Kamel Athie Flores

nistración de los organismos manden sus propuestas a un organismo regulador especializado que autorice las tarifas.

Otro aspecto a considerar es que necesitamos incorporar la tecnología, aprovechar aspectos modernos en materia de telemetría, control, que facilitan no solamente nuestro trabajo, sino los resultados que estamos obteniendo.

Entonces, a manera de resumen, el gran reto que tienen los organismos operadores es cómo logramos una alta eficiencia para generar los recursos que vía subsidio no van a llegar, y de esa forma atender la problemática presente y caminar hacia una solución; si no se implementa de inmediato, o a lo sumo en el mediano plazo, se va a generar un problema mayor que difícilmente podremos resolver.

KAMEL ATHIE FLORES Licenciado en Economía con maestría y doctorado en Administración pública. Fue director de Programación y Presupuesto Agropecuario y Forestal de la Secretaría de Programación y Presupuesto, diputado federal por el VII distrito y director local de la Conagua en Chihuahua, entre otros. Autor de cuatro libros sobre el agua y de diversos artículos especializados en el tema; miembro de la Asociación Mexicana de Hidráulica.

En México no hay planeación hídrica. Los profesionales que estamos inmersos en el sector hídrico coincidimos en que no hay recursos económicos en la cantidad necesaria para atender rezagos de conservación y mantenimiento, así como para la construcción de nuevas obras para atender la creciente demanda de agua, lo cual se explica por la baja prioridad que los gobiernos le han dado al agua. Debemos, por ello, ver con mucho detalle e imaginación el financiamiento de las obras hidráulicas de todo tipo, donde tienen un papel relevante conceptos tales como la inversión pública, la inversión privada y el crédito.

Uno de los mayores aciertos del México posrevolucionario es haber creado la Secretaría de Recursos Hidráulicos, y sin duda el mayor desacierto fue haberla convertido en subsecretaría. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se creó dicha secretaría alcanzó lo que dio por llamarse el “milagro mexicano”, periodo histórico también conocido como desarrollo estabilizador, entre 1950 y 1970. Entonces no había planeación en México, pero los presidentes Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Gustavo Díaz Ordaz le dieron una alta prioridad al agua, lo que posibilitó la construcción de las grandes presas y de los distritos de riego e inició con ello un largo periodo de exportación de productos agrícolas y materias primas.

Los primeros intentos de planeación en México como país fueron en la época del presidente Luis Echeverría Álvarez; a mí me tocó estar en esos intentos de planeación. Esa época fue la de construcción de las grandes presas hidroeléctricas, pero también para riego, para usos múltiples, para evitar inundaciones, generar energía, aumentar las superficies de riego. Desde entonces las superficies de riego ocupaban 6 millones y medio de hectáreas, que son las que prevalecen hasta ahora. En el ámbito mundial, México ocupa en hectáreas bajo riego el séptimo lugar. Se ha dicho que esas superficies están descuidadas, la infraestructura deteriorada, no son eficazmente productivas; yo aquí desearía hacer la mención de que el primer Plan Nacional de Desarrollo, vinculado a las prioridades nacionales, se elaboró en la época del presidente López Portillo; se creó la Secretaria de Programación y Presupuesto, entonces parecía haber iniciado la planeación en México. ¿Por qué digo esto? Porque se logró vincular los objetivos nacionales con el presupuesto.

La Constitución, en su artículo 26, señala que es necesario tener un Plan Nacional de Desarrollo, pero ese Plan Nacional de Desarrollo no ha tenido en sexenios anteriores, ni en éste, una vinculación con las prioridades nacionales, mucho menos con el presupuesto. Debemos asumir que no hay planeación en México, y por lo tanto tampoco hay planeación hídrica; sexenalmente se formulan los programas hídricos sin ninguna prioridad presupuestal.

Igualmente resulta obligado reconocer que tanto los profesionales de la Conagua como los investigadores del IMTA han formulado valiosas proyecciones a mediano y largo plazo sobre la oferta y demanda de agua, lo cual permite visualizar escenarios y advertir sobre colapsos y conflictos que pueden presentarse en materia de sostenibilidad.

Mientras la prioridad del sector hídrico no se refleje en el presupuesto, como corresponde a la trascendencia de su impacto en la sociedad, vamos a continuar teniendo conflicto en los usos del agua, y mucho más para cumplir con el derecho humano al agua.

La inversión pública en México, en promedio en los últimos 30 años, ha representado entre el 2.2% del PIB total. En 2021 la inversión pública total es de cerca de 880 mil millones de pesos; le dieron al sector hidráulico en su conjunto cerca de 20 mil millones de pesos, lo cual francamente es ridículo.

No hay planeación ni recursos suficientes para el sector hídrico, en los distritos de riego –a diferencia del sector agua potable– no existe la posibilidad de APP.

