El avance de la Eutanasia en el Congreso y el triunfo del Estado laico

El avance de la Eutanasia en el congreso

y el triunfo del Estado laico

POR VLADO MIROSEVIC VERDUGO

Diputado Partido Liberal de Chile

Cuando presentamos el proyecto en el año 2014 Chile era de los países más conservadores de América Latina y no teníamos claridad de cual era la opinión mayoritaria sobre la eutanasia en la sociedad chilena. A juzgar por nuestra historia, intuíamos que podía tratarse de una ley contra cultural, en un país históricamente con instituciones tuteladas por la Iglesia Católica.

Para nuestra sorpresa, cuando comenzaron a publicarse variadas encuestas de opinión sobre nuestro proyecto los resultados fueron muy alentadores. Dependiendo de cuál medición se observe, entre un 60 y 80 por ciento de la sociedad chilena apoya el derecho de un paciente a pedir la eutanasia. Esto da cuenta de un profundo cambio cultural sobre una mayor conciencia respecto de las libertades individuales.

La discusión sobre la muerte médicamente asistida, conocida como eutanasia, fue un tabú durante mucho tiempo en el Congreso Nacional. Inicialmente fue un debate prohibido debido a que en la sociedad chilena era un tema censurado, pero con el paso del tiempo y este cambio cultural, el tabú de los parlamentarios se trató sólo de un reflejo condicionado, una inercia irreflexiva que perduraba como la pesada noche entre los pasillos del poder legislativo. Pero más allá de que la idea de muerte digna hoy goce de una mayoría ciudadana, este proyecto tiene una inspiración ética y filosófica que trasciende las posiciones mayoritarias y que lo transforma en una idea legítima incluso si se tratase de un derecho apoyado por pocos. Tal como reconoce el propio John Stuart Mill, el mundo debe mucho, en materia de libertades, a grandes autores que defendieron la libertad de conciencia como un derecho de todo ser humano, quienes han negado de modo absoluto que un ciudadano deba rendir cuentas a sus semejantes sobre sus propias e íntimas creencias religiosas1 .

1 STUART MILL, John. Sobre la libertad. GramNexo Editores, Santiago, Chile, 2005, pág. 17.

En nuestro pasado republicano, fue el Presidente liberal Domingo Santa María uno de los principales exponentes en la defensa de la independencia que debía tener el Estado en materia de credos. Durante su gobierno (1881-1886) libró un duro enfrentamiento con la Iglesia Católica a propósito de las Leyes Laicas. Las disputas llegaron al punto que el Presidente Santa María decidió cortar las relaciones diplomáticas con el Vaticano2 .

Gracias a esta larga lucha, empujada por los liberales de la época, se estableció -con posterioridad- la separación Iglesia-Estado, consagrada en la Constitución de 1925 gracias a las convicciones laicas del Presidente Alessandri y a una lucha acumulada de casi un siglo por la libertad de pensamiento.

Sin embargo, aquellas ideas que fundaron la separación del Estado y las iglesias siguen siendo vulneradas en una serie de dimensiones. Una de ellas, donde se muestra

2 Los debates terminaron con la expulsión, en 1884, del representante diplomático del Vaticano en el país. Con esto el Gobierno de Santa María quebraba relaciones con el Papa y la Iglesia. Su gobierno terminó sin recomponer las relaciones y fue solo hasta el gobierno de Balmaceda que un diplomático del Vaticano regresó a Chile. con claridad la debilidad de nuestro Estado laico, es en la legislación que prohíbe y penaliza la práctica de la eutanasia.

Siguiendo la línea argumentativa de Stuart Mill, ¿cuál sería el interés que tendría el Estado para negar la voluntad de un individuo hacia su muerte digna? ¿Cuál es la razón fundada para que el Estado le niegue esa posibilidad a un paciente en circunstancias extremas?

