El debate sobre el no-partido

Durante el periodo siguiente Velasco se fue aislando progresivamente, mientras que la perspectiva de su eventual retiro de la presidencia provocó una polarización en torno a dos proyectos que se habían venido diferenciando al interior del comando militar. Por una parte el de los «socialistas libertarios», que encontraban una fuerte limitación para proseguir con su proyecto en la ausencia de una base organizada y que presionaban por la creación de una organización política que capitalizara el respaldo social creado por las reformas, y el del grupo encabezado por Carlos Delgado, que se oponía a la creación de tal organización, por considerar que los «partidos tradicionales» eran parte de la vieja realidad que la revolución peruana había venido a cancelar y que traicionaban la voluntad de sus representantes, para quienes debían crearse canales de participación directa.

El discurso del «no-partido» y la «representación directa» de los trabajadores dio lugar a la organización del sistema Nacional de Apoyo a la Movilización social (sinamos) y a la creación de la organización Política de la Revolución Peruana (oPRP), medidas fuertemente criticadas por el Apra, que las veía como una amenaza a la posibilidad de heredar las reformas militares20. Por la otra, se articuló una fracción militar de derecha, que tenía cierta vinculación con el Apra.

el debate sobre el no-partido

Para los militares, el cambio social sería el resultado de una intervención del gobierno que sus beneficiarios debían agradecer, pero en cuya gestación y ejecución no tenían ni voz ni voto. En determinada oportunidad el general Edgardo Mercado Jarrín comparó el proceso con la curación de un enfermo: este debía tomar los medicamentos que el médico le administrara y quedaba descartado que el galeno —que era quien tenía el conocimiento— consultara con el paciente sobre lo que a este le convenía. El almirante Vargas Caballero, ministro de la junta, considerado un militar conservador, reconocía la necesidad de las reformas del régimen de Velasco, y explicaba la forma cómo debían desarrollarse: «Un país que necesita cambiar rápido, necesita una dictadura. Lo malo es que no hay dictador bueno. [...] Hitler y Mussolini hicieron, en un comienzo, mucho bien a sus países, porque los sacaron de crisis, pero luego han hecho barbaridades. Quizá Franco escapa de esta regla» (Pásara 1985: 342).

su enfermedad lo mostraba crecientemente vulnerable. Franco fue testigo de la desobediencia de subalternos a las órdenes de Velasco y de la necesidad de hacer la vista gorda de este, que perdía capacidad de mediar en los conflictos. 20 Haya declaró sobre el sinamos: «Aunque lo preside un general, su mentor es el sociólogo Carlos Delgado, ex aprista» (Troiane 1974). «opino que es otro partido y que tiene vocación de partido único», añadió.

En definitiva, el tema de la participación popular molestaba a los militares, formados en una mentalidad autoritaria y paternalista, para la cual las Fuerzas Armadas eran «las instituciones tutelares de la Patria», como rezaba el dispositivo que la oligarquía introdujo para cerrar el paso a la participación del Apra y el PC en el sistema político.

Los dirigentes del «experimento peruano»21 confiaban en que los cambios en la estructura de la propiedad creada por las reformas les brindarían automáticamente el respaldo social que necesitaban. Pero la situación económica de los sectores populares no mejoraba. La lógica del proyecto militar tenía como condición de partida realizar una acumulación en una escala lo suficientemente grande como para emprender un proceso de industrialización autosustentado. Las reformas, por otra parte, ahuyentaron la inversión extranjera. Por eso las presiones redistributivas no podían ser atendidas, lo que alimentaba la conflictividad social. La situación se agravó cuando a fines de 1983 la crisis del petróleo provocó una recesión mundial.

Frente a las presiones redistributivas, la junta trataba de cooptar a los movimientos sociales, o sustituirlos, si eso no era posible, o simplemente destruirlos. Es ilustrativa la experiencia de la fundación de la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP), cuya organización comenzó en 1972, explícitamente con la intención de neutralizar la influencia de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), de tendencia izquierdista. La CTRP se diseñó directamente para controlar la creciente movilización reivindicativa del movimiento obrero y en su gestación intervinieron las distintas tendencias existentes en el gobierno, tal como lo narra José Luis Alvarado, uno de los promotores de la creación de la central gobiernista y miembro de la dirección del sinamos:

Las reuniones para formar una central comenzaron en el servicio de Inteligencia Nacional. Allí estaban militares y civiles. se hicieron alternativas: la primera posibilidad era hacer una central única con todos los trabajadores; la segunda posibilidad era hacer una central propia del gobierno; la tercera era pactar con la CNT [la central democristiana N. del A.]. [...] El consejo (de ministros) deliberó y se inclinó por la central propia. Graham dijo que la central única era un peligro. ¡No se daban cuenta que se podía controlar desde el gobierno! (Pásara 1985: 349).

