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EL SÍ DE LOS MONTES DE MARÍA
Fortalecer las instituciones: el gran desafío en el posconflicto
fotos: carlos julio martínez
Uno de los mayores retos del postconflicto es que el Estado empiece a funcionar en las zonas que sufrieron por la violencia.
E
n Ovejas, Sucre, hay dos monumentos al abandono del Estado. Al frente de la plaza principal, el centenario edificio que albergaba la alcaldía se tambalea agrietado. Y a una cuadra de allí, en el centro de salud, una ambulancia se oxida a la intemperie. El gobernador de Sucre, Édgar Martínez, dice que muchas de estas poblaciones de los Montes de María han sufrido tanto por la violencia como por la corrupción. Hoy, muchos municipios como Ovejas, en los que se centrará la implementación de los acuerdos de paz en la región, no tienen que esforzarse para recordar que son cascarones con poco presupuesto y limitado poder de ejecución. La violencia que se vivió en los Montes de María por más de tres décadas dejó 14 .
huellas de las que difícilmente se han podido recuperar sus 438 mil habitantes. A partir de 1996, cuando se recrudeció la guerra, los grupos armados cometieron más de medio centenar de masacres, cuatro mil asesinatos y provocaron 250 mil desplazamientos. Hoy, cuando se necesita que las autoridades locales se comprometan con la superación del conflicto, el país se enfrenta a una dura realidad: alcaldías débiles y sin ningún tipo de planeación de cara a las necesidades de las víctimas, en particular a las de los desplazados que necesitan que el Estado les brinde garantías para retornar a sus tierras. “El Gobierno Nacional les exigió a los municipios que incluyeran en sus planes de desarrollo iniciativas para el postconflicto, pero hubo resistencia por parte de los alcaldes porque no tienen
La sede de la alcaldía de Los Palmitos es un monumento a la desidia en el departamento de Sucre. Se necesita transparencia y control en la ejecución de obras para recuperar los Montes de María.
recursos y, si no cumplen, entonces son rajados en las evaluaciones que hace Planeación Nacional”, explica Felipe Amaya, líder comunitario de la Red Montemariana que ha trabajado en la revisión de planes territoriales. Otro líder campesino que prefirió el anonimato cuestiona que los entes territoriales no tengan una política de retorno clara. “Se han mejorado algunas carreteras, pero el campesino se encuentra con que no hay suficientes vías, puestos de salud y escuelas. A eso se suma que los que intentan regresar no tienen
tierras donde trabajar”, explica refiriéndose a la situación que viven miles de campesinos despojados en la región. Un estudio revelado por el ministerio de Agricultura en 2011, sobre los 15 municipios que componen la región, mostró que por lo menos 40 mil hectáreas de tierras que eran de campesinos hoy están en poder de terratenientes y empresas. Este estudio también evidenció 1.600 irregularidades en los registros y ventas de al menos 250 predios. Además, según un informe de la Unidad de Restitución de Tierras en Bolívar, en la región de los Montes de María se han presentado 970 demandas de restitución, de las cuales se han restituido 2.500 hectáreas. Estos líderes coinciden en que las autoridades locales han sido lentas en la atención de sus poblaciones, así como en la ejecución de obras necesarias para que, por ejemplo, los campesinos regresen a los territorios de donde fueron desplazados. “Al final, no regresa más gente porque no hay condiciones y el Estado no invierte porque no genera un mayor impacto”, dice Fabián Herrera, funcionario de la oficina de Consolidación Territorial del DPS, refiriéndose a la forma en la que se malgastan recursos que no inciden en la recuperación del territorio. Se trata, en últimas, de un círculo vicioso: alcaldías que no generan condiciones para los retornos y campesinos que no lo hacen porque no hay una oferta institucional que garantice su regreso. De ahí la importancia de que en esta etapa de construcción de paz se fortalezcan las instituciones en la región, también golpeadas por décadas de violencia, corrupción y centralismo. Por lo general, los alcaldes dependen de las transferencias de la Nación (que solo se pueden invertir en salud, educación y saneamiento básico) y no generan recursos propios, lo que limita su accionar. “El campesino se pregunta: ¿regresar para qué? Si no tienen servicios. O cuando regresan, la institucionalidad no puede entrar a ofrecerles programas porque no son propietarios de sus tierras”, agrega Amaya. Un estudio realizado por la Mesa de Interlocución de los Montes de María en los municipios de Maria La Baja, El Carmen, San Jacinto y Ovejas, en 2014, reveló que el 62 % de sus habitantes son familias tenedoras o arrendatarias de tierras, mientras que solo el 32 % son propietarias. Estas cifras evidencian el impacto que tuvo la violencia sobre la tenencia y propiedad de la tierra, un tema que se espera empezar a solucionar
con la implementación de los acuerdos de La Habana. Otro cuestionamiento que se le hace a las alcaldías de la región es que siendo municipios campesinos no tengan un enfoque rural en sus programas. Amaya, que ha asesorado a varias administraciones en la formulación de sus planes de desarrollo, sostiene que temas como desarrollo rural, institucional y social están en el último escalón de las inversiones municipales. “Los gobiernos no se han preparado para eso porque no son temas de interés, a pesar de que la región ha sido impactada por la violencia. Si uno evalúa los planes pasados no han incluido temas como derechos humanos, reconciliación, participación democrática. Lo hacen por protocolo, pero no como una apuesta política institucional”, dice. “Hay una deuda con la zona rural, en especial en donde se vivió el conflicto. Muchas veredas no tienen puesto de salud, agua o distritos de riego”, dice otro dirigente de la región. “Entonces, nos preguntamos: ¿cuándo se reparará a la población rural? En las poblaciones donde se radicaron los desplazados se ha generado una descomposición social, los jóvenes están desamparados o son mototaxistas”. La corrupción y los compromisos políticos también impiden que estas administraciones enfoquen sus esfuerzos en la atención de sus comunidades. “Los alcaldes
El abandono y la desidia son los principales males de muchos pueblos de los Montes de María.
tienen que cumplir con los compromisos políticos. Hoy en los Montes de María puede que haya alcaldes jóvenes con ganas, pero dependen de las relaciones con los políticos y de su gestión”, dice otro líder comunitario que pidió la reserva de su nombre. Prueba de la debilidad institucional que hoy campea en la región es que muchas de las 15 alcaldías que componen los Montes de María han sido desertificadas por Planeación Nacional por haber incumplido sus compromisos. Incluso, a mediados de 2016, el DNP decidió congelar la asignación de recursos para los proyectos presentados con recursos de regalías a municipios como Los Palmitos, Palmito, Chalán, Ovejas, en Sucre; y El Carmen y Zambrano, en Bolívar. Por último, hay que hacerle un llamado a la sociedad civil montemariana, duramente golpeada por los actores armados y que ahora está recuperando el vigor y la combatividad que siempre la caracterizó, para que haga control político y veeduría a las administraciones locales, que serán claves para que la región pueda superar décadas de abandono y violencia. . 15
