EDITORIAL
¿Pagarán justos por pecadores?
A
finales de 2020, ante la iniciativa prohibicionista en materia de subcontratación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos representantes empresariales, líderes obreros y el Gobierno Federal establecieron mesas de diálogo en Palacio Nacional para llegar a un acuerdo sobre el destino del outsourcing. Sin que viniera realmente a cuento, en las negociaciones se ha tratado simultáneamente el tema de la participación de
los trabajadores en las utilidades (PTU). Daba la impresión de que, implícita o explícitamente, en las pláticas había un intercambio: acabar con la tercerización y, en compensación, reducir el monto al que puede ascender el reparto de utilidades, modificando así el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Todo indica que las conversaciones referidas han rendido frutos y, por lo tanto, han llegado a su fin. Según información publicada por la periodista María del Pilar Martínez,
es muy probable que las autoridades anuncien los acuerdos conseguidos el próximo 1 de mayo, es decir, el Día Internacional de los Trabajadores, para aprovechar simbólicamente las conmemoraciones laborales. El Gobierno y los representantes del sector privado que se involucraron en las pláticas resolvieron topar el monto máximo del reparto de utilidades a 90 días (aproximadamente 3 meses). La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha señalado que, en promedio, el PTU que recibe un trabajador es de 22 días, mientras que, con las nuevas condiciones, dicho monto se elevaría a un promedio de 57 días.
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