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El sí de Montes de María
Fortalecer las instituciones: el gran desafío en el posconflicto
Uno de los mayores retos del postconflicto es que el Estado empiece a funcionar en las zonas que sufrieron por la violencia.
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martínez julio : carlos fotos
En Ovejas, Sucre, hay dos monumentos al abandono del Estado. Al frente de la plaza principal, el centenario edificio que albergaba la alcaldía se tambalea agrietado. Y a una cuadra de allí, en el centro de salud, una ambulancia se oxida a la intemperie.
El gobernador de Sucre, Édgar Martínez, dice que muchas de estas poblaciones de los Montes de María han sufrido tanto por la violencia como por la corrupción. Hoy, muchos municipios como Ovejas, en los que se centrará la implementación de los acuerdos de paz en la región, no tienen que esforzarse para recordar que son cascarones con poco presupuesto y limitado poder de ejecución.
La violencia que se vivió en los Montes de María por más de tres décadas dejó huellas de las que difícilmente se han podido recuperar sus 438 mil habitantes. A partir de 1996, cuando se recrudeció la guerra, los grupos armados cometieron más de medio centenar de masacres, cuatro mil asesinatos y provocaron 250 mil desplazamientos.
Hoy, cuando se necesita que las autoridades locales se comprometan con la superación del conflicto, el país se enfrenta a una dura realidad: alcaldías débiles y sin ningún tipo de planeación de cara a las necesidades de las víctimas, en particular a las de los desplazados que necesitan que el Estado les brinde garantías para retornar a sus tierras.
“El Gobierno Nacional les exigió a los municipios que incluyeran en sus planes de desarrollo iniciativas para el postconflicto, pero hubo resistencia por parte de los alcaldes porque no tienen
La sede de la alcaldía de Los Palmitos es un monumento a la desidia en el departamento de Sucre. Se necesita transparencia y control en la ejecución de obras para recuperar los Montes de María. recursos y, si no cumplen, entonces son rajados en las evaluaciones que hace Planeación Nacional”, explica Felipe Amaya, líder comunitario de la Red Montemariana que ha trabajado en la revisión de planes territoriales.
Otro líder campesino que prefirió el anonimato cuestiona que los entes territoriales no tengan una política de retorno clara. “Se han mejorado algunas carreteras, pero el campesino se encuentra con que no hay suficientes vías, puestos de salud y escuelas. A eso se suma que los que intentan regresar no tienen tierras donde trabajar”, explica refiriéndose a la situación que viven miles de campesinos despojados en la región.
Un estudio revelado por el ministerio de Agricultura en 2011, sobre los 15 municipios que componen la región, mostró que por lo menos 40 mil hectáreas de tierras que eran de campesinos hoy están en poder de terratenientes y empresas. Este estudio también evidenció 1.600 irregularidades en los registros y ventas de al menos 250 predios.
Además, según un informe de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar, en la región de los Montes de María se han presentado 970 demandas de restitución, de las cuales se han restituido 2.500 hectáreas.
Estos líderes coinciden en que las autoridades locales han sido lentas en la atención de sus poblaciones, así como en la ejecución de obras necesarias para que, por ejemplo, los campesinos regresen a los territorios de donde fueron desplazados. “Al final, no regresa más gente porque no hay condiciones y el Estado no invierte porque no genera un mayor impacto”, dice Fabián Herrera, funcionario de la oficina de Consolidación Territorial del DPS, refiriéndose a la forma en la que se malgastan recursos que no inciden en la recuperación del territorio.
Se trata, en últimas, de un círculo vicioso: alcaldías que no generan condiciones para los retornos y campesinos que no lo hacen porque no hay una oferta institucional que garantice su regreso.
De ahí la importancia de que en esta etapa de construcción de paz se fortalezcan las instituciones en la región, también golpeadas por décadas de violencia, corrupción y centralismo. Por lo general, los alcaldes dependen de las transferencias de la Nación (que solo se pueden invertir en salud, educación y saneamiento básico) y no generan recursos propios, lo que limita su accionar.
“El campesino se pregunta: ¿regresar para qué? Si no tienen servicios. O cuando regresan, la institucionalidad no puede entrar a ofrecerles programas porque no son propietarios de sus tierras”, agrega Amaya.
Un estudio realizado por la Mesa de Interlocución de los Montes de María en los municipios de Maria La Baja, El Carmen, San Jacinto y Ovejas, en 2014, reveló que el 62 % de sus habitantes son familias tenedoras o arrendatarias de tierras, mientras que solo el 32 % son propietarias. Estas cifras evidencian el impacto que tuvo la violencia sobre la tenencia y propiedad de la tierra, un tema que se espera empezar a solucionar con la implementación de los acuerdos de La Habana.
