El Grito del Sur Nº 69 Julio 2020 - "A nosotras nos pasó esto en la ciudad de la diversidad"

Comuna 1 /3 /4

Periódico barrial

Constitución, Monserrat, San Cristobal, San Telmo, Parque Patricios y Barracas

Distribución gratuita 3.000 ejemplares mensuales Julio 2020 ISSN 2451-7178

Año - 07

Número 69

Foto: Catalina Distefano

“A nosotras nos pasó esto en la ciudad de la diversidad” El 28 de junio de 2019, la activista lesbiana Mariana Gómez era condenada a un año de prisión por besar a su pareja Rocío Girat en la estación Constitución. En el primer aniversario de este fallo lesbofóbico, las protagonistas hablaron con El Grito del Sur sobre el caso mientras siguen esperando la absolución. Pág. 6

La demanda de alimentos en los comedores de villas porteñas creció un 60%

“El peor problema del Gobierno porteño es la Constitución de la Ciudad”

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02 · Sumario / Editorial

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“La violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia” ,

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Denuncian la emergencia del colectivo travesti-trans ,

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La demanda de alimentos en comedores de villas porteñas creció un 60%

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Larreta propone a los artesanos créditos al 24% para afrontar la crisis

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“El peor problema del Gobierno porteño es la Constitución de la Ciudad”

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De la AFI al Subte ,

La lesbofobia, más viva que nunca en la ciudad Pro

Editorial

Crece la pobreza y Larreta sin plan anti-crisis E

l pasado 3 de julio se conocieron los nuevos datos de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires (INDEC). Al primer trimestre de 2020, el 22,9% de la población porteña -703 mil personas- ya se encontraba en situación de pobreza y el 7,8% -unas 240 mil personas- bajo la línea de indigencia.

Durante el último año de la gestión Macri a nivel nacional, 118 mil personas se sumaron al listado de pobres en el distrito más rico del país.

Cabe destacar que estos datos no re-

flejan el impacto de la pandemia, que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables y además golpea a sectores estratégicos como el turismo y el comercio. La proyección de caída en los ingresos porteños es de al menos 80 mil millones de pesos para este año, de acuerdo con los cálculos del ministro de Economía y Finanzas Martín Mura. Sin embargo, el diseño de un plan económico integral que redistribuya recursos y proteja a los grupos más necesitados sigue brillando por su

ausencia: hasta el momento, la medida más ambiciosa fue la condonación del ABL durante los meses de junio y julio para aquellos comercios contemplados como «no esenciales» y relacionados con la venta de bienes y la prestación de servicios.

En esta situación adversa, el Jefe de Gobierno debe atender con urgencia las necesidades de los sectores bajos y medios. El crecimiento de la pobreza es proporcional al deterioro de la situación de la clase media, con lo cual

si no se protege a aquellos hogares en situación vulnerable (un 7,9% según los datos consignados del INDEC) es muy probable que la pobreza llegue a niveles alarmantes en el corto y mediano plazo. Ni hablar de la indigencia. Para impedir esto cuenta ni más ni menos que con la herramienta del Estado.

El Grito del Sur- Fundado el 23 de sepiembre de 2012 en el natalicio de Mariano Moreno - Registro ISSN 2451-7178 - Director Propietario: Yair Cybel - Tirada 3.000 ejemplares - Registro de la Propiedad Intelectual 5295866 - Julio 2020 - Número 69 - Domicilio legal: Camarones 1549 CABA - contacto: elgritodelsur@gmail.com Impreso en Editora del Plata S.R.L. - España 221, CP 2820 (Gualeguaychú, Entre Ríos) Registro de Medios Vecinales CABA - Se autoriza la reproducción del material publicado, citando la fuente.

Feminismo / Violencia de género · 03

Laura Velasco

“La violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia” Luego del anuncio del Gobierno sobre el lanzamiento del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Laura Velasco, reclama que se declare la Emergencia por Violencia de Género en la Ciudad de Buenos Aires.

Texto: El Grito del Sur Foto: Cristina Sille

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ntre celebraciones y pronunciamientos por el reciente anuncio del Gobierno acerca del Plan de Acción contra las Violencias por Motivos de Género, la legisladora porteña por el Frente de Todos, Laura Velasco, reclama que se declare en la Ciudad de Buenos Aires la Emergencia por Violencia de Género. A mediados de abril, la legisladora presentó un proyecto justamente sobre esta problemática, que continúa siendo tratado al día de hoy sin una resolución. «Es fundamental que podamos contar con estadísticas oficiales que permitan medir los resultados de las políticas que se están aplicando, además de conocer los alcances del problema», planteó Velasco.

La diputada porteña subrayó que, desde el Observatorio Ahora que sí nos ven, ya contabilizaron a nivel nacional 162 femicidios en lo que va del año, y la mitad de esos casos ocurrieron durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta cifra no contempla, además, el núme-

ro de travesticidios y transfemicidios cometidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha. En este sentido, Velasco valoró la voluntad del Poder Ejecutivo de crear un plan que atienda estas problemáticas: «Estamos convencidas de que la violencia de género es la pandemia dentro de la pandemia y por eso creemos que estas medidas son una buena noticia, a la vez que una decisión necesaria que pone a las mujeres y al colectivo LGBTIQ+ en un lugar de prioridad a la hora de diseñar políticas públicas».

Al mismo tiempo, el plan anunciado el viernes pasado tiene varias similitudes con el proyecto presentado en abril por la legisladora del Frente de Todos. Entre algunos de los puntos que comparten, se destacan las acciones de prevención y difusión de los canales de denuncia y acompañamiento de los casos, el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios de profesionales y su articulación con las promotoras barriales de género, la creación de nuevos refugios y albergues, un sistema de alertas tempranas para poder actuar a tiempo en las situaciones de violencia,

un subsidio que busca posibilitar la independencia económica de la víctima, además de un registro único de casos.

