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MÓNICA DIANA VICHER GARCÍA
SOBRE UN MAL PRESENTE EN TODOS LOS TIEMPOS
Actualmente, no hay un consenso que pueda definir la corrupción, las nociones sobre ésta pueden cambiar de acuerdo con el tiempo y la sociedad; sus características están asociadas a valores con un referente histórico y cultural.
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MÓNICA DIANA VICHER GARCÍA
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la UNAM. Posdoctorado en la Facultad de Economía en la misma universidad. Es profesora-tutora en el Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y es parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del Conacyt.
Alrededor de la idea de corrupción se han desarrollado muchos trabajos que han buscado explicarla, distinguirla, clasificarla en diferentes modalidades e incluso establecer tipologías; basta asomarse al texto de Leslie Holmes (2019) que en 190 páginas realiza un profundo examen de su significado, sus explicaciones psicosociales y culturales o aquellas relacionadas con el sistema, al tiempo que busca responder por qué es un problema o, bien, si puede ser medida.
Con todo, no hay consenso acerca de su definición. Podemos encontrar una enorme tipología de conceptos, así que en esta breve reflexión, que busca abordar el tema en sentido amplio, entenderemos que la corrupción consiste en un grupo de acciones que se desvían de los cánones de conducta, convivencia, organización, normatividad, establecidos y aceptados como los medios y mecanismos que permiten la vida asociada. No hay que olvidar que la palabra corrupción proviene del latín corruptio, infectio, contaminatio, depravatio, así que es toda acción o conducta que desvía o torna irregular el orden de cosas instaurado como aceptado y asumido.
Algunos especialistas (Dwivedi, 1977) en el análisis de la corrupción coinciden en que es un fenómeno asociado a todas las formas de organización gubernamental que han existido en la historia, desde las más simples hasta las más complejas. Así que su control se ha ejercido mediante procesos de racionalización de la organización y conducta de éstos, con instituciones, normas y sanciones. 1 Las concepciones sobre la corrupción han cambiado, sobre todo a partir de la Convención de las Naciones Unidas de Mérida, en 2003, donde se tipificó como una actividad ilegal que también
se presenta en el sector privado, refiriendo en particular a los empresarios (González, 2005). 2 En esa ocasión se volvieron a poner de manifiesto las dificultades para definir el término, debido a que puede significar diferentes cosas en función del lugar o con las personas y, del mismo modo, se hizo notar que sus características están asociadas a valores y que tiene un referente histórico y cultural, así que las nociones sobre la corrupción pueden cambiar de según el tiempo y la sociedad de que se trate. De esto da cuenta el Informe de Transparencia Internacional de 1997, en el que se evidenció que “las empresas belgas, francesas, italianas, holandesas y coreanas son las más susceptibles de ganar contratos sobornando a funcionarios de otros países. Y que, al mismo tiempo, los funcionarios públicos de países como Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia, Pakistán, México, Indonesia, India, Venezuela y Vietnam, están entre los más dispuestos a aceptar los sobornos de las empresas privadas” (Bautista, 2005). Y aún más, mucho más. Jaime Rodríguez-Arana (2013) y Bernardo Kliksberg (2006) consideran que las crisis financieras también se generaron porque en las escuelas de dirigentes económicos y empresariales la enseñanza de la ética no ha sido eficaz y lo que se ha transmitido es que la clave de la empresa es conseguir el beneficio, lo que en mucho impulsó la especulación en el ámbito financiero, la cual les resulta preocupante, pues constituye una manifestación de la corrupción, en tanto se basa en el deseo de enriquecimiento a toda costa. Asimismo, ubica que el renovado interés por la ética en realidad se produjo hace dos décadas en el mundo de la empresa y los negocios privados.
1 Desde el establecimiento de las primeras organizaciones gubernamentales como la descrita en el Athasastra del siglo IV A.C., se puede rastrear el cuidado y la puesta en práctica de medidas para evitar el desfalco a los gobiernos de parte de los servidores gubernamentales, tales como el establecimiento de la inspección y la aplicación de multas (Kautilya, IV). 2 Dwivendi ya había subrayado este punto en 1977 cuando expresaba que curiosamente el público “demanda una alta norma de moralidad de los empleados del gobierno y, al mismo tiempo permite prácticas poco éticas en el sector privado”. Y refiere la intervención de las trasnacionales en el soborno.
Esto nos lleva a reflexionar que, si bien, una de las principales motivaciones que a nivel internacional impulsa las medidas anticorrupción ha sido la económica, 3
y existe una preocupación en torno a que disminuya la corrupción en los políticos y los servidores públicos para que los empresarios decidan invertir, por lo general se sigue considerando que el empresario siempre es honesto; además de que tomará su decisión de invertir sólo en términos de la corrupción que existe en un país, cuando en realidad muchos empresarios actúan ponderando cualquier situación que les represente ventajas para obtener ganancias, sean éstas legales o no.
La corrupción en México
El análisis de la corrupción en México se ha llevado a la época virreinal, donde se visualiza que las reformas borbónicas del siglo XVIII pusieron un fuerte acento en eliminar la venta de los puestos políticos para, en cambio, fortalecer la burocracia profesional. En particular, se señala que en este siglo la corrupción se identificó claramente con el bien público vinculado concretamente a la administración pública (Lomnitz, 2000: 21, 22).
