NATALIA CALLEJAS AQUINO

ÓRGANOS EXTERNOS, EL CASO DE GUATEMALA

El país dio grandes pasos al lograr con la ONU un acuerdo de colaboración, aunque hay resultados agriculces. Se concluye que el mundo necesita valores de integridad que atiendan al más necesitado y den vida digna para todos.

NATALIA CALLEJAS AQUINO

Master en Leyes con enfoque en Finanzas y Derecho Energético de la Universidad de King’s College London–International Bar Association. Maestra en Bioética por la Universidad del Istmo, Guatemala y Lincenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Francisco Marroquín, Guatemala. Socia a cargo del área de Compliance y colíder del área corporativa y comercial.

El 12 de diciembre de 2006, el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas dieron vida a un experimento de justicia único en su especie: la contratación externa de un órgano independiente que ayudaría al combate de la corrupción y la impunidad. La creación de esta instancia externa, denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se materializó con la firma del Acuerdo de Creación entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y su objeto principal fue apoyar a las autoridades en su ardua lucha por fortalecer el Estado de Derecho.

La noción de un Estado fallido fue una que inicialmente acuñó el Banco Mundial, al analizar las consecuencias de la corrupción en países que habían sido capturados por autoridades que vulneraban derechos fundamentales de sus ciudadanos. La CICIG nace en el contexto de una Guatemala sumida en pobreza y corrupción, cuyos índices de criminalidad iban en aumento y cuyo sistema judicial se encontraba capturado por órganos interesados en mantener la impunidad. La CICIG representaba el ideal de un experimento

nuevo de combate a la corrupción e impunidad para estados dominados por estructuras criminales y grupos ilegales. Este órgano, esencialmente independiente, aportaría a funciona- rios guatemaltecos de conocimiento y experiencia del más alto nivel en ma- teria de persecución penal e investiga- ción. El personal independiente y con experiencia internacional trabajaría en conjunto con los distintos organismos encargados de administrar justicia en Guatemala para transmitir conoci- miento, entrenarlos y generar una nue- va cultura de legalidad.

Los objetivos principales de la CICIG iban dirigidos a apoyar, fortalecer y co- adyuvar a las diferentes instituciones del Estado encargadas de la investiga- ción y la persecución penal de delitos cometidos con ocasión, a las activida- des de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, así como cualquier otra conducta delicti- va conexa. Asimismo, se buscaba crear mecanismos que ayudaran al Estado a cumplir con sus compromisos en pro- tección de Derechos Fundamentales. La CICIG funcionaría no sólo como un ente que proveería recomendaciones a Gua- temala sobre políticas públicas que ayu- darían a fortalecer el Estado de Derecho, sino también funcionaría como un bra- zo auxiliador en Guatemala al trabajar en coordinación con el Ministerio Públi- co activamente para actuar como que- rellantes adhesivos en investigaciones penales de interés para su mandato.

Naturalmente, la creación de un acuerdo con Naciones Unidas de esta naturaleza generó dudas sobre la cons- titucionalidad del mismo. Se cuestionó a la luz de la protección de la sobera- nía el país, y tuvo que ser analizado por la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala a solici- tud del Congreso de la República. Los principales cuestionamientos versaban en si realmente el Ministerio Público (institución autónoma que dirige la persecución penal e investigación de delitos de acción pública) mantendría

su independencia y autonomía, y si el acuerdo es constitucional. En princi- pio, la Corte de Constitucionalidad en Opinión Consultiva 1

resolvió que al ser la Comisión un órgano cuya función es coadyuvar y brindar asesoría, su acuer- do sí era constitucional, y en cuanto a la independencia del Ministerio Públi- co, consideró que este acuerdo en nin- gún momento restringe ni disminuye las facultades de dicho Ministerio por lo que la Comisión no interfiere con la autonomía de la institución. Por lo an- terior, la Opinión Consultiva vertida el 8 de mayo de 2007, dio el sello de apro- bación para que el Congreso de la Re- pública aprobara el decreto que incor- poraba a nuestra legislación el Acuerdo de la CICIG.

