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Latina sobre privatización y comercio educativo
Gabriela Bonilla, Costa Rica
El proceso de avance de la privatización y comercialización de la educación pública en todos los niveles está amparado en un marco legal e institucional de carácter global y con aplicabilidad regional. Este marco legal incluye la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, firmada por 193 países, así como las agendas de préstamos para la educación impulsadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con las autoridades educativas de los países.
Básicamente, se clasifica este monitoreo de la privatización y comercialización de la educación pública en cuatro categorías:
1. Marco global - Agenda 2030: vía para el endeudamiento:
La Agenda 2030 recomienda “movilizar nuevos financiamientos de una amplia gama de recursos, incluso mediante el establecimiento de un nuevo mecanismo de inversión educativa que ayude a adaptar el financiamiento de bancos multilaterales de desarrollo”. Para la mayoría de países de América Latina, esto implicaría mayor endeudamiento.
La comisión ha identificado que esta inversión en educación implica movilizar al menos US$13 billones de dólares anuales hasta el 2020, por ejemplo en el caso de los países de renta baja y media, las necesidades de financiamiento pasarían de los US$23 billones de dólares en el año 2020 a los 71 billones en el 2030.
2. Grupos privados actores de la política educativa:
El negocio privado de la educación está fuertemente instalado en América Latina. En muchos países está legislada la subvención de fondos públicos a escuelas privadas. Cualquier nuevo negocio de educación privada que quiera instalarse (por ejemplo, las escuelas privadas de bajo costo el de James Tooley) o bien expandirse, puede encontrar una fuerte competencia y dificultades para abrirse terreno (a menos que genere alianzas o fusiones corporativas). En algunos casos (como Colombia) el British Council y la oficina de Comercio e Inversión de Gran Bretaña (UKTI) ya está instalado como aliado de negocios privados. James Tooley y Learning Solutions del Grupo Pearson han denunciado al British Council por conflicto de intereses en los negocios educativos mundiales.
3. Currículo global y TIC´ s:
Se han revisado un conjunto de préstamos del BID y del Banco Mundial que proponen conciliar el currículo educativo en secundaria con las exigencias del mercado y especialmente, con las denominadas “habilidades blandas” y “habilidades del siglo XXI” como estrategia para combatir el desempleo juvenil.
El discurso sobre las habilidades del siglo XXI también se encuentra en las argumentaciones a favor de las evaluaciones estandarizadas (como PISA) y son el centro de atención del Laboratorio SUMMA para la innovación y la investigación en educación del Banco Interamericano del Desarrollo.
La expectativa de que el currículo educativo se vincule con las necesidades del mercado no es nuevo. Lo que llama la atención es el reduccionismo con que se pretende instalar la noción de que basta con adquirir un conjunto de herramientas y conocimientos para vencer las brechas sociales y para enfrentar ese 18,7% de desempleo juvenil que vive la región.
4. Política de endeudamiento -IFI´ s como actores de las políticas educativas.
También se ha robustecido la narrativa sobre cómo la deserción escolar se debe a la falta de interés de la juventud en los contenidos educativos (BID, 2017) y de cómo la innovación tecnológica puede ser la herramienta para generar un interés renovado en la educación por parte de las y los estudiantes.
Apoyados en esta narrativa, que es también ahora propia de los Ministerios de Educación, transnacionales tecnológicas y de telecomunicaciones con presencia en la región (IBM con el programa para escuelas y colegios Reading Companion, INTEL, Telefónica PROFUTURO), transnacionales financieras como BAC y Banco Santander han establecido Alianzas con Ministerios de Educación para desarrollar programas de informática, emprendedurismo, finanzas en
los centros educativos. Los negocios de la educación digital se presentan a sí mismos como la respuesta para cerrar de una vez por todas las brechas de acceso. Es decir, se reduce una problemática estructural de un vaciamiento de la política educativa pública a la distribución de programas de conectividad y aulas virtuales.
Algunas conclusiones:
El papel de UNESCO y UNICEF en la presencia recuperando el tema educación, naturalizando la participación de los privados. La agenda 2030 invita al sector privado a dar recursos, a incidir en el currículo, etc. Mientras que los gobiernos la sigan ratificando, se alinearán estas metas en los países como se está haciendo. Estas metas coinciden con las líneas que indica el Banco Mundial. Existe un portillo para mayor privatización.
Ver presentación aquí: http://bit.ly/2uFYRU3
