conflicto

la de Cartagena del Chairá […] y la de La Montañita […]; y 42 concejales en los diferentes municipios. La UP logró mayorías en Cartagena del Chairá, El Paujil y Puerto Rico (CNMH, 2013, p. 12).

La zona cordillerana norte tuvo una importante representación en este proceso: como suplentes de los diputados electos por la UP en el Caquetá, figuraron José Antonio Sogamoso Díaz, líder de la Juventud Comunista de la región del alto Orteguaza; y el líder campesino Ismael Lugo del corregimiento de San Pedro, municipio de Florencia.

Los resultados significativos de la UP se enfrentaron al plan del orden nacional que buscaba impedir de manera violenta su capacidad de incidencia política y su influencia en diversos sectores sociales, como el campesinado.

En el Caquetá el genocidio contra los miembros de la UP empezó en 1987 con los asesinatos de: Jaime Londoño, concejal de Curillo, en marzo; del diputado Gerardo Cuellar, el 19 de octubre; de Arcenio Valencia Arias, concejal de Puerto Rico, y del periodista de La Voz de La Selva y concejal de San Vicente del Caguán, Fernando Bahamón Molina. Unos años después emprendieron de nuevo la persecución. Esta vez fue asesinado el ex Representante a la Cámara Henry Millán González, el 7 de diciembre de 1993. Más adelante vino el atentado a Boris Cabrera Silva, que le cobró la vida a su esposa, y el asesinato de 120 hombres y mujeres [...] (CNMH, 2013, p. 12).

Finalmente, como consecuencia de los atentados contra el liderazgo campesino vinculado a la UP, el surgimiento de la Unión Patriótica que era el resultado de la tregua entre las FARC-EP y el Gobierno de Belisario Betancur, terminó en una pérdida de confianza en la institucionalidad. La acogida del programa político de la UP, desde su inicio hasta su exterminio, marcó el cierre de este periodo del conflicto en la zona.

Tercer periodo (1989-2001): el recrudecimiento del conflicto

Debido a la extinción de la Unión Patriótica, resultado del genocidio perpetrado contra esta organización, las tensiones entre el Estado y las FARC-EP (dos actores claves en el conflicto) se recrudecen. Por su parte, el Estado intenta retomar el control territorial erradicando la economía cocalera (en un contexto de auge del cultivo de coca en la región y caída de los precios del café) a través de la política de erradicación forzada y la sustitución de cultivos. Además, promueve la explotación territorial y la ganadería, al mismo tiempo que intenta mantener la protección y restricción ambiental.

Más adelante, tras el inicio de los diálogos de paz con el Gobierno Pastrana en 1999 y la consecuente creación de la zona de distensión en San Vicente

del Caguán, las FARC-EP retiran su presencia del territorio. Entretanto, el Estado promulga la ganadería en la región, junto a una política de erradicación forzada y de sustitución de los cultivos de coca. Mientras tanto, la comunidad campesina sufre graves violaciones a los derechos humanos; entre ellos, el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado.

Finalmente, las FARC-EP intervienen en el mercado de la coca que se estableció en la zona, generando controles a las condiciones de seguridad y convivencia

Precisamente ese espacio de tierra de nadie es el que aprovechan las FARCEP en ese momento, y empiezan a hacer una especie de ordenamiento social, de empezar a dictar algunas normas de comportamiento, y es a partir de ese momento que ellos entran en contacto realmente con los cultivos ilícitos, no directamente al principio, porque eran unos ingresos que les entraban por multas, por resolución de conflictos de vecinos que a veces sucedían. Ellos empezaron a establecer un régimen político y digamos un régimen llamémoslo social, autóctono, allá en esa zona.

La “cocalización” de la economía conduce a que la guerrilla concentre su acción recaudadora sobre los compradores, disminuyendo la presión sobre los productores o recolectores (Ferro & Uribe, 2004, p. 419).

En consecuencia, el Estado reacciona aumentando la presencia de la fuerza pública en la región y promoviendo un programa de sustitución de cultivos ilícitos, en el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante) creado en el documento Conpes 2799 de 1994. El Plante buscaba focalizar la inversión en procesos de sustitución de cultivos ilícitos en las zonas de mayor incidencia de la economía productiva cocalera.

Dichas políticas gubernamentales conllevaron a la movilización cocalera del año 1996, en la que las personas de la zona cordillerana norte participaron activamente, concentrándose en la vereda de San Antonio de Atenas del municipio de Florencia, donde se enfrentaron con la fuerza pública

Sobre el paro cocalero de 1996 que tuvo incidencia en Guaviare, Putumayo y Caquetá, María Clemencia Ramírez afirma que:

Las marchas cocaleras de 1996 no pueden entenderse desligadas de otros paros y movimientos cívicos anteriores a estas, que desde una perspectiva de larga duración son manifestaciones coyunturales de movimientos sociales centrados alrededor de una demanda central: el reconocimiento por parte del Estado-nación colombiano tanto de su ciudadanía como de sus derechos adscritos como ciudadanos y como habitantes con larga permanencia -si no oriundos- en la región amazónica (Ramírez, 2001, p. 128).