Velasco destacó también algunas de las medidas y acciones que se incorporan en el plan anunciado hace unos días por el presidente Alberto Fernández y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, que tienden a cuestionar y modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género, como por ejemplo, campañas sobre la construcción de nuevas masculinidades y vínculos sexo afectivos responsables

y diversos. «Es muy importante que el Estado se ponga al frente de impulsar el cambio cultural, indispensable para la verdadera erradicación de las violencias por cuestiones de género», expresó. Y sumó: «Pero como dijo el Presidente, esto depende del compromiso de todas, todos y todes como sociedad para poder llevarlo adelante. En este sentido son herramientas imprescindibles la Educación Sexual Integral y las capacitaciones a los agentes del Estado en cumplimiento de la ley Micaela».

04 · Ciudad de la furia / Villas

9 de cada 10 establecimientos sufren además falta de alimentos

La demanda de alimentos en comedores de villas porteñas creció un 60%

Los datos surgen de un relevamiento difundido por la Defensoría del Pueblo. Sólo la mitad de los comedores y merenderos contactados recibe asistencia alimentaria por parte del Gobierno de la Ciudad. En la Villa 31 la situación es aún más crítica.

Texto: El Grito del Sur

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a crisis provocada por la pandemia de COVID-19 está haciendo estragos en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con un informe difundido ayer por la Defensoría del Pueblo porteña, la demanda alimentaria de los comedores y merenderos comunitarios ubicados en villas se incrementó en un 60%. Mientras que 9 de cada 10 establecimientos contactados sufren falta de alimentos, actualmente sólo la mitad recibe ayuda estatal por parte de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El relevamiento de la Defensoría se efectuó en diez barrios populares de la Ciudad: Padre Ricciardelli (ex 1-11-14), Villa 15 (Ciudad Oculta), Villa 20, Villa 21-24, Villa 31, Carbonilla, Cildañez, Playón de Chacarita, Rodrigo Bueno y Scapino. Consultados entre los días 2 y 18 de junio, 63 referentes de comedores -que en total entregan aproximadamente más de 25.000 raciones alimentarias todos los días- respondieron en forma telefónica sobre el aumento de

la demanda a partir del inicio de la emergencia sanitaria y las respuestas que obtuvieron del Gobierno porteño.

Varios de los establecimientos relevados se encuentran en la Villa 31, donde la situación es aún más crítica. Según dieron cuenta los encuestados, la asistencia alimentaria de los comedores y merenderos creció un 60% en los últimos tres meses. En este contexto, más de la mitad de los establecimientos (56%) aseguró tener personas o familias en lista de espera para recibir la asistencia alimentaria. El informe plantea que «para brindar asistencia a esa población deberían aumentar la entrega de alimentos en un 15%». ¿Cuáles son los motivos por los que la problemática alimentaria está tan presente? De los comedores relevados, sólo el 36% integra la red del Programa de «Apoyo a Grupos Comunitarios» del GCBA y el 40% no fue contactado hasta el momento por ninguna dependencia gubernamental. En cuanto a la asistencia alimentaria, apenas la mitad de dichos establecimientos recibe ayuda en este momento por parte de la administración porteña. La situación

es más grave todavía si se indaga en las necesidades, dado que 9 de cada 10 establecimientos precisan un aumento de la asistencia alimentaria.

Patricio Clare, responsable de la Coordinación Operativa de Vivienda y Hábitat de la Defensoría, explicó a El Grito del Sur que «fuimos sistematizando todos los pedidos que nos llegaron y, con una situación bastante estable de información, nos pareció pertinente elaborar un informe. En los barrios populares se produjo una explosión de la demanda alimentaria, que tiene que ver con la gravedad de la crisis que acompaña a la pandemia y que se traduce en la economía de las familias. Si bien hay una respuesta bastante fuerte a través del Programa de Apoyo a Grupos Comunitarios, hay muchos comedores que quedan por fuera del programa». El trabajo fue dirigido a la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal, Familiar y Comunitario del GCBA a cargo de Jazmín Lerner.

«Lo que estamos recibiendo nos alcanza para dos días, los chicos necesitan comer los siete días de la semana. Además necesitan comer carne, verdura y lácteos, pero el Gobierno de la Ciudad nos está dando sólo fideos, puré de tomate, arroz y aceite. Antes de la pandemia se acercaban unas 80 familias, pero ahora se triplicó el número porque no pueden salir a trabajar», contó Lorena Gómez, del meren-

dero «Color Esperanza» en la Villa 31.

Estas carencias se reflejan también en el ámbito de la seguridad e higiene, dado que sólo el 9,5% de los entrevistados por la Defensoría del Pueblo aseguró estar recibiendo adecuadamente elementos como barbijos, alcohol en gel y artículos de limpieza. El 47,6% recibió éstos en forma insuficiente y el 42,9% no fue equipado con ningún insumo. La labor del Ejecutivo porteño resulta insuficiente para cubrir las necesidades de comedores y merenderos comunitarios que desarrollan sus actividades en villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires.

ENTRE LA SUPERVIVENCIA Y LOS RECORTES A comienzos de mayo, el Gobierno de la Ciudad intentó quitar 785 millones de pesos destinados al programa Fortalecimiento de Grupos Comunitarios con el objetivo de reasignarlos al subte.

Sin embargo, terminó dando marcha atrás con un debilitamiento aún mayor del programa que brinda asistencia financiera a merenderos, comedores y centros de primera infancia.

Ciudad de la furia / Economía popular · 05

La usura del Jefe de Gobierno

Larreta propone a los artesanos créditos al 24% para afrontar la crisis Después de más de tres meses sin ingresos, artesanes y manualistas de la Ciudad de Buenos Aires se toparon con una insólita respuesta de la administración porteña: créditos a tasa de interés del 24 por ciento. “Estos créditos son una locura y además la gran mayoría no puede acceder a los requisitos que se piden para el sector”, aseguran les feriantes de San Telmo.

