Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe
desarrollo en general (Babette, 2016) y de las megalópolis latinoamericanas en particular. Resultan fundamentales las interconexiones en el ámbito de la producción y gestión de los tres elementos del Nexo, pero también lo son en el transporte y forma de consumo de los alimentos, y en la producción, tratamiento y disposición de residuos (sólidos y líquidos) que tienen lugar, predominantemente, en contextos urbanos. Esta dependencia e influencia recíproca de la ciudad respecto del territorio productor de bienes y servicios, alimentos, agua y energía, ha llevado a replantear la escala del ordenamiento territorial centrado tradicionalmente en los aspectos urbanos de esa planificación. Las interconexiones prioritarias del Nexo urbano deben inscribirse dentro de los principales problemas de las ciudades: escasez y deficiencia de servicios públicos, contaminación y degradación ambiental, transporte, residuos, pobreza, segmentación social e inseguridad.
4. Las interrelaciones entre agua, energía y alimentación La mejor manifestación de las relaciones entre los componentes del Nexo puede ser la producción de biomasa, de los productos vegetales considerados como fuente de energía, un fenómeno que ha tenido un gran incremento en los últimos años, notablemente en la región (Saulino, 2011a y Hoff, 2011). Los elementos positivos de una nueva fuente de energía calificada como “renovable” deben, sin embargo, matizarse si se tiene en cuenta que esa producción de plantas con destino a la generación de energía puede llevar consigo una reducción en la producción de alimentos (por la correspondiente reducción de la superficie agrícola destinada a ello) y también por sustraer una parte del agua de su vinculación a la agricultura de regadío16. Igualmente y si se trata de residuos forestales, puede quedar afectada la función ecológica de los bosques. Otra consecuencia puede ser la elevación de los precios de los alimentos, si bien la relación causa-efecto entre la producción (mundial) de biomasa y los precios agrícolas no es unánimemente aceptada (Martín Mateo, 2008). Esos riesgos pueden ser prevenidos con una adecuada intervención pública, que puede operar a varios niveles. Un primer nivel es el de la autorización de las instalaciones de producción energética con este origen. Otro es la intervención que puede desarrollarse sobre las superficies agrícolas o forestales que pretendan destinarse a estos fines. Normalmente son necesarios los dos tipos de intervención17. En la conferencia de Bonn se formuló al respecto un planteamiento preventivo, en el sentido de que “Los países en desarrollo que están considerando la bioenergía tienen que tener en cuenta todos los factores y consecuencias, como la aptitud de la tierra, la disponibilidad del agua, la competitividad, los costes socioeconómicos y los beneficios, la seguridad alimentaria, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza” (Hoff, 2011). Otro aspecto importante es que un tercio de los alimentos producidos se pierde, lo que está igualmente en el origen de la preocupación sobre el Nexo (Martin-Nagle y otros, 2012). A nivel global, esa pérdida de alimentos representa el 15% del total de la demanda de energía. Todavía más significativo es el impacto de esta pérdida en el uso de agua, que se estima en entre el 20% y el 30% 16
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Según la Comisión Europea (2011), “La agricultura intensiva, cuyo propósito es producir más alimentos y biomasa, podría intensificar la demanda de agua dulce para regadío y, por consiguiente, la presión sobre las reservas hídricas. Es preciso elaborar rápidamente soluciones en relación con el agua, de forma que aumente la eficiencia del riego, se reduzca el consumo de agua y se gestionen y conserven de manera sostenible los acuíferos”. En España, por ejemplo, las instalaciones eléctricas para esta producción de energía son objeto de autorización. A esto se agrega la intervención, sobre todo con finalidad ambiental, sobre las superficies forestales destinadas a la producción de biomasa. La intervención sobre las superficies agrícolas se hace principalmente desde la perspectiva del agua, pues las concesiones deben referirse expresamente a las superficies de riego y cultivos a los que se debe destinar el agua.
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