Violencia política de género en el servicio público Ileana Hidalgo*

La violencia política en razón de género es un problema grave que afecta a las mujeres en México y en todo el mundo. A menudo, las mujeres que ocupan cargos públicos son objeto de ataques y abusos debido a su género, lo que puede afectar sus posibilidades para desempeñar sus funciones y representar a su comunidad.

En particular, la belleza física, la relación de pareja y la juventud pueden ser factores que aumenten el riesgo de violencia política en contra de las mujeres en puestos públicos. Por ejemplo, las mujeres que son consideradas "atractivas" pueden ser objeto de acoso sexual y comentarios lascivos por parte de sus colegas y superiores, o incluso la opinión pública, lo que puede dificultar las condiciones para trabajar en un ambiente seguro y respetuoso.

Además, las mujeres que tienen una relación de pareja pueden ser objeto de ataques por parte de sus oponentes políticos, quienes pueden utilizar su vida personal para desacreditarlas y socavar su reputación. En algunos casos, las mujeres jóvenes que ocupan cargos públicos pueden ser consideradas como "inexpertas" o "poco preparadas", lo que puede llevar a que se les denigre y se les trate con desprecio.

Como mujer, esposa, madre, hija, hermana, profesionista y persona que disfruta de la participación en la vida política del país he podido vivir lo lamentable y doloroso que en ocasiones resultan las descalificaciones infundadas motivadas por el simple hecho de cuestionar los logros profesionales o personales que con tanto esfuerzo se consiguen sorteando los obstáculos de las grandes brechas de desigualdad que al día de hoy siguen existiendo.

En general, la violencia política en razón de género es una forma de discriminación que afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Para abordar este problema, es importante que se promuevan políticas y programas que fomenten la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, es necesario que se implementen medidas de protección para las mujeres que ocupan cargos públicos y se castigue a quienes perpetran actos de violencia política en su contra.

Existen diversas medidas que pueden tomarse para prevenir y abordar la violencia política en razón de género contra las mujeres en el ejercicio de una función pública en México. Algunas de ellas pueden ser:

1. Promover la igualdad de género: Es necesario implementar políti-

*Ileana Hidalgo es Licenciada, Maestra y Doctora en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad Castilla la Mancha, en España y maestría en Argumentación Jurídica por las universidades de Alicante, España y Palermo Italia. Es directora de Auditoría Interna en el INAI, dentro del IEDF, ha sido directora de Organizaciones de Representación Ciudadana y presidenta del Comité Derechos Humanos “Nuestros Amigos A.C.”

También ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la República “Belisario Domínguez”. Es conferencista a nivel nacional e internacional, y también docente en varias universidades del país. Actualmente es secretaria de Acceso a la Información del INAI.

@IleanaHidalgoR

cas y programas que fomenten la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Esto implica trabajar en la eliminación de estereotipos de género y en la promoción de la participación política de las mujeres.

2. Sensibilizar a la sociedad: La sociedad debe ser consciente de la violencia política en razón de género y de sus consecuencias. Es importante sensibilizar a la sociedad sobre el tema para que se promueva un ambiente de respeto y tolerancia hacia las mujeres que ocupan cargos públicos.

3. Fortalecer la legislación: Es necesario fortalecer la legislación para que se sancione de manera efectiva la violencia política en razón de género. Esto implica la creación de leyes específicas que protejan a las mujeres en el ejercicio de su función pública.

4. Implementar medidas de protección: Es necesario implementar medidas de protección para las mujeres que ocupan cargos públicos. Esto puede incluir la asignación de escoltas o la implementación de mecanismos de denuncia para actos de violencia política.

5. Capacitar a los funcionarios públicos: Los funcionarios públicos, tanto hombres como mujeres, deben ser capacitados para identificar y prevenir la violencia política en razón de género. Esto implica trabajar en la sensibilización y la formación en temas de igualdad de género y derechos humanos.

