Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe
a otros usos que puedan ser creadores de mayor valor añadido. Se trata de políticas que buscan con la reducción del agua dedicada a la agricultura la posibilidad de relanzar determinados usos industriales sin afectar la producción de alimentos, en la que estos países suelen ser autosuficientes o excedentarios o, en todo caso, y por su capacidad económica, con la posibilidad de adquirir tales alimentos en los mercados internacionales o de formular políticas (como de modernización de regadíos) para ahorrar agua y conseguir un mismo nivel de producción de alimentos. Estas políticas suelen ocasionar conflictos entre las estructuras organizadas representativas de los agricultores (federaciones, asociaciones, etc.) y las de otros usos, incluso con los gobiernos. Es en parte por esta razón que una adecuada aplicación del enfoque del Nexo, podría traer consigo una reducción de la conflictividad socio-ambiental entre los distintos usuarios del agua, tanto entre sus titulares como teniendo en cuenta a los usuarios informales, de mucha importancia en la región. Ello debido fundamentalmente a que, la aplicación del enfoque del Nexo en la formulación de políticas, permitiría identificar, de antemano, las afecciones entre sus distintos componentes, y por consiguiente, corregirlas desde sus orígenes. En países en vías de desarrollo son también comunes políticas de intensificación de la superficie dedicada al regadío, como aspiración de conseguir la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria. Un ejemplo de ello es la Ley de la Década del Riego 2015-2025, del año 2015, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Su objetivo consiste en alcanzar un millón de hectáreas bajo riego durante esos diez años “con la finalidad de promover la producción agropecuaria a través de inversiones del nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas orientadas al desarrollo del riego”. La formulación de este tipo de actuaciones requiere de la disponibilidad de agua suficiente en cantidad y calidad, además de los medios económicos necesarios para afrontar las inversiones y, posteriormente —algo que muchas veces se pasa por alto—, poseer también las estructuras organizativas adecuadas (tanto en el plano interno de la organización de los regantes como en el administrativo propio de los niveles de gobierno) para la gestión con eficacia y productividad de ese incremento de superficie agrícola de regadío. Entre otras condiciones, hace falta también una administración con niveles técnicos adecuados para proceder con seguridad jurídica a la atribución (mediante concesión u otros sistemas) de los caudales de agua necesarios para atender a esa nueva superficie de regadío y un registro y catastro de aguas público que refleje con exactitud la situación jurídica de reparto y utilización del agua, lo que es muy difícil de encontrar y muchas veces compromete el éxito de políticas públicas. Para evitar algunos de los riesgos vinculados al regadío, a veces se pone el acento en la mayor capacidad de mejorar la producción de alimentos con el “agua verde”, que es la procedente de la lluvia, que está en el suelo y que estaría vinculada a los cultivos de secano, en contraste con el “agua azul”, que es la transportada artificialmente, con distintos tipos de canalizaciones y que da lugar a los cultivos de regadío. El argumento es que allí donde no se dispone de agua suficiente, sólo se puede mejorar la seguridad alimentaria, incrementando la productividad de los recursos hídricos existentes y limitando el crecimiento de la población (Falkenmark y Rockström, 2011). Igualmente, la relación puede mejorar con el incremento del tratamiento de las aguas residuales urbanas alcanzando niveles de calidad que permitan su utilización para el riego. Esto puede ser factible en las proximidades de importantes núcleos habitados, que permitan sufragar las instalaciones de depuración y regeneración de aguas residuales. También, la llamada “cosecha de lluvia”, la captación de la precipitación pluvial, tiene un papel en esta relación. Finalmente, en la relación entre agua y alimentación, hay que tener en cuenta lo que se conoce como “agua virtual”, que es el agua transportada (incorporada) con los alimentos que un país importa (o exporta). Este enfoque puede servir para justificar las políticas públicas en función de la posición del país (zona, cuenca o región) como exportador o importador de agua virtual en relación
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