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LUNES 14 DE JUNIO DE 2021
PVEM: Una historia de trampas / Neldy San Martín La del Partido Verde es una historia de escándalos. El 5 de junio de 2015, en plena veda electoral de las elecciones intermedias, a un día de los comicios de ese año, apareció en la red social Twitter una campaña a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), impulsada desde las cuentas de 36 actores, actrices y conductores de Televisa y Tv Azteca, con el hashtag #VamosVerdes. Seis años después, el pasado sábado 5, el PVEM recurrió a una estrategia similar en la pasada veda electoral: al menos 30 “influencers” hicieron proselitismo a favor de ese partido en las redes sociales. En 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió sancionar al Verde con una multa de 7 millones de pesos por considerar que la difusión de tweets por personas famosas fue una estrategia propagandística que pudo incidir en los procesos electorales federal y locales de aquel entonces. Ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) investiga por “posible delito electoral” a 95 personas, sus agencias de publicidad y al PVEM, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (Fisel) también abrió una investigación. La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, dice en entrevista que, tras incurrir en una conducta reiterada, el PVEM debe ser acreedor a una sanción severa o volverá a hacerlo en las siguientes elecciones: “Ellos se arriesgaron. No sé si su intención era asegurarse de que obtuvieran 5%, que es en general lo que obtienen en cada elección. El INE descuenta la sanción del financiamiento público que tenemos destinado para ellos. Entonces dicen: bueno, me va a costar 7 millones de pesos armar toda esta situación, además tener notoriedad, pues lo hago”. Historial de trampas Tras las elecciones intermedias de 2015 el PVEM sumó una treintena de quejas electorales y tuvo que pagar multas por más de 500 millones de pesos, que lo llevaron a contratar un crédito de 100 millones de pesos con Banco Multiva SA de CV para hacer frente a sus deudas. Sus reiteradas violaciones a la ley llevaron a que las autoridades electorales analizaran si debía mantener el registro como partido político, después de que ciudadanos solicitaran su cancelación por “el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015”. Ese año se le acusó, entre otras cosas, de contratar mediante sus legisladores 300 mil mensajes en televisión con fines electorales de manera ilegal, de la contratación de espectaculares en miles de espacios urbanos en todo el país, de la compra y transmisión ilegal de propaganda en salas de cine y de la entrega de miles de tarjetas de descuento, así como la entrega de vales para que los ciudadanos obtuvieran gratuitamente lentes con graduación. “Son la síntesis de todas las peores prácticas contrarias a la democracia, contrarias a la Constitución”, opina en entrevista Alfredo Figueroa, exconsejero electoral, quien en 2015 formó parte del grupo de ciudadanos que exigieron cancelar el registro del PVEM. En esa ocasión los ciudadanos se basaron en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que establece esa sanción a la fuerza política que incumpla de manera grave y sistemática las obligaciones que le señala la normatividad electoral, a juicio del Consejo General del INE o de los Organismos Públicos Locales. Sin embargo, el TEPJF determinó que no se acreditó que dicho partido político hubiese incurrido en esas condiciones y ordenó al INE integrar un registro de las faltas del partido para prevenir que en futuras elecciones volvieran a cometer los mismos delitos. Sin embargo, ocurrió en las pasadas elecciones intermedias. A decir de Figueroa, el argumento central del tribunal fue que era mejor si la ciudadanía le quitara el registro al PVEM no dándole su voto, “como si no fuesen controladores de la televisión, como si no controlaran a comentaristas y como si la ley no señalara expresamente que este tipo de violaciones constituyen una razón para perder el registro.
