, funcional a un sistema social, político o económico. (Silva, 2015, p. 36)
El grafiti se caracteriza por no tener un objetivo comer cial, por no tener como fin principal ser una herramienta de marketing de productos y servicios, por no estar dentro de la lógica del mercado. No obstante, las empresas han usado el grafiti como medio publicitario, han borrado su esencia para aprovechar sus llamativas técnicas para el consumo, como el uso de cartelismo para promocionar campañas políticas o eventos en la ciudad, murales publicitarios de marcas cono cidas, esténcil de campañas en los suelos o sticker con datos de empresas. Aun así, el grafiti hace resistencia en momen tos en que se agudiza la situación política y económica de la ciudad, las calles gritan diversas posturas en diversos estilos de este arte. Esto es muy visto durante las campañas guber namentales o durante situaciones de protesta, como en el paro nacional declarado el 28 de abril de 2020, en el que el grafiti era un medio de expresión de las inconformidades del
momento y posteriormente eran borrados (La W, 2021). Con lo anterior, se puede determinar que el grafiti es aceptado por entida des gubernamentales y autoridades cuando se respalda de grandes empresas y cumplen tal fin; en cambio, el arte callejero que man tiene su identidad sigue siendo condenado.
Incluso cuando los artistas intervienen espacios públicos o pri vados sin fin comercial, los medios de comunicación tradicional los exhiben como vándalos o bandidos. Los medios de comunicación han dibujado un imaginario erróneo en la sociedad sobre quiénes son los grafiteros, han estigmatizado a los artistas para justificar su persecución. Tal es el caso de Noticias Caracol, cuando mencionó en la trasmisión del 12 de septiembre de 2019, titulada “Vándalos hicieron grafitis en bus de Transmilenio, pero su plan no fue perfecto” lo siguiente: “Dos bandidos, que no les dio por más, sino por ponerse a grafitear, a pintar, a dañar los buses de Transmilenio” (0m05s). Lo anterior da a entender que grafitear, pintar y dañar son acciones equivalentes y no tienen sentido realizarlos, desdibu jando el sentido político de esta acción.
Para seguir ejemplificando, el periódico El Tiempo (2016) en su titular “Los muros de Bogotá están indefensos ante los vándalos del aerosol”, menciona que: “Para evitar que los vándalos cogieran ventaja, durante toda la semana la Alcaldía ha salido con baldes de pintura para tapar los rayones” (pár. 4). Estos medios, omiten por completo el fin y contexto de este arte, proponen como solución cubrir dichas expresiones artísticas, conducen a la opinión pública a ver este arte como algo negativo y promueven la palabra ‘vándalo’ para referirse a los grafiteros.
Según la RAE, vándalo significa: “una persona que comete accio nes propias de gente salvaje y destructiva” (párr. 1), es decir, el artis ta callejero es salvaje y destructivo. El término salvaje hace referen cia a alguien “falto de educación o ajeno a las normas sociales” (RAE, párr. 6) y destructivo hace referencia a “persona que reduce a peda zos o cenizas algo material, u ocasiona un grave daño” (RAE, párr. 1). En este sentido, se juzga al artista callejero como alguien que no se ajusta a las normas sociales, propio de la esencia rebelde del arte,
pero además que hace pedazos los espacios que interviene. Esto último no ocurre, ya que usar pintura o pegar carteles y stickers no daña físicamente los lugares.
Lesivo (citado por Sánchez, 2016) comenta en una entre vista un punto importante frente a ello:
Al final persiste ese prejuicio de que el grafiti causa un daño y un deterioro, pero es falso. Eso sucede si te estrellan un carro y derriba o daña la pared o te ponen una valla gigante de publici dad. Puede llegar a ser algo intrascendente. Es más desagradable para mí cuando cierran las obras y las llenan de carteles y publi cidad durante 25 meses que dura la construcción de un edificio. Pero como las empresas constructoras tienen un patrimonio de miles de millones de pesos, a ellas no les dicen nada. (párr. 30)
Por lo tanto, decir que los artistas callejeros son vándalos es una falacia, que denigra la identidad de los artistas y jus tifica su persecución.
El arte callejero siempre está mostrando una idea o men saje, no son simples papeles con gráficos, rayones en las fachadas o murales sin contexto y significado. Al recorrer las calles de Bogotá se leen mensajes de amores de barrio, la disputa de territorios entre agrupaciones y barras, consignas de protesta o denuncia hacía el Gobierno y el sistema, tags (firmas o nombres) de artistas que caminan la ciudad, grá ficos que retratan vidas, momentos históricos, fantasías o hechos del entorno en que se mueve el artista. Todo conteni do es válido, por ello se convierte en un atractivo para expre sar algunos mensajes que no se trasmiten en los medios de comunicación tradicionales.