Texto: El Grito del Sur

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a flexibilización de algunas actividades en junio y la vuelta de la cuarentena estricta desde el primero de julio poco cambió la realidad cotidiana de artesanes y manualistas de la Ciudad de Buenos Aires, que desde mitad de marzo no pueden trabajar. La pandemia de COVID-19 trajo aparejada el cierre temporal de las ferias y causó un fuerte estrago para sus ingresos económicos, dado que éstos se nutrían fundamentalmente de las ventas al turismo local e internacional. A lo largo de los últimos dos meses, este sector realizó diferentes acciones de protesta para visibilizar su situación: ollas populares en el Obelisco, en la calle Martín García y frente al Parque Lezama, entre otros lugares.

La bronca terminó de estallar cuando se enteraron de la insólita respuesta que les dio el Gobierno de la Ciudad para paliar la crisis: créditos a tasa de interés del 24 por ciento. En un contexto de ausencia total de ingresos y de pasar situaciones límites como la falta de un plato de comida en sus hogares, el otorgamiento de créditos usurarios por parte del Banco Ciudad para la compra de insumos es visto como una traba más de cara al desarrollo de su actividad. Esta línea de créditos tiene además la particularidad de exigir requisitos altos que muches artesanes no poseen, tales como monotributos e ingresos mensuales por encima de los 40 mil pesos.

Sergio Coria, artesano de la calle Defensa en San Telmo, repudia esta política crediticia: «Del listado de requisitos para poder tomar esos créditos, no todos estamos habilitados para hacerlo. No lo veo como una ayuda, es un endeudamiento a futuro. En realidad tampoco es algo exclusivo para los artesanos, es una política abierta a todos los vecinos y las vecinas de la Ciudad».

«Estos créditos son una locura y además la gran mayoría no puede acceder a los requisitos que se piden para el sector. Aunque nos den dos meses de gracia para empezar a pagar, acumulamos un parate tan importante que va a ser difícil recuperarnos. Por eso pedíamos empezar a pagar la cuota una vez que se reanude nuestra actividad, cuestión que no fue contemplada», plantea Mariano Cipolat, artesano de la calle Perú ubicada en el mismo barrio.

En una respuesta judicial firmada por el abogado Bengt Martín Hogberg, representante judicial de los artesanos y las artesanas de la calle Defensa, «los créditos ofrecidos -observe que ninguno está destinado a artesanos

especialmente, sino que son créditos preexistentes para diferentes sujetosno serían de mucha ayuda, ni siquiera el crédito nacional a tasa cero para monotributistas y autónomos, porque si bien logramos subsistir de nuestros ingresos habituales, éstos no nos generan capacidad de ahorro como para poder pagar esos créditos en el futuro. En otras palabras, los créditos solamente postergarían nuestra crisis económica».

A base de protestas callejeras -exponiéndose a contraer el virus- y una fuerte presión contra las autoridades porteñas, lo que sí consiguieron fueron bolsones de alimentos no perecederos cada 15 días para sobrellevar la situación de hambre que padecen desde hace más de tres meses. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que lo obtenido es «exiguo e insuficiente».

Cipolat asegura que «lo que nos mandó el Gobierno de la Ciudad es deficiente a nivel nutricional porque no tiene ni siquiera arroz y fideos. Se hace imposible sacar una comida de ese bolsón».

Por eso, según cuentan, armaron una red solidaria y contaron recientemente con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que les donó más de 300 kg de papa que fueron repartidos entre les artesanes y manualistas que más lo necesitan.

Cabe destacar que, desde que se decretó el aislamiento obligatorio en la metrópolis porteña, ninguna feria ha vuelto a abrir. En ese marco, el juez Roberto Gallardo intimó al Gobierno de la Ciudad para abonar a les artesanes y manualistas una suma de diez mil pesos hasta la finalización de la cuarentena. Si bien el fallo fue recusado por la administración de Horacio Rodríguez Larreta, la acción de amparo sigue su curso administrativo por estos días. «Estamos parados casi en su totalidad porque, al margen de la venta vía Internet, estamos en una situación económica muy complicada. Ahora que la gente tiene prioridades básicas en sus compras, lo nuestro pasó a ser secundario. La comercialización de artesanías es casi nula en el ámbito de

la Ciudad de Buenos Aires», reconoce Mariano Cipolat.

Sergio Coria concluye: «Más que nada seguimos haciendo taller con los pocos materiales que cada uno tiene en su casa, tampoco hay mucha posibilidad de comprar para producir.

La venta está difícil y nos sostenemos como podemos. Al no poder rescatar la moneda del día, se hace muy difícil. Hay muchos compañeros que no cobraron el IFE y que no tienen otro ingreso económico por fuera de las artesanías que venden. Esperamos novedades del Gobierno porteño para poder resolver nuestra situación».

06 · Feminismo / Lesboodio

El caso de Mariana Gómez

La lesbofobia, más viva qu

Hace un año, la jueza Marta Yungano condenaba a Mariana Gómez por intentar defenderse del abuso policial luego de besar a su pareja en la estación Constitución. Aunque Horacio Rodríguez Larreta afirmó que se trata de la “ciudad de la diversidad”, Gómez sigue esperando la absolución.

Texto: El Grito del Sur Foto: Catalina Distefano

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l 2 de octubre de 2017, Mariana Gómez estaba besando a su esposa Rocío Girat en el centro de transbordo de la estación Constitución mientras fumaba un cigarrillo, como muchas otras personas presentes. Aunque la Ley 1799 de ‘Control de tabaco’ no pre-

vé que se detenga, se labren actas ni que se denuncie a las personas que la incumplan, el oficial Jonathan Rojo la interceptó de manera violenta, tratándola en masculino. Cuando Mariana se retiraba del lugar, Rojo continuó indagándola para finalmente agredirla físicamente hasta dejarla inmóvil en el piso. Posteriormente, la joven fue detenida y llevada a una comisaría donde la obligaron a desnudarse para

requisarla.

