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EMMANUEL MORENO RIVERA
ÉTICA, CORRUPCIÓN Y MODELO ECONÓMICO
Empieza a verse una posibilidad de cambio en las políticas económicas que tengan como objetivo los intereses nacionales, los de la mayoría y, sobre todo, que muestren una transparencia real en el manejo de los dineros públicos.
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EMMANUEL MORENO RIVERA
Economista con estudios de maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, L.A., Estados Unidos. Profesor-investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su más reciente publicación: El Diálogo Académico. Fundamento del Ser Universitario (2019) Ed. LitVerlag (con Segura, G.; Caicedo, C.).
Uno de los fenómenos que más flagela a las sociedades que la padecen es la corrupción. Este problema se ha convertido en uno de los que de manera insistente se señalan como obstáculos para el desarrollo económico, social y político de los países que la sufren, entre los que se encuentra México. En su complejidad han intervenido, históricamente, factores sociales, económicos y culturales que han permeado en todas las esferas de la vida pública y privada.
Sus consecuencias siempre han sido negativas para el desarrollo de los pueblos, pues impacta, en primera instancia, lo económico; influyendo negativamente en las tasas de crecimiento, pero más allá del deterioro de las variables macroeconómicas, la corrupción ha sido uno de los grandes obstáculos para el logro de un desarrollo humano armónico y sustentable.
41 Abril 2020 En México, dados los niveles que ha adquirido la corrupción en los últimos años, trastoca todas las dimensiones que integran la sustentabilidad; por ejemplo, en lo económico, aquella constituye alrededor de 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y alrededor del 80% de la recaudación de impuestos federal (IMC y CIDE, 2015).
Además, la corrupción avanza seguida de la impunidad. En su último Informe de Corrupción Latinoamericana, elaborado por el Círculo de Estudios Latinoamericanos, organismo que sintetiza a través del análisis factorial la información que sobre el fenómeno de corrupción suministran el Banco Mundial, Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, la Fundación Heritage, Freedom House y Fundación Bertelsmann, ubica en tercer lugar a México por un nivel alarmante de corrupción y pésimo control, apenas por debajo de Venezuela, que está en primero, y Haití, en segundo.
Por otro lado, México también empeora en los índices de impunidad tanto a nivel global como entre los países de América Latina y en el ámbito de los estados de la República. Ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Impunidad (IGI 2017) con 69.21 puntos (Croacia es el país con el menor índice, con 36.01, y Filipinas el peor, con 75.6) y es el más alto en el continente.
Diversos organismos nacionales e internacionales aceptan la relación estrecha entre la economía y la corrupción, pero existe otro vínculo que durante el último año ha adquirido visibilidad en el contexto nacional, me refiero a la relación entre la corrupción y el modelo económico neoliberal seguido desde principios de los años 1980; y por supuesto, entre la teoría económica que le da sustento y la práctica negativa que aquí nos ocupa.
Existe evidencia clara de que los altos niveles de corrupción en México han afectado el proceso de libre empresa y competencia en donde unas compañías logran beneficios y otras no. Al recibir el favor ilícito del gobierno, estos beneficiarios tienen logros frente a sus competidores, lo que
se traduce en una sustitución de procesos de innovación tecnológica para la mejora productiva y de dirección eficiente para la obtención de beneficios, pero generando pérdidas extraordinarias en el nivel de competitividad global. El Índice de Competitividad publicado por el Foro Económico Mundial colocó a México en el lugar 48 en 2019.
La pérdida de competitividad se manifiesta a pesar de tener un tamaño de economía que se ubica en el lugar 15, pues según indicadores de 2018 del Banco Mundial, México tuvo un PIB de un billón 149 mil 919 millones de dólares (millones de millones), lo que significaba 1.54% de la economía mundial. También podría mencionarse el hecho de que México bajó a la posición 49 entre los países con mayor facilidad para hacer negocios, aunque ocupó la primera posición entre las economías latinoamericanas. En todo esto, la corrupción ha sido uno de los obstáculos al desarrollo más señalados.
