Editorial-Septiembre/Octubre 2020

A nuestros lectores

La conveniencia de asegurar la trazabilidad ganadera, es decir, la posibilidad de rastrear los acontecimientos zootécnicos principales de los animales desde su nacimiento hasta su sacrificio, así como los productos obtenidos de ellos, es algo que no está a discusión, cuando menos en los países con un mínimo de desarrollo económico y cultural. En el caso de México, se trata de un requisito indispensable si queremos seguir exportando tanto ganado en pie como carne y otros productos pecuarios. Desde hace un par de décadas nuestro sistema de trazabilidad descansa en los aretes que se ponen a los animales y en las bases de datos que llevan el control de los mismos, que si bien no forman un sistema perfecto, es algo que ha demostrado ser eficaz en otras partes y aquí ha funcionado, a veces bien y a veces no tanto. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (Siniiga), establecido por la Secretaría de Agricultura como base para la trazabilidad, es manejado desde hace unos 15 años por la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), que a través de las asociaciones locales distribuye los aretes a todo el país.

Desde hace años, pero últimamente en especial, han surgido protestas en ciertos estados por parte de ganaderos que se quejan de que los aretes se prestan a la corrupción, y algunos mencionan concretamente que “una familia” enquistada en la Confederación hace con ellos el gran negocio. Aseguran que en algunos lugares es imposible conseguirlos a menos que se paguen cantidades exorbitantes por ellos. Con base en lo anterior hay quienes piden la desaparición del Siniiga, pero independientemente de estos y otros casos de malos manejos o ineficiencias que pudieran existir en la operación del sistema, sería absurdo actuar como aquellos que usan la corrupción como pretexto para deshacerse de todo lo que les estorba. Si hay malos manejos en el Siniiga, pues entonces que se corrijan y se sancione a los culpables, y si a alguien ya no le gusta el sistema, que proponga en su lugar algo mejor, pero debe haber una forma de tener trazabilidad, sobre todo ahora que prácticamente ha quedado normalizado el contrabando de ganado desde Centroamérica.

La cuestión, en realidad, no es si el Siniiga debe continuar o desaparecer. El asunto parece centrarse en dos preguntas: ¿quién debe operarlo?, y ¿quién debe pagarlo? Respecto a lo primero, ya que el Siniiga fue creado por la autoridad federal y responde o debe responder a una norma oficial mexicana (la NOM-001-SAG/GAN2015), es claro que la Secretaría de Agricultura tiene la última palabra, pero de hecho puede delegar las acciones para su funcionamiento en la CNOG, una organización civil que representa formalmente los intereses del sector. Además, ésta cuenta con una amplia infraestructura y tiene presencia en casi todos los municipios de la República. Si algunos piensan que sus actuales dirigentes ya llevan demasiado tiempo a cargo, eso es algo que debería dirimirse dentro de la propia Confederación; pero por lo pronto eso es lo que hay y el actual equipo es el que posee la representatividad legal para encabezar las acciones gremiales, entre ellas operar el Siniiga. Dejarlo en manos de la Secretaría sería un error, pues está visto que su actuación no siempre –y menos ahora– responde a los intereses de los productores. Sí convendría contar con el auxilio técnico del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentarias (Senasica), que posee un elevado nivel profesional y sería el respaldo oficial para la operación del sistema.

En cuanto a quién debe pagar el Siniiga, se viene diciendo desde hace años que lo costea el ganadero al adquirir los aretes, cuyo precio, ya implantados en los animales, cubre no sólo el material y el servicio de distribución y colocación, sino la operación de la base de datos y toda la administración del sistema. No llega a cien pesos por ejemplar, lo que comparado con el servicio que significa para la ganadería no parece alto. Claro que mejorar el Siniiga y colocarle los “candados” necesarios para su correcta y honesta operación tendría un costo. El Senasica ya ha dicho que no cuenta con recursos, y del presupuesto de la Secretaría mejor ni hablamos. Por otro lado, el partido político en el poder no está dispuesto a permitir que la Cámara de Diputados autorice fondos suficientes para nada que no tenga que ver con los proyectos prioritarios del presidente. No queda de otra: los ganaderos tienen que pagar el Siniiga, pero se trata de una inversión necesaria y muy conveniente para la buena marcha del sector.