Otro cuestionamiento que se le hace a las alcaldías de la región es que siendo municipios campesinos no tengan un enfoque rural en sus programas. Amaya, que ha asesorado a varias administraciones en la formulación de sus planes de desarrollo, sostiene que temas como desarrollo rural, institucional y social están en el último escalón de las inversiones municipales.
“Los gobiernos no se han preparado para eso porque no son temas de interés, a pesar de que la región ha sido impactada por la violencia. Si uno evalúa los planes pasados no han incluido temas como derechos humanos, reconciliación, participación democrática. Lo hacen por protocolo, pero no como una apuesta política institucional”, dice.
“Hay una deuda con la zona rural, en especial en donde se vivió el conflicto. Muchas veredas no tienen puesto de salud, agua o distritos de riego”, dice otro dirigente de la región. “Entonces, nos preguntamos: ¿cuándo se reparará a la población rural? En las poblaciones donde se radicaron los desplazados se ha generado una descomposición social, los jóvenes están desamparados o son mototaxistas”.
La corrupción y los compromisos políticos también impiden que estas administraciones enfoquen sus esfuerzos en la atención de sus comunidades. “Los alcaldes
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El abandono y la desidia son los principales males de muchos pueblos de los Montes de María.
tienen que cumplir con los compromisos políticos. Hoy en los Montes de María puede que haya alcaldes jóvenes con ganas, pero dependen de las relaciones con los políticos y de su gestión”, dice otro líder comunitario que pidió la reserva de su nombre.
Prueba de la debilidad institucional que hoy campea en la región es que muchas de las 15 alcaldías que componen los Montes de María han sido desertificadas por Planeación Nacional por haber incumplido sus compromisos. Incluso, a mediados de 2016, el DNP decidió congelar la asignación de recursos para los proyectos presentados con recursos de regalías a municipios como Los Palmitos, Palmito, Chalán, Ovejas, en Sucre; y El Carmen y Zambrano, en Bolívar.
Por último, hay que hacerle un llamado a la sociedad civil montemariana, duramente golpeada por los actores armados y que ahora está recuperando el vigor y la combatividad que siempre la caracterizó, para que haga control político y veeduría a las administraciones locales, que serán claves para que la región pueda superar décadas de abandono y violencia.
El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, está convencido de que la única oportunidad de recuperar a los Montes de María del conflicto es invertir en el agro, mejorar los servicios y construir vías para impulsar el desarrollo de la región. Entrevista
El Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, nació en El Carmen de Bolívar y, por tanto, conoce la deuda que tiene el Estado con su región. Uno de los compromisos de su gestión es recuperar los Montes de María, lo que considera clave para la seguridad alimentaria de la Costa Atlántica, del país y del Caribe.
Turbay entiende que los Montes de María es una de las regiones más estratégicas del Caribe colombiano. También que la violencia rompió con su desarrollo y su tejido social, y que el escenario que vive el país es el propicio para su recuperación.
Gracias a la firma del Contrato Plan de los Montes de María, realizada en abril de 2016, una figura creada bajo el Plan Nacional de Desarrollo y bajo la tutoría del Departamento Nacional de Planeación, el gobernado confía en que ahora existe una oportunidad real para recuperar, invertir y hacer una transformación positiva del territorio.
Este contrato plantea invertir 2,3 billones de pesos en la región, la mitad de estos recursos serán para proyectos en los municipios de El Carmen, Córdoba,
Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.
martínez julio : carlos foto San Jancinto, El Guamo, María la Baja, San Juan de Nepomuceno y Zambrano, en Bolívar.
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¿Cómo recuperar los Montes de María después de 30 años de violencia?
Conocí la región cuando era próspera. Vi lo duro que fue la llegada de las FARC y luego de las Autodefensas. Las primeras entraron en los noventa, aprovechando el abandono del Estado. Yo era concejal y renuncié por la difícil situación. Los fusiles destruyeron el tejido social, nos dejaron sin oportunidades y dañaron la lógica económica de una región pujante. Lo mismo ocurrió con las Autodefensas. Fue tanta la sangre, la desesperanza, que muchas veces se asumió que los montemarianos éramos así. Luego vivimos la etapa de la pacificación: la salida de las FARC, la muerte de Martín Caballero, la entrega y desmovilización de las Autodefensas.
Hoy nos enfrentamos al reto más importante de todos, que es el posconflicto. Sabemos que lo que le conviene a Bolívar es la paz y queremos recuperar el tiempo perdido, pero para lograrlo necesitamos un gobierno de aciertos, de resultados, de lucha contra la desigualdad, la injusticia, la pobreza y el hambre. Necesitamos que el Estado nos dé el tratamiento que nos merecemos y que las autoridades departamentales y municipales estén a la altura del compromiso. La corrupción, la falta de planeación y los gobiernos mediocres no tienen cabida en esta nueva etapa de los Montes de María.
