CONSULTA REGIONAL DEL FORO GLOBAL DE MIGRACIÓN Y DESARROLLO (FGMD) INTERVENCIÓN LA DE SOCIEDAD CIVIL DESDE CENTRO Y NORTE AMÉRICA
PROCESO DE PRECONSULTA PARA LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADO POR:
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPANTES EN EL FORO GLOBAL SOBRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO (FGMD):
ÍNDICE 01 04 08 12 16 21
INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA CAPÍTULO 1. Capacitar a las personas migrantes para el emplo CAPÍTULO 2. Brechas en la protección de las personas migrantes CAPÍTULO 3. Enfoques para el abordaje de los Estados sobre la migración irregular CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
El Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) es un proceso voluntario, oficioso, no vinculante y dirigido por los gobiernos, en el que pueden participar todos los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas, así como determinadas organizaciones de sociedad civil observadoras. Su principal objetivo es abordar las oportunidades y los desafíos vinculados a la migración internacional y sus interrelaciones con el desarrollo; reunir la experiencia de los gobiernos de todas las regiones; reforzar el diálogo, la cooperación y la asociación, y fomentar resultados prácticos y orientados a la acción en los planos nacional, regional y mundial. Asimismo, el FGMD se congrega cada año bajo los auspicios de un gobierno anfitrión, siendo los Emiratos Árabes Unidos los que presiden este año; la presidencia del FGMD ha previsto que se lleve a cabo una consulta para las Américas anclada en la Conferencia Regional de Migración (CRM) que incluye a Norteamérica, Centroamérica y República Dominicana, basada en 3 ejes temáticos: (1) Formación de competencias de las personas migrantes para el empleo; (2) Abordando las brechas en la protección de las personas migrantes; y, (3) Discutiendo los enfoques para abordar la migración irregular: ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Por su parte, el International Catholic Migration Committee (ICMC), es la organización que coordina la participación de la sociedad civil en el FGMD. En ese sentido, el ICMC invitó a un grupo reducido de organizaciones de sociedad civil (OSC) a participar en una primera llamada, con el objetivo de discutir la participación de las OSC en el espacio, siendo algunas de ellas, miembros del Comité Ejecutivo de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM), que es la red que participa como representante de sociedad civil en la CRM. El esquema de participación de la sociedad civil en el FGMD determinado por la presidencia, fue de 5 representantes de la sociedad civil por eje temático. En ese sentido, consideramos este, como un espacio para discutir sobre cómo la sociedad civil de Norte y Centroamérica, proponen acciones de trabajo colaborativo e incidencia; por lo que desde la RROCM se propuso ante el FGMD y sus actores, una metodología de preconsultas con OSC, que dé apertura a participar a todas las organizaciones de RROCM, así como a un grupo ampliado de organizaciones locales, nacionales y regionales que se quieran sumar al esfuerzo. El proceso de preconsulta, amplia y estratégica, organizado desde la RROCM, fue abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil con trabajo y presencia en el terreno y contacto directo con las personas migrantes; no era necesario ser un miembro de la RROCM para participar en este proceso. En ese sentido, la preconsulta que se llevó a cabo desde la sociedad civil tuvo por objeto discutir situaciones, visiones y propuestas de cara a la Consulta Regional del FGMD, que tuvo lugar desde la Conferencia Regional de Migración; y a su vez, permitió elegir con criterios de representatividad y de manera democrática a las organizaciones que participaron en la consulta regional del FGMD representando a la sociedad civil.
