'Pintan' un futuro sin greenwashing

Nuevas legislaciones en los países norteamericanos, obligarían a las empresas a tomar en cuenta las emisiones de gases contaminantes que realizan sus proveedores en la cadena de suministro

Por Alejandro Dabdoub

El greenwashing hace referencia a una práctica de mercadotecnia en una organización que presume un posicionamiento ecológico verde, cuando realmente sus operaciones dañan al medio ambiente. El objetivo es generar una percepción positiva entre los consumidores que tienen más conciencia por la contaminación y, al mismo tiempo, capitalizar el interés por la sostenibilidad, desde los fondos verdes, hasta los subsidios públicos.

En otras palabras, greenwashing es una forma de manipulación con la cual se promueve una imagen de sostenibilidad sin respaldarla con hechos y acciones. Con esto, se busca capitalizar el creciente interés por el medio ambiente y crear una imagen positiva entre los consumidores.

Algunas de las prácticas más comunes del greenwashing son el uso de etiquetas ecológicas con información vaga y las estadísticas selectivas. Sin embargo, una de las metodologías engañosas que más afectan al movimiento, es el no tomar en cuenta toda la contaminación que genera un producto al descartar el impacto de la cadena de suministro.

En los últimos años, el greenwashing, también conocido como ecoblanqueo, se ha convertido en el peor enemigo tanto de los ambientalistas, como de los que proponen menos regulación y un mercado más abierto. Por un lado, los ecologistas se quejan de que este tipo de acciones empeoran el combate al cambio climático y, por el otro, los economistas más liberales afirman que sólo son un obstáculo más para las empresas.

En otras palabras, el greenwashing se ha convertido en un tema central debido a que las empresas pueden acceder a más inversiones o ayudas del Gobierno si demuestran que son verdes.

Este problema no es exclusivo de Estados Unidos.

La Comisión Europea advierte que más de la mitad de las afirmaciones ecológicas de empresas y productos, desde ropa, hasta alimentos, son “vagas, engañosas o sin fundamento”.

Además, un 40 por ciento incluso carecen totalmente de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente.

La nueva regulación

Cada vez existe una mayor presión por parte de las autoridades en el mundo para combatir la emisión de gases de efecto invernadero. Uno de los principales obstáculos en la lucha por el medio ambiente ha sido calcular y, por ende, responsabilizar a las empresas por la contaminación que generan al momento de llevar a cabo sus actividades económicas.

Actualmente, Estados Unidos prepara una nueva regulación que obligaría a las compañías a cuidar las emisiones que generan sus proveedores en la cadena de suministro. De aprobarse, inversionistas extranjeros deberán tomar en cuenta la operación de las empresas locales antes de establecer su producción, algo que podría tener un impacto especial en México que se distingue por ser una de las economías más abiertas del mundo.

La ley, promovida por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglás en inglés), busca que las empresas informen a sus inversionistas de manera anual cuánta contaminación están generando y cómo esto puede afectar sus ingresos.

Las compañías se han opuesto en el pasado a tomar en cuenta las emisiones que realizan sus proveedores argumentando que están fuera de su control y actualmente sólo una tercera parte de las que cotizan en Bolsa en Estados Unidos lo hacen. Además de hacerlo obligatorio para todos, la SEC también busca homologar los reportes para que puedan ser fácilmente comparados por los inversionistas.

Nos preocupa que las divulgaciones existentes de los riesgos relacionados con el clima, no brindan a los inversores la información detallada y confiable relacionada con el medio ambiente que necesitan para realizar inversiones informadas y decisiones de votación”

Comisión de Bolsa y Valores.

Los tres tipos de alcances

Tradicionalmente, las empresas utilizan el llamado Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHGP por sus siglas en inglés) para calcular y reducir las emisiones contaminantes. Fue creado en 2001 y está basado en el Protocolo de Kioto de 1997.

El protocolo define los gases de efecto invernadero como aquellos que absorben la energía del sol y ralentizan su ritmo de escape de la Tierra al espacio, es decir, los que atrapan el calor en el planeta. Las normas corporativas que proponen dividen las emisiones en tres categorías o alcances.

Los primeros dos giran en torno a la operación directa de las organizaciones, mientras que el tercero hace referencia a los proveedores y cadenas de suministro. Este tercer alcance es justamente el que Estados Unidos quiere incorporar en sus leyes.

Alcance 1

Se trata de las emisiones directas de las fuentes propias o controladas por las compañías. Abarca desde la energía utilizada por las plantas u oficinas, hasta las emisiones procedentes de la combustión en la línea de producción (como el humo que emiten algunas fábricas).