A pesar de que las cámaras y los testigos dejaron en claro la injusticia, el 28 de junio del 2019 la jueza Marta Yungano -Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 26- condenó a Marian a un año de prisión por resistencia a la autoridad y lesiones leves, ya que en el intento de defenderse le arrancó un mechón de pelo a la oficial Karen Villarreal. Paradoja o no, la sentencia fue dictada el día en que se celebraba un nuevo aniversario de la masacre de Stonewall, el levantamiento por parte de la comunidad LGBTQ+ contra el abuso policial en Estados Unidos.

Tanto la acusada como todo el movimiento feminista nunca dejaron de insistir en que el fallo era un expresión más de lesboodio. A un año de la sen-

tencia, Rocío Girat y Mariana Gómez hablaron con El Grito del Sur sobre la condena, el abuso policial y la necesidad de defenderse.

¿Cómo se sienten a un año del fallo?

Rocío: A un año seguimos esperando la absolución. Nosotras ya presentamos el recurso de apelación a la Cámara de Casación del fallo de la jueza Marta Yungano. En este contexto de pandemia se hace más difícil, pero igualmente si quisieran podrían darnos una audiencia para que otro tribunal revea el fallo. Fue muy difícil, nosotras vivimos en el conurbano y no es lo mismo ver dos chicas de la mano acá que en Capital. Pasamos un año sin poder defendernos porque sabíamos que, si reaccionábamos frente a alguna

Feminismo / Lesboodio · 07

ue nunca en la ciudad Pro juega muy en contra si quiero buscar un trabajo formal.

En ese sentido, ¿cómo repercute el fallo en tu vida laboral y cotidiana?

M: Yo desde que estoy en Buenos Aires trabajé a través de la página de Facebook Transfeministas Trabajando, así que la mayoría de quienes me llamaban para hacer mi trabajo ya me conocían y me acompañaban en la lucha. Más allá de eso, nosotras hicimos pública nuestra situación no porque quisiéramos, sino porque sabemos que los medios hacen presión sobre la Justicia.

M: La condena se terminaría, pero hasta que Casación no nos dé fecha por la apelación, la condena sigue en suspenso. Si Casación confirma la condena, yo ya cumplí el año pero quedo en el sistema con antecedentes durante cinco años. Todo lo que pasó me dio a pensar los permisos que le da Larreta a sus policías y funcionarios públicos.

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“El policía que nos atacó y que la llevó detenida a Marian -Jonathan Rojo- es un policía de la Ciudad que sigue actuando bajo las indicaciones de Larreta”

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“Si reaccionábamos frente a alguna situación lesboodiante, Marian directamente iba a parar al Penal de Ezeiza”. Rocío Girat

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R: Lo que rescatamos de esta experiencia es el eco que tuvo la situación, que permitió que un montón de otras personas que pasaron por esta situación sepan que no están solas ni son las primeras.

¿Qué significó para ustedes que se haya vuelto un caso tan importante para la comunidad LGTBQ+?

situación lesboodiante, Marian directamente iba a parar al Penal de Ezeiza.

Mariana: Para mí este año fue complicado, especialmente por el hecho de que yo nunca pude llegar a juicio con las dos personas que me violaron durante 16 años y sí llegué a juicio y fui condenada por besarme con mi esposa. Este año tuve que cuidarme en todos los aspectos, tanto de cualquier fuerza de seguridad como de toda institución que tenga un poco de poder, porque cualquier cosa que surgiera me iba a jugar en contra. Ahora la sentencia está en suspenso, tengo la esperanza de que me den la absolución, porque si no quedo con sentencia firme, no hay más instancias apelatorias y durante cinco años aparezco con antecedentes en el sistema, lo cual me

R: En cuanto al colectivo y a las compañeras que nos han apoyado, fue muy bueno porque nos abrazamos un poco entre las luchas que a veces están divididas. Sin embargo, no hay que olvidarse que el policía que nos atacó y que la llevó detenida a Marian -Jonathan Rojo- es un policía de la Ciudad donde sigue gobernando Larreta y que sigue actuando bajo sus indicaciones; de hecho Larreta salió a apoyar a sus policías. Tampoco recibimos apoyo del INADI, al contrario: el INADI consideró que el accionar de los policías fue correcto, cuando hay videos y testigos de la situación que dejaron expuesto lo discriminatorio e injusto que fue lo que pasamos. Hay muchas instituciones que todavía siguen bajo la órbita del gobierno de Larreta y no vemos apoyo por ese lado, que es justamente lo que necesitamos. Está buenísimo el apoyo de les compañeres, pero no basta para resolver la situación en la que nosotras estamos. Si a Marian le dan sentencia firme, más allá de que le quedan cinco años de antecedentes penales, nosotras deberíamos pagar los costos del juicio.

El 5 de julio termina la condena. ¿Como sigue el caso?

R: Marian recibió el fallo el 28 de junio y el 5 de julio dieron los fundamentos y a partir de ahí comenzó a correr la condena que terminaría el 5 de julio.

Para nosotras en un gran alivio.

R: En ese sentido, a nosotras nos removió mucho ver el asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Lo vivimos muy de cerca porque sabemos que si a ese policía en el momento se le cantaba asesinarla a Marian, lo podría haber hecho cuando le clavó la rodilla en el cuello. Cuando vimos el video de George Floyd nos sentimos sobrevivientes de esa situación. Todo eso no fue tomado en cuenta durante el juicio y esperamos que se tome en cuenta en la apelación, incluso la requisa en la que Marian terminó desnuda frente a la policía cuando ellos saben que no te pueden desnudar para requisar. Por eso ellos no tuvieron ningún apercibimiento, ni siquiera un inicio de sumario.