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A partir de los aportes generados por parte de las OSC, se aborda este proceso de consulta desde un enfoque de derechos humanos y de manera integral ante la dinámica migratoria regular e irregular y los diferentes grupos poblacionales que intervienen en ella. Se considera que el abordaje de los Estados frente al ciclo migratorio debe transformarse a partir de la suma de características del perfil de la población en movilidad, y de esa manera minimizar las situaciones de vulnerabilidad, atendiendo las necesidades especiales de protección desde un enfoque de niñez, género, diversidad sexual, población originaria y afrodescendientes, entre otras. Las organizaciones de la sociedad civil participantes del proceso de preparación y participación en los grupos de trabajo por ejes y de la consulta regional del FGMD que se llevará a cabo en el marco de la CRM, son: Colectivo de Mujeres Transnacionales, México y Estados Unidos Iglesia Luterana Mexicana, Pastoral de Migración Servicio Jesuita a Refugiados México Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, desde la representación de: • • • • • • • • • •
Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador, GMIES, El Salvador Asociación Centro de Derechos Laborales sin Fronteras, Costa Rica Asociación Lambda, Guatemala Asylum Access México. IRCA CASABIERTA, Costa Rica Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEHUM, Costa Rica Asociación Pop No’j, Guatemala Alianza Americas, Estados Unidos American Friends Service Committee Oficina para América Latina y el Caribe Foro Nacional para las Migraciones, FONAMIH, Honduras
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METODOLOGÍA
Objetivo Discutir situaciones, visiones y propuestas de cara a la Consulta Regional del Foro Global de Migración y Desarrollo (FGMD), que tuvo lugar en la Conferencia Regional de Migración (CRM). Además, permitir elegir con criterios de representatividad y de manera democrática a las organizaciones que participarán en la consulta regional del FGMD, representando a la sociedad civil. Preocupación Como miembros de la sociedad civil participante en este espacio, presentamos nuestra preocupación por la exclusión de Sur América y el Caribe, a excepción de República Dominicana, en este proceso de consultas del FGMD. La Conferencia Sudamericana de Migraciones debió ser incluida como otro proceso regional para ser sede de una consulta. Sabemos que los Estados de Sur América y del Caribe no están representados en la CRM (solo Jamaica, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador tienen estatus de observadores), por lo que hicimos un llamado a que se organice y lleve a cabo una consulta para Sur América y otra para el Caribe. Cada una de estas subregiones del continente americano tiene dinámicas y desafíos propios que escapan al marco y a la participación gubernamental y de la sociedad civil en la CRM. Desde la RROCM informamos a nuestros aliados y a las redes con las que colaboramos sobre esta omisión, a la cual hicimos referencia en nuestras participaciones en la Consulta Regional del FGMD en el marco de la CRM. Proceso El proceso desde la sociedad civil se denominó como proceso de preconsultas, siendo este un proceso de consulta amplia y estratégica para el Foro Global de Migración y Desarrollo en el marco de la Conferencia Regional sobre Migración, organizado desde la RROCM y abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil con trabajo y presencia en el terreno y contacto directo con las personas migrantes. Desde el Comité Ejecutivo de la RROCM, se establecieron preguntas generadoras en un cuestionario digital sobre los tres ejes temáticos específicos de la consulta:
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Eje 1: Capacitar a las personas migrantes para el empleo ¿Qué necesidades o debilidades se reconocen en la migración laboral? ¿Qué acciones existen para garantizar el acceso al trabajo de la población migrante? Describan los obstáculos o brechas que existen. ¿En qué áreas se capacitan y cuáles son las áreas en que deben capacitarse a las personas migrantes para el empleo? ¿Quién les capacita? ¿Qué ha funcionado? ¿Es posible certificar las competencias profesionales de las personas extranjeras y retornadas o deportadas, qué instituciones lo hacen, cómo son los procesos? Describa o enumere buenas prácticas que garanticen la inserción laboral de las personas migrantes y refugiados. Eje 2: Abordar las brechas en la protección de las personas migrantes ¿Cómo abordar los flujos mixtos? ¿Qué medidas concretas han funcionado para ofrecer protección a la población migrante (refugiados, trata, tráfico, niñez, mujeres, personas LGBTIQ, personas con discapacidad, entre otros) ¿Cómo valoran los esfuerzos estatales para la prevención de la migración irregular y del acceso al asilo? ¿Cómo se protege a las personas migrantes y refugiados de la discriminación y cómo se garantiza su inclusión en los programas de protección social y acceso a servicios? ¿Qué obstáculos enfrentan las personas migrantes y refugiados en la protección de sus derechos, cuando acuden ante las autoridades, cuándo presentan una denuncia o una demanda judicial? Eje 3: Enfoques para abordar la migración irregular: qué funciona y qué no funciona. ¿Por qué no funcionan los programas de inserción de población migrante retornada/deportada, de trabajadores migrantes y refugiados? ¿Prevenir la migración desde respuestas represivas o sancionatorias, tiene algún impacto en los flujos migratorios, qué resultados genera? Identifique políticas o programas para abordar la migración que considere que han funcionado desde la perspectiva de garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiados.
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El cuestionario anterior, junto con información referente del espacio y calendarización de las reuniones de preconsultas virtuales, fueron compartidos tanto con miembros de la RROCM, como de manera ampliada entre OSC socias de cada miembro; lo que generó un efecto cascada de invitación, más allá de la membresía de la RROCM, bajo un perfil de desarrollar trabajo en el terreno y contacto directo con las personas migrantes. Las respuestas al cuestionario en uno o más ejes de la consulta en interés, se tomaron como inscripción para las reuniones virtuales de preconsulta con OSC; la asistencia se limitó a una persona por organización para cada reunión preparatoria. Llegadas las jornadas virtuales de preconsulta por eje temático, los miembros de RROCM participantes asumieron roles de facilitación y sistematización de las reuniones virtuales de preconsulta; quienes presentaron un documento que sistematizó las respuestas a los cuestionarios. Dicha sistematización se discutió con los presentes, resultando en una jornada de revisión-edición del documento que se presentaría en la jornada del FGMD, como posicionamiento y puntos de discurso a abordar. La reunión de preconsulta virtual terminó con la elección de las cinco organizaciones delegadas que asistieron a la consulta en representación de la sociedad civil, a través de un proceso democrático que considere criterios de representatividad tales como: equidad de género, diversidad regional y étnica, entre otros. El documento generado de esa preconsulta es el que hoy se pone a disposición de todas las personas participantes en la preconsulta de sociedad civil, consulta del FGMD y a todo el público en general, para su difusión y base para procesos de incidencia.
