JORGE VIGIL CARRERA

LO PÚBLICO Y LO PRIVADO, ESBOZO DE UN CUADRO

La corrupción es la materialización de una conducta activa o pasiva orientada a la trasgresión de un deber establecido normativamente o en el ejercicio de una función o responsabilidad, con el fin de obtener un beneficio.

JORGE VIGIL CARRERA

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en temas anticorrupción, investigaciones corporativas y ética. Examinador de Fraude Certificado (CFE) y Profesional Certificado en Riesgo y Compliance (CRCMP).

Resulta por demás reiterativo que cuando revisamos artículos relacionados al tema de la corrupción, encontramos habitualmente menciones a sus conceptos, indicadores, barómetros y su casi directa vinculación con el ámbito público.

En nuestro concepto, la corrupción no es otra cosa que la materialización de una conducta activa o pasiva orientada a la trasgresión de un deber establecido normativamente o en el marco del ejercicio de una función o responsabilidad específica, con el objeto de obtener un beneficio de cualquier naturaleza.

Al respecto, el eje sobre el que se construye el concepto esbozado es el rompimiento de reglas existentes respecto al ejercicio de un cargo o función, sin que tengamos que circunscribirnos exclusivamente al ámbito público o privado.

Si bien pretendemos brindar un enfoque de la corrupción desde la perspectiva de la realidad latinoamericana, resulta impostergable precisar que no somos los únicos que la padecemos y no es difícil encontrar resonantes casos presentados en otras latitudes del planeta.

73 Latinoamérica no es la única región que presenta resonados actos de corrupción.

Traigo a colación una anécdota a raíz de nuestra participación en un evento en el cual un expositor suizo daba cuen- ta de una vasta información relacionada con la corrupción en Latinoamérica a un auditorio compuesto por participantes de 12 países de esta parte del planeta –tanto del ámbito público como priva- do–, refiriendo una serie de ejemplos no sólo de actos de corrupción sino tam- bién de las falencias para luchar contra ese flagelo en esta región, en contraposi- ción a ejemplos de investigaciones exi- tosas en su país, que por decirlo menos, a los ojos del auditorio, resultaban de poca connotación e impacto.

En algún momento de la exposición, un acucioso colega colombiano le con- sultó, “con todo respeto”, sobre acciones efectivas en relación con los fondos que se ocultan en Suiza como producto de la corrupción. El expositor concluyó su presentación poco después, ciertamente desconcertado, adquiriendo en nuestro concepto total validez, en esta ocasión, el viejo adagio que reza “no tires pie- dras a tu vecino si tu techo es de cristal”. A la luz de esta anécdota, considera- mos que la corrupción es un fenómeno cuyos alcances y manifestaciones pare- cieran tener plena vigencia en la vida de cualquier país, pero, sobre todo, ser un extraordinario pretexto para el análisis, la estadística, así como el permanente debate o estudio de sus causas y efectos. Nos encontramos en tiempos de in- novación, metodologías ágiles, trans- formación digital y permanentes cam- bios organizacionales e institucionales; sin embargo, no se perciben cambios sustanciales alrededor de la lucha an- ticorrupción y la globalización sólo parece ser un medio para difuminar el maligno efecto de la corrupción.

Los indicadores y mediciones in- ternacionales probablemente seguirán marcando la pauta como referentes para el análisis y prospectiva del tra- tamiento de la corrupción en nuestros países, así como para el diseño de nue- vas estrategias y recetas en los próxi- mos años.

Sin embargo, en nuestra opinión, sus fines pueden resultar perfecta y técnicamente válidos, pero cabría tam- bién hacer un no tan descabellado sí- mil al describir a los países evaluados como habitaciones de un centro hospi- talario donde, a partir de un determi- nado piso, sólo encontramos pacientes crónicos, representación de sociedades enfermas o amenazadas por un virus extremadamente letal, trasladando a los enfermos de cuidados intensivos a cuidados intermedios y, probablemen- te, cambiando de piso, pero siguiendo igualmente enfermos, siendo su mayor consuelo, en muchos casos, únicamen- te cambiar de habitación año tras año. A estas alturas del Siglo XXI, la corrup- ción ya no sólo es parte de la problemá-

tica interna de los países, sino que cada vez más se evidencia que sus alcances no tienen frontera ni nacionalidad.

