La paz se hace desde el territorio

“Tenemos que desterrar la violencia”

Reactivar los Montes de María, ponerle freno a la corrupción y recuperar la credibilidad en las instituciones, son los retos que tiene el gobernador de Sucre, Édgar Martínez. Entrevista

En 2015, Édgar Martínez fue elegido gracias a un voto alejado de las maquinarias políticas tradicionales. Este veterano dirigente sabe que sobre él pesa la expectativa de romper con décadas de corrupción y atraso. En abril de 2016 suscribió con la Gobernación de Bolívar un acuerdo para echar a andar el Contrato Plan de Montes de María, que incluye a Corozal y Sincelejo y también a los municipios sucreños de Chalán, Colosó, Ovejas, Los Palmitos, San Onofre, Morroa, San Antonio de Palmito y Toluviejo.

La expectativa es grande. Se trata de una inversión de más de un 1,5 billones de pesos en escuelas, vías, acueductos y alcantarillados para estas poblaciones. Martínez reconoce que los ojos del país están puestos sobre Sucre y que el mayor desafío para las autoridades locales es garantizar que este dinero sea realmente invertido y que haya transparencia tanto en su adjudicación como en su ejecución.

¿Cuál es la oportunidad que tendrán los Montes de María en el posconflicto?

Es una oportunidad única para Bolívar, Sucre y gran parte de Córdoba, que siempre han estado alejados de la inversión nacional y local. Cuando se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista (1994), no quedó ninguna inversión, ni un informe en el que se dijera que se hizo una reunión, una escuela o un hospital en Flor del Monte. Por eso, cuando se co-

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sacar del atraso a este departamento?

Hay un liderazgo reconocido del Gobierno Nacional y del gobernador. Nosotros estamos reuniéndonos constantemente con los alcaldes, señalándoles que hay que hacer las cosas bien. También tenemos un contralor departamental combatiendo la corrupción. Esos son los ejemplos que tienen que destacar en Sucre y en buena parte de la Costa Caribe. Y hemos avanzado, vemos a unos alcaldes comprometidos a no repetir las cosas del pasado.

¿En qué sectores se van a centralizar las ejecuciones del Contrato Plan?

Tenemos que desterrar la violencia, que es lo que más duro le ha pegado a la región. Esta es una zona rica, productora de grandes cultivos agrícolas y ganaderos, pero la violencia de la guerrilla y del paramilitarismo hizo que la gente se desplazara. El lema de nuestro gobierno es: Sucre progresa en paz. Hoy, cuando muchos empiezan a regresar, si no les damos apoyo para que crezcan, si no hay agua potable para la gente y para el riego, no tendremos futuro y no tendremos paz.

Estoy seguro de que con ese doble componente saldremos adelante, no solo los Montes de María, sino también la región de la Mojana, donde tenemos el Fondo de Adaptación. Si logramos integrar estas dos regiones productoras, tendremos a Tolú como el sitio para exportar la gran producción que se va a dar. con su vecino. Aquí la Unidad de Víctimas y de Tierras funciona. Siendo optimistas, el futuro puede ser halagüeño, pero no ha sido fácil quitarle las tierras a los que se han apropiado de ellas de manera ilegal.

¿Qué papel tendrán la sociedad civil, los políticos, los desmovilizados y las organizaciones campesinas en el posconflicto?

Desde el comienzo de mi administración hemos venido acompañando los proce-

“EL CONTRATO PLAN ES UNA OPORTUNIDAD PARA QUE HAYA VÍAS TRANSVERSALES QUE COMUNIQUEN TODOS LOS MUNICIPIOS DE MONTES DE MARÍA”

Édgar Martínez, gobernador de Sucre.

menzó a hablar de la recuperación de los Montes de María, la gente se mostró esceptica. “Va a ser lo mismo”, dijeron. Pero el Presidente Juan Manuel Santos ha liderado un proceso espectacular en la región, en el que nos embarcamos con el gobernador (Dumek) Turbay.

El gobierno ha sido elástico e incluyó a Sincelejo y Corozal, que no pertenecen a los Montes de María, pero son las ciudades que más han recibido desplazados de toda la Costa Caribe. Sincelejo, por ejemplo, tiene entre 160 mil y 170 mil desplazados.

El Contrato Plan es una oportunidad para que haya vías transversales que comuniquen todos los municipios de Montes de María, para que agricultores y ganaderos puedan sacar sus productos al mercado y para que haya escuelas y hospitales dignos. Nuestra campaña para la gobernación fue la transparencia. Los dineros van a rendir y los vamos a vigilar con el acompañamiento del Gobierno Nacional y de la sociedad civil de los Montes.