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CAPÍTULO 1. EJE: CAPACITAR A LAS PERSONAS MIGRANTES PARA EL EMPLEO
Necesidades y debilidades en la migración laboral Inequidades interseccionales • • • • •
Barreras del idioma, pertinencia cultura y lingüística con los pueblos indígenas. Diferencias culturales. Discriminación contra las mujeres y las personas LGBTIQ. Personas refugiadas. Situación migratoria irregular.
Vulnerabilidad de las personas trabajadoras migrantes producto de • • • • •
Desconocimiento de las leyes laborales. Visas condicionadas a un único empleador. Ausencia de legislación que proteja a las personas trabajadoras migrantes. Ausencia de sistemas de inspección y fiscalización. Situación migratoria irregular y ausencia de vías y oportunidades para la regularización migratoria y para la reunificación familiar.
Estas situaciones resultan en • • • • •
Abusos y explotación a manos de los reclutadores. Informalidad laboral. Inestabilidad laboral. Empleos precarios. Represalias por denunciar las violaciones de sus derechos, incluyendo sanciones migratorias (deportaciones de personas trabajadoras por denunciar violaciones a sus derechos). • Trata de personas para la explotación laboral. • Dificultades para acceder a la salud. • Discriminación en el acceso al empleo.
Obstáculos y brechas para garantizar el acceso a un empleo digno Obstáculos • Modelo económico imperante que incluye debilidades y falencias de las normas laborales. • Trabajadores migrantes irregulares se encuentran muy expuestos a la explotación laboral. • El modelo económico genera incentivos para que estas personas desconozcan sus derechos, por lo cual hay poco interés en capacitarlas. • Desconocimiento de derechos y de legislación de los países de destino. • Conocimiento de cómo acceder a sus derechos por barreras de idioma • Manejo de herramientas tecnológicas. • Costos de la documentación para migrar y de la convalidación de títulos.
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• Inexistencia de métodos para reconocer y medir experiencia y habilidades, que no son el resultado de una formación académica. • Protección de bioseguridad. • Desplazamiento al lugar de trabajo. • Acceso al sistema bancario: costos y barreras.
Brechas • Informalidad laboral. • Nuevas formas de operación de las empresas. • Ausencia de vías para facilitar la migración regular. Además, los procesos para el trámite de permisos laborales por parte de las instancias de gobierno no responden a los tiempos y necesidades de las personas. De igual forma, no se cumple con la igualdad e inclusión. • Ausencia de legislación en materia de reclutamiento y contratación, y de un sistema que evite el abuso de reclutadores y empleadores. • La mayoría de los trabajadores migrantes en México están en el mercado laboral informal, por lo cual carecen de garantías. • Falta de modelos para la gestión de la migración laboral. • Marco jurídico de la migración laboral. Las empresas evaden sus obligaciones legales. • Estados Unidos presenta menores condiciones laborales en cuanto a protección que en el resto de la región. • En México y Costa Rica, las empresas solo pueden contratar un 10% de personas extranjeras, lo cual dificulta la integración de personas refugiadas y migrantes en las empresas. Ese tipo de restricciones deben eliminarse. • Es necesario tener en cuenta que las brechas legislativas no se limitan al área laboral. • Es necesario reformar la legislación migratoria que exige que el empleador compruebe que no puede encontrar el perfil adecuado en el país de origen. Asimismo, en muchos países, es cuestión de condiciones normativas, ya que no existe legislación al respecto. • En México, faltan políticas públicas para integrar a personas reconocidas como refugiadas al mercado laboral, ya que tener el permiso laboral no es suficiente. Otra barrera para la integración de las personas es que no se reconoce el documento migratorio como documento de identificación oficial. Lo anterior, dificulta a las personas contar con una bancaria, lo cual es un requisito para muchos empleos. Existen situaciones similares en • Centroamérica y no existen campañas para promover la validez de esos documentos. • Inaplicación de las normas protectoras de los derechos humanos. • En el caso de las personas refugiadas, mientras que se tramite su solicitud de asilo, los gobiernos no garantizan su derecho al trabajo, ya que no cuentan con los documentos correspondientes. También es importante contemplar a las personas apátridas. • Ausencia de información estadística sobre trabajadores migrantes.
