PRESENTACIÓN La educación es un derecho humano y un bien público. Los gobiernos elegidos democráticamente, ya sea a nivel local, regional o nacional deberían ser los garantes y principales proveedores de los sistemas de educación. Estos gobiernos tienen la responsabilidad de procurar que la educación gratuita y universal disponga de recursos suficientes y se actualice y desarrolle constantemente. Las autoridades públicas deberían supervisar y regular el sector educativo y tratar de mejorar su calidad constantemente, creando y aplicando un marco legislativo que garantice una educación de calidad, estándares profesionales, un acceso universal y un sistema de gestión democrático. La política de la IE en contra de la privatización y la comercialización se basa principalmente en las resoluciones aprobadas en los congresos mundiales celebrados desde 1995. En general, estas resoluciones se oponen a que los servicios educativos se incluyan en acuerdos comerciales bilaterales, multilaterales o regionales. Estas son las resoluciones aprobadas relativas a la privatización y comercialización de la educación: “Resolución sobre los peligros de la privatización de la educación pública” (1995), “Resolución sobre la campaña mundial de defensa y promoción de la educación pública” (1998), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la globalización de la economía” (1998), “Resolución sobre la economía mundial y la educación” (1998), “Resolución sobre la educación en una economía global” (2001), “Resolución sobre el impacto de la globalización en los derechos y las condiciones laborales del personal docente y de apoyo a la educación” (2001), “Resolución sobre la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial del Comercio y la globalización de la economía” (2001), “Resolución sobre la educación: ¿servicio público o mercancía?” (2004), “Resolución sobre la defensa y el desarrollo de la enseñanza pública” (2007), “Resolución sobre el fortalecimiento del sindicalismo internacional en el contexto de la globalización” (2011), “Resolución sobre los derechos de autor y la educación” (2011) y la “Resolución No a la ATCI, el TISA, el AEGC, el TPP y otros acuerdos similares de inversión y comercio” (2015). La campaña Unámonos por la educación pública sigue adelante. Sin embargo, a partir de las conversaciones celebradas en el Congreso de la IE de 2015, se está haciendo más hincapié todavía en la lucha contra la privatización y la comercialización de la educación a través de la campaña «Respuesta Global». El apoyo de la educación pública de calidad y la lucha contra la creación de una educación privada de poca calidad son dos caras de la misma moneda. Ha quedado claro que además de las carencias en cuanto a la calidad de la educación y la financiación, la presión por posibles restricciones en la educación y el que deje de ser un servicio público representan una amenaza. Por eso es necesario enfrentarse al dogma impuesto en la educación pública como también a las grandes multinacionales, que consideran la educación un mercado global lucrativo. Esto va más allá de la privatización e incluye, por ejemplo, elementos de desarrollo en algunos países donde se imponen las pruebas estandarizadas que se utilizan para hacer las clasificaciones de centros escolares, estudiantes y docentes. Este tipo de pruebas pueden provocar estrés en alumnos y profesores, despojan a los docentes de sus derechos como profesionales y dan prioridad a asignaturas que sean fácilmente medibles. Esto distorsiona la verdadera misión de la
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