Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe
alcanzados conjuntamente —no son separables—, la idea del Nexo está implícitamente presente en su formulación, exigiendo una actitud coherente de los Estados (Embid y Liber, 2017). En Chile, la preocupación por hacer llegar los servicios de agua potable y saneamiento y de energía a toda la población, incluida la población rural, dio origen a programas especializados del Estado desde la década de 1940 para la energía y desde el año 1964 para el agua potable rural. En relación con la provisión de servicios de agua potable y saneamiento a la población urbana, el Estado mantuvo permanentemente programas de ampliación de la cobertura (Valenzuela y Jouravlev, 2007), en un marco institucional que, salvo excepciones, era fuertemente centralizado. Además, desde fines de los años 1980, las normativas relativas a las tarifas urbanas de provisión de los servicios tanto de agua potable y saneamiento como de electricidad consideraron el otorgamiento de subsidios focalizados en la población de menores recursos. Para ese propósito, se aplicó un instrumento estandarizado y único que permite clasificar los hogares que requieren apoyo desde los programas sociales de gobierno. El instrumento utilizado, que se creó en el año 1980 como Ficha CAS, fue perfeccionado mediante la Ficha de Protección Social (FPS) y, en la actualidad, por el Registro Social de Hogares. El uso de un instrumento único para focalizar los apoyos a la población vulnerable, compartiendo los costos y el esfuerzo técnico y administrativo que implica organizar un sistema nacional de subsidios, es un ejemplo de las sinergias que se generan entre los temas de provisión de agua potable y saneamiento y de electricidad. El programa iniciado en el año 1964 para proveer servicios de agua potable rural se intensificó desde la década de 1990, alcanzando en la actualidad una cobertura prácticamente total en relación con el suministro de agua potable en poblaciones concentradas y semiconcentradas (véase el gráfico 2), quedando aún pendiente del orden del 70% de la población en lo relativo al saneamiento rural. Asimismo, existen cerca de unos 500 mil habitantes de población rural dispersa que requieren de soluciones de agua potable y saneamiento sin conexión a redes. A fines del año 1994, como parte de la política de superación de la pobreza, se creó el Programa de Electrificación Rural (PER) (en la actualidad, Energización Rural). Cabe destacar que en esa época el 53% de las viviendas rurales no disponía de electricidad (Estay, 2014). El PER es un programa descentralizado ejecutado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y el Ministerio de Energía con los siguientes objetivos: integrar los sectores rurales al desarrollo económico nacional; frenar la migración rural-urbana; aumentar las posibilidades de generación de ingresos al tener medios más tecnificados de producción sobre la base de la energía eléctrica; y mejorar el nivel socio-cultural de las habitantes. El programa dispone de diversos instrumentos con subsidios y apoyos para utilizarse según la naturaleza de los requerimientos. Sus logros han sido significativos, habiéndose ampliado la cobertura de hogares con electricidad al 86% en el año 2002 y alcanzando en la actualidad un valor del orden del 98% (Argomedo, 2015). En síntesis, tanto en lo relativo a la provisión de agua potable y saneamiento como en los servicios de electricidad, los programas públicos han sido efectivos en alcanzar las coberturas básicas, quedando pendientes desafíos específicos relacionados con la calidad de los servicios.
7. Nexo: uso del agua como demanda de energía En la actualidad, la interrelación entre agua y energía ha adquirido nuevas dimensiones, ya que ahora se hace necesario considerar que los usos del agua también son consumidores de energía para desarrollarse en una forma competitiva; además, la escasez del recurso hídrico para iniciar nuevos aprovechamientos obliga a incorporar soluciones en las que la demanda energética resulta crítica para la factibilidad económica. En Chile, se han identificado tres importantes demandas de
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