Para prevenir y abordar la violencia política en razón de género contra las mujeres en el ejercicio de una función pública en México, es necesario tomar medidas que fomenten la igualdad de género, sensibilicen a la sociedad, fortalezcan la legislación, implementen medidas de protección y capaciten a los funcionarios públicos. Es importante trabajar en conjunto para erradicar este problema y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus funciones públicas en un ambiente seguro y respetuoso.

Los atributos físicos, características personales, preferencias sexuales o estado civil, no deben ser nunca más un obstáculo para impedir o limitar la participación política de las mujeres en la vida democrática del país, y mucho menos herir la autoestima, pues en muchos casos, las desacreditaciones, los ataques y los abusos dañan psicológicamente a la mujer haciéndola sentir vergüenza de su propio ser.

La desaparición forzada es un problema que ha estado creciendo en México en los últimos años. Se trata de un delito que implica la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o de grupos criminales, seguida de su ocultación y la negación de su paradero. Este delito es una violación grave de los derechos humanos y tiene un impacto devastador en las familias y la sociedad en general.

Para resolver el problema de las desapariciones forzadas en México, se deben tomar medidas tanto a nivel legal como práctico. En primer lugar, es necesario que el Estado garantice la investigación exhaustiva y efectiva de cada caso de desaparición forzada, con la participación activa de las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos. El Estado también debe garantizar la protección de las personas que denuncian casos de desaparición forzada, incluyendo a testigos, familiares y defensores de derechos humanos. Además, se deben implementar medidas para, en primer lugar, prevenir la desaparición forzada. Esto incluye la capacitación de las fuerzas de seguridad y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos. También es importante que se establezcan medidas de control y supervisión efectivas sobre las fuerzas de seguridad, para evitar la impunidad y prevenir la corrupción.

Otro paso importante es mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones que participan en la investigación y la prevención de la desaparición forzada, incluyendo al Ministerio Público, la policía, los servicios médicos y forenses, y los servicios de atención a las víctimas. Esto permitiría una respuesta más rápida y efectiva a los casos de desaparición forzada y una mejor atención a las víctimas y sus familias.

Para resolver el problema de las desapariciones forzadas en México, es importante que se tomen medidas concretas tanto a nivel del Estado como de la sociedad en general. Algunas acciones que podrían contribuir a solucionar este problema son:

*Armando Hernández estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México; es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho, con Especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo; ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ha sido catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas a la materia de Derecho, Derechos Humanos y Procesos Parlamentarios, también ha publicado artículos en DDHH. Ha sido magistrado del TEDF. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de varias universidades del país.

@DrArmandoHdz

1. Garantizar la investigación efectiva de cada caso de desaparición forzada, con la participación activa de las familias de las víctimas y organizaciones de derechos humanos.

2. Promover una cultura de respeto a los derechos humanos, incluyendo la capacitación de las fuerzas de seguridad y la promoción de la educación en derechos humanos.

3. Establecer medidas de control y supervisión efectivas sobre las fuerzas de seguridad, para evitar la impunidad y prevenir la corrupción.

4. Mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones que participan en la investigación y la prevención de la desaparición forzada, incluyendo al Ministerio Público, la policía, los servicios médicos y forenses, y los servicios de atención a las víctimas.

5. Garantizar la protección de las personas que denuncian casos de desaparición forzada, incluyendo a testigos, familiares y defensores de derechos humanos.

6. Promover un cambio cultural en el que se valore y respete la vida de todas las personas, sin importar su origen o situación socioeconómica.

7. Eliminar la impunidad y la corrupción en todas las instituciones del Estado.

Estas acciones deben ser implementadas de manera coordinada y sostenida para lograr un cambio real en la situación de las desapariciones forzadas en México. Además, es importante que la sociedad en general se involucre en la promoción y defensa de los derechos humanos y la justicia, para que juntos podamos construir un país más justo y seguro para todos.

Flor de Loto: Es importante que se promueva un cambio cultural en el que se valore y respete la vida y la integridad humana.