Al recorrer la región es evidente el rezago. ¿Cómo y dónde invertir para Muchos de los que regresan no encuentran institucionalidad ni servicios públicos. También se topan con que otros buscan aprovecharse de su situación. ¿Cómoentrentar estos desafíos?

Necesitamos el acompañamiento internacional y del Gobierno Nacional, porque los principales problemas en el mundo son por la tierra. Mañana serán por el agua. Cualquier persona que corra una cerca va a tener un conflicto sos de la sociedad civil, trabajando con la Asociación de Usuarios Campesinos, con comunidades como la de Chalán, auspiciando espacios para que haya gobiernos transparentes, tanto en la gobernación como en los municipios. Si damos muestras de administrar con transparencia, la ciudadanía va a percibir un cambio, se empezarán a generar otros procesos y se formará un bola de nieve.

Hemos convocado a grandes empresas, como Argos, a petroleras como Hocol, que trabaja en San Pedro, y a las empresas privadas que funcionan en Sincelejo, para que se metan en el proceso y ayuden a financiar el Plan Departamental. Con la firma del acuerdo de paz con las FARC y una vez se expidan las leyes para la implementación, estaremos todos unidos para salir adelante.

¿Cómo articular entidades como la gobernación y Planeación Nacional para convertir a los Montes de María en una gran región?

Cuando fui gobernador por primera vez no se dio esa unión. Hoy hay gobernadores peleando por inversión, por equidad, por justicia, para combatir la pobreza y cerrar esas brechas. Con el gobernador Turbay y su equipo hay gran empatía. Vemos que hay un momento único para que esta zona tan rica esté unida y busque el desarrollo. Si el Contrato Plan se firma, empezaremos a ver esas obras que siempre han esperado nuestros departamentos.

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La tierra, el reto mayor

Cuatro líderes de restitución de los Montes de María relatan cómo vivieron la violencia, el desplazamiento y el despojo de sus comunidades, y mencionan los retos que tiene la región para superar la problemática de la tenencia de la tierra.

Todos tuvieron que salir de sus tierras por cuenta de la violencia que sufrieron los Montes de María por más de tres décadas. Todos se reconocen como campesinos y no han dejado de luchar por lo que consideran que es suyo. Algunos han podido retornar a sus terruños, mientras que otros aún siguen esperando que la justicia les devuelva lo que han perdido.

Luis Alfredo Vásquez, Miguel Miranda, Dieder Meza y Wilmer Vanegas representan a diferentes organizaciones de campesinos, afrodescendientes e indígenas, que fueron desplazados y despojados en San Jacinto, María La Baja y Zambrano, en Bolívar, y San Bernardo del Viento, en Córdoba.

En esta entrevista colectiva, estos líderes nos cuentan las dificultades del acceso y la restitución de tierras, pero también cuáles son los retos y las soluciones que proponen para que el Estado logre ponerle punto final a uno de los principales problemas del conflicto y del postconflicto en esta región.

Luis Alfredo Vásquez nació y creció en una finca en San Jacinto, Bolívar. A raíz de la violencia y después de la desmovilización de los paramilitares se convirtió en representante de la Asociación de Familias Desplazadas de los Montes de María. En la actualidad es testigo en el proceso de Justicia y Paz, y también reclamante de tierras.

Miguel Miranda es hijo de un líder histórico de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Zambrano, además hace parte de las Organizaciones de Población Desplazada de los Montes de María (OPDS) y participó en la Mesa de Interlocución.

Dieder Meza es de San Bernardo del Viento, pero debido a la violencia, tanto paramilitar como guerrillera, tuvo que desplazarse a María La Baja, donde hace parte y representa a las víctimas y desplazados del cabildo indígena Nuevo Porvenir de Retiro Nuevo.

Wilmer Vanegas es un campesino que por cuenta de la violencia debió conver-

Si no se mejoran las condiciones de las veredas en servicios y educación, será muy difícil recuperar el campo y ayudar a las comunidades afectadas por la violencia.

tirse en líder de su comunidad de la vereda Pueblo Nuevo de María La Baja hace 15 años, esta es una vereda de 320 familias que fueron beneficiadas con parcelas por el extinto Incora y que fueron desplazadas por el paramilitarismo.

¿Cuál fue el efecto de la violencia sobre su comunidad?