Es irónico que haya sucedido justamente en “la ciudad de la diversidad”.

R: Si, a los 15 días del fallo, Bullrich sacó el «Protocolo general de actuación de registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo L.G.B.T.”, que consistía en que a cada persona que iba detenida el personal le tenía que preguntar cómo se autopercibe y según su identidad de género decidir cómo proceder. Ese protocolo terminó siendo más discriminatorio que la fachada inclusiva que quisieron meternos; estamos muy agradecidas de que este gobierno lo haya derogado. Nosotras vivimos esta situación en la «ciudad de la diversidad», ¿qué queda para el resto de la Argentina? Después recibimos los testimonios de un montón de personas de todos lados contándonos sus experiencias de abuso institucional.

¿Cómo viven este 28 de junio?

Nosotras vamos a hacer una movida por redes, especialmente por Instagram. También está la “Campaña para la absolución de Marian Gómez”, que tiene una página en Facebook. La pandemia complica la militancia pero no hay que dejar de ser visibles, no hay que dejar de reclamar y especialmente no hay que dejar de pelear por lo que nos corresponde: nos corresponde una sociedad más justa y más igualitaria para todes.

“LA JUEZA MARTA YUNGANO ES LESBOODIANTE” Un año atrás. Afuera todo es desasosiego. A la hostilidad habitual del centro porteño se le suman los empleados estatales que intentan entrar y salir del juzgado, los agentes policiales que no llaman a la ambulancia cuando Mariana se descompensa, los flashes que se debaten entre registrar y sobreexponer. Muchxs lloran, otrxs se besan, algunxs lo hacen al unísono mezclando rabia con saliva.

“No esperábamos este fallo, es en suspenso lo cual aún es peor porque nosotras no sabemos si tenemos que andar con cuidado por todas las esquinas con el miedo a que con la impunidad de cualquier funcionario público nos agarren, nos caguen a palos, volvamos a vivir una situación y Marian quede efectivamente presa”, explicó Rocío Girat en la puerta del juzgado de Paraguay al 1500. “La jueza Marta Yungano es lesboodiante, es discriminadora, es

una mujer que no nos representa.

Nosotras vamos a pedir la absolución para que no quede ningún precedente. No puede ser que en esta causa figure el acta de matrimonio de nosotras, que a Marian se la haya tratado en masculino, que hayamos tenido que pedir por favor que me dejen declarar cuando las dos estuvimos en esta situación”.

Luego Lisandro Teszkiewicz, el abogado defensor de la joven, dirá: “Nosotros creemos y así lo expresamos en el alegato, que todo lo que se dio en el juicio demostraba la posición de Mariana de que -lejos de ser culpable de un delito- fue víctima de una agresión. Creemos que este veredicto muestra que no sólo es necesario, sino que es urgente la implementación de la Ley Micaela en el Poder Judicial. No hay ningún tipo de perspectiva de género en las acciones de la Justicia”.

08 · Feminismo / AMMAR

El reclamo fue acompañado por el sindicato AMMAR

Denuncian la emergencia del colectivo travesti-trans

El 1 de julio se realizó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de trabajadoras sexuales en Constitución para visibilizar la emergencia habitacional y alimentaria del colectivo travesti-trans. Desde AMMAR denuncian que se les niega el subsidio habitacional a 80 personas del colectivo.

Texto: El Grito del Sur Foto: Abril Pérez Torres

E

n la sede del sindicato de trabajadoras sexuales en Constitución -más conocida como Casa Roja-, el pasado 1 de julio se realizó una conferencia de prensa para visibilizar la emergencia habitacional y alimentaria del colectivo travesti-trans. El principal reclamo de AMMAR responde a que en las últimas semanas el Gobierno porteño le negó a 80 travestis y trans el acceso al subsidio habitacional debido, entre otras cosas, a no contar con servicios a su nombre o no estar literalmente en la calle.

“Estamos acá para que el Gobierno de la Ciudad nos dé una solución porque somos más de 80 compañeras en riesgo de quedar en la calle. Ellos quieren que estemos durmiendo debajo de un puente, en un hospital o acuchilladas, quieren que lleguemos a los extremos más deplorables del ser humano para darnos una ayuda y esto no puede ser así”, explicó Chocolín Mares Ortíz, una de las coordinadoras de la Casa Roja.

“Fuimos a pedir ayuda al Gobierno y como en toda institución gubernamental se nos burlaron, nos discriminaron y no nos dieron respuesta. Nos

quieren en la calle, ya no sabemos qué hacer, queremos trabajar como todas las personas, queremos trabajo digno y que nuestros derechos se hagan valer.

Somos seres humanos y merecemos respeto como todos”, agregó Catalina.

Según relevó el sindicato, en el barrio de Constitución hay más de 400 personas travestis y trans que pagan entre 3.000 y 8.000 pesos mensuales de alquiler en los hoteles donde viven, generalmente en condiciones precarias. Debido al aislamiento, muchas no pueden salir a trabajar y ya adeudan dos o más meses de renta quedando expuestas a ser desalojadas. A esto se suma las dificultades para acceder al alimento, lo cual lleva a que más de 200 personas trans se acerquen todas las semanas al comedor de la Casa Roja.