1 Opinión Consultiva de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Expediente 791-2007 http://www.cicig.org/uploads/documents/manda- to/cc_opinion_consultiva.pdf Abril 2020

La crisis inició cuando el presidente Jimmy Morales y sus familiares son procesados.

La CICIG tuvo tres períodos distintos de operación, que fueron marcados por las iniciativas o falta de iniciativas de trabajo de los comisionados que la presidieron.

El primer comisionado al frente de la CICIG fue Carlos Castresana, abogado español, quien tuvo la dura tarea de iniciar en Guatemala el trabajo de depuración de órganos clandestinos. Dirigió a la Comisión en casos de alto impacto de violencia y corrupción, y participó en crear por primera vez un movimiento de sociedad civil de fiscalización en los procesos de elección para magistrados del Organismo Judicial, fiscal general y director del Instituto de la Defensa Pública Penal en Guatemala. La CICIG activamente presentó vetos hacia candidatos que a su discreción no reunían los requisitos de idoneidad para ocupar esos cargos. Esta actuación en particular inició movimientos importantes de fiscalización por parte de la Sociedad Civil exponiendo que la corrupción e impunidad existía a los niveles más altos de gobierno. El perfil tan público que ocupó, generó animadversión y renunció de su cargo en 2010. Posteriormente, Francisco Dall’Anese fue nombrado y aunque estuvo por tres años al frente de la Comisión, no tuvo una participación destacada que haya dejado un legado dentro de la CICIG.

El último comisionado ha sido quizás el que más impacto ha generado en Guatemala y quien hasta la fecha divide la opinión pública. Iván Velásquez tomó posición como director de la CI

CIG en Septiembre de 2013 y durante sus 6 años al frente de dicha institución se vivió en el país lo que hasta hoy ha sido una de las épocas más fuertes de lucha contra la corrupción.

Es en abril de 2015, cuando la CICIG empieza a jugar un rol fundamental en el país, al exponer una red criminal liderada por el Presidente y la Vicepresidenta de turno en Guatemala. Denominado como La Línea, se expone públicamente por primera vez un caso por parte de la Fiscal General de Guatemala y el comisionado Velásquez que pone a la luz una red de defraudación aduanera cuyos principales actores eran funcionarios de gobierno que presuntamente subvaloraban mercadería que ingresaba al país y pagaban porcentajes de soborno a integrantes de la organización. La exposición de este caso generaría en el país un cambio vital de mentalidad y una manifestación contundente de la sociedad civil en contra de la corrupción. Tanto el Comisionado como la Fiscal General tuvieron el apoyo absoluto de la población al exponer esta red de corrupción, y se generó en el país una oleada de manifestaciones públicas exigiendo la renuncia de funcionarios involucrados en estos procesos. Miles de guatemaltecos asistieron por semanas consecutivas manifestaciones pacíficas evidenciando el cansancio ciudadano por la impunidad y violencia en el país. Este despertar ciudadano a su vez generó respaldo político de la comunidad internacional, que apoyó los esfuerzos y al movimiento ciudadano que marcaron el inicio de una nueva primavera en el país.

Junto con el caso La Línea, la CICIG encontró el apoyo para adentrarse de lleno en más persecuciones penales de alto impacto y en actividades políticas, como la presentación de propuestas de reforma constitucional cuyo objetivo principal era blindar los procesos de elección de magistrados, y otros temas de interés paralelo, como los procesos de financiamiento de partidos políticos y elecciones en Guatemala.