Los espacios públicos son la mejor alternativa para expre sar ideas que son censuradas, verdades que se prohíben decir, posturas que contradicen lo establecido y realidades que son ocultas. “El grafiti muestra dónde falla el sistema, muestra que la sociedad está llena de leyes injustas […]. Las ciudades como Bogotá son pintadas por todas partes porque es necesaria la oposición, fuerzas alternativas a la vida pre
Yojana Salazar Suarez/ lsalazarsu @unal.edu.coconcebida estatalmente” (Castro, 2012, p. 42). Salen a la luz men sajes anónimos que gritan injusticias y denuncian hechos silenciados por complicidad estatal. Por tal motivo, el arte callejero se vuelve un blanco de la autoridad, quienes velan por el orden de la ciudad y protegen lo dictado por el Gobierno.
Tal es el caso acontecido el pasado 18 de octubre de 2019, cuando artistas de diferentes agrupaciones sociales se unieron para crear un mural sobre una de las avenidas principales de Bogotá mostrando los resultados de los informes públicos a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz). El objetivo del mural era denunciar a miembros del Ejército Nacional de estar involucrados en varios crímenes de Estado (Guerre ro, 2019). Los artistas pintaban parte del mural cuando fueron interrumpidos por miembros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, quienes, para evitar que fuera terminado y estuviera a la vista de los transeúntes, inmediatamente cubrieron el muro con pintura blanca. Los datos personales de los artistas fueron tomados para posterior mente investigarlos y quitarles sus materiales. Las denuncias a través del muralismo fueron censuradas y los artistas perseguidos. Ana Renata, de Despierta Colectivo, comenta sobre la situación:
Se han pintado colectivamente. Mencionar a los involucrados va en contra de la naturaleza del ejercicio, pero también pone la seguridad y la vida de la gente en riesgo”, anticipa. Ya les pasó: cuando hicieron el mural de la #Cam pañaPorLaVerdad, las autoridades allanaron sitios de trabajo y se llevaron cámaras, computadores y hasta aerosoles, carteles, pinturas y pinceles. “¿Qué pueden hacer con todo eso?”, se pregunta la activista, “aseguraron que era material de propaganda subversiva, cuando en realidad fue un ejerci cio artístico, por supuesto crítico, que en ningún momento daba para estig matizar asegurando que éramos guerrilla. (Saldarriaga, 2020, párr. 5)
Un hecho importante dentro de la práctica del grafiti fue el ase sinato del artista grafitero Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011. La revista Semana (2011) relata que, sobre las diez de la noche, una patrulla de la policía apareció cuando Diego Becerra rea lizaba un grafiti en la Avenida Boyacá con 116. El joven y sus acom pañantes intentaron correr, pero un disparo los detuvo. Diego estaba en el suelo y con dos balas en su cuerpo. Las autoridades tratan de justificar el asesinato de Diego Becerra tildándolo de delincuente y ladrón, pero la verdad, 8 años después, sale a la luz. Diego Felipe Becerra muere a manos de la Policía Nacional por estar “rayando”
con grafiti un espacio público.
En efecto, quienes pintan grafiti son perseguidos en las calles de Bogotá, son detenidos por la policía, sancionados, judicializados e incluso asesinados. Para las autoridades, los artistas alteran el orden establecido y son tachados como enemigos de la sociedad.
¿Cómo se reglamenta el grafiti en Bogotá? A partir de la muerte de Diego Felipe Becerra inicia un debate por defi nir qué es legal y qué es ilegal al realizar grafiti, dado que antes del 2011 no existía ninguna reglamentación clara. Como primera medida se crea el Decreto 75 de 2013, “por el cual se promueve la práctica artística y responsable del grafiti en la ciudad de Bogotá” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Párr. 1). Además, se dictan otras disposiciones: se crean polí ticas públicas para delimitar el arte callejero y fomentarlo por entidades gubernamentales, solamente en espacios que destine la Alcaldía y por artistas que sean seleccionados según lo disponga la entidad; por ejemplo, Distrito Grafiti, una iniciativa de la Alcaldía para dotar de arte urbano las localidades de Bogotá. En este proyecto: se pintan murales en zonas específicas de la ciudad para el disfrute de los ciu dadanos: “paredes grises y calles sin vida se transformaron en alegría. Donde antes el paso del tiempo había dejado su tono gris, ahora se aprecian con brillo nuevos paisajes multi color” (IDARTES, 2020, párr. 1). Sin embargo, estas políticas solamente tienen en cuenta una técnica del arte callejero, el muralismo. Dentro del Decreto no se incluyen las otras formas de expresión que caracterizan este arte.
Como segunda medida para regular el grafiti en la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, se incluye en el artículo 140, numeral 9, la prohibición de: “Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, ele mentos físicos naturales, […] de propiedades públicas o priva das, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente” (Ley
1801, 2016). A partir de ahí, se comprende la prohibición en sí de todas las prácticas del arte callejero en lugares no permitidos y se da legalidad a la captura de personas que se encuentren realizando dichas acciones.
