PRESENTACIÓN

La educación es un derecho humano y un bien público. Los gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional deberían ser los garantes y principales proveedores de los sistemas de educación. Estos gobiernos tienen la responsabilidad de procurar que la educación gratuita y universal disponga de recursos suficientes y se actualice y desarrolle constantemente. Las autoridades públicas deberían supervisar y regular el sector educativo y tratar de mejorar su calidad constantemente, creando y aplicando un marco legislativo que garantice una educación de calidad, estándares profesionales, un acceso universal y un sistema de gestión democrático.

La política de la IE en contra de la privatización y la comercialización se basa principalmente en las resoluciones aprobadas en los congresos mundiales celebrados desde 1995. En general, estas resoluciones se oponen a que los servicios educativos se incluyan en acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales o regionales. Estas son las resoluciones aprobadas relativas a la privatización y comercialización de la educación: “Resolución sobre los peligros de la privatización de la educación pública” (1995), “Resolución sobre la campaña mundial de defensa y promoción de la educación pública” (1998), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la globalización de la economía” (1998), “Resolución sobre la economía mundial y la educación” (1998), “Resolución sobre la educación en una economía global” (2001), “Resolución sobre el impacto de la globalización en los derechos y las condiciones laborales del personal docente y de apoyo a la educación” (2001), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la globalización de la economía” (2001), “Resolución sobre la educación: ¿servicio público o mercancía?” (2004), “Resolución sobre la defensa y el desarrollo de la enseñanza pública” (2007), “Resolución sobre el fortalecimiento del sindicalismo internacional en el contexto de la globalización” (2011), “Resolución sobre los derechos de autor y la educación” (2011) y la “Resolución No a la ATCI, el TISA, el AEGC, el TPP y otros acuerdos similares de inversión y comercio” (2015).

La campaña Unámonos por la educación pública sigue adelante. Sin embargo, a partir de las conversaciones celebradas en el Congreso de la IE de 2015, se está haciendo más hincapié todavía en la lucha contra la privatización y la comercialización de la educación a través de la campaña «Respuesta Global». El apoyo de la educación pública de calidad y la lucha contra la creación de una educación privada de poca calidad son dos caras de la misma moneda.

Ha quedado claro que además de las carencias en cuanto a la calidad de la educación y la financiación, la presión por posibles restricciones en la educación y el que deje de ser un servicio público representan una amenaza. Por eso es necesario enfrentarse al dogma impuesto en la educación pública como también a las grandes multinacionales, que consideran la educación un mercado global lucrativo.

Esto va más allá de la privatización e incluye, por ejemplo, elementos de desarrollo en algunos países donde se imponen las pruebas estandarizadas que se utilizan para hacer las clasificaciones de centros escolares, estudiantes y docentes. Este tipo de pruebas pueden provocar estrés en alumnos y profesores, despojan a los docentes de sus derechos como profesionales y dan prioridad a asignaturas que sean fácilmente medibles. Esto distorsiona la verdadera misión de la

educación. Aunque en muchos casos estos sistemas vienen impuestos por los sistemas públicos, las grandes empresas están desarrollando y vendiendo este tipo de pruebas y han conseguido el respaldo de muchos políticos.

La privatización y la comercialización han afectado a varios países desarrollados. Sin embargo, las multinacionales de la educación han alcanzado también los países en desarrollo, a menudo gracias al respaldo de los organismos de ayuda de los países desarrollados. Dichas escuelas con frecuencia cobran cuotas y algunas de estas empresas aumentan sus ingresos, en parte porque contratan docentes sin cualificación y mal remunerados.

La IE ha colaborado estrechamente con las organizaciones miembros de todas las regiones en lo referente a la privatización y la comercialización. En algunos casos se han encontrado con oposición pública a estos programas e incluso han conseguido el respaldo de los ministerios de Educación.

Si se considera la educación como un mercado, la consecuencia lógica en términos de política pública sería enmarcar los servicios educativos en los acuerdos de comercio internacional e inversión, como ocurre con otros servicios privados, a fin de proteger los “derechos” de los inversores privados. La IE se mantiene alerta y muy activa en lo que concierne a los acuerdos comerciales y de inversiones para que la educación se excluya de la protección de los inversores privados y no se impongan sistemas de arbitraje que den preferencia a los intereses privados frente a los servicios públicos o la soberanía. Esta labor se realiza en colaboración con otras FSM y el resto del movimiento sindical que comparte las preocupaciones de la IE sobre la protección y calidad de los servicios públicos y el control democrático.