Obviamente, aquí han primado las concepciones dogmáticas. El ejercicio de la libertad individual es reprimido bajo la creencia de que solo Dios da la vida y por tanto es él —en exclusiva— quien puede quitarla. Si bien tal creencia es legítima en el campo de la conciencia personal o de una congregación religiosa, no lo es en el campo de las políticas públicas. Sin embargo, son numerosos los casos donde queda la sensación fundada de que la opinión dominante, sea esta mayoritaria o no, termina imponiendo

criterios de tipo confesional en las reglas generales para toda la población.

Me surge entonces la siguiente pregunta: ¿es legítimo que la sociedad se imponga por sobre la propia voluntad del incumbente?

La respuesta es no. Tal como ya mencionamos, Stuart Mill afirmaba que “sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano”. Esto quiere decir que la sociedad no tiene derecho de interferir en ese espacio de soberanía individual. De lo anterior se desprende que frente a una enfermedad terminal o enfermedad dolorosa, lo que debe primar es la voluntad del propio individuo afectado3. El proyecto dice:

Que, por su parte, la libertad es consustancial con la dignidad de las personas. Esto es así ya que no podría ser considerado digno quien, sin dañar a otro, no se encuentre autorizado para conducir su vida de acuerdo a sus propios fines.

Bajo esta inspiración librepensadora es que en 2014 presentamos en el Congreso el proyecto de ley para legalizar la eutanasia y reconocer como un nuevo

3 En nuestro proyecto de ley, luego de varias discusiones doctrinarias descartamos entregarle poder de decisión a la familia del paciente, en caso de que este se encuentre inhabilitado. Dicha soberanía de decisión es intransferible y concierne solo al afectado. De esta forma, el proyecto estableció el mecanismo anticipado para que una persona pueda dictaminar vía testamento o simple documento notarial cuál será el procedimiento médico que se le aplicará en determinada situación médica, por ejemplo la práctica o no de eutanasia en una pérdida de conciencia de parte del paciente. derecho a la muerte digna, lo que algunos han llamado “la última libertad”.

Lo anterior provocó negativas reacciones de parte de parlamentarios de la UDI, que rápidamente nos calificaron de ser “anti vida” y dividieron la cancha entre fieles y pecadores. La palabra herejía la han eliminado de su vocabulario, a diferencia del trato que le dieron a los humanistas del siglo XVII, pero en la práctica siguen dividiendo el mundo entre buenos y malos.

Las declaraciones de la diputada gremialista Claudia Nogueira, cuando el proyecto fue presentado en 2014, dan cuenta de esa posición cuando afirmó que el avance de esta iniciativa busca imponer una visión “anti vida” a la sociedad chilena “amparándose en la soberbia de mayorías circunstanciales en el parlamento”. Sus palabras son un nuevo intento de mermar la voluntad y libertad individual y el deseo de la UDI de imponer o totalizar sus creencias en el resto de la sociedad, incluso en aquellos que tienen una interpretación distinta de la vida. Tal como intentaron hacerlo en el debate sobre aborto bajo tres causales.

Su posición prohibitiva hacia la eutanasia cierra posibilidades pues establece un solo camino: que nadie la practique. En cambio, legalizar dicha práctica flexibiliza para que aquellos que consideran a la vida un regalo divino o tengan un problema ético con la eutanasia, no la practiquen; mientras que aquellos que creemos legítimo tener una muerte digna en circunstancias terminales o dolorosas, la practiquemos libremente. En ambas opciones se respeta la libertad del incumbente

y nadie impone una creencias determinada por sobre la voluntad del paciente.

Pero la eutanasia no es el único espacio normativo donde han interferido de forma ilegítima las creencias de un grupo frente al total de la sociedad. Chile aprobó el 2003, muy tardíamente, una Ley de Divorcio que vino a zanjar una realidad consumada: miles de parejas, independiente de sus creencias, se divorciaban en la práctica, sin embargo el Estado durante mucho tiempo no les reconoció esa posibilidad, debido a la creencia —y tradición— de que el matrimonio era para toda la vida.