Tanto el Decreto 75 de 2013 como la Ley 1801 de 2016 regla mentan cuándo, cómo y dónde se podrá realizar el arte callejero, prohibiendo muchos espacios en donde el grafiti tiene mayor inci dencia. Las políticas públicas solamente abren espacio a pocos de los miles de artistas que comunican a diario en las calles y sola mente da lugar al contenido que es regulado: deben ser murales llamativos y con mensajes que acepte la entidad promotora o quien dé permiso. Las otras manifestaciones del grafiti no son incluidas dentro de lo permitido y se determinan como un comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público. Por ende, las leyes permitirían que se siga persiguiendo el grafiti en Bogotá por falta de permiso y autorización. Delimitar el arte callejero niega el derecho a la libre expresión del artículo 20 de la Constitución Polí tica de Colombia, niega el origen y el sentido propio de este arte. En resumen, el grafiti es un complejo de expresiones políticas, sociales y culturales que mediante trazos, imágenes o palabras plas man un mensaje e idea. Tiene como objetivo dejar una marca en espacios públicos y mentes bogotanas, de forma libre y al alcance de cualquier persona. Esto conlleva a que sea un arma de comunicación de mensajes que se censuran o acallan en los medios de comunica ción tradicionales. Por lo tanto, se convierte el grafiti en una amena za para sectores que controlan la difusión de la información y el uso del espacio público. Para proteger los espacios y la información, las autoridades persiguen los artistas callejeros, los medios los muestran como vándalos, se criminaliza el arte y los artistas, se reglamenta la libre expresión, se prohíbe la manifestación del arte callejero. Es por tanto necesario que los ciudadanos bogotanos, o los que concurren sus calles, reconozcan y legitimen esta forma de expresión, y, asimis mo, reconozcan el arte que se manifiesta en los espacios públicos. Además, es importante que evolucione el concepto de lo estético para lograr comprender que el grafiti no daña, sino que es una manifesta ción artística que construye la ciudad. Por ello, se debe promover la creación de leyes que protejan realmente a los artistas, que no crimi nalicen el arte, que eviten muertes por el arte callejero y que permitan la apropiación de las calles y espacios bogotanos.
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Alejandro Isaac Núñez Ayala anuneza@unal.edu.co
Ingeniería Química Martín Fernando Ortegón Morales maortegon@unal.edu.co Contaduría Pública Adriana Patricia Díaz Cuevas, docente
Si nuestro peligro es hecho por nosotros mismos, entonces tenemos el poder de cambiarlo o al menos redirigir su curso hacia propósitos menos terribles y ojalá hacia adelante4. Ulrich Beck (citado por Alexander y Gleeson, 2019)
[Texto argumentativo] En Corabastos el desperdicio de alimentos que se presenta suele ser el pan de cada día, desde contenedores repletos de alimentos, hasta un sinfín de comida que termina en el suelo son algunos de los ejemplos que evidencian esta problemática. Sin embargo, si obser vamos el sistema de desperdicios que funciona en la actualidad, se puede evidenciar que la posición de la entidad y el manejo que le ha dado a esta situación es cuestionable. El propósito del texto es sustentar que Cora bastos debe replantear el sistema de desperdicios, sin que sea un llamado a la privatización de los contenedores. Para ello, se explorará la relación que tienen el despacho de alimentos, a venta y su destino final con lo que respecta a desperdicios dentro de la central de abastos.
Corabastos, Desperdicio, Clasificación de alimentos, Contenedores.
es una central de abastos que se encuentra ubica da en Bogotá, más exactamente en la localidad de Kennedy. Desde 1970 brinda sus servicios a la comunidad, garantiza el abasteci miento de alimentos tanto de la capital como de los municipios aledaños, y, a su vez, regula el precio de los alimentos que llegan a sus puertas. Para lograr organizar y administrar la demanda de alimentos de estas zonas, se necesita tener un buen personal que tenga presente todos los factores que toman parte en estos proce sos. Uno de estos es el apartado de residuos que deja el tránsito de alimentos, en el cual se evidencian ciertas falencias.
Para hablar sobre los desperdicios que se presentan diariamente en Corabastos es preciso definir, en un primer momento, la dife rencia entre pérdida y desperdicio de alimentos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) (2011), la pérdida de alimentos es la disminución de la cantidad y la calidad de los ali mentos (FAO, 2019), ocasionados por la toma de decisiones inco rrectas por parte de los proveedores. Los alimentos que se pierden no volverán a una cadena alimenticia, ni siquiera como semilla. En cambio, el desperdicio es el descarte o uso alternativo (no alimen ticio) de alimentos aptos para el consumo humano (FAO, 2019), ya sea por una elección artificial o porque los alimentos presenten un grado de descomposición.