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Capacitación a personas migrantes El proceso de capacitación debe ser parte de la migración, porque las personas migrantes tienen derecho a conocer las normas laborales en el país de destino. Existen brechas en el acceso a programas de formación y educación, por motivo de costo, falta de documentación y desconocimiento del idioma del país de destino. Por lo anterior, es necesario asegurar que las personas migrantes tengan posibilidades reales para capacitarse. Asimismo, se reconoce como un problema latente, que la capacitación obtenida en el país de destino no sea reconocida en el país de origen y viceversa. Áreas en las que las personas se capacitan • • • • • • • • •
Competencias blandas. Tecnologías. Construcción y electricidad. Protección, seguridad e higiene ocupacional. Derechos laborales. Derecho migratorio, trata y tráfico de personas. Ejercicio de derechos en la vía administrativa y judicial. Derechos humanos. Educación financiera.
Quién los capacita • Organizaciones de la sociedad civil, pero falta representación jurídica. • En El Salvador: no hay un plan de formación. • En Guatemala: se capacita a personas retornadas, el problema es que se capacitan en habilidades que no pueden ejercer en sus comunidades. Certificación de competencias profesionales de personas retornadas o deportadas • Los compromisos adquiridos en el marco de la Convención sobre los Derechos de los • Trabajadores Migratorios, no se han implementado. Actualmente, solo se han llevado a cabo algunos esfuerzos puntuales, pero su desarrollo es insuficiente (Ventanilla para el Empleo). • Ministerio o Secretaría del Trabajo es quien certifica las competencias, pero las Cámaras de • Comercio a veces cumplen ese rol. • Las Cancillerías o Ministerios de Relaciones Exteriores cumplen un rol. • Rol de las organizaciones de la sociedad civil en acompañar y orientar • Barreras importantes: 1. Trámites, autenticaciones y traducciones; 2. Sociedades profesionales, 3. Lentitud en los trámites. • Instituto Nacional de Aprendizaje Práctico – Teórico.
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CAPÍTULO 2. EJE: BRECHAS EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES
¿Cómo abordar los flujos mixtos? ¿Qué medidas concretas han funcionado para ofrecer protección a la población migrante (personas refugiadas, trata, tráfico, niñez, mujeres, personas LGBTIQ, personas con discapacidad, entre otros)? • Respecto a la atención y protección de los derechos de las personas en movilidad humana, es imperante que los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales instalen una visión integral de derechos humanos. En acciones de integración de personas deportadas, personas desplazadas forzadas, solicitantes de asilo, personas migrantes fallecidas y desaparecidas y sus familias, así como migrantes económicos. • Priorizar el apoyo y acompañamiento a perfiles de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres viajando solas, familias viajando con menores de edad, personas con discapacidad, personas LGBTIQ y personas con problemas de salud. • Acompañamiento psico jurídico • Explicar a las personas solicitantes de asilo las diferentes etapas del trámite y definir la estrategia jurídica que más convenga. • Identificar abogados para la representación directa. • Acompañar emocionalmente a las personas solicitantes en las diferentes etapas del proceso, prepararlas y empoderarlas emocionalmente para vivir cada etapa del trámite. • Reconocer que la inmigración en sí, puede ser una experiencia tan fuerte como la emigración. • Prestación de otros servicios (vivienda y alimentación, entre otros). • Tratar a todas las personas con humanidad, es esencial respetar sus derechos humanos y necesidades específicas. • Abordar de forma directa y con un enfoque integral no asistencialista, con un seguimiento integral y humano. • Crear opciones para la migración regular, es fundamental trabajar en las condiciones de los países de origen para que la migración sea una opción y no la única posibilidad de sobrevivir. • Incidir en contra de programas como los Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) y los Acuerdos sobre Asilo, las limitaciones al derecho de asilo y a la protección bajo la Convención contra la Tortura que está estableciendo el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo valorar los esfuerzos estatales para la prevención de la migración irregular y del acceso al asilo? Falta de recursos para sistemas de asilo, rezagos considerables en la resolución de solicitudes y casos presentados