Un reciente caso relacionado con una empresa francesa vinculada al rubro aeroespacial, ha puesto bajo investigación presuntos casos de corrupción en Colombia, Rusia, Corea del Sur, China, Nepal, Emiratos Árabes Unidos y Taiwán, que han derivado en un acuerdo que incluye el pago de más de 3 mil 500 millones de euros a autoridades francesas, británicas y estadounidenses.

De otro lado tenemos a un gigante tecnológico estadounidense involucrado en un caso de corrupción con un banco argentino en la década de los noventa, cuyo proceso fue reabierto hace unos años y donde la incertidumbre sobre el resultado final persigue decisiones judiciales que hasta hoy no se encuentran firmes.

Otro sonado escándalo estuvo relacionado a un famoso conglomerado alemán involucrado en casos de corrupción que comprometieron a países como China, Japón, España, Argentina, Grecia, Bangladesh, Nigeria, entre otros.

En los últimos años, una empresa japonesa, líder a nivel mundial en equipos fotográficos y fabricante de endoscopios y equipos médicos, se vio vinculada a un escándalo por pagos irregulares relacionados a la compra de una empresa británica, así como sobornos a nivel privado y público en Estados Unidos y países como México, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, Costa Rica y Chile.

En Latinoamérica, el caso de una importante constructora brasileña que ha mantenido en vilo a muchos países de la región, no sólo por los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada, sino también por el impacto que ha generado este caso en las esferas políticas y de gobierno.

Si bien, en los diversos indicadores internacionales, el análisis se realiza en unos casos en función de la percepción en el sector público y, en otros, en relación con el sector privado. Se evidencia que el resultado termina siendo igual de negativo si tenemos en cuenta que los ejemplos mencionados involucraban

El fraude es un medio o herramienta para consumar un acto de corrupción.

75 Abril 2020 relaciones entre privados y públicos, así como relaciones únicamente entre privados, con el añadido de involucrar a países que pueden ocupar posiciones totalmente disímiles en estos índices.

Las cosas por su no r

Como hemos visto previamente, si bien la corrupción es un fenómeno cuyas manifestaciones pueden presentarse de manera independiente tanto en el ámbito público como privado, o de manera complementaria mediante la interacción de agentes de ambos sectores, es necesario mencionar que existe una marcada tendencia a relacionar la corrupción privada con el fraude; sin embargo, consideramos que el fraude no es sino un medio o herramienta para la consumación de un acto corrupto, ya sea en el ámbito público o privado, teniendo en cuenta que representa un acto contrario a la verdad y el deber ser, basado en un engaño o ardid; por lo tanto, un acto corrupto posee en sí mismo un componente fraudulento, pero no todo fraude se identifica necesariamente con un acto corrupto.

Conceptos como el de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), que define al fraude como “cualquier actividad o acción con el propósito de enriquecimiento personal a través del uso inapropiado de recursos o activos de una organización por parte de una persona”; o como el del Institute of Internal Auditors (IIA), que lo identifica con “cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de la confianza”, nos permiten deducir que el fraude tiene un componente que puede identificarse en un acto de corrupción con alcance público o privado.

No pretendemos recurrir a cifras o estudios de percepción relacionados a la corrupción, pero sí podemos señalar que, coyunturalmente, estos análisis o levantamientos de información grafican diversos y preocupantes grados de tolerancia a actos de corrupción respecto a la actuación de los gobiernos y las organizaciones para luchar efectivamente contra este flagelo.

Por otro lado, el particular compor- tamiento asumido en muchos casos por personas involucradas en actos de co- rrupción hace que habitualmente éstas perciban que sus acciones no son lo su- ficientemente graves como para merecer una pena o que el efecto de sus actos no son generadoras de un perjuicio tal que valga la pena ser tomado en cuenta.

No es extraño lidiar con personajes que falsamente enarbolan la bandera de la integridad y la lucha contra la co- rrupción, cuando muchos de ellos son protagonistas de verdaderos escánda- los de corrupción y, peor aún, resultan en algunos casos reivindicados por el voto popular o por designaciones en cargos estratégicos, que lo único que evidencian es la tolerancia a este flagelo que existe, o la impunidad que impera en las áreas responsables de imparti- ción de justicia en muchos de nuestros países.

Resulta lamentable que en muchos casos se pretenda denominar faltas éti- cas o errores de gestión a evidentes de- litos, actos de corrupción o fraude, que no hacen sino revictimizar a la sociedad y a las organizaciones en su conjunto.