En Corabastos cientos de alimentos son descartados diariamen te por presentar golpes o maduraciones. Esta situación tiene su origen en el reglamento interno de Corabastos (2006). De acuerdo con el artículo 65, los alimentos que serán vendidos en la central deben poseer unas características homogéneas y organolépticas excelentes (Corabastos, 2006), lo que puede constituir una deci
4.Traducido del original: “If our peril is self-made then we have the power to change it, or at least redirect its course to less terrible ends and hopefully onwards”.
sión subjetiva mediante la cual se cataloguen como desper dicio alimentos en buen estado y aptos para el consumo, pero con ligeras imperfecciones.
Por lo anterior, se puede catalogar de mediocre e ineficien te la administración que se le da a los alimentos madurados. Este problema, más allá de crear una situación desagrada ble como lo es el desecho de los alimentos, ocasiona una mayor pérdida de estos. Por lo tanto, se debe replantear el sistema de desperdicios de comida en Corabastos para así disminuir el desperdicio de alimentos que se presenta. Es menester un cambio ya que, si este sistema persiste, todo lo que se encuentre en el área de residuos se irá directamente a algún vertedero, aunque no todo sea basura. A continuación, se presentará una serie de argumentos que nos ayudarán a explicar la relación que tiene el sistema actual con el pro blema de los desperdicios en Corabastos. La elaboración de este ensayo se dio en el marco de un proyecto investigativo realizado por los autores en la asignatura “Introducción a la Ingeniería Agrícola”, cuyo propósito era plantear soluciones al problema del desperdicio de alimentos en la principal cen tral de abastos de la ciudad.
En primer lugar, la metodología de recolección de basura que tiene Corabastos es poco organizada, lo que provoca que todo lo que se encuentre en el área de los desechos se vaya a los vertederos de Mondoñedo o de Doña Juana, sin conside rar que algunos elementos aún se pueden usar o se podrían considerar digeribles (hablando de alimentos). La acción que se ha tomado para iniciar la selección artificial de la comida en Corabastos es la creación de contenedores para la reco lección exclusiva de orgánicos, los cuales permiten la clasi ficación de desperdicios y de la comida para uso alimenticio a la hora del despache. No obstante, estos contenedores no se han utilizado de manera eficiente ya que se encuentran abiertos a la intemperie sin ningún tipo de supervisión constante que regule lo que las personas depositan allí.
Una de las actividades que generan más residuos en la central de abastos es el descargue y la preparación de los ali
mentos para su venta. En el transcurso de esta actividad, la gente no es cuidadosa y deja caer parte de estos alimentos al piso, los cuales casi siempre son dejados en el suelo por ser “la parte que no se vende” y porque evidentemente no es lo que se lleva de vuelta a las fincas que traen esta cosecha (ver Imagen 1). De acuerdo con un estudio realizado en Bogotá por parte del consorcio NAM-VEL ZEA (2008), se tienden a despreciar los alimentos que presenten algún mínimo daño, entre los cuales predominan frutas, hortalizas, verduras, hierbas y plátanos. Así, Corabastos genera una gran can tidad de desperdicios que no tienen lugar alguno.
En segundo lugar, la falta de implementos y contenedo res genera desorden en los contenedores orgánicos, lo que dificulta la clasificación de alimentos y la hace ineficiente, ya que las personas mezclan los residuos orgánicos con los inorgánicos en lugar de separarlos adecuadamente. Otro aspecto que contribuye al desorden que se presenta en el apartado de residuos de la central es el traslado temporal de alimentos, actividad realizada por los mismos comerciantes y personas que despachan la comida, y no por alguien capa citado para dicha clasificación. Esta falta de organización no solo se ve representada en la mezcla de desechos y genera ción de más desperdicios, sino también en la generación de un ambiente desagradable en el que se presentan olores a putrefacción y descomposición.
Este desorden provoca un mayor desperdicio de alimentos, de manera que es necesario realizar un estricto seguimiento sobre quienes depositan en los contenedores. También es necesario que las personas colaboren, de alguna manera, con la organización del sistema de desechos de Corabastos y así hacer la tarea más sencilla y eficiente.
Se puede observar este problema desde relatos personales, como el expuesto por Mary Mar (2019), una mujer proceden te de Caldas que encontraba en la comida desperdiciada en la central de abastos su medio de subsistencia: “Había partes donde olía a comida en mal estado y penetraba un aroma muy maluco, como a vinagre. Qué pesar el que me daba, pensar que uno con necesidades y que no era justo que se perdiera la comi dita” (pp. 187-188). La situación representada en lo expuesto por Mary Mar es una constante en este lugar. Como se puede evidenciar en la imagen 2, hay alimentos en buen estado que fácilmente pueden llegar al fondo de los contenedores, espe cialmente en la zona de frutas y verduras. La mezcla de estos desechos, además de ser desagradable y dañina, echa a perder los alimentos que aún son aptos para consumo, en tanto los primeros pueden ser tóxicos.