“El sistema de alianzas, el sistema de vínculos con las televisoras, con el Poder Judicial, con los partidos políticos mayoritarios, empoderados, con recursos ilimitados, hacen que su negocio, con toda la ilegalidad, les permita los grados de impunidad que persisten en México. Se les puede encontrar una maleta con millones de pesos y no pasa nada; se les puede encontrar que están comprando camisetas por millones de pesos con dinero en efectivo y no pasa nada; se les puede ver violando la Constitución en la televisión todos los días y promoviendo candidatos vinculados con el crimen organizado y no pasa nada”, lamenta. De empresa familiar a franquicia El profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, Rafael Cedillo Delgado, dice en entrevista que la familia González Torres mantiene el control del partido, pese a que atravesó por varios cambios en su dirigencia desde 2011. En la página del partido, Jorge González Torres y su hijo Emilio aparecen como miembros del Consejo Político Nacional. “Emilio González Martínez y Arturo Escobar y Vega son quienes dirigen al partido desde la sombra; son los que realmente hacen las negociaciones y los acuerdos con los partidos grandes, pero tratan de presentar ante la ciudadanía una imagen de jóvenes, de yuppies”, explica. El académico comenta que la historia del PVEM se puede dividir en tres fases: la primera, con Jorge González Torres, de formación en 1986, pasando por 1994, cuando pudo participar en las elecciones tras obtener un registro condicionado. La segunda empezó en 2001, cuando asume su hijo, y apoyan a Vicente Fox en su campaña presidencial: “Empieza una transformación: pasa de partido familiar a un partido considerado como una franquicia, pero más bien podríamos llamarlo negocio político, en donde ya la familia González Torres empieza a dejar de figurar como un poder unipersonal del padre, para diversificarlo entre varios dirigentes”. A partir de 2001, junto a González Martínez, apodado el Niño Verde, se empoderó un grupo de jóvenes como la imagen pública del partido, entre ellos Bernardo de la Garza, Arturo Escobar y Vega, Francisco y Alejandro Abundis, Cuauhtémoc Ochoa y Gustavo Díaz Ordaz nieto. Todos ellos provienen de universidades privadas, como la Anáhuac y la Ibero, y dejaron de lado la etiqueta de partido ecologista para dedicarse a hacer un negocio con el que logran cargos y votos. “En 2006 –prosigue Cedillo– empiezan a trabajar con Enrique Peña Nieto, primero como gobernador del Estado de México, después en la candidatura presidencial para formar una coalición con el PRI. Es parte de esa transformación que se inició en 2001, en la que, además de ser una empresa política, le venden a la ciudadanía un producto: el de un partido político de jóvenes, profesionistas, exitosos y que son atractivos para las clases medias, para estudiantes, para los liberales en lo económico y conservadores en lo social.” La tercera etapa, dice el investigador, llega con la dirigencia de Carlos Puente Salas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con un nuevo relevo de jóvenes que representaban las mismas aspiraciones: Jesús Sesma Suárez, Pablo Escudero –yerno de Manlio Fabio Beltrones– y Manuel Velasco Coello. Es la época también de la “telebancada”, con legisladores del PVEM y del PRI cercanos a Televisa y a Tv Azteca, como Ninfa Salinas, hermana de Ricardo Salinas Pliego; Rubén Acosta Montoya, exdirector ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y el propio Puente Salas, quien fue asesor de la CIRT y jefe de administración y convenios públicos en Tv Azteca. “Durante muchos años el PVEM ha sido, hasta el 2018 aproximadamente, la correa de transmisión de intereses de muchas empresas, pero señaladamente de las televisoras en el Congreso”, manifiesta Figueroa. Y la alianza con Morena llevó al PVEM a su mejor resultado electoral, con 44 escaños en la Cámara de Diputados, y probablemente a la segunda gubernatura de su historia: la de San Luis Potosí, en caso de confirmarse el triunfo de su candidato Ricardo Gallardo, investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La votación en / Pedro Zamora Briseño La coalición Morena-Partido del Trabajo resultó ganadora