Editorial territoriales Las finanzas

Por cuanto en muy buena parte el gasto público tiene un carácter local, el fortalecimiento de la institucionalidad territorial es condición necesaria para que él tenga positivos y plenos efectos sobre el bienestar de la población. Fortalecer esa institucionalidad demandará acciones del Estado en lo político, en lo jurídico, en lo administrativo y, principalmente, en lo fiscal dadas las debilidades que hoy tienen las finanzas territoriales.

Tomando estas realidades en consideración, este número de nuestra Revista tiene como tema central el examen de las finanzas territoriales, poniendo igual énfasis en el análisis de los ingresos – tanto de los que se generan en los respectivos territorios como los que se perciben a través del Sistema General de Participaciones (SGP) y del Sistema General de Regalías (SGR) – y en el examen del monto y calidad del gasto.

Por ello aquí nuestros lectores encontrarán una visión panorámica de la evolución de la descentralización administrativa y fiscal y del desenvolvimiento de las finanzas territoriales en lo corrido del siglo XXI, distinguiendo el desempeño que en ese lapso han tenido departamentos y municipios. De esos análisis resulta claro que ha habido mejoras notables en el resultado fiscal territorial, aun cuando el mismo no es homogéneo cuando se distingue entre departamentos y municipios y entre las categorías en que se clasifican unos y otros.

Las razones de ese éxito obedecen al fortalecimiento de los ingresos propios de los entes territoriales – que ha sido mayor en los municipios que en los departamentos - y al diseño y puesta en práctica de las reglas fiscales territoriales que se impusieron en el período para controlar cuantitativa y cualitativamente el gasto y para someter a una estricta disciplina a los que se vieron precisados a reestructurar sus pasivos con miras a honrar sus obligaciones, con la finalidad última de mantener el buen nombre del Estado colombiano como deudor.

No obstante esos avances, las finanzas territoriales tienen notorias debilidades como se pone de presente al constatar lo numerosos que son los tributos y gravámenes territoriales y lo anti técnicos y anti económicos que son algunos de ellos, y al examinar el marcado ciclo político que caracteriza la ejecución del gasto, dado que, por lo general, en el último año de gobierno de los respectivos alcaldes y gobernadores se presentan déficit mientras que en el primer año de esos mandatos los resultados son superavitarios.

Ese hecho es parte notoria de la falta de planeación plurianual del gasto territorial y de la baja calidad del mismo, la cual obedece además a la poca capacidad de la mayoría de las administraciones territoriales para ejecutarlo.

Además de ello los análisis aquí contenidos permiten concluir que existe una débil articulación entre las finalidades que se asignan a las distintas fuentes de recursos del gasto público, en especial el SGP y el SGR. Desarticulación a la que se suman las debilidades institucionales existentes en los territorios para que la contratación pública sea transparente y fuente de un gasto eficiente y eficaz a la hora de responder a las necesidades de la población, en especial de la más pobre de ella. Falta de transparencia que alimenta la corrupción y el mal uso de los recursos públicos. Con esas realidades tendrá que lidiar a partir del próximo año – de una u otra manera –la norma que regula el monto que el gobierno nacional destinará a las regiones a través del SGP. Ello es así puesto que en virtud de la disposición constitucional vigente, a partir del 2017 ese monto dependerá de la variación de los ingresos corrientes de la nación. Al examen de la significación de ese cambio para las finanzas territoriales dedican sus reflexiones varios de los colaboradores de este número de la Revista, los cuales presentan un análisis prospectivo para – bajo distintos supuestos – pronosticar la magnitud y efecto del mismo sobre las finanzas de las regiones. Ese examen prospectivo se complementa con el análisis de lo que ha sido el desempeño del SGR en los primeros cuatro años de su funcionamiento. Concluyéndose a este respecto que el cambio que ese sistema introdujo ha sido positivo en cuanto hoy es más equitativa entre los territorios la distribución de los recursos, pero mostrándose que subsisten enormes debilidades en la contratación que se hace con ellos y riesgos manifiestos de corrupción.