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• Falta de capacitación en los sistemas jurídicos, mentalidades antinmigración entre la judicatura que previene el reconocimiento de la protección internacional a casos que lo ameritan. • No hay esfuerzos para la prevención de la migración irregular, al contrario, las limitaciones al asilo son una invitación para la migración irregular. ¿Cómo se protege a los migrantes y refugiados de la discriminación? ¿Cómo se garantiza su inclusión en los programas de protección social y acceso a servicios? • Eje legislativo: participación masiva en acciones de incidencia ante los legisladores, seguimiento a las propuestas presentadas. • Promoción de respeto, integración, resguardo y representación de las necesidades de la población. • Eje comunitario: educación a las personas migrantes mediante talleres, materiales, etc. para que sepan cómo ejercer y defender de la manera más apropiada sus derechos, brindando el acompañamiento a los servicios de protección. • Se han visto logros graduales en temas tales como acceso a salud para la comunidad transgénero. • La protección es muy limitada, las personas migrantes son y están siendo expresamente excluidas de la protección social, esto se ha agudizado con las medidas del COVID-19, pero viene desde las reformas al sistema de seguridad social de la década de los 90 (EE. UU.). El concepto de carga pública está muy arraigado en el sistema de seguridad social y en la legislación migratoria. ¿Cómo se protege a los migrantes y refugiados de la discriminación? ¿Cómo se garantiza su inclusión en los programas de protección social y acceso a servicios? • Aunque los derechos se encuentren reconocidos en la Constitución (de EE. UU.), la situación en terreno es muy distinta. Se observa la falta de interés, empatía y sensibilización (uso de términos peyorativos u ofensivos) por parte de muchos de los servidores públicos, pero más aún de los tomadores de decisión, de quienes crean y aprueban las normas, decretos y leyes que garantizan el acceso a servicios, falta de implementación. • No existen presupuestos y programas de repatriación para los restos mortales de personas migrantes en tránsito, reparación integral del daño, ni acciones de garantía de no repetición, medidas de satisfacción, ayuda, asistencia y atención, acceso pleno a la justicia, a la verdad histórica y a la compensación económica. • Obstáculos: • • • • • • •
Conocimiento de cómo acceder a sus derechos por barreras de idioma. Falta de documentación o documentación reconocida. Estigma a las personas de ascendencia latina y/o migrantes, adicionalmente, estigma Sobre la población LGBTIQ, entre otros. Temor a las consecuencias migratorias de solicitar protección. Limitada información para acceder al proceso de asilo. Representación jurídica gratuita o de bajo costo.
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Propuestas específicas por grupos Edad • Fortalecer la implementación de las herramientas existentes como protocolos y leyes, para darles el presupuesto y el personal necesario. Mujeres • Abordar las brechas en la protección basadas en la falta de protocolos especializados. • Abordar las causas estructurales y la violencia doméstica como causas de la migración. • Incidir para que se haga un acompañamiento a las mujeres en toda la ruta, y especialmente en el destino. • Para las mujeres retornadas, garantizar un acompañamiento de reintegración más prolongada y no solo en el momento, para garantizar que sus condiciones han mejorado. • Considerar acciones para la inclusión de las mujeres en el mercado laboral para prevenir la necesidad de migrar. LGBTIQ • Falta de leyes de protección y voluntad política para implementación de las leyes. • Falta de respuesta frente a los crímenes de odio que impulsa la migración en todos sus momentos (origen, tránsito, destino, retorno). • Abordar la impunidad y invisibilización en países de origen, tránsito, destino, y retorno. • Fortalecer los sistemas de derechos humanos para personas defensoras de derechos humanos de la población LGBTIQ. • Visibilizar las necesidades de la población LGBTIQ y sus familias (y su papel en la familia).
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CapĂtulo 3. Eje: Enfoques para el abordaje de los Estados sobre la migraciĂłn irregular
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Desafíos General • Observamos con preocupación que los distintos cambios de gobiernos representan un recrudecimiento de las políticas y medidas migratorias expresadas a favor de la seguridad nacional y en detrimento de la seguridad humana, omitiendo el cumplimiento de los principios rectores del derecho internacional consagrados en tratados, convenios y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países aquí presentes. Somos respetuosos del derecho de los Estados de ejercer sus obligaciones en el marco de la seguridad nacional, pero nos inquieta que se siga entendiendo a la migración como parte de esta, cuando no lo es. Existe un marco internacional específico que faculta a los Estados a garantizar la migración con un enfoque de derechos humanos. • Las respuestas de los Estados se han vinculado en buena medida a los enfoques de militarización, control de flujos y deportación, dejando a un lado la idea de atención integral con enfoque de derechos. • Algunos países han avanzado en elaborar marcos jurídicos, institucionales, políticos de abordaje a la migración, sin embargo, al momento de aplicarse estos marcos: (I). Ocurre