La Do l Vía

Sin tener que entrar al detalle de las di- versas acciones emprendidas interna- cionalmente para combatir la corrup- ción y el fraude, resulta claro que por lo menos en el papel, muchos países de la región se han adherido a los principales tratados internacionales en esta mate- ria y han incorporado a su marco nor- mativo las principales disposiciones de ahí emanadas.

Uno de los importantes avances de- sarrollados en los últimos años en va- rios países de la región, está referido a la expedición de normas relativas a la responsabilidad penal (en algún caso denominada administrativa) de las personas jurídicas frente a determina- dos delitos básicamente ligados a co- rrupción, lavado de activos y fomento al terrorismo, que si bien puede repre- sentar una herramienta muy valiosa, requiere una constante evaluación para propender al desarrollo de una eficien-

te cultura de cumplimiento, con el con- secuente beneficio de reducir riesgos de corrupción y fraude en la interacción entre entes públicos y privados.

Latinoamérica vive hoy uno de sus momentos más decisivos para perfilar lo que podría ser el futuro de la región a ni- vel político, social y económico en torno a la acción para enfrentar a la corrupción, el fraude y la impunidad, que peritan a nuestros países un desarrollo eficiente. No existirán recetas ni fórmulas per- fectas en tanto se perciban como un problema ajeno o se adopten posicio- nes y actitudes pasivas frente a ellos, o se intuya que sus efectos no pueden afectarnos. En este sentido y a la luz de la experiencia desarrollada tanto en el ámbito público como privado, estimo que la lucha contra la corrupción y el fraude de cara al futuro debe desarro- llarse en una doble vía.

El criterio para formular este esque- ma de doble vía surge de la premisa que un flagelo como la corrupción –al igual que el fraude– constituye un fe- nómeno con características de amenaza y vigencia permanente, por lo tanto, la primera vía se orienta al desarrollo de acciones que busquen maximizar la efi- cacia para detectar y combatir este tipo de actos, lo que implica que estos ya se hayan consumado o se encuentren en proceso de ejecución. Por otro lado, la segunda vía contempla una perspecti- va de más largo aliento, constituida por la construcción de una nueva cultura basada en la transformación y adap- tación de modelos educativos, organi- zacionales, económicos, sociológicos y legislativos, entre otros.

Evidentemente, este esquema de do- ble vía contiene una serie de elementos y estructuras cuyas características re- sultan difíciles de condensar en estas cortas líneas, pero que, sin embargo, tienen en su esencia algunos de los si- guientes factores: • La decisión que ningún acto de co- rrupción o fraude, cualquiera sea su naturaleza, envergadura o al- cance, quede impune. • La necesaria interiorización del concepto de que nadie está por en- cima de la ley.

• El concepto básico que si alguien no está en contra de la corrupción o el fraude, entonces está a favor de ellos. • Desterrar la tolerancia a la corrup- ción y el fraude como elemento de distorsión de la realidad del deber ser, de lo lícito y de lo permitido. • Interiorizar conceptos esenciales como el alcance de control de los superiores jerárquicos y la res- ponsabilidad por omitir u ocul- tar información vinculada a actos irregulares. • Dotar de unidad y organicidad a la normativa aplicable a los ámbitos público y privado, en materia de corrupción y fraude. • Corregir condiciones preexistentes como paso previo a la creación de nuevas normas e iniciativas. • La retroalimentación y optimiza- ción de procesos de las organiza- ciones, con base en la detección o consumación de actos corruptos o fraudulentos, entre otros.

Como se ha podido apreciar, aun- que la mención a la ética y la integri- dad ha resultado escasa en el presente artículo, es preciso señalar que dicha omisión ha resultado intencional, en tanto consideramos que si bien am- bos conceptos resultan básicos para la construcción y diseño de cualquier modelo orientado a combatir la co- rrupción y el fraude, su utilización en el ámbito público y privado se ha desvirtuado innecesariamente a partir de la falta de consistencia en los resul- tados generados en muchos casos, por aquellos mecanismos y organizacio- nes que las enarbolan como emblema. En este sentido, la ética y la integri- dad tienen plena vigencia como com- ponentes esenciales de cualquier inicia- tiva tendente a combatir la corrupción o el fraude, pero resulta imprescindible darles el lugar de preminencia y la con- notación debida que merecen, para que su uso sea correctamente valorado y se conviertan en elementos centrales en cualquier estrategia que se pretenda implementar en torno al combate de la corrupción y el fraude en el futuro.