Alvarado, un fogueado ex militante del Partido Comunista que se convirtió en un dinámico promotor velasquista, asume con una gran naturalidad la necesidad de manipular las organizaciones de los trabajadores:

21 La denominación pertenece a Abraham Lowenthal (1985).

La CTRP surgió en la discusión sobre una ley de reforma sindical que buscaba decapitar a todas las dirigencias. El día D debía descabezarse todas las organizaciones y la ley imponía nuevos requisitos para elegir dirigentes. El trabajo previo hecho por nosotros debía asegurar que surgiera, elegido por las bases, el aparato propio (Pásara 1985: 349).

En toda la discusión que dio lugar a la gestación de la CTRP se daba por supuesta la necesidad de una estructura sindical controlada por el gobierno. Podía haber discrepancias en la forma cómo lograrlo, pero había un acuerdo en la meta a conseguir. Esta experiencia se repitió en todos los demás sectores laborales, con la creación de la Central Nacional Agraria (CNA), para enfrentar a la Confederación Campesina del Perú (CCP) en el campo, o en la creación del sindicato de Educadores de la Revolución Peruana (sERP), que pretendía desplazar al sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (sUTEP), y así sucesivamente. Para la mentalidad militar, la existencia de órganos autónomos de los trabajadores, y de los sectores populares en general, era inaceptable. Este era un proyecto autoritario, que no estaba dispuesto a tolerar que los beneficiarios de las reformas tomaran iniciativas que se salieran de «los parámetros de la revolución»22 .

El gobierno militar necesitaba cuadros para desarrollar sus acciones y los reclutó individualmente, principalmente entre los independientes y los militantes de partidos como la Democracia Cristiana, Acción Popular socialista y el Partido Comunista, que habían proclamado su respaldo al «proceso revolucionario». Numerosos apristas también se incorporaron, lo cual era facilitado tanto por la similitud de las banderas levantadas por los militares con aquellas que en tiempos pasados había levantado el Apra, cuanto por el desencanto producido por el abandono de esas banderas por Haya de la Torre y el partido aprista, como sucedió con Carlos Delgado, el más importante asesor de Velasco. No había incorporaciones institucionales —por ejemplo de partidos— sino individuales. Los aceptados automáticamente asumían el rol de asesores de los militares que ocupaban cargos gubernamentales. se incorporaron también algunos ex guerrilleros amnistiados por Velasco Alvarado en 1970, de los cuales el más conocido era Héctor Béjar, el ex comandante general del ELN. El juicio de un civil, que apoyó al gobierno

22 Este fue un motivo ideológico recurrente de la prédica velasquista que, según testigos de los hechos, fue creado por el demócrata cristiano Héctor Cornejo Chávez, que de esta manera esperaba que sus activistas pudieran crecer así en las universidades, sacando de en medio a sus rivales. Por supuesto, esto desplazó la lucha ideológica al interior del régimen hacia el complejo problema de quién tenía el derecho de definir los dichosos «parámetros», y en ese terreno los asesores civiles —los inventores del artefacto— solo podían tener juego si contaban con algún general que les prestara su voz.

militar, sobre el margen de acción del cual disponían los civiles que apoyaban el proceso revolucionario militar es muy expresivo: «En lo fundamental, incorporarse al proyecto de Velasco, para un civil significó quedar subordinado al mando de la fuerza armada y, concretamente, al principio de la unidad de ella que era burocrática y no políticamente mantenida» (Portocarrero 1978: 156). Esto significó la desmovilización de estos agentes políticos que quedaron así, dentro de «un proceso sujeto casi íntegramente a un juego estricto, rígidamente burocrático», según confiesa uno de los implicados (Béjar 1976: 199-200). Lo más grave, sin embargo, es que ellos —pese a sus propósitos de radicalizar al régimen— fueron llamados también a cumplir un rol objetivamente desmovilizador desde el aparato del Estado, o mediante un concurso político que procuró domesticar el movimiento popular, o mediante la formulación de una ideología despolitizadora (Pásara 1985: 351).