En aquella oportunidad el debate fue extenso y polémico. El discurso de la Iglesia Católica contra el Presidente Ricardo Lagos y su proyecto fue duro. Llegaron a difundir un spot televisivo donde mostraban cifras que comparaban a hijos de padres separados con adolescentes infractores de ley. Una vergüenza. El Congreso finalmente aprobó la Ley con el rechazo de los sectores más conservadores, muchos de aquellos legisladores con divorcios de hecho en sus historias personales.

Pasado los años, resulta evidente —repito: evidente— para la mayoría de los chilenos que quien se casa bajo matrimonio civil, ante el Estado, debe tener el derecho a deshacer dicho vínculo que incumbe a los contrayentes y su espacio de intimidad familiar. Ninguna creencia puede imponerse a la sociedad toda.

Hay cierto tipo de ideas que, aun siendo mayoritarias (o temporalmente mayoritarias), no pueden imponerse al conjunto de la sociedad. John Gray argumentó que una manera de interpretar la tolerancia liberal es considerar que los seres humanos puedan florecer libremente en muchas formas de vida.

El ideal de una vida común no basada en creencias comunes es un legado del liberalismo4, que hoy debemos defender.

Nuestro proyecto, luego de dormir durante cuatro años en la Comisión de Salud, finalmente tuvo su primera votación durante el año 2018.

Largo debate que estuvo marcado por el boicot de los sectores conservadores que utilizaron la dilatación del debate y otros mecanismos reglamentarios para que esta ley no fuera votada. Lo lograron parcialmente hasta que en abril de este año, 2021, después de ser visto dos veces por la Comisión y votados dos veces en el Hemiciclo, logramos sortear favorablemente todas las votaciones y el proyecto fue despachado al Senado.

A pesar que los sectores conservadores lo afirmaron, nadie fundadamente podría decir que el proyecto tuvo una discusión express. Por el contrario, se trató de un

4 GRAY, John. Las dos caras del liberalismo: una nueva interpretación de la tolerancia liberal. Ediciones Paidós, Barcelona, España, 2001, pág. 11. debate retrasado y dilatado más de la cuenta. Lo cierto es que -más allá de sus dificultades- el proyecto logró aprobar dos de sus tres causales originales, permitiendo en primer lugar que el derecho a la eutanasia se les reconozca a los pacientes con enfermedades terminales y en segundo lugar a aquellos pacientes que padecen de sufrimiento físico intolerable. En cambio, fue rechazada la causal de sufrimiento físico, fácilmente reconocida en el icónico caso del español Ramón Sampedro.

A su vez fue aprobada la posibilidad de que el paciente establezca por anticipado su solicitud de eutanasia, a través de un documento de “voluntad anticipada” y que se hace efectivo en circunstancias donde el paciente no puede expresar su voluntad, operando como una instrucción obligatoria para el equipo médico tratante.

También se incorporó en el texto legal la posibilidad de que el paciente pueda elegir el lugar donde se realice la práctica de la eutanasia, sea esto en el centro médico o en el hogar del paciente.

Aunque aún falta el segundo trámite constitucional en el Senado, las normas que regulan la eutanasia va bien encaminado, a juzgar en la comparación con el resto de la experiencia internacional.

En conclusión, nuestro proyecto de ley sobre el derecho a la muerte digna es una reivindicación del Estado laico, un intento porque se le respete y con esto se respete la conciencia ajena. Ya lo decía el presidente José Manuel Balmaceda en 1886 “no hay ni debe haber en la acción reformadora del Partido Liberal hostilidad a la conciencia ajena (…) nuestra obra es tolerancia, de respeto a la fe religiosa de todos”5 .

5 Discurso de proclamación de Balmaceda como el candidato presidencial del Partido Liberal. La Época, 20 de enero 1886.