Miguel MiranDa: El efecto de la violencia fue sobre toda la población rural. Después del conflicto no había oportunidad de retornar al campo, ya que las víctimas no tuvimos apoyo del Estado, a pesar de las leyes 387 (Prevención del Desplazamiento) y 975 (Justicia y Paz).

Al no haber apoyo departamental o nacional, los campesinos fueron sometidos a una venta masiva de sus tierras, entre 2007 y 2010. Muchas de esas parcelas, de unas 300 familias, cayeron en manos de los terratenientes y compradores de tierras, lo que dejó al municipio sin ruralidad. Eso ha causado un efecto negativo, por eso estamos rescatando la ruralidad. Lamentablemente, no ha sido a través de la restitución de tierras, porque están negando el acceso al derecho a la restitución. También lamentamos el poco acompañamiento de los organismos de control. Hoy subsistimos gracias al trabajo en los playones. Zambrano tiene zonas de playones y tierra firme, los playones son los que tienen la dinámica de los cultivos de pancoger. luis alfreDo Vásquez: Al igual que en todo el territorio y en la mayor parte de los Montes de María, la propiedad de la tierra es uno de los factores que ha tenido impacto en la economía de la región. Hoy tenemos una gran cantidad de campesinos que son trabajadores de las empresas que han llegado al territorio con los megaproyectos. Ha sido nefasto para los campesinos la acumulación de parcelas, violando la ley 160 de 1994.

Otro aspecto negativo es la permisividad de los entes de control, que formaron un grupo criminal, en el que personeros, alcaldes, inspectores de policía, notarios, registradores públicos y funcionarios del Incoder se confabularon e hicieron trámites, a pesar de las ilegalidades, para registrar grandes cantidades de tierras, a nombre de personas que se aprovecharon de los campesinos.

Hay investigaciones, pero no prosperan, lo que es nefasto para la economía campesina, ya que muchos llevaban quince o veinte años y no les habían legalizado los predios, pero a los que llegaron a acumular les aprobaron todo en menos de una semana. WilMer Vanegas: De Pueblo Nuevo hemos sufrido dos desplazamientos. El primero en 1997, cuando hubo una primera incursión paramilitar, nos dijeron que teníamos que salir porque esas tierras habían sido conseguidas con la ayuda de la guerrilla. Luego hubo una tensa calma, nosotros regresamos y en 2003 sufrimos un nuevo desplazamiento por amenazas, de allí muchos salieron a Cartagena y a Barranquilla. DieDer MiranDa: El pueblo zenú tiene su asentamiento en San Andrés de Sotavento, donde está el cacique. Nosotros tuvimos que huir porque para quitarnos las tierras, los grupos subversivos nos obligaron a desplazarnos hacia el departamento de Bolívar, entre 1998 y 1999. Hemos sufrido todos los flagelos, desde los gubernamentales hasta los que están al margen de la ley.

¿Qué encontraron al regresar?

M.M.: Regresamos en 2006 y el primer inconveniente fue las minas antipersonales, intentamos entrar a las fincas en el sector de Bongal, pero la zona estaba minada. Es uno de los sectores más minados y aún está la infantería de Marina haciendo desactivaciones, porque hay unas dieciséis en toda la zona.

En las fincas Cachipay y Callao, fronterizas con Córdoba y El Carmen, toda esa zona está minada. Entonces no es seguro caminar en los quince municipios, el tema de las minas no ha sido resuelto.

Nosotros tuvimos la visita del entonces vicepresidente Angelino Garzón, quien dijo que Zambrano ya era una zona libre de minas. Pero había muchos intereses, entre esos los del exalcalde Sebastián Cañas, que quería esa declaratoria para que llegara inversión al municipio. Al final,

De izquierda a derecha Dieder Meza, Luis Alfredo Vásquez y Wilmer Vanegas, líderes de restitución de tierras.

eso no tuvo ningún efecto porque no hay campesinos en la región.