A lo largo de los próximos 4 años, la CICIG evidenciaría la problemática que existe en los controles de financiamiento de partidos políticos por sobornos otorgados a cambio de contra

tos millonarios con el Estado, el tráfico de influencias que involucra a jueces y magistrados del país, la manipulación de investigaciones en casos penales, la evasión de impuestos y las violaciones a Derechos Humanos y garantías pro- cesales que sufrían los guatemaltecos. No hubo estructura que no fue tocada en algún caso de alto impacto, los secto- res público, privado, educativo y hasta el ciudadano común estaban sujetos a investigación. Esto generó un cambio importante en Guatemala, al crear la consciencia de que habían consecuen- cias visibles cuando se actuaba fuera del marco de la legalidad. Sin embargo, esta labor, aunque loable, fue altamente cuestionada por sectores respetados de la población, quienes consideraron que la CICIG pudo haberse extralimitado en sus funciones sobrepasando principios fundamentales de la legislación guate- malteca, como la presunción de inocen- cia y violando derechos de libertad, por lo que para algunos realmente fue una pelea altamente ideologizada.

Poco duró el apoyo de la sociedad civil hacia la CICIG. A medida que fue exten- diendo su alcance en casos de alto impac- to, empezaron a surgir dudas sobre sus procesos de recolección de evidencia, su objetividad en el procesamiento de casos, su intervención directa e injerencia en asuntos internos del país fuera de su man- dato y, sobre todo, los pocos mecanismos de rendición de cuentas a los que estaba sujeta la Comisión. En el 2017, empieza a cuestionarse los privilegios e inmunida- des a los que se sujetaron a los funciona- rios y personal de la CICIG en su Acuerdo de creación al considerar que quizás es- tos privilegios e inmunidades pudieron haber creado un ente supranacional que no debía responder a ninguna autoridad en particular, y que a los ojos de muchos, otorgaba un poder absoluto que fácilmen- te era corruptible. La crisis de la CICIG empieza con la tensión política que se crea cuando Iván Velásquez decide procesar a familiares del presidente Jimmy Morales y posteriormente procesar al mandatario por financiamiento electoral ilícito. Así, una rivalidad que termina en el fin del mandato de la CICIG. Esta misma rivali- dad se vio reflejada en una polarización completa de la sociedad Guatemalteca en donde existían bandos que apoyaban el trabajo de la CICIG y otros que denuncia- ban sus abusos. Hasta la fecha esa polari- zación existe y se ve cada vez más fuerte no sólo en funcionarios de gobierno sino en la sociedad civil.

El legado de la CICIG es agridulce. Si bien logró exponer la enfermedad grave de corrupción que existe en Guatemala, también generó una de las crisis institu- cionales más fuertes del país y una divi- sión en la sociedad que hasta ahora no se ha podido sanar. La CICIG demostró que el crimen organizado ha capturado las esferas más altas de poder y que el país tiene la capacidad de investigar estos crímenes. Demostró que el litigio estratégico puede ser una herramienta poderosa para el combate de la corrupción, pero también demostró la importancia de generar una cultura de legalidad como raíz para en- frentar estos males. Con la existencia de ese organismo internacional también se pudo comprobar que la lucha contra la corrupción genera una gran resistencia y que para poder continuarla es necesario que se unan los actores importantes de la sociedad, es un esfuerzo en conjunto y no puede delegarse únicamente en el Minis- terio Público. El experimento de la CICIG aún está bajo evaluación, no se puede afirmar que el saldo de su actuar fue del todo positivo, ya que generó descontento por los supuestos abusos de poder de los funcionarios. Lo que es innegable es que a raíz de la incorporación de este organis- mo, Guatemala ha tenido que ir evolucio- nando en la creación de una cultura de legalidad y transparencia.

El país vivió un enfrentamiento abier- to en los últimos años en relación con los métodos que deben ser utilizados para combatir la corrupción; sin embargo, ex- pertos afirman que había que evidenciar primero que la enfermedad existía para poder proceder a sanarla. Esperemos que Guatemala pueda seguir avanzan- do en esta lucha contra la corrupción y que otros países sigan su ejemplo, ya sea con un ente internacional independien- te o sin él. El mundo necesita recuperar los valores de integridad que atiendan al más necesitado y que genere condi- ciones de vida dignas para todos.