Editorial

A nuestros lectores

Como arranque del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica –y de la campaña del señor Trump para reelegirse como presidente de los Estados Unidos– aparece la amenaza de que nos vuelvan a aplicar la llamada “ley COOL” (Country Of Origin Labeling o “etiquetado del país de origen”). Ésta se encuentra vigente en el país vecino desde 2002 y fue aplicada entre 2008 y 2015 a las carnes de res, de cerdo y molida. Como la ley obligaba a que la etiqueta del producto dijera dónde nació, se engordó y se procesó el ganado, aquel que provenía del extranjero, prácticamente todo de Canadá y México, tenía que ser manejado por separado, lo que ocasionaba gastos a los ganaderos, corrales y plantas frigoríficas estadounidenses por una cantidad que entonces se calculó en 60 dólares por cabeza bovina, en promedio, la cual corría por cuenta del vendedor de los animales. Tanto Canadá como México se quejaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) al considerar que se trataba de una barrera no arancelaria que buscaba beneficiar a los ganaderos del país vecino dando trato discriminatorio a los extranjeros. Dicho organismo dio la razón a los quejosos y determinó que éstos podían, en compensación, aplicar aranceles extraordinarios a productos estadounidenses por un monto equivalente al daño que la ley COOL les había causado, los cuales él mismo calculó en 791 millones de dólares para Canadá y 228 millones para México. La OMC estimó el daño promedio por cabeza entre 60 y 100 dólares (una media de 80), lo cual querría decir que en los seis años que abarcó la investigación, cerca de tres millones de cabezas exportadas por México habían tenido que pagar el costo del etiquetado especial. A finales de 2015 los Estados Unidos dejaron de aplicar la ley COOL y hasta la fecha México no ha fijado a los productos estadounidenses los aranceles por los 228 millones a que tiene derecho para resarcirse del daño.

Ahora, sin embargo, cuando regresa la amenaza de que se vuelva a aplicar la ley COOL, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas pide al gobierno mexicano que ponga en vigencia los aranceles autorizados por la OMC a fin de disuadir a los Estados Unidos de volver a ponerla en funcionamiento. En vista del deseo de contemporizar que ha mostrado el actual gobierno ante la administración del señor Trump, es difícil suponer que se aplicarán dichos aranceles u otras medidas de represalia, y lo más probable es que si los estadounidenses deciden volver a aplicar su ley COOL, lo harán impunemente en detrimento de los ganaderos mexicanos.

Desde que se estaba firmando el nuevo acuerdo con Canadá y los Estados Unidos, el representante comercial de este último país, el señor Lighthizer, advirtió que en cuanto entrara en vigor, aplicaría una serie de medidas en beneficio de su sector agropecuario, y habló especialmente de cuotas y aranceles de “estacionalidad” para proteger a los agricultores estadounidenses de la competencia mexicana durante los meses de producción de las distintas cosechas. Algunos estados que se beneficiarían de ellos, como Florida, son clave en las aspiraciones reeleccionistas del señor Trump, así que no sería raro que empezara a recurrir a ellos. Éste sería un nuevo motivo de queja ante la OMC pues esas medidas de estacionalidad, al igual que la ley de etiquetado, violan tanto el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica como las regulaciones de la OMC. Pero de nada serviría que se autorizara a México la aplicación de represalias si su gobierno careciera de voluntad política para imponerlas.