Las crecientes presiones sociales que experimentaba el gobierno, a medida que la crisis económica iba haciéndose sentir, llevaron a algunos asesores civiles a plantear la necesidad de construir una base de apoyo social para afrontar los tiempos difíciles que se avizoraban. Para unos, era necesario fundar un partido político que respaldara las reformas de la junta. otros, que impusieron su punto de vista, rechazaban esta propuesta, sosteniendo que las organizaciones partidarias eran una pervivencia de la oligarquía y que era necesario construir nuevas formas de representación más adecuadas para el Perú que venía emergiendo «al calor de las transformaciones revolucionarias». surgió así la tesis del «no-partido», cuyo principal ideólogo fue Carlos Delgado, director el grupo conocido como «la Aplanadora», que, por una parte, veía al Partido Comunista como su principal rival dentro del proceso velasquista y, por otra, tampoco deseaba que surgiera otra organización partidaria: «establecer un partido político hubiese significado cambiar el eje burocrático militar sobre el cual descansaba la conducción política; ésta se renovaba de acuerdo al juego de ascensos que a su vez se decidían políticamente pero que se justificaban como si fueran “institucionales”» (Pásara 1985: 353).

Formar un partido político era problemático por la naturaleza misma del proceso. La cuestión de fondo era qué ocurriría con los militares:

[...] o ingresaban algunos que adquirirían entonces una valencia superior al resto, o no podía adherir ninguno y esa organización no tendría ninguna fuerza real, o finalmente militaban todos y se duplicaba la estructura militar incorporando a los civiles en competencia por el poder o como edecanes. Complementariamente, se planteaba el problema de la forma de participación de los civiles; en cualquier hipótesis el partido suponía que ellos superaran el rol de “asesores” asignado por los jefes militares y compartiesen poder de decisión, hecho que no estaba previsto en el marco castrense del proceso político. Frente

a este impasse la tesis del “no partido”, sustentada en términos más bien anarquizantes, fue una tabla de salvación ideológica, que creyó solucionar el problema, y dejó en los mandos militares existentes toda la capacidad de decisión (Pásara 1985: 353).

El discurso del «no-partido» se justificó con la teoría de «la participación plena», que debía sustituir a la vía partidaria «tradicional». El partido político, como expresión de intereses de clase, era un mecanismo de «intermediación y manipulación» que expropiaba la voluntad popular. Frente a él, la revolución otorgaría la función de representación a las «organizaciones económicas de base»; las entidades creadas por el proyecto militar: comunidades laborales, cooperativas agrarias, sociedades agrícolas de interés social y comunidades campesinas, en tanto que adjudicatarias de la reforma agraria y las empresas de propiedad social. «Todas estas entidades empresariales habían recibido “poder económico” mediante el proyecto implementado por el gobierno; decían los ideólogos que a ellas debía corresponder también el poder político» (Pásara 1985: 353-354).

Julio Cotler definió esta propuesta como corporativa:

[...] los ideólogos del régimen se propusieron la creación gradual de una “democracia social de participación plena”, que englobara corporativamente a las clases de la sociedad en un marco “solidario” en el que los militares representarían los intereses de cada uno de ellos. Este régimen político debería resultar, primero, de la modificación de la estructura de la propiedad que, según uno de los ideólogos del régimen, eliminaba la estructura de clases. Así, por primera vez en la historia peruana, se establecería un consenso entre gobernados y gobernantes, que se manifestaría en el encarrilamiento de la población bajo las órdenes del Jefe de la Revolución, sin pretender influir en la marcha de la misma (Cotler 1985: 56).

según el discurso oficial, los trabajadores del campo ya eran los dueños de las tierras después de la reforma agraria, pero en los hechos estas eran manejadas por administradores impuestos por la burocracia estatal, en alianza con dirigencias laborales a menudo corrompibles. Los obreros iban a ser copropietarios de las empresas, así que la comunidad laboral que los aglutinaba llegara a poseer la mitad de las acciones, pero en los hechos la explotación clasista proseguía y se agravaba a medida que la crisis económica avanzaba. De allí que, más allá de la propaganda oficial, las huelgas y enfrentamientos en las ciudades crecieran con gran fuerza a partir de 1973 y que en 1974 se desplegara un gran movimiento campesino de ocupación de tierras en Andahuaylas, que puso en jaque al gobierno, mientras que las protestas campesinas contra las administraciones impuestas en las empresas creadas por la reforma agraria se multiplicaban.