Uno de los temas mayormente utilizados como parte del quehacer cotidiano del Gobierno Federal actual ha sido el impulsar una campaña en contra de la corrupción y señalándola como la característica que da marca a los gobiernos de la era neoliberal. El Plan Nacional de Desarrollo lo manifiesta explícitamente:
“La característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”. (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF: 12/07/2019)
Ante esta visión han surgido opiniones diversas argumentando acuerdos o desacuerdos ante dicha visión de la historia reciente del país. El razonamiento en contra se resume en que, a mayor estatismo, mayor corrupción, señalando además que esta última es un fenómeno que se da más en países pobres o en desarrollo y poco en países desarrollados donde el grado de libertad económica es de las mayores en el mundo. Efectivamente, de acuerdo con el Índice de Libertad Humana 2019 que mide las libertades personal, civil y económica a nivel mundial y que elaboran el Cato Institute, el Instituto Fraser en Canadá, y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, en Alemania, los países más libres son Nueva Zelanda, Suiza, Hong Kong, Canadá y Australia, que también son los países con menor grado de corrupción. El problema es que en México eso no ha ocurrido, al contrario, la liberalización se aprovechó para hacer negocios a costa de los presupuestos públicos, del trafico de influencias o de aprovecharse de la información privilegiada para beneficios personales. Por otro lado, el argumento que vincula al neoliberalismo con la corrupción, del que se vale el Gobierno Federal, recurre a la historia económica y a las circunstancias particulares de México, muy diferentes a las de países desarrollados. Sean éstos o de la región latinoamericana u otros, que hayan implementado políticas neoliberales, han diseñado políticas económicas que subordinan la política social y privilegian los intereses del capital mediante la dominación de los mercados. Esto nos lleva a reflexionar sobre si las bases del pensamiento que han propuesto teorías y prácticas económicas ortodoxas, que conducen acciones de política económica, actúan bajos criterios éticos o no; o, mejor dicho, ¿los econo
mistas e incluso las instituciones que forman a estos economistas, actúan bajo principios éticos? Eso requiere hacer una revisión histórica de cómo la economía se relaciona o se aleja de la ética y si en ello encuentra campo fértil la corrupción.
Sobre el nexo ética-economía se han ocupado intelectuales, filósofos y economistas, como Mario Bunge (recientemente fallecido), quien realizara una fuerte crítica y cuestionara la validez científica de la economía neoclásica, al considerarla como la disciplina que se ha alejado de los principios éticos; o bien, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, quien también cuestiona el desenvolvimiento del pensamiento económico bajo principios éticos.
De acuerdo con el profesor Sen, la brecha que se ha ido abriendo progresivamente entre economía y ética en nuestro siglo ha hecho que la economía del bienestar y la economía positiva, descriptiva y predictiva hayan errado con frecuencia. Entonces, ¿debiera la ciencia económica resolver problemas de la economía real o su papel es interpretarlos y explicarlos?
Hoy, a 12 años de la crisis de 2008, la que muchos consideron la segunda crisis más grave después de 1930, poco a poco pareciera desvanecerse su impacto en la mente de quienes estudiaron en aquel momento sus efectos de corto plazo, pero no ha ocurrido lo mismo con las consecuencias reales y globales que esta ocasionó.
La crisis se convirtió en multidimensional y sistémica. No fue solo económica o financiera; a esas se sumaron elementos de carácter sociológico, político y ambiental. Aparecieron más problemas y preguntas sobre las migraciones a nivel global, sobre la llamada justicia distributiva, sobre la quiebra de la economía bienestarista, como le llama Amartya Sen; sobre la orientación hacia la educación utilitarista para el capitalismo
contemporáneo, entre muchas otras, y ahí también se inscribe la agudización de la corrupción.
Cabría preguntarse si hoy, a cuatro décadas de experimentación con políticas neoliberales, con todos sus efectos negativos como el agudizamiento de la pobreza y la desigualdad, los problemas de violencia desbordada y de exigencias de reconocimiento de los grupos sociales más vulnerables, ¿realmente el único camino de los economistas es el del pensamiento único, el del consenso de Washington, el mainstream neoclásico, es decir, el neoliberalismo? Aristóteles, hace 2300 años, veía una relación virtuosa cuando la economía surgía subordinada a la ética, celebraba la economía como administración de los bienes de una sociedad, pero criticaba a la crematística (el mundo de los negocios). Desde ese tiempo, se ha venido creando una brecha que, ya en la época moderna, se ha convertido en una clara autonomía de la economía respecto a la ética.
Realmente es útil preguntarse si adoptar las bases teóricas del neoliberalismo es anti-ético. Hay muchos elementos que nos indican que esa corriente no corresponde con una posición ética de quienes hacen ciencia desde esa visión teórica y en oposición a ello están quienes proponen una nueva orientación que tenga como objetivo las necesidades de la mayoría de la población y no exclusivamente la ganancia del capital. La disputa por la nación sigue. Finalmente, deseo señalar que empieza a verse una posibilidad de cambio en las políticas económicas que tengan como objetivos los intereses nacionales, los de las mayorías de la población y, sobre todo, que muestren una transparencia real en el manejo de los dineros públicos. Se trata de acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción como la decisión de no incrementar los impuestos hasta en tanto no se demuestre su adecuado uso. El exceso de deuda pública que se contrató en los dos sexenios anteriores y la debilidad de las finanzas públicas con la que se entregó el gobierno, pudieron ser justificante para iniciar un proceso de una nueva reforma fiscal. Sin embargo, se optó por no hacerlo aún teniendo la confianza de la mayoría de la población.
Se necesitan muchas cosas, pero hay una tarea básica en la lucha contra la corrupción, recuperar la confianza en las instituciones y en los mexicanos. Otro mundo es posible.
Una tarea básica en esta lucha es recuperar la confianza en las instituciones.
Foto: Depositphotos.
BIBLIOGRAFÍA
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