Otros momentos importantes en la historia de México, en las que se subraya la corrupción como un punto de transformación del país, es el discurso de Santa Anna en las reformas liberales del siglo XIX, lo que se refiere a la crítica del gobierno porfirista como nutriente de la ideología de la revolución. Así, en nuestro país se ha visualizado una forma o manifestación de la corrupción en cada etapa en la que se han desarrollado sus diferentes gobiernos, de modo que aparece como la constante de su historia, variando únicamente en sus definiciones y sentido cultural y político.
Por lo tanto, estas formas cambiantes se han observado como las tecnologías de la corrupción que se han sumado a la serie de hechos que conforman la historia de México, en particular de la administración pública (Lomnitz, 2000: 22, 23, 26).
La corrupción ha sido un componente institucionalizado del sistema y el mayor problema de México, permeando todos los niveles, cargos y posiciones formalizadas (Morris, 1992: 11).
Así, en los orígenes podemos encontrar en el siglo XIX el aspirantismo y la empleomanía (Mora, 1991), que en el México independiente, una vez que se eliminan los elementos de carrera administrativa que se habían establecido durante la colonia, se abre paso al servicio público a los pretendientes a ocupar cargos de la administración pública, cuya principal característica era buscar vivir del erario público, su incorporación al servicio público residiría en recomendaciones influyentes, sin que para ello tuviera que mediar condición alguna como el mérito o la honradez. Desde entonces se visualizaba la corrupción atribuida a funcionarios que amasaban grandes fortunas a costa del robo del erario (Guerrero, 2011: 149).
En este periodo se registran también los privilegios corruptos de los militares mexicanos (Morris, 1992: 14).
3 Es claro que tanto en organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, se establece una relación directa entre corrupción y crecimiento económico.
“Hay evidencia suficiente para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora. Por ejemplo, los sobornos que ofrecen contratistas privados a funcionarios de gobierno para ganar concursos de obra pública son financiados mediante costos inflados o a través de materiales de construcción de menor calidad. Igualmente, existe una estrecha relación entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento: la corrupción actúa como un impuesto a las inversiones y reduce el atractivo del país frente a otras naciones con menor incidencia, o bien, estimula a las empresas para actuar en el sector informal de la economía y ello reduce la recaudación fiscal” Orrego (2015).
En los periodos sucesivos de la historia de México, la corrupción también ha sido visualizada como una lucha por el espacio político en la que los líderes informales entran en constante tensión respecto de los burócratas. En estos términos, el conflicto se ha hecho patente en los principales procesos históricos de expansión del aparato estatal, ya en el México independiente del último cuarto del siglo XIX, o a partir de 1940. En el primer caso tuvieron su némesis en la Revolución Mexicana, en la que, entre otras cosas “se convertía a bandidos en policías” (Morris, 1992: 14) y, en el segundo, los procesos de privatización que se generaron a partir de 1982 (Lomnitz, 2000: 25).
En todo este trayecto, la corrupción ha permeado todos los niveles, cargos y posiciones formalizadas: la policía, las aduanas, licencias y permisos obtenidos a partir de intermediarios, sobornos, extorsión, fraude, nepotismo y riqueza inexplicable, ha alcanzado incluso a las universidades (la estafa maestra). Todos los sectores están inmersos y la corrup
ción se ha convertido en la regla, en todos los ámbitos incluyendo, como señala Casar, al ciudadano de a pie (2015).
La denominada “mordida”, común denominador en todos los casos, ya de tiempo atrás, había sido visualizada como el principal obstáculo para el buen gobierno y el progreso económico de México (Frank Tannenbaum, citado por Morris, 1992: 14).
Un fenómeno muy interesante de nuestros tiempos es que las fuentes de ingresos por vía de la corrupción para funcionarios y políticos están en función del narcotráfico y la malversación de fondos públicos, dado que el esquema actual ha restado poder a los gobiernos por cuanto a los inversionistas extranjeros y el comercio internacional, que eran parte de la canasta de la que podían obtener sus prebendas (Lomnitz, 2000: 27).
México ha sido incluso denominado un país de corruptos y corruptores por Transparencia Internacional en 2013 (informador. mx), y se han desarrollado innumerables iniciativas para reducir la corrupción, que en los últimos
57 Abril 2020 años podemos remitir a la “renovación moral” de José López Portillo, en 1982, hasta la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, durante una administración que parece ubicarse entre las más corruptas que haya dirigido este país, mismas que pocos o nulos resultados han generado para combatir este cáncer.
Cabe, de cara a los nuevos tiempos, visualizar qué queremos construir como nación, cómo realizar un cambio que efectivamente genere una consciencia y un claro conocimiento de lo que conlleva construir una sociedad y un gobierno en los que se dejen de lado los intereses individuales para dar cabida al interés general, el interés de todos; que permita forjar una sociedad en la cual la desigualdad cierre las brechas y un gobierno que efectivamente establezca el orden y, desde sus niveles más altos, dé muestra de comportamiento ejemplar, pues como lo ha señalado un especialista: aquellos que están en “la cúspide del sistema político administrativo son quienes deben dar el ejemplo para todo el servicio público” (Dwivendi, 1977).
BIBLIOGRAFÍA
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