Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe. Textos seleccionados 2002-2020

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Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe

universal (llegar a todos los usuarios que lo soliciten dentro del área asignada)— y con ciertas metas de autofinanciación. Estos cuatro conceptos —calidad, precio, cobertura y autofinanciamiento— admiten múltiples combinaciones. La calidad de servicio es muy variable en la región, la cobertura dista de la universalidad en la mayoría de los casos y pocos prestadores han alcanzado el autofinanciamiento.

Recuadro II.7 ¿Dilema público-privado? Para muchos, el término “privado” es sinónimo de eficiencia e innovación y “público” equivale a despilfarro e incompetencia. Otros en cambio asocian “privado” a negocio que deja de lado a usuarios no rentables y “público” a la defensa de los pobres, las minorías y el interés social. La realidad suele tener matices. Aunque muchos argumentos teóricos y prácticos indican que las empresas privadas de agua potable y alcantarillado deberían ser más eficientes que sus contrapartes públicas, los escasos estudios empíricos disponibles proporcionan evidencia mixta sobre los efectos del tipo de propiedad sobre la eficiencia en este sector en particular (Renzetti y Dupont, 2003). La teoría argumenta que los mercados competitivos tienen una fuerte presión hacia la eficiencia. La conclusión más importante que puede extraerse de estas experiencias es que cuando el nivel de competencia es bajo y las empresas deben estar fuertemente reguladas, no hay demasiados elementos empíricos que justifiquen, en términos generales, preferir uno u otro tipo de propiedad. En consecuencia, corresponde realizar una evaluación caso por caso de sus ventajas y desventajas. Es decir, en este sector, la eficiencia depende más de condiciones institucionales y estructurales del entorno que del tipo de propiedad. La reestatización de algunas entidades prestadoras en la región se materializa dentro de un mundo completamente diferente al vivido en las décadas previas a los años noventa, donde los servicios públicos se autorregulaban y no necesariamente priorizaban la eficiencia en su inversión y gestión: la implementación de marcos institucionales para la regulación económica de los prestadores y el reconocimiento de la eficiencia como un valor exigible a los servicios públicos 40 han cambiado el panorama. Se acepta la regulación independiente tanto de compañías privadas —como un reaseguro para que no se desvíen de metas socialmente deseables— como de empresas públicas —para contrarrestar posible captura por grupos de interés que persiguen su propia agenda—, y además en varios casos, se separa el rol de prestador de la planificación de largo plazo del sector. En la mayoría de los casos, los marcos institucionales para la regulación económica fueron introducidos pensando en que se aplicarían a operadores privados y no al sector público. Sin embargo, la participación privada no se ha expandido tal como se esperaba, varios operadores privados internacionales se han ido de la región y los servicios han sido reestatizados. Las realidades políticas y condiciones del sector apuntan a la preponderancia de la acción de las empresas públicas en la prestación de los servicios. Uno de los aspectos principales de esta transformación ha sido en el área de la eficiencia, toda vez que su inducción por medio de complejos mecanismos de incentivos económicos y financieros siempre estuvo ideada para un operador privado. Entonces cabe preguntarse si la idea de eficiencia inserta en los marcos normativos existentes es suficiente garantía para asegurar que un operador público —en manos municipales o estatales— se comporte de tal manera o más bien se requieren enfoques y controles complementarios o diferentes. Fuente: Jouravlev (2001a), (2001b) y (2004). 40

Esta última tendencia es observada en todo el sector público a raíz del fuerte influjo de la nueva gestión pública (“new public management”) en la administración (Pollitt y Bouckaert, 2004). En esencia, esta corriente persigue introducir en la administración pública formas “más flexibles y dinámicas, similares a las técnicas empleadas por el mercado y la empresa privada en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad” (Araya y Cerpa, 2009).

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