Carlos Martínez Velázquez

a reducir la intermediación. En la medida que los derechohabientes tengan conocimiento de todas las opciones con las que cuentan para utilizar sus recursos libremente y conformar su patrimonio, dejarán de caer en manos de coyotes e intermediarios. El objetivo es que el Infonavit se comunique de manera directa, clara y oportuna con las personas, cerrando las brechas de información que las colocaba en desventaja frente a asesores inmobiliarios.

Adicionalmente a los beneficios que la reforma traerá para las y los trabajadores, se prevé que también genere un aumento en la colocación de créditos y con ello contribuya a la recuperación económica del país, dándole liquidez a todo el sector de la construcción, generando nuevos mercados y nuevas oportunidades en toda la cadena de valor de la vivienda, desde la venta de materiales de construcción, la regularización de terrenos, el otorgamiento de permisos de construcción, la contratación de mano de obra local, entre otros aspectos.

En síntesis, se trata de una reforma histórica, de gran amplitud y trascendencia que marcará una nueva era para el Infonavit, consolidándolo como una institución de seguridad social que pone al centro de todas sus acciones a las y los trabajadores, brindándoles distintas opciones de vivienda para cada familia y con ello, contribuyendo a disminuir el rezago en la materia, calculado en 9.4 millones de acciones.

Lograr la plena implementación de la reforma y la definición de los nuevos productos para materializarla representan un reto para el Instituto, un reto en el que ya está avanzando con el acompañamiento de los sectores empresarial y sindical, con la fuerza de sus trabajadores, y con el objetivo claro de ofrecer a las y los mexicanos la libertad de elegir y la información necesaria para hacer el mejor uso de sus recursos a fin de solucionar sus necesidades de vivienda y consolidar su patrimonio.

CARLOS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ

n Director General del Infonavit.

Reforma a la Ley del Fovissste

El reto para el sector es consolidar una visión en la que el desarrollo de vivienda y la planeación de ciudad vayan de la mano

POR AGUSTÍN RODRÍGUEZ LÓPEZ

Si bien el derecho a la vivienda es un derecho universal y está salvaguardado por el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la legislación secundaria la que deberá establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para alcanzar dicho objetivo. Para tal efecto, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dotó, tanto al Infonavit como al Fovissste, de mejores instrumentos y mecanismos para que tal derecho universal dejase de ser letra muerta y se convirtiera en una realidad al alcance de todos los trabajadores mexicanos.

Dicha reforma impactó mayormente a la Ley del Infonavit. Sin embargo, el impacto fue menor para el Fovissste ya que el artículo 4, fracción 1, de la Ley de ISSSTE prevé la figura de “adquisición en propiedad de terrenos” por lo que, antes de la reforma, en el segundo trimestre de 2020, se lanzó el programa “Construyes tu Casa”, tanto para quien ya tiene un terreno y quiere construir su vivienda, como para quien desea comprar uno y ahí construir su casa, porque del 100% del monto del crédito directo al trabajador, 35% se puede destinar para compra de terreno y el restante 65% para la construcción de la vivienda. Este programa está pensado tanto para zonas urbanas, como para rurales e indígenas.

Nuevamente, el 19 de marzo de 2021, se volvió a reformar el artículo 4º, esta vez en su párrafo séptimo, para cambiar la definición de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada” lo que permite incorporar los siete elementos que contempla ONU-Habitat (i.e., seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, instalaciones e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación, y adecuación cultural). Indiscutiblemente que el cambio de terminología es importante; sin embargo, en términos de planeación y su implementación no trasciende, porque la vivienda no es solo la edificación; la ciudad debe ser una extensión de la vivienda y es esa falta de planeación la que ha convertido a la ciudad en hogar de pocos e infierno de muchos.

Aun cuando se cuenta con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que regula el ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano, esta queda sujeta a los marcos legales locales y no cuenta con los instrumentos de regulación requeridos ni contempla mecanismos de coordinación y concertación entre la federación, estados y municipios, debido a su autonomía. Si estos últimos no solicitan el apoyo de la Federación, ésta no puede intervenir como tampoco puede dicha ley sancionar malas prácticas o incentivar y promover buenas prácticas urbanas a nivel nacional.

En un país como el nuestro donde los recursos públicos generalmente se destinan a acciones apremiantes, muchas veces los municipios y los ayuntamientos no cuentan con los recursos económicos, la capacidad operativa ni el personal calificado para implementar planes de desarrollo urbano, pero a la larga el costo económico de una mala planeación urbana es enorme y quienes terminan pagándolo son sus habitantes al ver disminuida su calidad de vida, la cual, invariablemente, impactará negativamente en el tejido social local. En otras palabras, le cuesta muy caro a la sociedad las malas decisiones de los gobiernos. Para citar solo un ejemplo, en los últimos 30 años la ciudad de Toluca creció en territorio 26 veces, lo que implicó 26 veces más calles,