una discrepancia, preponderando intereses económicos y de seguridad nacional. (II) Que dichos marcos no cuentan con una estructura y planificación de implementación, hay una carencia de armonización de los marcos legislativos a nivel regional y no se desarrollan los respectivos reglamentos o protocolos específicos para cada perfil poblacional de la población que migra: mujeres, diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes (NNA), pueblos originarios, apatridia; con un abordaje integral e inter seccional y (III) Carecen de presupuesto para su implementación por parte de los Estados, una política pública sin presupuesto, no son más que buenas intenciones. • Un ejemplo de lo anterior es que las comisiones para refugiados y asilados siguen ejerciendo o dando atención con presupuestos establecidos en años anteriores. Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) opera con el mismo presupuesto desde 2014, cuando se tenía un promedio de 3 mil a 5 mil solicitudes de asilo al año y en 2018-2019 recibieron un promedio de 30 mil a 50 mil solicitudes de asilo. • Otra necesidad es cómo llevar estos logros en los marcos políticos y normativos a los y las oficiales de gobierno que están en la atención directa. Es decir, ¿cómo ese enfoque de derechos humanos que puedan tener algunas políticas, leyes y protocolos, se llevan a terreno? • Para aquellos países que tienen a su cargo lugares de acogida temporales o albergues, existe una necesidad de generar un cambio en el sistema de acogida para transitar de un abordaje de detención migratoria, a uno mucho más enfocado en la atención y cuidados integrales de las personas. Un enfoque más humano que permita el acceso a las organizaciones sociales e internacionales para el acompañamiento y la auditoría social. • Inexistencia de leyes y reglamentos sobre el uso de la detención migratoria en algunos países que la implementan. Además de falta de políticas y leyes para la implementación de alternativas a la detención que actualmente solo se encuentran en el nivel de programas y alianzas.
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General • A nivel de acceso a la información en los procedimientos administrativos de regularización y documentación para la población migrante, se identifica que es más accesible en ciudades grandes, pero no en las ciudades pequeñas o alejadas de las capitales, lo que a su vez evidencia la no homologación de procesos de acceso a la información y documentación por parte de las autoridades, que incluya información y atención en los idiomas de nacimiento. • Para las personas solicitantes de asilo, existe una violación al debido proceso por estar esperando su procedimiento en otro país, lo que los coarta derechos y documentación. • Estar esperando en ciudades con alto índice de violencia lo que los hace víctimas de graves delitos como secuestros violencia sexual o laboral. • Ausencia de mecanismos consultivos y de fiscalización por parte de la ciudadanía y la sociedad civil a la implementación de políticas migratorias. • El gobierno receptor asume que la población tiene redes de apoyo para enfrentar conflictos con su llegada. • No existe presupuesto para atender a la población deportada o retornada, en algunos Estados durante el presente año se redujeron o eliminaron los fondos a este presupuesto. • Los gobiernos, no hay una política migratoria definida, sino que van reaccionando a la política migratoria de Estados Unidos, respondiendo con la militarización de las fronteras, incrementando la detención y las violaciones a los derechos humanos, además, las personas en condición de movilidad no tienen acceso a la información y a sus derechos. Niñas, niños y adolescentes (NNA) • Se reconoce que en los Estados existen buenas prácticas para diferenciar las necesidades de atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), por ejemplo: haber establecido medidas de acceso a la justicia diferenciada para el caso de NNA, contar con protocolos de recepción de niñez migrante binacional Guatemala–Honduras, protocolos de atención Estados–UNICEF, entre otros. También, se reconoce cómo los Estados han determinado el actuar de las autoridades para la protección de NNA no acompañados. Por último, se reconoce que la niñez y adolescencia es un grupo distinto a los adultos en cuanto a necesidades de protección, por lo que debe tratarse de manera distinta. • Una de las responsabilidades más importantes de los Estados en contexto migratorio, es garantizar el interés superior de la niñez, lo cual supone la creación de mecanismos interinstitucionales que además de proteger a las NNA, deben velar porque se cumpla con sus intereses, entre los cuales cabe mencionar, la reunificación familiar sin acudir a la deportación y el derecho a solicitar asilo. • Hay una reacción ante la niñez considerándola como un problema para el país destino, de la cual no desean responsabilizarse por lo que implementan procesos de retorno automáticos sin un debido proceso para considerar su necesidad de protección en este país destino.