Tampoco tuvimos acompañamiento del Estado, solo hace un año llegó el programa Familias en su tierra, del DPS. Lo único ha sido el trabajo de las organizaciones campesinas. Por eso ya nadie cree en los políticos o en los programas del Estado, porque todos son manipulados. Hemos dicho que para construir paz y desarrollo se debe trabajar en las comunidades rurales, pero no con la institucionalidad pública, que no está empoderada y comprometida. W.V.: A nosotros nos habían adjudicado una finca de 285 hectáreas, en común y proindiviso. Éramos dieciséis titulares, pero se beneficiaba toda la comunidad. Cuando regresamos, nos habían matado a los líderes Máximo Ariza, Jairo Gómez, Miguel Cortés y Robinson Cortés, y desaparecieron dos jóvenes. Encontramos el tejido social destruido y las parcelas abandonadas. Las tierras perdieron toda la mecanización, estaban enmontadas, y las casas destruidas. La mayor dificultad fue la falta de Estado, no hubo un apoyo para poder retornar. D.M.: Como grupo étnico no hemos regresado ni queremos regresar, ya que en el resguardo, por el despojo, no cabe toda la población, las tierras están decreciendo. Queremos que en el territorio donde nos encontremos se dé todo el proceso de reparación. Ahora estamos en el cabildo Nuevo Porvenir, del corregimiento de Retiro Nuevo en María La Baja.

No hay garantías reales para que volvamos. La extensión que tenía el resguardo era de 82 mil hectáreas, hoy tiene 15 mil hectáreas. En vista de que se ha dado esto, el resguardo está rodeado por grandes empresas como Urrá y Cerro Matoso, que nos han quitado espacio. Acá estamos desde hace tanto tiempo que hay personas que se han adaptado a las culturas de este territorio, estamos en vía de extinción de cultura, usos y costumbres. L.A.V.: No he podido regresar a las tierras. En el predio Rincón, en San Jacinto, todavía hay fosas comunes y elementos sin explotar. Hemos tratado de hacer visible eso, pero el equipo de desminado ha dicho que no van por una o dos minas, sino donde haya muchas.

Estamos tratando de hacer exhumaciones en varias fosas en una finca donde hubo un campamento de la guerrilla. Eso muestra que a nosotros nos atacó todo el mundo: la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas militares. Las organizaciones sociales hemos subsistido, pero sabemos que todo está manipulado por las instituciones y los políticos de turno.

¿Cuáles son las principales dificultades para acceder a sus tierras?

M.M.: Tenemos problemas por las invasiones. Para demostrar que eran nuestras tierras tuvimos que probarlo. Pero habíamos perdido muchos documentos de las adjudicaciones.

Ante las invasiones, iniciamos el proceso ante la Unidad de Restitución, lo que nos ha traído amenazas. Cuando puse la demanda, me tocó enfrentarme a Alberto Uribe Múnera en 2010, ya que tuve amenazas de él y de los invasores. También tuve amenazas en 2014 por un exalcalde de Zambrano.

La primera dificultad es la justicia, en todos los aspectos, y la necesidad de la creación de un ente que responda a las necesidades del campo, que vele por la comunidad rural, que logre que los programas sean bien dirigidos. Siempre ha habido beneficios para el terrateniente, para el finquero, para el amigo del político, pero para la gente más necesitada no existe. J.A.V.: Acá trasega la impunidad, la injusticia. En Canutal, hay una sentencia que establece el retorno de una familia campesina, pero el opositor dijo que si alguien se metía lo mataba. No importó que fueran con la fuerza pública, al final todo el mundo se fue y dejaron a los campesinos solos ahí, no han podido entregar la tierra.

El acceso a la justicia es otro problema. Si en Colombia el 97% de las investigaciolas que hemos emprendido proyectos de seguridad alimentaria, pero sin el acompañamiento del Estado en los retornos que voluntariamente están haciendo las familias. Otra dificultad es la falta de confianza; el tejido social que se perdió, que aun no se ha recuperado. Esas tierras están en manos de los campesinos, algunos

“ESTO SE HA CONVERTIDO EN UN LABORATORIO DE EXPERIMENTACIONES: IMPLEMENTAN LAS LEYES A VER QUÉ SUCEDE”.

nes están en la impunidad, es el segundo país en Latinoamérica, entonces, ¿qué se puede esperar? Nosotros nos hemos blindado con denuncias para que a la gente se les respeten los derechos vulnerados. Pero, lamentablemente, el 30% de los reclamantes se nos han muerto con traumas sicológicos por falta de oportunidades. W.V.: La mayor problemática es la falta de acompañamiento por parte del Gobierno, no llega a las comunidades. Hemos sobrevivido gracias al apoyo de la cooperación internacional y de fundaciones, con vecinos vendieron y están sembrados en palma. D.M.: En el caso de nosotros se hace más difícil porque no tenemos tierras fuera de nuestro territorio, del que nos desplazamos. Estamos en Bolívar apenas iniciando el proceso de resguardo. No hemos recibido ayuda ni de las oenegés ni de las entidades del Estado. Subsistimos por fuerza propia, por el derecho a la vida, por mantenernos.