“En la Ciudad de Buenos Aires el derecho habitacional para las personas travestis y trans es una gran problemática. Si bien la Constitución de la Ciudad garantiza el acceso a la vivienda, esto termina siendo ficticio para este colectivo. El problema de más de 80 compañeras es poder acceder al subsidio habitacional, pero lo que esgrimen desde la Subsecretaría de Desarrollo y Hábitat a cargo de Maximiliano Corach es que las personas tienen que estar en

situación de calle para recibirlo y, aunque las compañeras estén en inminente riesgo de estarlo, la respuesta sigue siendo nula. Otro motivo que nos dan es que tal vez el programa no es acorde a ellas, pero no existe otro programa que pueda dar este tipo de contención habitacional”, agregó Alejandro Joma, abogado de AMMAR. “La realidad es urgente, las compañeras atraviesan una situación de emergencia alimentaria y habitacional que no puede esperar a que se reformen los informes, tal cual nos lo piden cada vez que vamos a intentar acceder a un subsidio habitacional. Ellas son rechazadas porque los dueños de los hoteles donde viven tampoco pueden esperar y las terminan exponiendo a situaciones de violencia. Las compañeras viven en condiciones precarias y de hacinamiento, pero pagan entre 600 y 800 pesos por día, lo que las lleva a estar endeudadas y aún más frente a la imposibilidad de trabajar. En los primeros días del mes surgen muchos intentos de desalojos, a pesar de que hay un decreto presidencial que los prohíbe hasta el 30 de septiembre”, explicó la presidenta de AMMAR, Georgina Orellano, quien acompañó la movilización al Ministerio de Desarrollo Social de CABA realizada el día anterior.

«Las personas travestis y trans viven en hoteles precarios con más de 60 personas. Desde la Subsecretaría de Hábitat dicen que el subsidio habitacional no es el plan adecuado para ellas, pero no les dan otro y el Estado

porteño tampoco las contempla como parte de los grupos vulnerables. A muchos compañeras les solicitan el estado efectivo de situación de calle y cuando están a días de ser desalojadas. Antes de implementar una medida paliativa pretenden que suceda el hecho para después ser contenidas en el programa, lo cual es una medida totalmente innecesaria», aportó posteriormente a esta medio Joma.

Cabe recordar que hace algunas semanas se desató una polémica luego de que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación diera de baja el casillero de trabajo sexual como opción en el formulario del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ReNaTEP. Según pudo saber este medio, el Registro de la Economía Popular fue dado de baja porque el debate en torno a este eje desató un conflicto interno entre las diversas posiciones que conviven en la cartera de Desarrollo Social. El tema será resuelto a través de una mesa de diálogo entre las partes, donde todos los sectores piden estar representados. «Y no me refiero necesariamente a las trabajadoras sexuales, sino a que las cosas las siguen definiendo los varones. Nos enteramos por un tweet cómo dos varones deciden sobre todo un colectivo y se arrogan nuestra representatividad, resolviendo esto por teléfono», explicó Georgina Orellano al respecto.

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10 · Ciudad de la furia / Política

Juez Gallardo

“El peor problema del Gobierno porteño es la Constitución de la Ciudad”

Al juez Andrés Gallardo, el Ejecutivo porteño lo recusó más de 700 veces. En diálogo con El Grito del Sur, Gallardo reivindica el rol de la justicia administrativa, critica el “lawfare” y los discursos de odio que circulan en estos tiempos y exige un cambio de paradigma en el Poder Judicial.

Texto: Matías Ferrari Foto: CEDOC

U

no de los deportes preferidos del Gobierno porteño es recusar al juez Andrés Gallardo. Una simple googleada

de su nombre basta para comprobarlo.

Cansado, en septiembre de 2016 apeló al Consejo de la Magistratura y denunció que Horacio Rodríguez Larreta batió todos los récords conocidos y lo apartó de diez causas en un lapso de 30 días. Desde que es juez administrativo

porteño, padeció ese recurso de los gobiernos más de 700 veces. La última, hace 10 días, después de haber exigido que la Ciudad garantizara la conectividad de internet en las villas para que les pibes pobres puedan estudiar a distancia. Es uno de los pocos jueces del país que critica abiertamente la desigualdad, al mismo tiempo que se opone públicamente a la utilización de la Justicia para perseguir dirigentes y, como dice él, para recortar derechos.

Hace poco firmó un documento muy crítico del rol que está desempeñando el Poder Judicial en plena pandemia, junto a una serie de colegas que forman parte del Comité Panamericano

de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, que se referencia en la prédica del Papa.

Entre otras cosas, el documento dice que estamos asistiendo a la “muerte del derecho neoliberal”. De todo eso habló, vía Whatsapp, con El Grito del Sur. Desde que empezó la pandemia, la justicia administrativa porteña tuvo mucha actividad, con fallos que ordenaron al Gobierno de la Ciudad a garantizar protocolos en barrios populares hasta proteger derechos que estaban y siguen vulnerados. En casi todos los casos, la estrategia del

Ciudad de la furia / Política · 11 Ejecutivo fue apartar a los jueces y no cumplir cautelares. ¿Cuál es el balance que hace de estos casi 4 meses?

La justicia contencioso administrativa de la Ciudad ha tenido un importante y destacado papel en el progreso de los derechos sociales en el país. Yo diría sin dudar que es el fuero vanguardia en la República Argentina en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, a la educación, la salud y la cultura, entre muchos otros. Los fallos de mis colegas han interpelado en numerosas oportunidades al Gobierno de la Ciudad. Algunas de las respuestas han sido satisfactorias, pero muchas otras han sido necesarias intimaciones, apercibimientos, multas y hasta ejecución forzada para concretarlas. La tarea no es fácil, pero seguimos tesoneramente en el objetivo de hacer real nuestra Constitución local, que por cierto es muy garantista y progresista.

Ese, creo, es el peor problema que tiene el Gobierno: la Constitución, no los jueces. Mientras no logre modificarla, deberá cumplirla. Para eso estamos.

repetirse esta historia en nuestros países. Para ello, debemos entender al lawfare como una política regional de la concentración económica militar, que no casualmente se dio en varios países al unísono y con los mismos fines y medios. Desde esa comprensión deberíamos luego indagar en cuáles han sido los aliados internos de esos intereses foráneos y, dentro de éstos, cuáles lo han hecho desde el Poder Judicial y cuáles desde los medios concentrados de información. A partir de todos esos datos, será imperioso promover las sanciones judiciales y políticas que pudieren corresponder, para que esas prácticas no queden impunes. Ese es nuestro compromiso en el Comité.