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• La ausencia de reformas legislativas para la armonización de leyes y políticas migratorias con otras similares. Por ejemplo, en México la Ley de Migración no ha integrado las disposiciones de la de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Género y diversidad • No se garantizan las medidas de seguridad personal para proteger a las mujeres y población LGBTIQ de violencias y abusos en ruta y lugares de destino. • Es importante vislumbrar las condiciones y necesidades de las mujeres que migran, ya que se reconoce como una condición que solo aplica a los hombres. • Es necesario incluir en legislación existente de protección y atención a la población LGBTIQ, con sus características y necesidades particulares. • Es importante el reconocimiento legislativo y la implementación de marcos normativos que reconozcan la violencia de género como causa directa del reconocimiento de condición de refugiado. Pueblos originarios • Incorporar la diversidad cultural en los procesos y marcos legales e institucionales, respetando el derecho de identidad cultural para comprender los contextos y las razones de migrar, con el propósito de realizar un abordaje más cercano y humano. • Manejo adecuado de los diversos lenguajes, es imperativo contar con la asesoría de una persona traductora y conocedora de los derechos. • Acceso a la información en los diferentes lenguajes, dependiendo del lugar de origen. • Sensibilización al personal público sobre la diversidad cultural y los derechos de la población migrante. Ante el contexto actual Frente a la crisis mundial por la pandemia del Covid-19, la respuesta de los Estados ha sido cerrar sus fronteras y negar el ingreso a quienes solicitan protección internacional. Sin embargo, continúan los procesos de deportación, los cuales no promueven las condiciones adecuadas antes, durante y después de los procesos administrativos, ni brindan opciones para que la regularización garantice el pleno acceso a todos los derechos, en igualdad de condiciones con el resto de las personas que habitan los diferentes territorios y países del mundo, incluyendo el cese inmediato de deportaciones. • En México y Estados Unidos, la población migrante irregular no es sujeta de asistencia, protección o receptora de apoyos económicos y sanitarios. Sin embargo, algunos Estados, han reconocido el aporte que, a nivel de su localidad, la población migrante realiza en la economía, por lo que han recaudado fondos para apoyar y atender las necesidades ante el desempleo de la población migrante por el contexto del Covid-19.
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• Es preocupante la continuidad de los procesos de deportación, prevaleciendo la firma de acuerdos entre países, previa al Covid-19, sin garantizar la seguridad sanitaria de la población deportada a su llegada al país de origen. No todos los países han implementado procesos de cuarentena para población deportada y los que lo han hecho, no generan las condiciones necesarias, ya que esta población no es prioridad. • La población en condición de deportación tiene acceso a las pruebas de Covid-19 previo a su deportación, por lo que no hay certificado de negatividad de portación de Covid-19.
Propuestas • Se insta a los Estados a no seguir privilegiando la militarización y la seguridad fronteriza desde acuerdos bilaterales promovidos bajo los intereses de la cooperación económica externa, sino que se recomienda que se sigan impulsando los procesos de integración de acciones a favor de los derechos de las personas migrantes en los países de la región. • En algunos países la articulación entre autoridades migratorias y organizaciones de la sociedad civil al brindar atención y protección ha sido una buena práctica, por lo que se debe seguir promoviendo a todo nivel este esfuerzo complementario para que los Estados cumplan con el rol de garantizar la atención y protección. • Gestionar el desarrollo de infraestructura, operativo y presupuestario de los marcos normativos internacionales, armonizando estos a nivel nacional y garantizando la descentralización de la información a los territorios.
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CONCLUSIONES
Eje: Capacitar a los migrantes para el empleo Los esfuerzos para reducir las barreras de los idiomas, las diferencias culturales, así como seguir impulsando la formación contra la discriminación de las mujeres y las personas LGBTQ+ deben continuar incluyéndose por todos los países los diferentes marcos normativos y políticos. Los gobiernos deben asumir la capacitación a sectores de empleadores para el reconocimiento de los permisos de trabajo de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Y fomentar procesos de regulación de personas trabajadoras en situación migratoria irregular. Fue evidente en las reuniones de trabajo, la necesidad de promover en la persona migrante, el conocimiento de las leyes y los derechos laborales en su beneficio; así como fortalecer las capacidades de la inspección y fiscalización de condiciones laborales de las personas migrantes. Es necesario capacitar al órgano judicial e instituciones encargas de perseguir el delito, sobre las recurrentes estafas relacionadas a falsas visas de trabajo y en muchos casos con el riesgo de llegar a ser casos de trata de personas. Por lo que capacitar a los funcionarios de las redes consulares en temas laborales es estratégico e indispensable. Por otro lado, un elemento que está funcionando y puede mejorarse, son los esfuerzos de convalidación de títulos y certificación de habilidades, estos deben ser procesos de formación efectivos y cortos, los cuales pueden abrir oportunidades laborales en el exterior y retorno. Así, como la formación en educación financiera para la persona migrante trabajadora y su familia. Desde la nueva realidad, fruto de la pandemia, es urgente capacitar en Protección de salud e higiene ocupacional, y garantizar este derecho para la población en movilidad humana.