¿Qué solución tienen para la problemática de la tierra?

Los campesinos no solo esperan que el Estado los restituya sino que también mejore las condiciones del campo después de décadas de violencia.

M.M.: Un organismo del Estado que vele por los derechos de los campesinos y que garantice el acceso a la tierra de las comunidades campesinas, afro e indígenas.

A través de la OPDS hicimos una investigación sobre las 200 sentencias que han sido emitidas por los jueces de tierras en el Carmen de Bolívar, y en ese informe los que tienen sentencia a su favor no han podido retornar a sus tierras por las amenazas. Porque el que está de segundo ocupante no los deja o no tiene garantías. Con los segundos ocupantes las entidades no estaban preparadas para lo que iba a suceder. Hay un ensayo de las instituciones públicas que no saben cómo garantizar el derecho a la tierra y, sobre todo, el derecho a la vida de las víctimas del conflicto.

Ahora, qué va a pasar con los desmovilizados de las FARC y el territorio de los Montes de María, sobre los que creemos que vendrán a buscar las garantías del acceso a la tierra. Y por último, no se han tocado diferentes tipos de despojo que comenzaron a hacer a través del Incoder, de titulaciones sobre tierras que ya habían sido asignadas. Hoy hay personas que acumularon tierras, también hubo un desorden institucional.

Si no tenemos una garantía estatal, bien sea por la Unidad de Restitución o la Agencia Nacional de Tierras, que garantice lo que se dice en la ley, el acceso a las tierras va a estar condicionado y los campesinos tendremos problemas para entrar en un territorio en paz, con desarrollo rural y nuevas oportunidades. L.A.V.: Esto se ha convertido en un laboratorio para implementar las leyes a ver qué sucede. Hay algo nefasto que estamos descubriendo, se confabularon diferentes funcionarios y hay sentencias en las que les dieron a las personas la posesión, violando la protección que había sobre las tierras.

Las reformas y acciones se deben hacer teniendo en cuenta a las comunidades campesinas. Hay una deuda social, moral y económica con el campesino. Nosotros somos víctimas de la violencia. No conozco el primer campesino que esté pensionado o afiliado al seguro social, estamos condenados a trabajar sin ninguna protección del Estado. Debe haber un ente que trabaje con las personas del territorio. Han invertido infinidad de recursos y no hay una capacidad instalada, y a los que hemos trabajado para salir adelante siempre nos atacan. W.V.: Hemos tratado de articular un espacio regional, que es el OPD Montes de María, y la Mesa de Interlocución, para conversar y construir propuestas conjuntas. Tenemos un plan de desarrollo alternativo, allí planteamos que la política pública de desarrollo rural debe ser construida por y desde las comunidades. Hay una ventana que se abre con los acuerdos de paz, porque el punto uno es el de desarrollo rural integral.

Tenemos algunas experiencias positivas que le apostamos a la seguridad alimentaria, a la producción diversificada y a la transformación de los productos, y eso no se hace sin el acompañamiento del Gobierno.

Otro problema es el del recurso hídrico, que está afectado y se está concentrando en pocas manos. María La Baja tiene dos sectores, el bajo, que tiene el privilegio de tener un distrito de riego que baña 19 mil hectáreas, y el alto, que depende del factor climático, es decir, que si llueve podemos producir y si no, pues no lo hacemos.

Hay un gran problema de interlocución entre lo que está haciendo el campesino y lo que hace la institucionalidad. No tenemos una Umata que haga acompañamiento técnico o un ministerio de Agricultura que vaya y viva las experiencias de lo que estamos produciendo. Nosotros tenemos una red frutícola que está comprando la fruta a los campesinos, que cultiva de forma agroecológica y se está haciendo transformación de esa fruta en pulpa, mermelada, bocadillo. Este modelo pareciera que puede coexistir con la gran agroindustria. Lo que estamos planteando es cómo esos dos modelos se juntan y buscamos la permanencia digna de las comunidades en el territorio. D.M.: A nosotros se nos dificulta por la no tenencia de la tierra. El principal factor es obtención de tierras. Cómo lo planteamos después de que existan unos fondos y agencias de tierras, pero resulta que la planeación choca entre los que no tenemos nada y los que ya tienen. Esa es una desventaja, porque en María La Baja hay una concentración de tierras absoluta y los baldíos están ocupados por personas que lo hicieron de una manera fraudulenta, el Estado se hace el ciego, sordo y mudo.

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Merlys Guzmán.