de la gubernatura de Morelia. Sin embargo, se trata de una cuestionada victoria a causa de las denuncias sobre grupos armados que irrumpieron y operaron en su favor en diversos municipios mediante el robo de urnas, amenazas a funcionarios de casilla y coacción de votantes. Hasta el viernes 11 no había concluido el cómputo oficial, pero según el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, en los avances de las distintas elecciones se estaban confirmando las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). De acuerdo con ese programa, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla obtuvo 654 mil 837 votos (41.56% de las preferencias), mientras que el candidato de la coalición PRD-PRI-PAN, Carlos Herrera Tello, recibió 614 mil 576 sufragios (39.03%). La diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 40 mil 261 votos (2.53%). Ante la cerrada contienda y su combinación con las presuntas irregularidades detectadas el día de la jornada electoral, la alianza tripartidista ve condiciones viables para judicializar el proceso y llevarlo hasta la última instancia para buscar la nulidad de las casillas donde hubo anomalías, explica el comisionado del PRD ante el IEM, David Alejandro Morelos Bravo. “Fueron bastantes las incidencias que reportamos el día de la elección, pues desde el inicio hubo hombres armados operando en favor de Morena, intimidando a nuestros representantes para que se retiraran de las mesas de casilla en los municipios, como Múgica, La Huacana, Tumbiscatío, Gabriel Zamora, Salvador Escalante, Régules y Zitácuaro, entre otros, donde nos quedamos sin representantes”. Coincidentemente, añade Morelos Bravo, en esa región se registró una “votación atípica” en la cual Morena y el PT ganaron con ventajas de hasta dos o tres a uno. Los distritos locales XXII y XXIV, con cabecera en Múgica y Lázaro Cárdenas, respectivamente, fueron definitorios para el triunfo de Ramírez Bedolla en la contienda por la gubernatura, pues, de acuerdo con el cómputo oficial, ahí apabulló a su adversario con una diferencia de 54 mil 34 votos, cifra notablemente superior al margen de 40 mil 261 sufragios con los cuales ganó la elección en todo el estado. En el distrito XXII el resultado fue de 50 mil 542 votos (66.9%) del morenista contra 19 mil 413 (25.74%) de Herrera Tello, mientras que en el distrito XXIV fue de 41 mil 304 (62.49%) contra 18 mil 319 (27.71%).
Morena-PVEM, “una / Alejandro Caballero Anticipada por todas las encuestas, la derrota por el control de la Cámara de Diputados de la alianza opositora Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, la hizo oficial el Instituto Nacional Electoral (INE) a las 23 horas del domingo 6 de junio. El frustrado objetivo prioritario de la coalición impulsada por el empresario Claudio X. González de constituirse en nueva mayoría camaral y con ello tener el control del presupuesto federal, se intentó eludir con el discurso cupular de que se había evitado que la coalición de Morena y sus aliados PT y PVEM continuara aprobando reformas constitucionales, condición que nunca tuvo la alianza mayoritaria. El centro de la disputa electoral del 6 de junio quedó finiquitado: Morena y sus aliados PVEM y PT tendrán poco más de 60% de las curules y con ello podrán aprobar sin necesitar un solo voto opositor el destino de los recursos públicos durante los tres últimos años del actual sexenio. Con ello, en las votaciones y negociaciones en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura que entrará en funciones en septiembre próximo no se prevén cambios sustanciales: Morena y aliados podrán aprobar el presupuesto y las leyes que decidan, y si se intentan reformas constitucionales tendrán que negociar, ahí sí, con las bancadas opositoras para conseguir el voto de al menos unos 50 diputados, que pueden ser del PRI, del PAN, del PRD, de MC o de cualquier combinación posible. Ignacio Mier Velazco, el coordinador de los diputados federales de Morena, festina: “El presupuesto para 2022 está garantizado. La coalición que formamos con el PT y el PVEM nos da la mayoría absoluta con amplio margen”. –¿No le quita el sueño que para aprobarlo dependan de los votos del Partido Verde?