Por ello, se han realizado varias jornadas de capacitación que cuen tan con la participación de la secretaría de ambiente: “La idea fue llevada a 1200 comerciantes y usuarios de las bodegas 81 y 82, con el fin de concienciar a los ciudadanos y ciudadanas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos” (Corabastos, s.f., párr. 3). Sin embargo, aunque se llevan a cabo estas jornadas de capacitación, no se evidencian resultados notorios. Así, resulta imprescindible llevar a cabo más jornadas de capacitación que cuenten con un seguimien to estricto, pues, de lo contrario, disminuir esta enorme cantidad de desechos será muy difícil, por no decir imposible.
En tercer lugar, en Corabastos se producen diariamente grandes cantidades de desperdicios por los estándares de cali dad en relación con los alimentos, además del gran tamaño de este centro de abastos. Diariamente se producen en la central de abastos más de 100 toneladas diarias de desperdicios, esta cifra se ha logrado cuantificar por el número de camiones reple tos que salen hacia el vertedero de Doña Juana (Canal Capital, 2016). Estos altos niveles de desperdicio son motivados a su vez por la poca participación de las administraciones de Cora bastos para tratar el problema de raíz y por la falta de personal cuya única labor sea tratar la comida en descomposición.
La basura y desperdicios de Corabastos se vuelven una masa que, si bien es despreciable, potencialmente no lo es. Aunque se dispute su mala administración y el ineficiente proceso que se lleva a cabo, el interés de la administración por trabajar en el reciclaje y el compostaje es alto y más aún si esto puede volverse monetariamente favorable para la central de abastos (Consorcio NAM-VELZEA, 2008). Prueba de ello es el intento por llevar todos sus desperdicios para la debida separación de residuos orgánicos e inorgánicos de manera constante e informal en el parqueadero 4 (Semana Sostenible, 2018). Sin embargo, esto generó un nuevo pro blema en relación con la cantidad de alimentos acumulados debido al desagradable olor que presentan los lixiviados.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la cifra de desperdicios, aunque significativa, no da cuenta de la totali dad de desperdicios que se generan diariamente en Corabastos. Esto debido a que los contenedores de carácter orgánico son fuente de alimento para una gran cantidad de perso nas, quienes han revisado previamente los desperdicios de manera reiterada durante la semana. Cabe recalcar que una de las razones por las cuales estas personas logran encontrar alimentos en buen estado en la basura son los estándares de calidad que se exigen en sus alimentos. Mejorar el sistema de desperdicios de la central de abastos podría representar una forma de negarles el acceso a los alimentos a estas personas. Sin embargo, esta forma de manutención pone en riesgo su salud al enfrentarse a varios desechos.
Como señala Mary Mar (2019) en el libro Almas que escriben, hay gente que depende completamente de estos alimentos entre desechos, ya sea por falta de ingresos o por falta de un trabajo que les permita comprar víveres en un supermercado minorista. Es una situación que se presenta en Corabastos, donde la canti dad de personas que aprovechan los alimentos encontrados en los desperdicios es proporcional al tamaño de este centro, pero también en otras zonas del país. Por ejemplo, comunidades indígenas en Vichada dependen de los alimentos que encuentran en los vertederos, lo cual representa un gran peligro para su salud (Ávila, 2019). Es decir, el ambiente en donde se encuentran los alimentos es bastante peligroso, por lo cual el hecho de contraer una enfermedad es muy probable teniendo en cuenta la toxicidad que puede generar todo este revuelto de residuos.
En consecuencia, esto solo puede empeorar la situación por la cual pasan estas personas, en lugar de mejorarla. Es necesario que un ente como Corabastos tenga la capacidad de brindar una solución viable para todos, ya que, si logra solventar el hambre de una sociedad marginada de manera tan ineficiente, lo puede hacer de una mejor manera si se llega a un acuerdo entre Corabastos y los recolectores, sin que esta sea una invitación a que terceros y personas que no se encuentran en esta situación socioeconómica desfavorable se aprovechen.
En conclusión, recalcamos la importancia de organizar los resi duos desde el momento que entra un camión a Corabastos para brindar una solución al desperdicio masivo que se presenta año tras año, sin falta alguna, en este importante centro de abastos. Esta propuesta no es sinónimo de replantear los estándares de calidad ni de privatizar el alimento que potencialmente se va a perder. En cambio, es el trabajo que puede hacer la administración de Corabastos, de la mano de sus trabajadores y visitantes.
