NEOLIBERALISMO, DEMOCRACIA Y UNIVERSIDAD PÚBLICA

Neoliberalismo, democracia y universidad pública: Reflexiones sobre el futuro de la Universidad de Puerto Rico

MAXIMILIANO DUEÑAS GUZMÁN

En mayo del 2017, el gobierno de Puerto Rico recibió permiso del congreso estadounidense para declararse en bancarrota financiera. Los años anteriores y posteriores a este suceso han sido marcados por un profundo debate sobre las instituciones públicas del país. El debate devela que la bancarrota trasciende la quiebra financiera del gobierno y se extiende a las ideas que fundamentan el sistema socioeconómico del país. La Universidad de Puerto Rico (UPR) ha sido uno de los epicentros de estos debates. Además del contexto económico y político local, el debate sobre el valor de la UPR también ha tenido como referente las polémicas internacionales en torno a la redefinición de las universidades públicas ante lógicas neoliberales.

En esta monografía propongo explorar las relaciones entre neoliberalismo, democracia y universidad pública, enfocando particularmente en la universidad pública de Puerto Rico. Algunos de los autores (p. ej. Hernández, 2017 y Meiskins Wood, 1995/2016) que utilizo en mi reflexión han criticado el exceso de atención al plano discursivo en los esfuerzos por resistir el neoliberalismo. No solo me parece que la separación que hacen estos autores entre diálogo, reflexión teórica y debate por un lado y acción por el otro, tiende hacia lo mecánico, pero, más importante, reduce el valor de lo discursivo y la retórica en el quehacer humano. En este contexto es aleccionadora la observación de Deborah Jenson (2015), biógrafa contemporánea de Toussaint Louverture, quien busca acentuar los dones retóricos de este líder de la Revolución Haitiana frente a sus archiconocidas habilidades militares. Para esta autora, “buena parte del avance revolucionario de los insurgentes entre 1791 y 1804 no tuvo lugar en el campo de batalla, sino en la colaboración” entre revolucionarios. Y para ella, “dentro de esa colaboración, la dimensión del oficio de la escritura fue un elemento primordial” (p. 220).

Contextos neoliberales

Las políticas económicas y sociales de Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos suelen ser identificadas con el surgimiento del neoliberalismo en el plano global (Harvey, 2005). Para Harvey (2005) estas políticas se caracterizan por la desreglamentación, la privatización de bienes públicos y el retiro o reducción del estado de la provisión de servicios anteriormente definidos como esenciales para la reproducción social, particularmente educación, salud y transportación. Hernández (2017) añade el elemento de la consolidación de la hegemonía del capital financiero, un dominio caracterizado por nuevas formas de acumulación de capital que dependen cada vez más de la especulación, el endeudamiento y la hiperconcentración de riquezas. Ambos autores reconocen que estas políticas económicas han ido acompañadas de ofensivas ideológicas en contra de lo público y colectivo y a favor del mercado como proveedor exclusivo de las necesidades colectivas e individuales.

Desde la década del 1970, la implantación de estas políticas ha ocasionado transformaciones severas en el mundo en cuanto a desigualdad, inestabilidad económica y endeudamiento de amplios sectores y gobiernos a través del planeta. El inmoral crecimiento en desigualdad y la resultante inseguridad económica para la mayoría de la población mundial es revelada por la cantidad cada vez menor de personas que controla la riqueza humana. En un periodo de ocho años –entre 2009 y 2017– “el número de multimillonarios necesarios para igualar la riqueza del 50 por ciento más pobre del mundo cayó de 380 a 42” (Institute for Policy Studies, 2018). En cuanto al endeudamiento, el propio Fondo Monetario Internacional (2019) admite que “La deuda global ha alcanzado un máximo histórico de $184 mil millones … el equivalente al 225 por ciento del PIB en 2017. En promedio, la deuda mundial ahora supera los $86,000 per cápita, lo que representa más de 2½ veces el ingreso promedio per cápita” (párr. 4). El mismo informe indica que la deuda privada se ha triplicado desde el 1950 y que este es el componente mayor del endeudamiento global, aunque la deuda pública también continúa acrecentándose. Estas particularidades de la actualidad capitalista han dado lugar a diversas formas de designarla: La incertidumbre de futuro económico para la mayoría lleva a Naomi Klein (2007) a denominarla capitalismo de desastre. El énfasis en especulación lleva a Henry Giroux (2014) a llamarla capitalismo de casino. Esteban Hernández (2017) busca enfatizar el insólito poder económico y político del sector financiero usando la palabra de reciente acuñación, la financiarización. Para David Harvey (2003) las concertadas ofensivas ideológicas que han acompañado las políticas económicas neoliberales ameritan que la actualidad capitalista se designe como una de fundamentalismo del mercado.