En la actual administración federal parece no haber interés en la opción de las APP como sinergia público-empresarial; debería discutirse a fondo la opción, hay que normarlo bien y dejar muy claras las ventajas y desventajas, pero los intereses político-partidistas se interponen e impiden avanzar.

Cuando fui presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la LXII Legislatura, impulsamos la aprobación de una nueva Ley General de Aguas, pero las presiones e intereses opuestos fueron tan poderosos que satanizaron la iniciativa, la cual había sido previamente acordada por todas las fuerzas políticas del Congreso. En forma por demás extraña, casi

en el momento de someterla al pleno para discusión y aprobación los líderes parlamentarios recularon. Los partidos de izquierda de pronto argumentaron que era una iniciativa privatizadora del agua, lo cual desmentí sistemáticamente aduciendo que para privatizar el agua se requeriría modificar el artículo 27 constitucional, y ése sería un sacrilegio que no cometería.

En mi opinión, debe permitirse y hasta alentarse la participación del sector privado en las diversas actividades en el subsector de agua potable y saneamiento, tanto en la construcción de obras de infraestructura como en su financiamiento, ya que las empresas poseen desarrollo tecnológico y capital para financiar innumerables obras del sector en su conjunto, en su modalidad de asociaciones público-privadas.

En lo que atañe a obras y distritos de riego resulta más complicada la participación de las APP, en virtud de que resultaría una yuxtaposición con las formas asociativas de gobernanza del agua que permite la Ley de Aguas Nacionales (LAN), como son las asociaciones de usuarios de riego, constituidas bajo diversas figuras jurídicas. Sin embargo, esas asociaciones están capacitadas para contratar créditos para mejorar su infraestructura, los cuales deberían complementarse con inversión pública, en una estrategia de modernización de los distritos de riego de alcance nacional, incluso apalancadas con créditos del BIRF, BID o BANDAN.

Los distritos de riego del país son tan productivos que en el 2013 la balanza comercial del sector agroalimentario tenía un déficit, en promedio, de 3 mil millones de dólares; en el 2020 y 2021 hay un superávit de alrededor de 8 mil millones de dólares, que desde luego se sustenta en los distritos de riego. El sector agropecuario, el sector agroalimentario, es de los más dinámicos del país.

Hay que considerar que esa producción que genera el sector no la genera de la manera más eficiente; los distritos de riego no son tan eficientes, estamos siendo muy productivos pero con mucho desperdicio de agua en momentos en que el agua es un factor imprescindible y escaso. Ha venido bajando la disponibilidad habitante-año, que actualmente es de 3,200 metros cúbicos habitante-año; con eso no podemos resolver todas las necesidades de los usos del agua, y por lo tanto hay que modernizar los distritos de riego. Para ello hay que buscar la eficiencia en conducción, que actualmente es muy baja, de 30 al 40%, por el mal estado de la infraestructura; también hay que mejorar la eficiencia física de los productores en sus predios.

GETTYIMAGES ¿Qué hay que hacer?

Primero. Debe tomarse en cuenta que los profesionales mexicanos de la hidráulica, a pesar de la crisis que se vive en el sector, tienen una calidad que los coloca entre los primeros del mundo; que poseen además el conocimiento de la ciencia, y dominan las nuevas tecnologías para todos los usos del agua, lo cual representa un invaluable activo para la nación que está desaprovechado.

Segundo. Hoy en día existe consenso global de que es responsabilidad del Estado, como ente jurídico superior, darles certidumbre a los siguientes seis aspectos fundamentales de la vida nacional: • La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento • La salud • La producción de alimentos • El desarrollo económico y social • La felicidad de las familias • La estabilidad política y social

Tercero. El agua debe ser un tema prioritario para el Estado mexicano (actualmente no lo es), ya que su cada vez menor disponibilidad exige la formulación de planes, programas y proyectos para el corto, mediano y largo plazo; igualmente demanda con urgencia la modificación y actualización de su marco legal y el reforzamiento a fondo de la institución que funge como autoridad del agua.

Resulta paradójico que frecuentemente se hagan referencias a que “el tema del agua es de seguridad nacional y por eso está bajo la rectoría del Estado”, ya que en los hechos queda claro que el agua ha venido perdiendo relevancia en los presupuestos, lo cual ha derivado en la obsolescencia de la infraestructura construida y en el rezago en la prestación de servicios por el diferimiento de nuevos proyectos, tanto en los de agua potable y saneamiento como en los de riego.

Cuarto. Se recomienda que algunas organizaciones vinculadas con el sector hídrico, tales como el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario, la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, entre otras, inicien gestiones y cabildeos de inmediato con la SHCP y con la Cámara de Diputados para incidir en el presupuesto de 2022 con mayores inversiones al sector hídrico, tanto para conservación y mantenimiento de la infraestructura