Aunque al final del día pensemos que hay personas que no tienen alma por desperdiciar comida y que están desaprovechando una mina de oro, además del daño que provoca a la naturaleza, el objetivo no es seguir hablando de lo mismo, ni resolver esta pro blemática buscando a un único culpable. Dejemos de taparnos los ojos, nosotros también somos personas: hagamos un cambio.
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Te invitamos a ver el siguiente video-ensayo titulado Las mujeres vulneradas por el Estado, creado por Brandon Stiven Mora Saldaña, estudiante de Ingeniería Agronómi ca, en el que nos expone cómo las mujeres campesinas son una población vulnerable frente a la cual el Estado no ha mostrado voluntad para mejorar su calidad de vida.
Andrés Felipe Prieto Alarcón afprietoa@unal.edu.co Ingeniería Civil Jack David Henríquez Gómez, docente
El comercio de pieles no tiene nada que ofrecer, excepto el peor tipo de crueldad para un producto que nadie necesita.5 Block (2020a, párr. 8)
[Texto argumentativo] Uno de los insumos más utilizados en la indus tria de la moda es la piel animal, por la cual numerosos animales sufren muertes violentas tras soportar una vida de sufrimientos. Los artícu los de pieles provienen en su mayoría de China. Dentro de este marco de agresión contra los animales, también se incluye la contaminación ambiental, debido a que los residuos tóxicos del proceso de producción de pieles provocan daños en los ecosistemas. Por lo anterior, en el pre sente ensayo se argumenta que se debe motivar un boicot hacia estos productos crueles, boicot que es sustentado mediante la exhibición de las secuelas en la naturaleza que traen consigo las prácticas depredado ras por parte de la industria peletera china.
China, Industria Peletera, Maltrato animal, Contaminación, Transparencia.
el gigante asiático, basa su éxito económico en la explotación de la mano de obra y de la naturaleza. Según la Acade mia China de Ingeniería (citada por BBC News Mundo, 2020), casi el 75 % de la industria de cría silvestre de este país está destinada para la producción de pieles. Asimismo, la mayoría de los artículos de piel provienen de este país por ser el mayor exportador, impor tador, fabricante y productor de pieles en el mundo. Como ejemplo de ello, durante el año 2017, las ventas minoristas a nivel mun dial en el mercado de pieles generaron cerca de 30 mil millones de dólares, de los cuales 17 mil millones provenían de China. Este valor fue más de la mitad en comparación con las ventas de Europa, el segundo mercado de pieles más grande, que tuvo ganancias de tan solo 7 mil millones (Lung y Lin, 2019). Por ende, China es el mayor productor y consumidor de prendas de piel en el mundo, como lo reafirma la reconocida etiqueta Made in China.
Al ser la industria peletera china una de las más importantes en el mundo, existe una demanda constante de pieles de animales a las granjas productoras de este insumo, en donde los animales sufren una crianza en condiciones de vida deplorables. Luego, tan pronto sus pieles alcanzan la madurez, pasan de ese sufrimiento a la muerte agonizante en los mataderos, en los cuales son aturdidos brutalmen te a golpes para ser desollados vivos para poder despojarles su piel. Adicional a ello, las fuentes hídricas son contaminadas con los resi duos químicos liberados en los ríos y lagos por las industrias que procesan las pieles. Cabe agregar que, de acuerdo con Lung y Lin (2019),
5.Traducido del original: “The fur trade has nothing to offer except the worst sort of cruelty for a product no one needs”.
el número de granjas de pieles aumentó en beneficio de los inversores extranjeros gracias a la inexistente regulación del Gobierno chino sobre las prácticas de la industria peletera. Los líderes comerciales de pieles de América del Norte y de Europa aprovechan la legislación limitada en China sobre el bienestar animal y la eliminación de desechos tóxicos en la búsqueda de ganancias cuantiosas en la cría intensiva (ACTAsia, 2019). Así, la industria extranjera mueve sus recursos a China en busca de mayores ganancias, lo que aumenta los problemas de bienes tar animal y contaminación ambiental.
Asimismo, para proteger esta economía, existe una falta de transparencia en las granjas industriales de pieles chinas que ocultan los problemas de comportamiento y de salud animal a causa de la cría inapropiada, el modus operandi de matanza, así como los riesgos medioambientales produci dos. Teniendo en cuenta todo lo anterior, es posible afirmar que se debe motivar un boicot a los artículos de pieles. Para esto me centraré en cuatro argumentos que comprometen una concientización, sin censura, a partir de la exhibición del proceso de producción de pieles en China. El primero trata sobre los problemas de comportamiento por las condiciones de cría; el segundo, sobre los problemas de salud referentes al contagio de enfermedades por hacinamiento de especies; el tercero, sobre los métodos baratos de matanza crueles; el cuarto, sobre la contaminación generada por los productos químicos con los que se tratan las pieles.
