La aplicación de los principios de universalidad e igualdad es fundamental en la consecución de los fines de un Estado Social y Democrático de Derecho como lo es el nuestro. Esta aplicación está fundamentada, además, en la adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a la normativa internacional, europea y comunitaria y, por ende, a su aplicación en España.
Son principios que, aunque no lo parezca a priori, pueden presentar problemas de aplicación o adaptación; en algunas ocasiones existe fundamentación para la no aplicación total de los mismos mientras que, en otras, dicha fundamentación es débil o insostenible.
El papel de los órganos jurisdiccionales a nivel internacional, europeo y nacional es imprescindible para poder alcanzar la adaptación óptima en respuesta a las necesidades de cada momento. En ocasiones se hacen visibles adaptaciones reales en busca de la consecución de dichos principios mientras que en otras existen claras vulneraciones de los mismos plasmadas en un trato desigual