El grado de inequidad que vivimos en este momento es tan intolerable que sectores tradicionalmente renuentes a criticar el capitalismo se han visto en la obligación de constatar su reproche. Así a pocos meses de asumir el puesto, el Papa Francisco (2013) condenó la actualidad capitalista: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera” (párr. 56). Thomas Piketty, un destacado economista quien a los 19 años se había autoreconocido como fiel creyente “en el capitalismo, la propiedad privada y el mercado”* (Chassany, 2015, párr. 1), publicó en el 2013 el libro El Capital en el siglo XXI, texto que estremeció los convencionalismos de los economistas al afirmar, entre otras cosas que: “Cuando la tasa de rendimiento del capital es superior a la tasa de crecimiento de la producción y los ingresos, como lo hizo en el siglo XIX y parece bastante probable que lo haga de nuevo en el siglo XXI, el capitalismo genera automáticamente las desigualdades arbitrarias e insostenibles que socavan radicalmente los valores meritocráticos en que se basan las sociedades democráticas” (2013/2014, p. 8).

Contextos neoliberales en Borinquén

En Puerto Rico en la década del 1940 diversos sectores sociales impulsaron políticas económicas dirigidas a estimular la industrialización y urbanización surgidas. Estas políticas, usualmente subsumidas bajo la campaña Operación manos a la obra, tuvieron un fuerte componente de justicia social (Carrión, s.f.). Giégel Polanco, uno de los más destacados defensores de estos esfuerzos por la justicia social escribía en el 1944: “se está afirmando en nuestro tiempo un nuevo derecho, eminentemente tutelar, de cimero contenido ético, fundado en principios de justicia social, encaminado a procurar el mayor bienestar colectivo” (citado en Torres Rivera, 2013, párr. 7). Este afán oficial por justicia social duró más o menos hasta mediados de la década del 1970. Ya para ese entonces era evidente el fracaso de las políticas económicas que habían acelerado la industrialización, la urbanización y el crecimiento de los ingresos per cápita en el país. La búsqueda de nuevos nortes económicos y políticos tuvo como trasfondo diversas perspectivas inspiradas en el neoliberalismo.

En el 1975, un informe económico comisionado por el gobierno de la isla y conocido como Informe Tobin recomendaba entre otras cosas reducciones en el gasto público, congelación o reducción de salarios, eliminación de beneficios marginales y aumento en incentivos a corporaciones (Torres Rivera, s.f.). A partir de ese entonces se acrecentó una ofensiva de las corporaciones más poderosas y sus aliados en los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos para implantar políticas neoliberales en la isla. Hoy, después de cuatro décadas de esa ofensiva para desacreditar la justicia social en el plano discursivo e incrementar la concentración de riqueza en los sectores más acaudalados– procesos que cobraron mayor intensidad desde el 2008 con la depresión global financiera– es innegable que la calidad de vida en Puerto Rico se ha deteriorado y que la desigualdad se ha engrosado. Según un índice de las Naciones Unidas, entre el 2010 y el 2015 el desarrollo humano en Puerto Rico había disminuido (Fuentes Ramírez, 2017). Además, para el 2015 Puerto Rico era segundo en América Latina y el Caribe y octavo en el mundo en la clasificación de países con mayor desigualdad (ibídem). Evidencia más concreta de este deterioro de justicia social está en el cierre de escuelas públicas y en los recursos dedicados a salud. Para el 2009 existían 1,509 escuelas públicas (Disdier Flores & Marazzi Santiago, 2011) y para el 2019 el gobierno las había reducido a 796 con proyección de dejar sólo 513 para el 2020 (Gobierno de Puerto Rico, 2019). En el presupuesto de 2019, el gobierno de Puerto Rico asignó más fondos para el pago de la deuda que para el Departamento de Salud (ibídem).