Estas semanas pareciera que la discusión política volvió a la arena de las causas judiciales. En la carta que firmaron los jueces franciscanos fueron muy críticos, otra vez, del rol que ocupa el Poder Judicial en lo que se conoce como “lawfare”. ¿Es posible evitar la utilización de estas causas que buscan sacar rédito político valiéndose de la Justicia?

El Papa Francisco es el único referente mundial y titular de un Estado que ha denunciado públicamente la existencia del lawfare y ha descrito cómo opera para desarticular la democracia y minar los derechos sociales de los pueblos, profundizando la expoliación económica y la pauperización. Nosotros creemos que hay que extremar todos los recaudos para que no pueda

El Comité usa el término “derecho neoliberal” y argumenta que estaría por terminarse. ¿A dónde apuntan?

El sistema capitalista no aguanta más, lo dijo con claridad el Papa. Y es necesario su reemplazo por un orden justo y digno para el hombre y sostenible para el planeta. El derecho, que tiene como misión consolidar un orden dado, no puede continuar inmutable cuando su propia base se derrumba.

El derecho neoliberal, que rigió hasta antes de la pandemia, no tiene soluciones tal como ha sido concebido, para dar respuestas a las múltiples problemáticas que se presentarán. Por eso hace falta un nuevo contrato social y una nueva Constitución, seguramente en muchos de los estados que conforman el Comité, y la adaptación urgen-

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“El Papa Francisco es el único referente mundial y titular de un Estado que ha denunciado públicamente la existencia del lawfare”.

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te de otras tantas al nuevo estado de cosas. Esa es la alerta que tratamos de transmitir.

Desde que empezó la pandemia, se debate cómo va a salir la sociedad de esta crisis. ¿Qué debería cambiar en el Poder Judicial?

Por cierto, el Poder Judicial tiene mucho que aportar frente a los desafíos de la pandemia. Nosotros hacemos eje en la necesidad urgente e imperiosa de concretar los derechos sociales. Para ello entendemos que los jueces debemos adoptar una postura proactiva, es decir, comprometernos decididamente a que nuestras resoluciones no sólo sean declarativas sino que se ejecuten y operen transformaciones tangibles en la vida de las personas que claman por justicia y dignidad. Eso, por cierto, en los casos que vienen a nuestro conocimiento y también cuando se cuestionan judicialmente las políticas públicas insuficientes o inexistentes.

La pandemia además generará un sinnúmero de conflictos sociales y jurídicos que habrá que resolver, y por eso hacemos hincapié en la aplicación de la doctrina franciscana, como una forma de imaginar un camino en ese proceso de decisión que habrá que forjar. Tenemos que asumir que la crisis ha modificado radicalmente el estado de cosas y que no es posible seguir sentenciando con viejos paradigmas cuando el escenario es otro.

A partir del documento de la oposición sobre la muerte de Fabián Gutiérrez y ciertas expresiones públicas, se instalaron algunos discursos de odio que circulan con mayor potencia. ¿Hay riesgo de un “vale todo” en la política y la justicia?

Las doctrinas del odio son muchas en el mundo de hoy, infelizmente. Se ven doctrinas de odio racial, doctrinas

de odio de género, religiosas, sexuales, y muchas otras. Las doctrinas del odio son las que generan grietas y construyen enemigos para destruir. Para ello utilizan cualquier recurso a su alcance: la mentira, la difamación, el señalamiento. Nunca hay que perder de vista cuáles son los objetivos de esas doctrinas, los expresos y los ocultos.

En nuestro país, lamentablemente, hay profetas del odio. El caso de Gutiérrez es una muestra más de esa imperturbable inescrupulosidad, que además brilla por su corta inteligencia y su grosera estructuración.

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“Las doctrinas del odio son las que generan grietas y construyen enemigos para destruir.

Para ello utilizan cualquier recurso a su alcance”.

............................... ¿Qué les queda por hacer a los jueces ante eso?

Los jueces podemos hacer mucho para neutralizar el odio: a través de decisiones claras, rápidas y simples, que sean comprendidas por el ciudadano medio sin dificultad. Las sentencias no necesitan de palabras difíciles ni de proliferación de citas, sino de un relato claro y simple de hechos y del derecho aplicable, que cualquiera pueda leer y entender. El odio se construye sobre la oscuridad. Cuanta más luz podamos dar a lo que hacemos, más difícil será para los líderes del odio tejer sus trampas políticas.

POR UNA EDUCACIÓN QUE ACORTE LAS DISTANCIAS A comienzos de junio, la Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) a proveer Internet en todas las villas y a garantizar que todes les alumnes en situación de vulnerabilidad tengan un dispositivo móvil con conexión durante el tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio. El juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, estableció un plazo de cinco días para que el Gobierno porteño resuelva la situación. Las agrupaciones querellantes, entre las que se

encuentran la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) celebraron el fallo.

En el fallo, Gallardo afirma que el GCBA deberá instalar “equipos tecnológicos de transmisión de Internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran dispuestos por el Gobierno en plazas y espacios públicos, en cantidad y ubicación suficiente como para brindar un estándar mínimo de conectividad inalámbrica libre”

en todas las villas, barrios de emergencia o asentamientos de toda la metrópolis porteña.

En el caso de que existan impedimentos técnicos para cumplir con la instalación del servicio en los barrios, el fallo establece que el Gobierno porteño entregue “un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a Internet, a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario”, independientemente de si se le entregó o no un equipo de

computación. El fallo también plantea que el Gobierno porteño deberá realizar “un registro de solicitantes y un mecanismo de entrega de los equipos” que respete las medidas sanitarias y que, preferentemente, “utilice canales institucionales -ya en uso- insertos en los barrios (comedores, parroquias, juntas vecinales, movimientos sociales, etc.)”.