Para empezar, los animales criados en granjas peleteras son confinados en jaulas estrechas donde apenas pueden moverse, siendo el único espacio que llegan a conocer duran te toda su vida. En estas jaulas también son expuestos a la intemperie, a todo tipo de condición climática, como lluvias torrenciales, noches heladas o al sol abrasador (People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), s.f). Este trato cruel a los animales criados en granjas les provoca anomalías en la conducta que afectan su bienestar. Al respecto, HsiehYi et al. (2006) afirman
Las observaciones y las imágenes registradas en video de zorros confinados en granjas de pieles chinas muestran niveles extremos de comportamiento estereotipado, lo que indica que las condicio nes de alojamiento de los animales son extremadamente inadecua das y dan como resultado graves problemas de bienestar. (p. 8)
Este confinamiento les causa, a los animales, frustración porque sus instintos están restringidos a un espacio crítico distinto de su espacio territorial en libertad, donde pueden explorar todas sus habilidades en estado salvaje. El miedo en estos animales es la fuente de estrés que les provoca patologías en su comportamiento como la estereotipia común de animales que viven en cautividad, la apatía a causa de la monotonía del encierro, el aumento de la agresión y las conductas redirigidas, las cuales generan que las madres maten a sus crías y que los animales cautivos se automutilen (Hsieh-Yi et al., 2006).
Al mismo tiempo, en las granjas de pieles es muy alto el riesgo de transmisión e incubación de enfermedades entre especies por las condiciones de confinamiento de los animales. Los animales criados en granjas no tienen ningún tipo de atención veterinaria (Block, 2020a). De igual forma, se encuentran hacinados con dis tintas especies, lo que compromete sus sistemas inmunes en espa cios reducidos. Según la Asociación de Medicina Veterinaria de la Humane Society (citada en Block, 2020b), "se han encontrado zorros y perros mapaches, mantenidos en estrecho confinamiento, infectados con enfermedades virales como el Síndrome Respirato rio Agudo Severo (SARS)”6 (párr. 3). Incluso las granjas que cuentan con jaulas medianamente espaciadas terminan apiñando animales de diferentes especies en estrecho contacto con las secreciones respiratorias y los excrementos de los demás, lo que constituye un caldo de cultivo para las enfermedades virales
Posteriormente al confinamiento en las granjas, los animales vivos son transportados, en un largo viaje hacia la muerte, a los mer cados mayoristas en las peores condiciones, donde son subastados y sacrificados en el mismo lugar. Estos son sometidos a prácticas
6. Traducido del original: “Foxes and raccoon dogs kept in close confinement have been found to be infected with viral diseases like Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)”.
de matanza crueles por parte de los peleteros al ser baratas. Los animales son aturdidos brutalmente a golpes para luego ser despellejados: "La fisiología del proceso de muerte del animal determina el hecho de que la industria peletera china a menudo despelleja animales mientras están vivos"7 (Lung y Lin, 2019, p. 39). En esta medida, los animales son agarra dos por sus patas traseras y apaleados repetidamente en la cabeza o son golpeados contra una superficie dura, el suelo o la pared, cabeza abajo tras ser balanceados en sacudidas vio lentas con la intención de aturdirlos; la inmovilización puede ir más allá cuando les rompen sus cuellos o son asfixiados por una aplastante pisada (Hsieh-Yi et al., 2006).
Luego, los peleteros despellejan a los animales con un cuchillo desde la parte posterior del vientre, arrancándoles la piel hasta que sale sobre su cabeza mientras están colgados boca abajo de sus patas traseras de un gancho o acostados de espaldas. Aún vivos, los animales patean y se retuercen en su sufrimiento. Los métodos de matanza más baratos son los más crueles y algunos están legitimados por creencias populares chinas; por ejemplo, ellos consideran que despe llejar vivo a un animal permite conservar la calidad de su piel (Rissi, 2005).
Por su parte, para que la piel del animal sacrificado pueda ser convertida en artículos de piel que se venden como productos de moda, se emplean sustancias químicas tóxi cas y nocivas en los procesos de preservación, limpieza, decapado, curtido, engrase/desengrase, blanqueo, teñido y conservación de la piel. Los tratamientos, que van desde la preservación de la piel cruda, pasando por la coloración del pelaje, hasta la conservación de la piel procesada para uso de la industria de la moda, son realizados con productos químicos, tales como cromo hexavalente, formaldehidos, alquilfenoles etoxilados (APEO + NPEO), pigmentos azoicos, clorofenoles (PCP – TCP – TECP), hidrocarburos aromáticos
7. Traducido del original: “The physiology of an animal’s death process determines the fact that the Chinese fur industry often skins animals while they are alive”.
policíclicos (HAP) y metales pesados, incluido el plomo, que por su concentración tienen efectos dañinos para la salud humana y el medio ambiente (ACTAsia, 2018). Por lo anterior, estas sustancias tóxicas contaminan no solo al ser vertidas en la naturaleza, sino también al estar presentes en los artículos de piel. En este sentido, son agentes carcinógenos y alérgenos en abrigos de piel, ribete de capucha de piel, bufandas, guarniciones de prendas, ropa combi nada, juguetes, llaveros, muebles tapizados con piel, pompones de piel utilizados en sombreros, adornos en guantes y zapatos.