Eje: Brechas en la protección de los migrantes Mucho de nuestros aportes fueron en la línea de reforzar los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales para instalar una visión integral de derechos humanos. En acciones de integración de personas deportadas, desplazados forzados, solicitantes de asilo, personas migrantes fallecidas y desaparecidas y sus familias; así como migrantes económicos. Y en todo esto, hay perfiles de mayor vulnerabilidad, por ejemplo: mujeres viajando solas, familias viajando con NNA, personas con discapacidad, personas LGBTQ+ y personas con problemas de salud, y en su mayoría, migrar, es la única opción de protección que les quedo por hacer. Y en la amplia experiencia de organizaciones sociales, cualquier acción de protección, debe acompañarse de acompañamiento psico jurídico y de salud mental. Las personas migrantes tienen el derecho de conocer exactamente el proceso y etapas de su trámite migratorio o de refugio.
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Estamos dispuestos a seguir acompañando los esfuerzos interinstitucionales de apoyos en prestación de servicios vivienda y alimentación en estrategias de protección. Promoviendo que el trato a todas las personas sea con humanidad, respetando sus derechos humanos y necesidades específicas, con enfoque integral no asistencialista, siendo procesos más lentos, pero sostenibles. Creemos que una de las mejores estrategias de protección para una persona migrante es crear opciones para la migración regular y no se debe forzar estrategias de asilo en países donde no existen condiciones para hacerlo, con esto ponemos en mayor vulnerabilidad a la persona y su familia. Mejor, reforcemos los presupuestos en los sistemas de asilo que funcionan, pero que están colapsados y con una enorme mora de casos. Se debe seguir promoviendo campañas de prevención de delitos e información de entidades de ayuda para población en movilidad, a nivel regional, nacional y en las comunidades de tránsito y acogida. Reconocemos logros graduales en temas como acceso a salud para la comunidad transgénero, siendo todavía muy limitada la protección frente a los crímenes de odio. En el contexto del COVID, las personas en movilidad humana, quedaron excluidas de la mayoría de acciones de protección y alivios humanitarios. Esto debe ser una mala experiencia que no se debe repetir bajo ninguna circunstancia. Debemos aprender de este grave error, hubo muy poca empatía y sensibilidad para migrantes transfronterizos, mujeres migrantes solas y acompañadas con sus hijos, migrantes en detención, solicitantes de asilo, flujos transcontinentales, del caribe y de sur américa. Debemos promover una narrativa que promueva el respeto a la integridad de la persona migrante, y su reconocimiento como persona, y no como una estadística ni mucho menos como un problema.
Eje: Enfoques para el abordaje de los Estados sobre la migración irregular Nuestra región, está viviendo un proceso de recrudecimiento de las políticas y medidas migratorias, basándose en favor de la seguridad nacional, pero en detrimento de la seguridad humana; omitiendo el cumplimiento de los principios rectores del derecho internacional consagrados en tratados, convenios y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países aquí presentes. Somos respetuosos del derecho de los Estados de ejercer sus obligaciones en el marco de la seguridad nacional, pero nos inquieta que se siga entendiendo a la migración como parte de esta, cuando no lo es; existe un marco internacional que faculta a los Estados en garantizar la migración con un enfoque de derechos humanos. La fuerza militar no es la respuesta a la migración irregular, ni para evitar que entren ni para evitar que salgan. No es una guerra, son padres, madres, hijos, hijas, nietos, abuelas huyendo de la pobreza e inseguridad. Desde nuestro trabajo vemos avances en varios países en actualizaciones de marcos jurídicos, políticas, con enfoque de atención y protección; sin embargo, el reto es lograr la aplicación de estos, determinando una estructura interna con presupuesto. Una estrategia para ello, con mucha efectividad es diseñar estas, específicas para cada perfil poblacional de las personas que migran. Los organismos y cooperación internacional han apoyado mucho este tipo de esfuerzos, y puede ser replicable.
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Estamos convencidos y convencidas que es posible promover la no detención de migrantes, y en su defecto, la creación de alternativas más respetuosas de derechos humanos. Así como facilitar y agilizar la solicitud de asilo. En el caso de las niños, niñas y jóvenes, en la región hay buenos ejercicios de diferenciar las necesidades de atención; que determina cómo debería ser el actuar de las autoridades para la protección de NNA no acompañados. Aunque hay retos con los adolescentes, quienes en muchos casos son tratados como adultos. Ante ello, lo que debe apremiar y promoverse el derecho a la reunificación familiar y no separación de las familias.
Para concluir, como lo hemos demostrado en esta consulta, apoyaremos y participaremos de todos los esfuerzos de diálogo, que tengan su base en estrategias de respeto pleno de derechos humanos. Creemos en la corresponsabilidad y los esfuerzos coordinados, multisectorialmente, que promuevan respuestas sostenibles, diferenciadas e integrales para las personas en movilidad humana. Mucho está escrito y hablado sobre cómo podemos mejorar la vida de las personas migrantes y sus familias, el reto que nos queda, es la implementación.
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