Aspiramos a que cuando las FARC entren a la civilidad, tengamos la capacidad de gobernar bien nuestra región, a que el Estado, que lamentablemente es centralista, nos entregue responsabilidades. La paz duradera se va a construir en los campos, los corregimientos y las veredas de nuestro país.
¿Cuáles son los ejes para recuperar la región?
La única manera de que haya construcción de paz es que la ciudadanía se apodere de ella, y eso es lo que viene sucediendo en los Montes de María, con gran presencia de la dirigencia cívica, ciudadana y social.
La región tiene que ofrecerse como epicentro de la seguridad alimentaria del país y del Caribe, y cuando hablo del Caribe me refiero a toda la franja del Caribe. Montes de María tiene una enorme riqueza en su clima, en sus tierras. Si queremos desarrollo rural necesitamos que la paz se construya con vías rurales. Si queremos empleo necesitamos educar a nuestros campesinos y emprender proyectos agroindustriales. Por su cercanía al río Magdalena, a Cartagena, al golfo de Morrosquillo, a Barranquilla y a Medellín, esta es una zona ideal para que exista una terminal de contenedores, un puerto seco, un clúster tecnológico y de salud. Esto incluye a Bolívar y Sucre, lo que compromete a 400 mil habitantes.
El Contrato Plan para Montes de María es una realidad. ¿En qué se va a invertir?
Hay muchos esfuerzos, pero dispersos, por eso estamos arrancando desde cero. La gran apuesta es mejorar el servicio de agua, y un saneamiento básico para las cabeceras municipales y para la zona rural. La otra apuesta es un plan vial que compromete a los municipios Sucre y Bolívar, con un costo aproximado de 500 mil miEn el Plan de Desarrollo nos hemos propuesto convertir al campesino bolivarense en un empresario del campo. Eso quiere decir que cuando hablamos de desarrollo agroindustrial, de tecnificación, lo hacemos de la mano del campesino. No vamos a promover la llegada de multinacionales o grandes compañías. La única manera de que haya tranquilidad y desarrollo en el campo bolivarense es que sea con el mismo campesino. Por eso insisto en que la gran ventaja de los Montes de María es su dirigencia cívica, ciudadana y campesina, que tiene el propósito de desarrollarse de manera integral, y con ello es que vamos a trabajar.
¿Cómo va a ser el trabajo con el departamento de Sucre?
Hay una sinergia, no solo en Montes de María, sino también en la Mojana. Los dos equipos están trabajando en la integración
llones de pesos. El campesino montemariano está dispuesto a trabajar, a asumir su propio rol. El Estado, entonces, debe hacer vías terciarias y secundarias, utilizar un pavimento de mejor calidad, etc., para que el campesino pueda desarrollarse no solo en su trabajo, sino en la vida diaria.
¿Cómo revertir la concentración en pocas manos de la riqueza y de las tierras en la región?
Al principio de la década del 2000, cuando mejoró la seguridad, llegó otra amenaza: la tierra fue adquirida a bajo precio y eso llevó a que quedara en pocas manos. La Unidad de Restitución ha venido trabajando en ello, y aunque los fallos son lentos, creemos que la tierra volverá a los campesinos y que, con la implementación de los acuerdos de paz, habrá una apuesta del Gobierno Nacional para darle tierras a los que no la tienen. Y si la tierra vuelve al campesino debe ir acompañada de lo más importante, que es asistencia técnica, desarrollo agroindustrial, agua para consumo y cultivos.
¿Cómo reconciliar la agroindustria con el proceso campesino?
y en la planeación de la región. Si bien Sucre tiene más municipios en Montes que Bolívar, existe la misma disposición. Si nuestros recursos le apuntan a la misma estrategia lograrán el mismo impacto.
Con los antecedentes de corrupción y desgobierno, ¿qué institucionalidad esperan que se consolide en la región?
Es un desafío clave. Si queremos paz y desarrollo, no solo es que las FARC hagan política sin armas. Es que los gobiernos sirvan, que los funcionarios trabajen, que las acciones sean eficaces, que lo público sea un aporte importante para la gente. Cuando se habla del fast track, del desarrollo legislativo de los acuerdos de paz y de la aprobación del plebiscito, hay que sumarle que los administradores de lo público deben prepararse para ello. Y cómo logramos que los gobernantes hagan bien su tarea: fortaleciendo la ciudadanía, la comunidad, los mecanismos de participación, los de control social. Las comunidades a veces desconocen todas las responsabilidades y derechos que les asisten.