Alcance 2

Esta categoría hace referencia a las emisiones indirectas que provienen de la energía comprada a terceros (y no generada por la misma empresa). En ese sentido, si el proveedor de electricidad contamina, la empresa que la adquiere debe tomar en cuenta esto para calcular su huella de carbono.

Alcance 3

Incluye todas las emisiones indirectas que genera la cadena de valor de una empresa. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), son “el resultado de las actividades de los activos que no son propiedad de la organización ni están bajo su control, pero sobre los que la organización ejerce un impacto indirecto en su cadena de valor”.

La cadena de valor, bajo la lupa

Dentro del tercer alcance del GHGP, las actividades de la cadena de valor de una empresa se dividen en dos grupos.

El primero tiene que ver con las actividades previas a la producción de un producto o servicio y El segundo con las actividades posteriores.

Emisiones aguas arriba

Hace referencia a todos los bienes y servicios adquiridos para crear un producto. Desde la compra de materias primas, hasta que termina por salir de la fábrica. Incluye las siguientes categorías:

• Bienes y servicios adquiridos.

• Bienes de capital.

• Actividades relacionadas con el combustible y la energía.

• Transporte previo y distribución.

• Residuos generados en las operaciones.

• Viajes de negocios.

• Desplazamientos de los empleados.

• Activos arrendados en la fase previa.

Emisiones aguas abajo

Abarca toda la contaminación generada dentro de la cadena de valor cuando los productos salen de la propiedad o control de la empresa. Se divide en siete categorías:

• Transporte posterior y distribución.

• Procesamiento de los productos vendidos.

• Utilización de los productos vendidos.

• Tratamiento de los productos vendidos al final de su vida útil.

• Activos arrendados en fases posteriores.

• Franquicias.

• Inversiones.

Un impacto significativo

Tesla se ha convertido en un sinónimo de inversión verde sustentable. La llegada de la empresa a Nuevo León fue recibida como un impulso a la energía renovable en el país y se espera que esta industria despegue en los próximos años.

Sin embargo, ni siquiera una operación como la que encabeza Elon Musk es 100 por ciento ecológica y su mayor área de oportunidad está precisamente en su cadena de suministro. Ante los inminentes cambios regulatorios en Estados Unidos, Tesla ha optado por modificar su metodología para calcular sus emisiones de CO2, lo que ha disparado el tamaño de su huella de carbono.

En 2021, Tesla reportó que todas sus operaciones directas (alcances 1 y 2 del GHGP) y las recargas de baterías que realizan sus usuarios produjeron unos 2.5 millones de toneladas métricas de CO2. El año pasado, al tomar en cuenta a la cadena de suministro, está cifra se disparó exponencialmente para llegar a los 30.7 millones de toneladas métricas.

No obstante, la compañía de Musk sigue siendo una de las más amigables con el medio ambiente del sector automotriz. Si tomamos como referencia a Ford (quien produce tres veces más autos que Tesla), destaca que el año pasado generó unos 337 millones de toneladas métricas de CO2 al tomar en cuenta su cadena de suministro.

¿Qué tan limpia es la energía en México?

La gran mayoría de las empresas que operan en el territorio nacional no tienen la capacidad de generar su propia energía, por lo que dependen de la que es suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El problema es que, históricamente, el país no ha hecho una apuesta seria por las energías renovables.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener), alrededor del 75 por ciento de la electricidad disponible en México es producida por centrales con quema de combustibles fósiles.

Entre estos procesos se encuentran el de ciclo combinado, térmica convencional, turbogas, combustión interna y carboeléctrica.

Por el lado positivo, el gas natural es el que más se utiliza en el país para generar electricidad y, dentro de los combustibles contaminantes, es de los que menos emisiones generan.

Asimismo, el 25 por ciento de energía en el país provienen de fuentes renovables, como centrales hidroeléctricas, eólicas y solares, así como de no renovables, como la nucleoeléctrica. De tal modo, las empresas en el país que quieran reducir su huella de carbono tienen un gran obstáculo por superar, ya que no tienen un acceso fácil a energías verdes.

Emisiones en aumento, pero en desaceleración

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) señala que en 2019 el país emitió más de 736 millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

Este análisis lo realizan las autoridades, por ley, cada cuatro años y se puede ver un aumento paulatino ya que, en 2015, se reportaron poco más de 705 millones de toneladas y en 2011 fueron 687 millones.

El instituto destaca que entre 1990 y 2017 aumentaron en el país las emisiones contaminantes en un 65 por ciento. Aunque actualmente estos indicadores siguen creciendo, señala que en los últimos años se ha ido desacelerando.