Editorial
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CAUSAS Y EFECTOS:
Pandemia legislativa
E
s el Congreso de la República bastión esencial de la democracia. Comprendo bien sus funciones, así como sus deberes: en mi condición de ministro de Estado, sometí a su consideración media docena de leyes, tramitadas con éxito todas ellas. Ocupé, además, un escaño en el Senado, por espacio de ocho años consecutivos. Allí tuve el honor, incluso, de ser ponente de la reforma urbana que impulsó, entre otras iniciativas, la revolución de los planes de ordenamiento territorial. No cabe duda entonces: reconozco y respeto, con entusiasmo, la esencia intrínseca del parlamento. Y es por esa razón, justamente, que no puedo mirar de soslayo la alarmante proliferación de iniciativas legislativas que, como pólvora, se esparcen y que, infortunadamente, sus incisos amenazan hoy por hoy la seguridad jurídica de miles de empresas del país. Son más de 700 proyectos de ley que, tan solo en el periodo 2020-2021 han sido radicados en el Congreso y hacen fila para ser tramitados. Impregnadas de una suerte de fetichismo legal -santanderista si se quiere- las iniciativas plantean, desde incentivar la vinculación laboral de determinados grupos poblaciones, hasta modificar contratos vigentes, imponer mayores erogaciones a los contratistas del Estado o alterar la filosofía exitosa del modelo de las concesiones, por mencionar tan solo un puñado. De cara a tan preocupante panorama, surge un interrogante de fondo: ¿podrá esta catarata de nuevas leyes solucionar lo que no han podido enmendar las ya existentes? La respuesta, en principio, apuntaría hacia un rotundo no. Pero más allá de eso, lo cierto es que los proyectos de ley en curso harán mella en la productividad, especialmente de las denominadas pymes.
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Por: Juan Martín Caicedo Ferrer*
Así lo evidencian, precisamente, aquellas iniciativas que pretenden estimular la vinculación laboral de grupos poblacionales a cambio de favorecer a las empresas que demuestren -al momento de contratar con el Estado- tener incorporados a estos nuevos trabajadores dentro de sus nóminas. Se burla, por ese camino, el principio de igualdad en el acceso a la contratación pública, previsto en los pliegos-tipo. Planteamientos de esta naturaleza, a primera vista loables, ya han incidido de manera negativa en licitaciones públicas y concursos de méritos. ¿Por qué? Porque los criterios de idoneidad, de experiencia y de capacidad en la selección de contratistas -aspectos neurálgicos en asuntos tan especializados como la ingeniería- pasan a un segundo plano y, paradójicamente, la vinculación de quienes sugiere la ley termina convirtiéndose en factor determinante al momento de adjudicar un contrato. Pero ahí no se detienen las preocupaciones. Inquietan también ciertos proyectos de ley que pretenden modificar contratos vigentes, además de algunos instrumentos de vinculación de capital privado como las concesiones y las APP. Un ejemplo que ilustra este caso son iniciativas que buscan alterar los esquemas tarifarios en materia de peajes o incorporar exenciones en su pago. Propuestas de este estilo ya están sembrando un clima de intranquilidad entre aquellos financiadores de proyectos de infraestructura que invirtieron bajo unas condiciones y reglas determinadas, y hoy ven amenazadas sus inversiones por cuenta del trámite y eventual aprobación de estas iniciativas. En fin, el listado de proyectos de ley que hoy se cierne amenazante sobre la buena dinámica empresarial, parece de nunca acabar. Lo cierto acá es que las democracias modernas han demostrado que los partidos políticos son capaces de racionalizar y organizar el trámite de las iniciativas legislativas, en procura de evitar, justamente, este maremágnum de proyectos de ley. Solo de esta manera es posible hacerle frente a la inseguridad jurídica que por estos días luce como principal enemiga de la tan anhelada reactivación económica. *Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura
4 | INFRAESTRUCTURA & DESARROLLO AGOSTO - OCTUBRE DE 2021 | REVISTA N° 100
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