Democracia y economía

Este desplazamiento de fondos desde educación, salud y otras necesidades colectivas hacia los sectores financieros ha ido acompañado de un agudo deterioro de los espacios democráticos, tanto en países centrales como en periféricos. Varias encuestas internacionales y libros señalan algunas características de este deterioro (Freedom House, 2018; Armingeon & Guthmann, 2013; Levitsky & Ziblatt, 2019) desde perspectivas convencionales. Un análisis particularmente perturbador para los que piensan la democracia desde estas perspectivas conformistas, lo ofrece la Asociación Americana de Ciencias Políticas. En este informe (Task Force on Inequality and American Democracy de la American Political Science Association, 2004) se establece un vínculo estrecho entre la creciente desigualdad económica en Estados Unidos, la disminución en la participación en elecciones y la merma en el uso de las libertades de expresión y prensa. “Hoy, sin embargo, las voces de los ciudadanos estadounidenses se alzan y escuchan de manera desigual. Los privilegiados participan más que otros y están cada vez más bien organizados para impulsar sus demandas ante el gobierno. Los funcionarios públicos, a su vez, son mucho más receptivos a los privilegiados que a los ciudadanos promedio y los menos ricos” (p. 1).

Aunque los autores de este análisis parecen sorprendidos por este vínculo estrecho entre derechos políticos y derechos económicos, observadores más perspicaces lo habían señalado con mucha anterioridad. Así la economista Meikskins Wood (2016/1995) reconocía que lo económico y lo político en una sociedad son consustanciales y, por ende, que la economía consiste de relaciones de dominación, de relaciones de poder (es decir, relaciones políticas) que son las que permiten organizar y dirigir la producción y apropiación de riqueza.

Pero Meikskins Wood va más allá. Ella atiende ese gran mito que ha dominado mucho de lo que se ha escrito y dicho sobre la democracia, particularmente durante el siglo XX: que el capitalismo es el sistema económico más afín a la democracia. Posiblemente una de las formulaciones más citadas de ese mito es la del texto de Fukuyama (1989) en la cual él afirma que, con la desaparición del bloque socialista, habíamos llegado a “la universalización de la democracia liberal occidental” (p.1) como la etapa cumbre en la evolución del gobierno humano. Una de las vertientes más difundidas de este mito identifica a Estados Unidos como el heredero más distinguido de los principios democráticos de la antigua Atenas. “Los americanos presupusieron que las principales fuentes del orgullo patrio, su democracia y las características culturales que emanan de esta y la refuerzan, los acercaba más a los antiguos que cualquier otra nación en el mundo moderno”. (Richard, 2009, p. 117) Meiksins Wood (2016/1995) deconstruye esta vertiente del mito detallando cómo en la antigua Atenas, los campesinos ciudadanos usaban su poder político para protegerse de intentos de la aristocracia por apropiarse del excedente de la producción. Era en las asambleas de ciudadanos donde se tomaban las decisiones de cómo usar los excedentes de producción y ahí los campesinos ciudadanos eran mayoría. Ahí las decisiones económicas se regían por los debates políticos. Y fue ese temor de las mayorías –a la democracia sustancial– lo que guió, según Meikskins Wood (2016/1995) a los que redactaron la constitución estadounidense a diseñar una democracia formal, una en que las clases ricas representan a las pobres; una en que la representación fue diseñada no tanto para resolver los retos de la democracia directa sino para filtrar y redefinir los parámetros y objetivos de los debates nacionales. Meikskins Wood (2016/1995) cita a Alexander Hamilton y James Madison, como los principales proponentes del uso de la representación para filtrar y redefinir los términos de los debates políticos. Holton (2007), describe a Alexander Hamilton como el más jactancioso de los conservadores en la asamblea constituyente y lo cita afirmando que no sólo él sino muchos otros estadounidenses se estaban “cansando de los excesos de democracia” (p. 5).

Ocaso de la democracia en la colonia y su universidad

Cónsono con las raíces elitistas de la democracia estadounidense y la corrosión de la democracia liberal en los países centrales por los embates de las desigualdades económicas, hoy los herederos ideológicos de Hamilton en Estados Unidos han abandonado cualquier pretensión de democracia en la relación con Puerto Rico. Así en el 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que a pesar de la autonomía local que goza el gobierno puertorriqueño, el congreso estadounidense es la fuente principal o de última instancia del poder político en la isla (Puerto Rico v. Valle, 2016). Casi simultáneamente, ese congreso aprobó la Ley P.R.O.M.E.S.A. la cual “prevalecerá sobre cualquier disposición general o específica de leyes del territorio… o regulación que sea inconsistente con esta Ley” (U.S. Congress, 2016, sec. 4). Con esta ley se creó la Junta de Control Fiscal, entidad que tiene como fin el que Puerto Rico “logre la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capitales” (sec. 101). Para que esta Junta logre sus propósitos, la ley prohíbe al gobierno local –tanto la rama ejecutiva como la legislativa– de “ejercer control, supervisión o revisión alguna sobre las actividades de la Junta; o… de aprobar, implantar o hacer cumplir cualquier ley, resolución, política o reglamentación que impida o anule los propósitos de esta Ley, según lo determine la Junta” (sec. 108).