Líderazgos que inspiran

La dirigencia cívica y social de los Montes de María ha recuperado su ímpetu y varias de sus voces lideran los cambios en el territorio.

GABRIEL PULIDO MAMPUJÁN

Mampuján es una comunidad ubicada en la zona rural de Marialabaja, que sufrió el desplazamiento de toda su población por parte de los paramilitares el 11 de marzo del 2000. Desde entonces, Gabriel Pulido comenzó a ejercer un rol de liderazgo para incidir en favor de las víctimas del conflicto armado. “Me convertí como en un puente entre la comunidad y la institucionalidad”, afirma.

Aun recuerda que, antes del desplazamiento, era un campesino que sembraba maíz, yuca y ñame. Cuando los paramilitares obligaron a su comunidad a salirse de sus tierras, este hecho cambió su vida: “Los campesinos no manejan las leyes y las instituciones”, dice. Él espera que las comunidades vuelvan a lo que eran antes, con autonomía y confianza: “El desarrollo que se logre se debe dar bajo las costumbres y tradiciones de los pueblos”.

El reto que ahora tiene en el postconflicto, tanto él como las víctimas que representa, es mantener su papel activo, que las propuestas de la sociedad civil estén presentes para construir su territorio. “La institucionalidad debe entender y estimular esa participación, sin atropellar lo que se viene construyendo, con la articulación entre comunidad e instituciones del Estado, para transformar la región según nuestra visión del territorio”.

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Gabriel Pulido. Alfonso Henríquez

MERLYS GUZMÁN COMUNIDADES INDÍGENAS

Merlys es asesora del cabildo zenú de La Pista. Se define como una trabajadora por las víctimas de su cabildo en San Pablo, María La Baja. Dice que, en conjunto con jóvenes y autoridades indígenas de su cabildo, su principal trabajo es el rescate de las plantas y la medicina tradicional, que se está perdiendo en medio de la proliferación de los monocultivos y la tala de bosques.

También ha trabajado con 60 familias víctimas de su etnia para que declaren ante las autoridades del Estado los diferentes crímeness por los que fueron desplazados de sus territorios ancestrales, ubicados en Córdoba y Sucre.

En 2014, por su gestión, diferentes organismos como la Fiscalía y la Unidad de Víctimas tomaron las declaraciones de los indígenas, y hoy esos testimonios hacen parte de las investigaciones que se adelantan contra miembros de los grupos armados ilegales. También han servido para que se inicie el proceso de reparación tanto individual como colectiva.

Merlys afirma que su vocación de líder comenzó desde muy joven, “cuando estaba en el colegio”. De allí pasó a diferentes organizaciones como juntas de acción comunal, brigadas cívicas y grupos juveniles. En esos grupos logró visibilizar a su comunidad. “La gente se dio cuenta de que había indígenas, ya que para muchas entidades no había”, señala.

A partir de esa visibilización, el mayor reto que tienen ella y sus compañeros es conseguir tierras para constituir el cabildo indígena. “A través del proceso de paz, queremos conseguir predios para el resguardo, y que estas familias se ubiquen, ya que estamos viviendo en fincas o en arriendo”, sentencia.

ALFONSO HENRÍQUEZ FUNDACIÓN SEMANA

Lleva 35 años en la región, pero es samario. Llegó huyendo de la violencia generada por la bonanza marimbera y al llegar a los Montes de María se encontró con otra realidad y otra guerra, la de los grupos armados que sometían, asesinaban y desplazaban a las poblaciones de la región.

“En Sincelejo creamos la fundación Hijos de la Sierra Flor, que es un referente en la región, en unos sectores muy populares con unos curas franciscanos”, recuerda. Con esa entidad trabajó durante 25 años y llegó a ser su director. También laboró en la Fundación Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Con la Fundación Semana se conectó cuando participó en el proyecto de la Hoja de Ruta en el que las comunidades contaron sus principales necesidades. De allí surgió que una de las mas sentidas era que los niños y jóvenes tomaban agua de mala calidad en las escuelas. “La solución era muy sencilla: cosechar agua de lluvia”.

Cree que el reto de las comunidades ha sido uno: tener mejores condiciones para lograr una vida mucho más digna. Además, ese reto es institucional, ya que considera que en la región ha habido entidades estatales de espaldas al desarrollo, que deben ponerse a la altura de lo que viene.

Considera que los acuerdos de paz establecen una serie de compromisos para la institucionalidad y estas no están preparadas. Entonces, la pregunta es cómo se preparan, a lo que responde que la planea-