Román Meyer

familias. Para el sector público, este enfoque —si bien más demandante a largo plazo— permite procurar espacios domésticos que sus residentes sientan propios, desde los cuales puedan ocupar las múltiples esferas de su vida pública y privada con desenvoltura y convicción. Lograr esto, sobre todo en los sectores más vulnerables de la población, es uno de los principales retos para el desarrollo urbano contemporáneo. El rezago habitacional que afecta a cerca de una tercera parte de los hogares en México solo puede superarse por completo si todos los niveles de gobierno, junto con la iniciativa privada, coinciden en una misma estrategia: trabajar con los cimientos ya levantados sobre el territorio, resolviendo las necesidades cotidianas de quienes los habitan.

Otra vertiente que ha adquirido importancia creciente en los últimos años es la autoproducción. Sabemos que cada vez más familias proyectan y construyen su propia casa de acuerdo con necesidades que cambian y evolucionan. Más de 60% de la vivienda en México es autoproducida, sin embargo, 43.6% de la población no cuenta con ingresos suficientes para acceder a mecanismos de financiamiento tradicionales, y 56.9% de la población económicamente activa labora en el sector informal, sin acceso a sistemas de seguridad social o fondos de vivienda. Es imperativo que se impulsen políticas públicas para ampliar las opciones crediticias y de financiamiento, sobre todo facilitando la adquisición de suelo para construcción a los sectores más desprotegidos. El enfoque legislativo también debe renovarse, una vez más, para satisfacer las demandas inminentes de la población más necesitada.

De la misma forma, México necesita contar con una Política Nacional de Vivienda que balancee la ocupación de nuestros territorios citadinos con el cuidado a los recursos y hábitats naturales de los que dependemos. Nuestras estrategias de planeación y ordenamiento deben alinearse en la construcción de un futuro mejor, consolidando una visión de las ciudades que integre armónicamente la experiencia las necesidades de toda la ciudadanía, cumpliéndoles hoy para las generaciones del mañana.

ROMÁN MEYER

n Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Hacia una nueva política nacional de vivienda

“La calidad de la vida urbana se ha convertido en una mercancía” David Harvey, 2008

POR DANIEL OCTAVIO FAJARDO ORTIZ

Las ciudades se han vuelto inhabitables, insostenibles y excluyentes para una gran parte de la población. El modelo neoliberal, que dejó a merced de las fuerzas de mercado los temas del suelo y la vivienda, ocasionó graves problemas en materia de desarrollo urbano. La urbanización no se ha expresado en una distribución equitativa del progreso y el desarrollo que éste genera, sino en injusticia y desigualdad social.

El crecimiento acelerado que han experimentado las ciudades mexicanas en los últimos 40 años se dio sin la suficiente planeación, a través de un proceso anárquico y una situación caótica impulsada por la lógica de la privatización del espacio, la comercialización y la acumulación. Durante años se privilegió un modelo de crecimiento expansivo con vivienda horizontal y de bajo costo, sin considerar criterios para asegurar su calidad y su proximidad a los servicios urbanos, centros de trabajo e infraestructura de transporte.

Las consecuencias de este modelo en el territorio han sido devastadoras. Ocurrió así la expulsión de quienes menos tienen a las periferias de las ciudades, el establecimiento de poblaciones en zonas de riesgo, la extracción de recursos naturales, serios problemas de congestionamiento y movilidad, y una sociedad fragmentada y proclive al conflicto. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2018), 33% de la población urbana se encuentra en situación de pobreza y 4.5% en pobreza extrema. En términos de vivienda, esto se traduce en el incumplimiento del derecho en el artículo 4º de nuestra Constitución, que señala que es deber del Estado “establecer los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar” el objetivo de que, “toda familia [tenga] derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”.

La política de vivienda en México no se ha diseñado para garantizar

el derecho de todos los mexicanos a contar con una vivienda adecuada. Entre 2000 y 2018 se construyeron más de 7 millones de viviendas nuevas sin que se lograse abatir el rezago habitacional que alcanza un total de 9.4 millones de viviendas.

Es decir, 27.5% del parque habitacional en México presenta alguna condición que vuelve inadecuadas las viviendas de los 37 millones de personas que las habitan, ya sea porque están construidas con materiales precarios, porque no cuentan con servicios básicos como agua, drenaje o electricidad, o porque son tan pequeñas que generan condiciones de hacinamiento.

Es indiscutible que los instrumentos y programas implementados por gobiernos anteriores no buscaban el bien común. Se dio prioridad al