En ese mismo año –el 2016– se lanzó un nuevo ataque contra la Universidad de Puerto Rico (UPR) como espacio de democratización. Una entidad llamada Association of Governing Boards of Universities and Colleges fue comisionada para preparar un estudio que le permitiera a la UPR enfrentar los severos recortes en su presupuesto ocasionados por la crisis fiscal del gobierno de la isla. En el estudio no sólo se propuso una reducción en el tamaño de la institución, sino que se identificó a la cultura democrática institucional como principal obstáculo para la eficiencia. La lógica antidemocrática se estableció desde el título del estudio: “Construyendo un sistema universitario sostenible: De la conversación a la acción, un programa de Cambio para la Universidad de Puerto Rico”. Con cierta vanagloria neoliberal los autores del estudio proclamaron que hacían recomendaciones incómodas con “la fe que la actual crisis económica haga aceptables cambios que de lo contrario no se tolerarían bajo mejores condiciones” (MacTaggart, Meredith & Novak, p. 4). En breve, los autores del informe identificaron al diálogo democrático como la principal obstrucción a una reestructuración eficiente y responsable: “este informe comienza recomendando que la universidad cambie intencionalmente su práctica de gobernanza de una en que se destaca la conversación aparentemente interminable” (p. 5). “El ambiente actual no permite que la conversación interminable y la crítica a las alternativas frustren la acción” (p. 6).

Las recomendaciones de este estudio han comenzado a ser implantadas sutilmente y sus premisas predominan en los estilos autoritarios de administración, las diversas propuestas de reducción y consolidación de recintos universitarios y la restricción de espacios de deliberación. Todo esto justificado por el desfinanciamiento de la universidad.

Conclusiones

Una de las interpretaciones del ataque neoliberal a la democracia que permite identificar pistas de resistencia y espacios de gestación de democratización es la que nos ofrece Castoriadis. Este autor (2001) identifica en el proceso del desarrollo del capitalismo desde el siglo XV, dos tendencias que a veces se han complementado pero que en la actualidad se contradicen. Por un lado, está la tendencia dominante de la expansión de la razón económica que supedita todo lo social a las lógicas del mercado. Por otro lado, está la tendencia hacia la autonomía, lo que él define como el proyecto para potenciar las posibilidades del derecho individual y colectivo a encontrar o producir los fundamentos de organizar la convivencia social. En este último contexto, la razón se interpretaba como “el proceso abierto de crítica y elucidación”. (p. 22) Zambrano (1958/2019), me parece, presenta conclusiones similares a las de Castoriadis, pero llega a ellas por rutas diferentes: “Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido, el ser persona” (p. 183). Para esta autora, los conceptos “democracia”, “pueblo” y “persona” pertenecen a una misma constelación semántica, una en continua evolución pues son conceptos vivos. La interpretación de cada uno depende de la definición que se le da a los otros: Así el sentido del concepto de pueblo, como categoría histórica, tiene que tomar en cuenta al ser humano en toda su cambiante complejidad, concreción y responsabilidad con la comunidad y el planeta.

Los estrechos vínculos entre las universidades públicas y las resistencias al neoliberalismo están esbozados en los textos de Giroux (2014) y de Sousa Santos (2007). Este último autor destaca que la universidad pública del siglo XXI debe tener “por objetivo central responder positivamente a las demandas sociales para le democratización radical de la universidad”. (p. 52) Esta democratización radical no sólo debe ser pensada al interior de la universidad sino extendida a todo el tejido social. De lo que se trata, según de Sousa Santos es de una “globalización contrahegemónica de la universidad como bien público” (p. 53) que se entrelaza estrechamente con la idea de proyecto nacional. Y esta noción de proyecto nacional, de Sousa Santos, la elabora en términos muy afines a los propuestos por Zambrano.

Las perspectivas presentadas por estos autores se han materializado en los esfuerzos de estudiantes y empleados de la UPR para redefinir la universidad como bien público íntimamente entrelazado con los proyectos de democratizar la sociedad puertorriqueña. Así lo evidencia una de las más recientes proclamas de estos sectores: “Nos comprometemos a crear un proyecto de reforma universitaria que surja del seno mismo de nuestra comunidad, con amplia participación democrática y que incluya a otros sectores de la sociedad civil interesados y comprometidos con una educación pública de calidad y accesible a los sectores menos privilegiados de nuestro país” (PROTESTamos, 2017).

Nota

*Esta y otras citas de textos en inglés han sido traducidas por el autor.

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