Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
5. El dilema ambiental Como se ha señalado, el tema ambiental ha adquirido en los últimos años creciente importancia en la región y frecuentemente es motivo de situaciones altamente polémicas, que reflejan la inexistencia de un consenso social acerca de la materia. Los problemas que se presentan están referidos a la mantención de la demanda ambiental, a la contaminación de los ríos, lagos y acuíferos, y a la construcción de grandes obras hidráulicas.
a) Conservación de la demanda ambiental El resguardo de la demanda ambiental frente a la explotación excesiva de los recursos hídricos para otros fines, resulta especialmente conflictiva en las zonas áridas y semiáridas, ya que en esos casos adquiere una gran connotación económica. Lo anterior es aún más grave cuando se trata de situaciones consolidadas por un largo tiempo de uso21. A lo anterior se debe agregar las dificultades técnicas y las incertidumbres asociadas a la definición de un nivel de protección de los ecosistemas.
b) Control de la contaminación
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En esta materia el déficit de la región es de una gran magnitud y su solución supone la implementación efectiva de arreglos institucionales orientados a ese propósito y la derivación al tema de importantes recursos financieros que compiten con otras inversiones de carácter social o productivo22. En este sentido, junto con constatar una creciente conciencia acerca de la necesidad de corregir la situación existente, resulta difícil identificar un mecanismo de financiamiento adecuado y aceptado por la población. En el caso de la contaminación por aguas servidas urbanas ello es evidente, si se consideran las dificultades para asegurar la sustentabilidad financiera de los servicios de agua potable y saneamiento. Una situación parecida se presenta en relación con la contaminación por residuos industriales, en especial, cuando se trata de industrias pequeñas o medianas con un bajo desarrollo tecnológico. Otro aspecto que refleja las dificultades de construir una gobernabilidad efectiva en esta materia, se refiere a las limitaciones de la administración para abordar temas tales como la fiscalización y vigilancia de vertidos clandestinos, en especial a los acuíferos, y de controlar la contaminación difusa.
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Por ejemplo, en una gran parte de Chile, las “aguas están prácticamente todas asignadas, están todas en uso” (Figueroa, 1993). De hecho, varios ríos en el norte y centro del país, en muchos tramos, se secan durante los meses de estiaje por las extracciones que efectúan los usuarios. Como en estas áreas los derechos de agua han sido otorgados en su totalidad, “no es posible establecer exigencias de caudales ecológicos, salvo que el Estado expropiara los derechos…, o bien abriera un poder comprador a través de una licitación … en caso contrario se estaría violando el derecho de propiedad consagrado en la constitución” (Brown, 2005). En 1962, se estimó que en los países de la región más avanzados en esta temática, sólo alrededor del 10% de los sistemas de alcantarillado disponían de instalaciones de tratamiento de las aguas servidas (OPS, 1990). En general, puede decirse que desde entonces, salvo algunos casos aislados, entre los cuales se destaca por su envergadura y avance, el plan de saneamiento hídrico de Chile —como resultado de este plan, la cobertura de tratamiento aumentó del 8% en 1989 a casi 72% en 2004, y se espera, además, que supere al 98% en 2010 (Chile/SISS, 2003 y 2005b)— , la situación no ha cambiado significativamente en términos regionales, debido principalmente a los altos costos de las instalaciones de tratamiento de las aguas servidas y el desfinanciamiento crónico del sector. Así, se estima que en la actualidad solamente el 13,7% de las aguas servidas procedentes de las viviendas conectadas a redes de alcantarillado, recibe algún grado de tratamiento, que a menudo es deficiente (OPS, 2001).