Esta resolución aún no fue acatada por el Gobierno porteño.

12 · Ciudad de la furia / Horacio Rodríguez Larreta

“El Enano” De Stéfano, cobijado por Larreta en SBASE

De la AFI al Subte

Señalado por aprietes a jueces y el armado de carpetazos, el paso de “El Enano” Sebastián De Stéfano por la AFI lo puso en el centro del escándalo de espionaje que empieza a salir a la luz. Hombre de Angelici, encontró cobijo en el directorio de SBASE, la empresa del Estado que regula el Subte.

Texto: Matías Ferrari

M

ientras los secretos de la AFI macrista empiezan a brotar como pus de los juzgados de Lomas de Zamora y Dolores y de la Bicameral del Congreso, uno de los hombres clave en el entramado de intrigas que empieza a emerger a la superficie goza de una silla calentita y un cómodo sueldo en la administración porteña, cobijado nada menos que por Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de Juan Sebastián De Stéfano, “El Enano”, ex jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos, quien a poco de quedarse sin trabajo en la AFI fue nombrado como director de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), cargo que ocupa desde enero de este año, según información interna de la empresa a la que tuvo acceso El Grito del Sur. “El Enano” fue, durante los últimos años, el jefe de jurídicos de la AFI, órgano desde donde, según lo que surge en la causa que cursa en Dolores a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, se armaban y emprolijaban “carpetas” y “causas” que luego se usaban para el apriete político. De Stéfano, que es abogado, radical y miembro de la mesa chica de Daniel Angelici, era algo así como «el número 3» detrás de Gustavo

Arribas y Silvia Majdalani en la escala de poder, y controlaba una docena de direcciones conformadas por abogados y espías que reportaban a él y al abogado Pablo Pinamonti, según reveló el domingo pasado El Cohete a la Luna.

Piamonti era, de acuerdo a esa misma investigación, uno de los contactos de Marcelo D´Alessio; está citado a declarar este martes frente a Ramos Padilla y habrá que ver qué cosas dirá sobre su jefe.

Antes de recalar en jurídicos de la AFI, De Stéfano estuvo ligado, desde distintos cargos, al armado político de Cambiemos en la Ciudad, siempre como hombre radical y de Angelici.

Tiene una planta permanente en la Legislatura porteña y también formó parte del Consejo de la Magistratura, donde operó desde la Comisión de Administración. Su nombre saltó a las primeras planas en abril del año pasado, cuando Arribas reconoció ante la Bicameral de Inteligencia que “El Enano” fue uno de los dos hombres que en 2018 fueron a “apretar” al juez Luis Carzoglio, quien investigaba a Pablo Moyano por presunta “asociación ilícita” con la barrabrava de Independiente. Los Moyano y el propio Carzoglio denunciaron que el “apriete” era para meter preso al jefe de los camioneros.

En 2017 también lo denunció públi-

camente el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien es además el abogado del juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Según dijo Rizzo en aquel entonces, una banda que integraba De Stéfano estaba «todo el tiempo viendo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y tratando de manchar al Colegio” de abogados porteños.

No sería raro que “El Enano” haya recalado en la administración porteña por pedido del propio Angelici, a quien conoce desde 2007. De hecho, Angelici lo puso al frente de la Comuna 2 en la lista de la interna de la UCR porteña que se celebrará este año, aunque todavía sin fecha por el coronavirus. La interna es a muerte y con la rama radical de Enrique «Coti» Nosiglia, diputado nacional de Evolución y jefe político de Martín Lousteau. Un dato no menor en toda la trama es que José Luis Vila, ex funcionario de Defensa, adonde llegó en la época de Oscar Aguad, fue quien denunció que una banda de la AFI le puso una bomba en la casa, testimonio que disparó buena parte del escándalo que crece en tribunales y en el Congreso. Vila es militante radical, pero del ala del «Coti». Hay mucho correligionario envuelto en el tema, al parecer.

Tampoco que haya sido en SBASE, que desde hace años es un aguantadero de todo tipo de personajes políticos que buscan cobijo. Según un dirigente gremial que conoce los pasillos de la empresa, el macrismo hasta se dio el lujo de ubicar en el directorio, en el año 2012, a Federico Young, integrante

de la ONG Abogados por la Justicia y la Concordia, que realizaba visitas a ex represores de la última dictadura, entre ellos Jorge Rafael Videla.

Desde que se declarara la “emergencia” en el Subte, las designaciones del directorio ya no pasan por la Legislatura, por lo que Rodríguez Larreta tiene amplio margen para hacer y deshacer a piaccere. De hecho, ni siquiera la oposición tiene un lugar en la comisión fiscalizadora de la empresa estatal que regula el servicio, que de más está decir es más que deficitario.

Como De Stéfano recaló allí en enero, dos meses antes de la cuarentena obligatoria, todavía no puso su firma en las resoluciones recientes de SBASE. La última, que se conoció este lunes, postergó la apertura de sobres para la licitación de los estudios necesarios para la construcción de la “Línea F” hasta el 12 de agosto. Es la sexta vez que se patea para adelante el proceso desde que se lanzara con bombos y platillos la licitación, en junio del año pasado. Las obras, claro está, no tienen fecha de inicio prevista.

De Stéfano no es el único reciclado que aterrizó en la empresa. También fueron nombrados recientemente Iván Kerr, ex secretario de Vivienda de la Nación, tristemente célebre por la estafa de los créditos UVA; y el ex secretario de Obras Públicas de Pilar, Guillermo Iglesias, a la sazón dueño de varias empresas constructoras y hombre de la Coalición Cívica de Elisa Carrió.