Finalmente, los animales despellejados son descartados en una pila de cadáveres y cuerpos sin piel, aún conscientes, que pasa ron por lo mismo. La acumulación de cadáveres y restos de animales a causa de la matanza por parte de los peleteros contamina el ambiente en este país: “El número increíble de animales mata dos en los centros de tratamiento y sus alrededores causa enor mes daños medioambientales. Se acumulan inmensas cantidades de sangre y despojos en los mataderos a cielo abierto” (Hsieh-Yi, 2005, p. 12). Los cuerpos pelados y ensangrentados puestos al aire libre, en inmediaciones de los mercados locales, ocasionan afectaciones recurrentes al ambiente, debido a la incapacidad del suelo y su entorno para procesar la enorme cantidad de residuos orgánicos producto de la carnicería intensiva.
De modo semejante, la contaminación ambiental generada por el vertido de residuos químicos, debido a los procesos llevados a cabo por las industrias chinas que procesan las pieles, ha generado graves daños al suministro de agua de las poblaciones aledañas a estas, y es la causa del creciente número de las llamadas “aldeas del cáncer”. En el 2013, las autoridades notificaron 255 aldeas de las 459 “aldeas del cáncer”, donde el suministro de agua, de uso doméstico y agrí cola, tiene una coloración negra y amarilla (Animal Rigths Center Japan, 2017). Dichas aguas fluyen en ríos negros o de color marrón rojizo con burbujas blancas, así como en ríos verdes contaminados con metales pesados, como cadmio, plomo y cromo. Por consumir estas aguas contaminadas, las personas de estas aldeas contraen cáncer y muchas de ellas, por esto, viven tan solo hasta los 45 años (Animal Rights Center Japan, 2017; Animal Rights Center Japan, 2016). El riesgo de salud de estas personas es un desastre social
perpetrado por la industria peletera china, que arroja indiscri minadamente metales pesados tóxicos y contaminantes a las aguas que sirven de suministro a estas aldeas.
A pesar de todo lo anterior, la Federación Internacional de Comercio de Pieles (IFTF) alega que promueve códigos de práctica estrictos que cumplen o superan los estándares de producción de pieles establecidos y aceptados para el bien estar animal (Animal Legal y Historical Center, 2010). Asimismo, esta Federación plantea que la cría de pieles tiene beneficios ambientales por la utilización de subproductos animales en las industrias (Scientific American, 2009). Si bien existen unos estándares en la peletería china, estos son ínfimos porque flexibilizan el mercado de pieles. Las inves tigaciones encubiertas de la Humane Society International revelan el sufrimiento que implica la piel, los gritos, la sangre derramada por los golpes y el montón de cuerpos de zorros desollados y amontonados como basura retorciéndose sin piel hasta quedar sin vida (Block, 2020a).
En concordancia, las afirmaciones de la IFTF revelan el for malismo de las típicas campañas de relaciones públicas que buscan mejorar la reputación y defender los intereses propios. Asimismo, la IFTF se ha preocupado más por eliminar el estigma moral asociado al uso de pieles que por desvelar la verdad tras estas pieles. Todo esto solo oculta el trato cruel en la cría animal y la contaminación ambiental relacionada con la peletería, teniendo en cuenta que China es miembro de esta Federación.
En resumen, la realidad del consumismo de los artículos de piel es diferente a la que vende el marketing. La piel de los animales es anunciada como una mercancía, a pesar de ser la imagen del maltrato cruel que reciben los animales des tinados a estas industrias que solo perciben sus ganancias, lo que genera residuos como toda economía que explota la naturaleza. La violación de los principios más elementales del bienestar animal y cuidado ambiental por la industria peletera china fue demostrada en el desarrollo de los cuatro argumentos que dan cuenta de la realidad en la producción
de pieles. La finalidad inherente de estos artículos de pieles es la crueldad animal y la contaminación ambiental, más que el embe llecimiento de sus consumidores. Por ello, es necesario conocer la verdad tras estos productos, que motive un boicot y desarticule este abastecimiento cruel a fabricantes, diseñadores, mayoristas, minoristas y consumidores, quienes son la base de este mercado de pieles. Cabe preguntarnos si es posible, aun confrontando la realidad tras estos artículos de piel, el hecho de seguir luciendo o coleccionando cadáveres en un armario.
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FOTO: [Seguiremos en las calles (2021), Bogotá, por María Alejandra Garzón]