De especial significación es el texto que se dedica a mostrar los avances que para el gasto en vivienda popular ha tenido la política del actual gobierno y el impacto que sobre el bienestar de la población se espera del mismo.

A pesar de la riqueza de estos diagnósticos, lo que hace particularmente valioso este número de la Revista son las propuestas que aquí se consignan para fortalecer la descentralización y las finanzas territoriales. Frente a las manifiestas desigualdades regionales (en términos de la producción per cápita, las capacidades recaudatorias de los tributos, al igual que las institucionales y administrativas) los autores que aquí se ocupan del tema recomiendan que el esfuerzo para asegurar el ciento por ciento de la cobertura en los servicios sociales básicos – en especial en educación y salud – y para promover mejoras en la calidad de ellos, al tiempo que se mantenga la sostenibilidad fiscal territorial, se haga de manera diferencial a la hora de distribuir regionalmente los recursos. También se formulan propuestas sobre la necesidad de que las reglas de asignación del gasto sean más flexibles, fortaleciendo la autonomía de aquellos entes territoriales que den muestra de tener especiales fortalezas institucionales.

Rico en énfasis y en matices el detalle de esas propuestas es de difícil síntesis. No obstante lo que nuestros lectores pueden constatar es que así como para la sociedad rural parece abrirse paso un consenso sobre la necesidad de que exista un enfoque territorial, la institucionalidad fiscal que para departamentos y municipios recomiendan estos calificados expertos, pasa por diseñar un enfoque también diferenciado territorialmente.

Se cierra la Revista con el examen de la coyuntura económica, con unas notas breves de las más sobresalientes de las actuaciones recientes de nuestra Institución y con el artículo histórico en el cual se da cuenta de la evolución de las normas legales que, desde mediados de los años 60 del siglo XX, prohijaron la descentralización en el país.

Edgardo José Maya Villazón Contralor General

Doctorado “Honoris Causa” a Antonio Hernández Gamarra

La Universidad Nacional concedió el doctorado Honoris Causa al ex contralor general de la República y miembro del Consejo Editorial de Economía Colombiana, Antonio Hernández Gamarra, en una ceremonia especial realizada en el teatro León de Greiff de ese centro docente.

Hernández Gamarra, quien es economista egresado de ese centro docente, aprovechó la ocasión para agradecer la distinción y al mismo tiempo dirigirse a sus nietos, en una emocionada carta a la que dio lectura, haciendo la defensa del reciente acuerdo de paz suscrito por el gobierno y las Farc y que tuvo, según él, origen hace cincuenta y dos años cuando el Estado agredió a unos los campesinos que buscaban la redención popular por la vía de las armas, en la región de El Pato, Guayabero y Marquetalia.

Para Hernández Gamarra, en la carta a sus nietos, el acuerdo abre una luz de esperanza “para que ustedes puedan vivir en una sociedad mucho menos conflictiva que la que nos tocó vivir a nosotros”.

El doctorado Honoris Causa es el más importante galardón académico que otorga la Universidad Nacional. El rector de ese centro educativo, Ignacio Mantilla exaltó en la ceremonia las calidades morales, éticas y profesionales de Hernández Gamarra que lo han caracterizado desde su época de estudiante. Además de académico de varias universidades, Hernández Gamarra ha sido contralor general de la República, ministro de Agricultura, gerente de la Financiera Eléctrica Nacional, codirector del Banco de la República e integrante de su junta directiva.

Entre otros trabajos ha publicado las siguientes obras, Historia de la Moneda en Colombia, La Banca Central y Política Monetaria y Cambiaria.

Para esta revista es motivo de orgullo contar en su Consejo Editorial con el doctor Antonio Hernández Gamarra, quien ha sido un eficiente colaborador y entusiasta consejero para llevar a los lectores de Economía Colombiana una publicación que se ha posicionado como la más antigua y de las mejores en su género.